La «crisis de octubre» del Gobierno Zapatero se ha saldado el pasado 22 de enero con la escenificación en La Moncloa del acuerdo PSOE-CiU sobre el proyecto de Estatut de Catalunya. En estos casi cuatro meses, que han marcado el ecuador político de la legislatura iniciada el 14 de marzo del 2004, la contraofensiva del PP y la derecha social y económica (alentada en algunos casos por sectores de la derecha del PSOE) ha alcanzado puntos de desestabilización institucional, apoyada desde la movilización en la calle. El PSOE caía en las encuestas ligeramente por debajo del PP y la izquierda dejaba erosionar una correlación de fuerzas inicialmente favorable al limitarse a una gestión en «frío», institucional, frente a una derecha socialmente movilizada. No solo el PSOE, sino, lo que es más grave, el Tripartito catalán y las fuerzas que lo componen. Mientras, IU quedaba bloqueada de nuevo por la división interna.
El resultado final de la crisis ha sido sin duda un triunfo político y mediático para Zapatero, que aísla y arrincona política -pero no socialmente- al PP. Aunque a costa de un significativo giro a la derecha, plasmado en el acuerdo preferente con CiU sobre el Estatut y, antes, en el acuerdo con la Iglesia sobre la LOE. Este giro ha sido posible por la falta de movilización social, y sus consecuencias inmediatas no han sido solo la caída en las encuestas del PSOE, sino una crisis importante con ERC -hasta ahora un «socio preferencial»- y con el propio gobierno tripartito catalanista y de izquierdas.
¿Cambio de ciclo político?
Con su acuerdo con CiU sobre el Estatut y con el PNV sobre los Presupuestos generales del 2006, Zapatero ha planteado la posibilidad de un cambio de ciclo político, con una fórmula de mayoría parlamentaria que no se apoye en las fuerzas a su izquierda, sino con las fuerzas nacionalistas de derechas con las que gobernó en su tercer mandato Felipe González. Pero para que esa formula sea aplicable en un acuerdo de legislatura, son necesarias dos condiciones: que CiU gobierne en Catalunya (aunque sea en coalición con el PSC) y que se haya avanzado significativamente en un proceso de paz en Euskadi, hegemonizado por el PNV.
Esas dos condiciones no se dan hoy. En Catalunya sigue gobernando el Tripartito. A pesar de su falta de políticas sociales efectivas, de su posición abstencionista, para no decir cómplice, en el conflicto de SEAT y el despido de 646 trabajadores, de su «autocensura» y negociación en «frío» -sin llenar las Ramblas de manifestantes- del Estatut y, como consecuencia, su marginación posterior por Zapatero a favor de CiU, el Govern catalanista y de izquierdas sigue siendo la expresión de una correlación de fuerzas conseguida en el ciclo de movilizaciones 2002-2004, que se esta erosionando día a día, pero que no ha desaparecido. La mayoría de los catalanes y catalanas no quieren una vuelta a la Generalitat de CiU y al régimen de clientelismo de Pujol y la derecha catalana que ha durado 25 años. Aunque el acuerdo de Zapatero con Mas ha sido una auténtica puñalada por la espalda al PSC, a ERC y a ICV, el resultado final de este pulso en Catalunya esta aun por determinarse, y la izquierda puede aun recuperarse si da un giro a la izquierda como el que ha propuesto EUiA. La manifestación del 18 de febrero «Som una nació» tiene que ser un primer paso en este sentido.
En el proceso de diálogo para la paz en Euskadi, los avances en la preparación de las condiciones necesarias para el anuncio de la tregua unilateral de ETA de este otoño han provocado una auténtica contraofensiva reaccionaria a través del propio aparato del estado, en concreto la judicatura. La prohibición del Congreso de Batasuna, la continuidad del juicio por el Sumario 18/98, y el intento de encarcelar a Otegui y la dirección de Batasuna, muestran hasta que punto el Gobierno Zapatero tiene dificultades para romper con las políticas heredadas del PP, que siguen aplicando los fiscales y jueces más conservadores. El cese de Fungairiño es la primera reacción de autoridad del Gobierno Zapatero ante una situación que se le escapaba de las manos. Pero la negociación con el PNV necesita aun pasar por diversas pruebas de fuego, entre ellas la reforma del propio estatuto vasco, mientras la izquierda abertzale sigue manteniendo una capacidad de movilización real, que limite el margen de maniobra tanto del PSOE como del PNV. Tras la aprobación definitiva del Estatut, el proceso de paz en Euskadi pasará a primer plano de la agenda política.
La contraofensiva de la derecha se proyecta en el aparato de estado….
La contraofensiva de la derecha, tras su movilización continua en la calle, con el apoyo de la Iglesia Católica, ha privilegiado su vertiente de resistencia institucional tras el acuerdo de Zapatero con la Conferencia Episcopal sobre la reforma educativa. Si en el terreno judicial ha sido muy grave en los casos de Grande-Marlaska o Fungairiño, ha llegado a puntos tragicómicos con la toma en consideración por la Audiencia Nacional del recurso de la alcaldía de Salamanca por el traslado de la documentación catalana del Archivo de la Guerra Civil, que ha paralizado de hecho una decisión del Gobierno Zapatero aprobada por las Cortes. Un auténtico «golpe de estado judicial», como lo ha calificado el catedrático Javier Pérez Royo.
Pero más grave aun ha sido el intento de vetar desde el ejército la reforma del Estatut con las declaraciones del jefe del ejército de tierra, General Mena. Rajoy ha disculpado esas declaraciones con el argumento de que eran «inevitables» en el contexto actual. De hecho, han sido posibles gracias a la propia campaña del PP contra el Estatut -reclamando en nombre de un «pacto constitucional» y la «defensa de la unidad de España» un derecho de veto político desde la oposición ante cualquier intento de cambio progresista- y por la propia posición del ministro de defensa, Jose Bono, quien, junto a Rodríguez Ibarra y otros «barones» felipistas del PSOE, incluido el propio Felipe González, ha hecho todo lo posible por condicionar y limitar la negociación del Estatut en nombre de un «patriotismo español» de izquierdas y a cuenta de sus propias ambiciones políticas frente a Zapatero.
….y en el PSOE
Esta contraofensiva de la derecha felipista del PSOE, con Bono a la cabeza, busca cambiar el ciclo político para ir, en su versión más extrema -como la defendida por Rodríguez Ibarra- a un pacto constitucional bipartidista con el PP que bloquee cualquier posibilidad de un cambio a la izquierda. Pero en su versión más moderada, la que han defendido desde el comienzo de la legislatura el portavoz socialista Pérez Rubalcaba y los sectores de «centro» del PSOE, el objetivo es sustituir la actual mayoría parlamentaria de izquierdas con IU y ERC por una nueva mayoría basada en el PSOE, CiU y el PNV como fuerzas gubernamentales en Madrid, Barcelona y Vitoria, en un sistema de alianzas cruzado.
Zapatero, ante la falta de movilizaciones sociales, ha podido hacer frente a la ofensiva desestabilizadora de la derecha más reaccionaria apoyándose en la derecha nacionalista y en el «centro» de su propio partido. Pero no puede aun en esta legislatura sustituir la fórmula actual de mayoría parlamentaria de izquierdas, a pesar de empujar al borde el abismo a ERC. Este equilibrio se expresa en la propia autonomía política de Zapatero, como árbitro por encima de todas las fuerzas políticas. Y probablemente, tendrá su expresión en una crisis de gobierno en los próximos meses que fuerce la salida de Bono y refuerce los sectores que le apoyan.
Aprender la lección: movilización
En este escenario, la continuidad del Tripartito catalanista y de izquierdas es importante, pero solo si va acompañada de un giro a la izquierda y catalanista que le permita recuperar la hegemonía perdida. Como es esencial que la «oposición influyente» de Izquierda Unida se convierta de verdad en eso, a través de un giro a la izquierda consecuente, poniendo fin a la larga lista de concesiones que ha realizado en nombre de la estabilidad de la mayoría parlamentaria de izquierdas.
Si se quiere de verdad que el Gobierno Zapatero rompa con la herencia del PP y se pueda dar el giro progresista a la izquierda, hay que atreverse a enfrentarse al inicio de un giro a la derecha del Gobierno Zapatero desde la calle y la movilización, desde el parlamento y desde las instituciones que gobierna la izquierda. Esa es la lección principal de las consecuencias de la «autocensura» y de la negociación en «frío» del Tripartito, que ha acabado marginado por CiU después de haber hecho todas las concesiones en la negociación del Estatut. La fuerza de la izquierda está en los movimientos sociales y en la movilización. La mera gestión institucional no es un sustituto viable, sino la fórmula de la derrota.