“Sólo existe una Extremadura unida y solidaria, coherente y concienciada: la capitalista colonizadora. La de ellos. La otra está por crear. Existe, pero desunida, desperdigada, desangrada, enfrentada por decreto”.
Víctor Chamorro, Extremadura Afán de miseria, 1979
“El 8 de septiembre fue una cacicada mía”. El autor de la frase es Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de la Junta de Extremadura de forma ininterrumpida durante 24 años. Lo dijo hace escasamente un mes en un programa de televisión, con el desparpajo y la jactancia tan habituales en él, sin el mínimo comedimiento siquiera para sus compañeros de partido: “Yo llamé a mi grupo y dije ‘oye, creo que hay que poner el Día de Extremadura el Día de Guadalupe para que haya un hilo histórico que nos una con algo’. El grupo se enfadó mucho pero al final aceptaron la disciplina de voto y lo propusieron”.
El día de 1985 en el que se reunió la comisión parlamentaria para refrendar la aparición mariana de Ibarra uno de los diputados del PSOE brincaba burlón ante sus compañeros, canturreando la conocida jota: “Virgen de Guadalupe, cómo consientes”. Y vaya si consintieron. En eso sí decía la verdad el ostentoso gobernante. Pero lo que sin embargo ocultaba, sabedor de la endeblez de las memorias individuales y colectivas, es que él no fue, en absoluto, el progenitor de la propuesta. La promotora inicial de la idea no sería otra que la Iglesia Católica, más exactamente la Comisión Eclesial Extremeña, constituida el 1 de mayo de 1978 y cuyo primer acuerdo fue solicitar que el Día de Extremadura se hiciera coincidir con la festividad de la Virgen de Guadalupe. La Iglesia, una institución acostumbrada a “cazar largo”, a dar las batallas ideológicas estratégicas con anticipación y sutileza, cursaría la proposición al presidente de la Junta Preautonómica de aquel momento, Luis Ramallo, justo cuando este organismo transitorio daba sus primeros pasos. Así, la propuesta del 8 de septiembre como Día de Extremadura sería la que inicialmente defendiese Alianza Popular y la que acabaría asumiendo Rodríguez Ibarra. El gran partido atrapalotodo de Extremadura funcionaba ya a pleno rendimiento, amalgamando los ecos de la herencia histórica socialista y el franquismo sociológico.
El veterano ex-presidente terminaba su argumentación con un desdén cristalino: “Algunos han querido que fuera el 25 de marzo pero a mí las derrotas nunca me gustaron, y esa fue la huelga de campesinos que terminó en una aplastante derrota para los pobres campesinos de aquel tiempo. Las derrotas se las dejo a otros”. Es triste que la persona que ha tenido la máxima responsabilidad de gobierno despache así un acontecimiento trascendental en la historia de Extremadura y de España. No fue una huelga, sino una colosal y pacífica ocupación de fincas en una tierra diezmada por el latifundio. Pero, sobre todo, es infamante que alguien que se aupó al poder sobre los hombros de tantas mujeres y hombres descendientes de aquellos arrojados yunteros descalifique como derrota o fracaso este hito histórico. Como escribía Jesús García Gualdras, “al 25 de Marzo, el mayor movimiento campesino de los tiempos modernos en Europa, machacado por el fascismo, lo llama fracaso alguien que debiera sentirse orgulloso de su gente”. La Diada en Cataluña, Villalar en Castilla-León o el 2 de Mayo en la comunidad de Madrid, también fueron “derrotas”. Pero, como en el caso que nos ocupa, derrotas constituyentes de la identidad colectiva de un pueblo. El verdadero fracaso de Extremadura es la resignación, son los Santos Inocentes, no la dignidad, no el coraje de los de abajo, no el 25 de Marzo.
Hace apenas seis o siete años la memoria de aquella rebelión campesina empezó a adquirir un nuevo impulso. Muchos jóvenes de Extremadura, una nueva generación de cambio histórico, se ponían manos a la obra y empezaban a rescatar el legado. “El día de hoy ha tenido siglos de rumia. El pan no ha muerto”, escribió Víctor Chamorro. La memoria tampoco había muerto. Y la memoria no solo iba de fosas comunes y víctimas, también exhumaba causas y utopías comunes, mundos soñados sin reyes ni amos, esperanzas de una república de hombres y mujeres libres e iguales. La corporación de historiadores al servicio del poder autonómico, los peritos en legitimación de la Universidad de Extremadura y sus aledaños, se aplicaron por entonces a intentar desprestigiar el balbuciente movimiento, con argumentos de una fragilidad que sonroja. “No fueron tantos los jornaleros como se dice”, afirmaba alguno, sin aportar un solo dato para desmentir el número de entre 60.000 y 80.000 campesinos que utilizaban las distintas fuentes de la época. “Sólo fue en Badajoz, no en Cáceres”, arguía otro desde su pedestal o pedestalillo, como si en Cáceres no hubiese habido un proceso de ocupaciones similar en sus objetivos y densidad al de Badajoz, antes y después del 25 de Marzo de 1936. “Es un mito”, llegó a afirmar alguno de los más insolentes de entre estos historiadores de la corte, precisamente al mismo tiempo que otros colegas suyos, partidarios del revisionismo neofranquista, intentaban ensuciar la emblemática fecha con el estigma de la violencia, a pesar de que aquel asombroso movimiento hubiera acontecido sin una sola víctima.
No, las razones de la ocultación sistemática del 25 de Marzo no eran historiográficas. Malefakis, Paul Preston, Ronald Fraser, Jacques Maurice, Tuñón de Lara, Francisco Espinosa, Ricardo Robledo, Víctor Chamorro… Demasiado rastro, demasiados historiadores de prestigio habían levantado acta de la importancia cuantitativa y simbólica del acontecimiento como para clandestinizarlo, como habían conseguido hacerlo durante décadas y pretendían seguir haciendo quienes ostentaban el poder político, cultural y académico en Extremadura.
Las razones del ostracismo eran y son otras, no historiográficas sino sociales, culturales y políticas, en el sentido más profundo de esas palabras. El 25 de Marzo no era ni es fácilmente maleable o digerible porque interpela al presente de Extremadura, a un presente que sigue condenando a centenares de miles de personas al paro forzoso, a la precariedad indefinida o a la emigración. Porque ilumina el atraso de Extremadura, la dependencia económica, la colonización energética y el extractivismo de nuestros días, o el interminable clientelismo político siempre presto a reproducirse. Pero, sobre todo, porque señala con irreverencia una verdad escondida detrás de las vallas de la propaganda: la lacerante pervivencia del latifundio, la radical injusticia de la propiedad de la tierra, el pecado original del mal extremeño.
La Reforma Agraria, ese es el quid, la razón central que explica el escamoteo. El 25 de Marzo constituyó el pico más alto de la primavera del Frente Popular, señalaba Francisco Espinosa. El culmen de “la reforma agraria desde abajo”, como la denomina Ricardo Robledo en su último y extraordinario libro. “Fueron las organizaciones campesinas, especialmente la Federación Española de Trabajadores de la Tierra (FETT), junto a anarquistas o comunistas, las que con sus movilizaciones llevaron la reforma un paso más adelante de lo previsto, algo que ha sido una constante en la historia. Reforma y revolución no están necesariamente contrapuestas”. La tierra como bien común y el pueblo como artífice de los cambios sociales. Ahí están los meollos de la ocultación, en el presente que palpita.
Veamos aunque sea someramente qué ha sido de la Reforma Agraria en las últimas décadas, ahora que se conmemoran los 40 años de autonomía. Quizás podamos encontrar ahí algunas claves de la prestidigitación histórica de la que tratamos y encarar así mejor los desafíos del presente.
40 años de autonomía: el crimen de la Reforma Agraria
La Reforma Agraria, la gran bandera que había condensado las esperanzas de las clases populares y los temores de los poderosos, retorna en el tardofranquismo y en la Transición. En el caso de Extremadura dos sujetos sociales serán quienes la enarbolen, los jornaleros y los colonos de los regadíos en el Plan Badajoz y en el norte de Cáceres. El fantasma de los yunteros, de una alianza entre obreros y pequeños campesinos, vuelve a protagonizar las pesadillas de las clases dominantes.
Lentamente, a pesar de la emigración que ha desangrado Extremadura arrastrando fuera de la región a la población más joven y rebelde, el movimiento obrero va recuperándose y ganando posiciones. En 1976, en la comarca de Barros y aunque los sindicatos son todavía clandestinos, prende una extraordinaria huelga durante la campaña de la vendimia. Las hogueras del alba vuelven a los cruces de caminos, a la salida de los pueblos. Almendralejo, Villafranca, Villalba, Aceuchal, Los Santos de Maimona, Torremegía, Arroyo de San Serván, un gran movimiento jornalero se alza de nuevo. Desde entonces, durante cinco años consecutivos, la convocatoria de huelga estará encima de la mesa antes de empezar la recolección y de allí saldrán los primeros Convenios del Campo. Al mismo tiempo el nuevo movimiento obrero extiende la batalla del Empleo Comunitario pueblo a pueblo, ganando con la movilización el derecho a un mayor número de jornales para trabajar en las obras públicas de sus localidades. Lucha simultánea en dos tableros, contra los grandes propietarios y contra los gobiernos, por el salario y por los servicios públicos en el mundo rural.
Los colonos del Plan Badajoz por su parte han ido tejiendo un poderoso movimiento que se enfrenta a las conserveras y a la agroindustria exigiendo contratos y precios dignos para sus producciones. Las “guerras” de la leche, del pimiento y del tomate empezarán a estallar ya a principios de los años setenta alrededor de algunos de los principales núcleos económicos: Don Benito, Valdivia, Montijo o Miajadas.
El trabajo paciente, en especial de los militantes comunistas y de los cristianos de base, ha puesto en pie poderosas organizaciones como Comisiones Obreras (CCOO) o la Unión de Campesinos Extremeños (UCE). La caída del 73, con la detención de 160 militantes del PCE sobre todo en la comarca de las Vegas Altas del Guadiana, la irrupción en las primeras elecciones municipales de 1979 de potentes candidaturas que alcanzarán las alcaldías en un gran número de pueblos de colonización o el protagonismo del campesinado en las luchas contra la Central Nuclear de Valdecaballeros, son apenas una pequeña muestra de la enorme madurez y vitalidad que ha conquistado el movimiento.
El Estatuto de Autonomía de 1983 no tiene más remedio que recoger el compromiso de la Reforma Agraria, aunque sea de una forma muy laxa. Y así, el artículo 6. d) establecerá la realización de la Reforma Agraria como uno de “los objetivos básicos de las instituciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura”. El tiempo se encargará de demostrar que para las fuerzas políticas mayoritarias se trata de un brindis al sol. En 2011, coincidiendo con la reforma del Estatuto -en la única legislatura con solo dos partidos representados en la Asamblea- el PSOE y el PP, de tapadillo, pactan suprimir la mención a la Reforma Agraria. No vaya a ser que alguien levante de nuevo la bandera y ahora sea en serio…Es curioso y elocuente que en los fastos del 40 aniversario del Estatuto casi nadie haya recordado este hecho tan significativo. Pero, bien mirado, esta eliminación del compromiso con la Reforma Agraria no es sino la conclusión lógica del trabajo minucioso que llevarán a cabo los poderes políticos y económicos para desmovilizar y desarticular a los dos sujetos sociales que habían pretendido retomar la idea de una transformación económica y política profunda de la sociedad extremeña. El sistema de subsidio de desempleo agrario conocido popularmente como el PER (Plan de Empleo Rural) será la herramienta fundamental para liquidar el movimiento jornalero. Y la Política Agraria Común (PAC), por su parte, hará lo propio con el pequeño campesinado, llevando adelante una profunda reconversión que expulsa a decenas de miles de agricultores, blindando a las multinacionales de la agroindustria y rehabilitando a los señoritos de la autarquía franquista, transformados ahora en emprendedores y privilegiados receptores de las subvenciones europeas.
El PER se asentará en un pacto tácito tan sencillo como perverso: “a cambio de un subsidio de subsistencia desactiváis el conflicto del campo y enterráis el hacha de guerra de la Reforma Agraria”. En lo inmediato, este nuevo sistema de protección al desempleo comportará algunas aspectos positivos para los jornaleros, claro está, porque al menos garantiza unos ingresos mínimos y contribuye a fijar la población en el territorio. Pero al mismo tiempo representa “una jugada redonda para el poder dominante”, como señala el economista Óscar Jurado. Clientelismo político y subordinación de los jornaleros a los propietarios de la tierra para conseguir las peonadas serán las consecuencias. Pronto, el estigma del fraude acabará por desprestigiar el sistema: los trabajadores, que se ven abocados a completar los ingresos en la economía sumergida y a requerir las peonadas necesarias a los ayuntamientos o a los patronos, serán presentados a partir de ahora como pedigüeños y partícipes de la corruptela.
Algunas huellas del crimen. Ocupaciones de verdad y lagartos con cantimplora
Pero muchos no aceptarán con mansedumbre esta vía muerta. Basta con recordar las impresionantes movilizaciones de los años 1984 y 1987 contra el nuevo sistema y exigiendo la Reforma Agraria. Los cortes de carretera en decenas de pueblos, los encierros en iglesias y ayuntamientos, los cierres solidarios del comercio, las huelgas locales y comarcales, la Marcha jornalera a Madrid desde Extremadura y tantas otras acciones reivindicativas desvelan el profundo desacuerdo de una parte muy significativa de la clase jornalera. “Las manos de un jornalero no deberían servir para pedir limosna”, resumirá con coraje Diego Cañamero.
También las ocupaciones de fincas proliferarán en Extremadura durante los años 80. Llera, Valdivia, Cabezuela del Valle, Valrío, Talavera la Real son algunas de las localidades donde se llevarán a cabo… Pero este proceso de lucha no saldrá gratis y será reprimido, en especial allí donde se producen ocupaciones, aunque estas tengan carácter simbólico. Algún día habrá que contar la historia de los represaliados, de los pueblos y personas que le plantaron cara a este intento de darle cerrojazo a la Reforma Agraria. Sirva como humilde anticipo y contribución a ese necesario reconocimiento el recuerdo de algunos de quienes lucharon y sufrieron la revancha de los mandamases:
– Valle de la Serena, ocupación de la finca “Los Quintos de Guadámez”, enero de 1984. Francisco Tamayo Carrillo, más conocido como Farina, alcalde del Valle de la Serena, participa junto a los jornaleros del pueblo en la ocupación de la finca “Los Quintos de Guadámez”, un latifundio de 2500 fanegas de las cuales sólo se cultivan unas 100. Como consecuencia de la acción él y otros seis vecinos serán condenados a seis meses y un día de prisión menor. Paco Farina, además, será castigado con seis años de inhabilitación para cargo público.
– Perales del Puerto, ocupación de la Dehesa de Abajo, febrero de 1986. 55 vecinos seránprocesados. Manuel Ramos Susaño, Demetrio Morán, Manuel Mejías, José Roa Elena y otros 51 habitantes de Perales del Puerto serán sancionados por la ocupación, en la que participarán junto a otros 250 vecinos. Los hechos ocurren el 25 de febrero de 1986. La dehesa, una finca comunal de 500 hectáreas, le fue robada al pueblo durante las desamortizaciones del siglo XIX. Las sentencia a causa de la ocupación establecerá para 55 vecinos una sanción con multas de 3000 pesetas o 3 días de arresto. Y el ganadero José Roa Elena, que entró con sus ovejas a la finca, sufrirá el encarcelamiento en prisión durante 40 días. El litigio todavía no se ha resuelto, la finca sigue en manos de los herederos que la usurparon.
– Valdivia, ocupación de La Encomienda, noviembre de 1988. Jornaleros y campesinos del pueblo ocupan La Encomienda, una finca de 600 hectáreas de regadío, una de las mejores tierras de las vegas del Guadiana, que linda con el pueblo.
La propietaria de la finca es la empresa Abengoa, fundada por los Benjumea, una de las grandes familias terratenientes: La han puesto en venta hace unos meses y, desde entonces, los vecinos de Valdivia la reclaman para generar trabajo entre el gran número de parados de la localidad y para poder ampliar las pequeñas parcelas de los colonos, que no alcanzan las cinco hectáreas de media. Pero, con la mediación «generosa» del Banesto y la complicidad del consejero de la Junta de Extremadura, Francisco Amarillo, la finca en lugar de terminar en las manos del pueblo de Valdivia le es vendida a una «cooperativa» de Santa Amalia, un pueblo distante de la finca más de 20 kilómetros. Esta cooperativa la encabeza el diputado y alcalde del PSOE de esa localidad, Santiago Díaz.
Tras ocho meses de reivindicaciones constantes, la ira contra la cacicada estalla el 7 de noviembre. Los vecinos de Valdivia ocupan la finca y expulsan a los nuevos dueños. Más de veinte campesinos y vecinos del pueblo serán juzgados por aquellos hechos, entre ellos Manuel Parejo, secretario general del Partido Comunista de Extremadura. Al final trece vecinos de Valdivia serán condenados a seis meses de prisión y a pagar 5.363.200 pesetas. La periodista Manuela Martín escribirá en relación a este caso: “Sobre la compra de La Encomienda planeará siempre la sospecha de que hubo un trato especial de las autoridades regionales hacia los cooperativistas de Santa Amalia”.
Son solo tres casos, pero representan muy bien el ansia de tierra y justicia latente en los pueblos de Extremadura, la variedad de demandas y la larga estela de las ocupaciones en la memoria colectiva. La denuncia de los latifundios infrautilizados, la reivindicación de las tierras comunales privatizadas en las desamortizaciones y la necesidad de ampliar las parcelas de los pequeños colonos: se trata de tres ocupaciones que condensan muy bien una esperanza que va desvaneciéndose a golpe de denuncia y sentencia judicial.
Y, mientras a los campesinos que participan en las ocupaciones se les procesa judicialmente, la Junta desarrolla su “reforma agraria de fuegos artificiales”, en expresión de Jeremías Clemente. Más que una reforma agraria lo que ha organizado la Junta y en especial su presidente es un espectáculo mediático y judicial permanente. “Son muy pocas las expropiaciones que se han hecho -cinco en concreto-, aunque han levantado una polvareda tremenda”, escribe Manuela Martín en abril de 1990, retratando la caricatura de reforma agraria. Al final, el desastre administrativo de la Junta, que no se atreve a hacer leyes de auténtica reforma agraria y que se acoge para las expropiaciones a la Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables aprobada en 1979 por la UCD, le saldrá caro a los extremeños. Así, las fincas ‘Cabra Alta’ y ‘Cabra Baja’, expropiadas a la duquesa de Alba en 1990 acabarán costando 571 millones de pesetas, una cantidad que supera en 320 millones el precio por el que las ofreció la propia duquesa.
Años después, Ibarra desvelará a Maria Antonia Iglesias (La memoria recuperada, 2003) la auténtica naturaleza de su “reforma agraria”: “Comenzamos a gobernar nosotros, la gente pensó que había llegado el momento de hacer una reforma agraria. Y empezó a producirse una tímida ocupación de fincas. Aquello hubiera ido a más si la Junta de Extremadura no toma la decisión de ocupar ella misma las fincas. En aquel momento, casi todo el mundo consideró peligrosa esa acción de la Junta de Extremadura, tildándola de intervencionista y cutre, pero fue una medida que consiguió detener una revuelta de consecuencias incalculables (…) Hoy puedo decir que los propietarios de tierras en Extremadura nunca nos agradecerán lo suficiente lo que hicimos. Porque, si no llego a hacerlo, no sé cómo hubiera terminado. En Extremadura había miles de jornaleros que no tenían nada que perder”.
Víctor Chamorro, que defendió incansablemente la necesidad de una reforma agraria integral en Extremadura, sentenciaría así, con amargura, este teatrillo de ardides trileros: “Lo que fue nuestro hecho diferencial, identitario, Ibarra y el PSOE lo vieron como arqueología. Solo les interesaba tocar poder, tocar presupuesto. Sólo la izquierda podía enterrar la reforma agraria. Y se limitaron a expropiar dos eriales por donde iban los lagartos con cantimploras”.
La reconversión agraria y el asalto al movimiento cooperativo
La aceptación acrítica de la PAC ha acentuado el proceso de reconversión agraria en las últimas décadas. La reforma del 92 constituiría un salto cualitativo. Francisco Amarillo declarará por entonces que en un breve plazo de tiempo, más de 25.000 agricultores extremeños tendrán que abandonar el sector. Los dirigentes de la Junta enaltecen ahora los nuevos latifundios en trance. La Reforma Agraria es algo del siglo XIX, dicen, y la propuesta de crear un banco de tierras, que representaba la posibilidad de ampliar las parcelas para los pequeños campesinos, es según Amarillo, “una barbaridad”. Grandes explotaciones y flujos financieros, esa es la nueva fórmula del socialismo extremeño.
El reparto de las ayudas de la PAC, lejos de contemplar e intentar corregir la excepción latifundista extremeña, ha profundizado la desigualdad, expulsando a decenas de miles de agricultores. Eugenio Romero, un investigador minucioso del mundo agrario, se preguntaba hace tres años si Extremadura, la región con una distribución más injusta de la propiedad de la tierra de toda Europa, según el estudio de Fernando Fernández y Carles Soler (Estudio Estructura de la propiedad de tierras en Europa. Concentración y acaparamiento: https://www.mundubat.org/informe-acaparamiento-de-tierras-en-europa/) sería también la región de Europa con una distibución más injusta de la PAC. Y concluía: “Los datos, sin estudios específicos a nivel estatal, apuntan a lo peor”.
El asalto y el control del cooperativismo por parte del poder político será el segundo arma fundamental para desarticular aquel sujeto inesperado que había emergido en la Transición con tanta fuerza, el de los pequeños campesinos del regadío. En los años ochenta y noventa conseguiría poner en marcha un potente movimiento cooperativo, que las grandes empresas y la Junta se aplicarían a refrenar. El cerco a Acorex y la Caja Rural será constante. Alonso Rodríguez, vicepresidente de Acorex, recuerda la amenaza de Ibarra justo en las vísperas de la reconversión agraria en 1992: “Tu cooperativa está pendiente de recibir subvenciones. Si seguís con las movilizaciones voy a ir a decirle a los socios que no las reciben por culpa tuya”. 10 años después, en la segunda quincena de febrero de 2002, se producirá otro episodio de enorme trascendencia, ahora con la Caja Rural. La Junta de Extremadura le abre un expediente porque no se ha inscrito en el Registro de Entidades Financieras pero, además, toma una decisión que doblará el espinazo de la autonomía de la Caja: todas las personas que perciben algún tipo de ingreso por parte de la administración autonómica (funcionarios, perceptores de subvenciones comunitarias, pensiones no contributivas…) reciben una carta de la Junta comunicándoles que no les pagará por ese conducto bancario y que les proporcionen el nombre de otra entidad. Manuel Amigo, el superconsejero de Economía, lo dirá sin empacho en la prensa. O sustituís al director general de la entidad o “Caja Rural no podrá tramitar ayudas de la PAC o pagar nóminas de la Junta”. El pulso dura menos de una semana, el director general, Román Prieto es destituido. Las grandes empresas de la agroindustria respiran tranquilas. En pocos años Acorex pasará de ser “un operador sensible en los mercados” a una entidad en crisis, mangoneada a través de personajes interpuestos por el poder político. Manuel Vázquez, el dueño de Conesa, será ahora quien ponga en solitario el precio del tomate.
Algún día también habrá que contar la historia de los represalidados, de los pueblos y personas que se opusieron al despropósito, a la reconversión agraria y al desmantelamiento del movimiento cooperativo. La lucha de personas como Alonso Rodríguez “Pichurrín”, Emilio Guerrero, Paulino Luna, Isidoro y Daniel Moreno, Pepe el Negro, José Luis Molina y tantos otros campesinos honrados de nuestra tierra.
El latifundio muta en vertedero. Organizar el 25 de Marzo de nuestro tiempo
“La aspiración de la Reforma Agraria no está extinguida. Basta observar la destrucción medioambiental y de los recursos comunes para confirmar que el problema de la tierra ha dejado de ser un problema sectorial agrario para convertirse en un punto clave de nuestra supervivencia”. Ricardo Robledo.
Pero el 25 de Marzo, claro está, no remite sólo a la Reforma Agraria y mucho menos sólo al pasado. Esa es la operación preferida siempre desde el poder, que busca momificar o convertir en mercancía cultural todo legado subversivo. El 25 de Marzo nos remite al presente, a los problemas de hoy, al capitalismo de hoy, a las formas que hoy adopta la opresión y la dominación, a los fondos de inversión, a las guerras de hoy.
Nos remite a los nuevos latifundios de la fruta por ejemplo, erigidos al amparo de los bancos y el poder político. A los Sol Badajoz y Tany Nature, levantados sobre la derrota de los colonos de las Vegas Altas, muchos de cuyos hijos han tenido que emigrar o abandonar la tierra. Nuevos latifundios donde se regatea el salario mínimo y donde las trabajadoras tienen que pelear para que se respeten los más elementales derechos laborales.
«Frente a la tiranía del trabajo muerto, frente a la demagogia de la normalidad, la restallante belleza de la huelga general», escribió Jorge Riechmann. El campo extremeño vivió el 16 de junio de 2022 una gran jornada de huelga, una victoria de los olvidados y de las omitidas, de quienes se dejan los años en la fábrica o el campo, de quienes sufren todos los días la coacción de patronos y manijeros. Allí, en los centenares de jóvenes trabajadores que participaban en los piquetes de huelga, latía con fuerza el legado del 25 de Marzo, enfrentándose al cerrilismo de la patronal, a la complicidad de los políticos y a la pasividad del mortecino sindicalismo mayoritario. Humildad, conciencia y coraje, esa es la clave, ahí se recrean las condiciones para los 25 de Marzo de nuestro tiempo.
Pero, con ser importante, esa fecha no remite y convoca sólo a combatir las mil formas que adquiere la precariedad del trabajo y la alienación contemporáneas. En Extremadura el latifundio también muta en vertedero, en barbarie ecológica. El extractivismo más desvergonzado y los macroproyectos más descabellados amenazan con degradar más nuestra tierra. Vestidos de lagarterana ecológica y con el apoyo cipayo de gobernantes vendidos amenazan con instalarse en nuestra tierra. ¡Perras, lo que queréis son perras!, le gritaban los campesinos a Gallardo cuando intentaron poner en pie aquel delirio de la refinería en Villafranca. El macrovertedero de Salvatierra, las minas de Cáceres, Cañaveral o Alconchel, los parques eólicos de las Villuercas o Montánchez, Elysium, Valdecañas… Son ellos, el gran capital, enfundado en su disfraz de emprendedor, y sus recaderos en la política, los quiméricos, los chiflados, los enfermos de dinero y fanatismo tecnológico. La memoria del 25 de Marzo es un emblema que se alza frente a este modelo extractivista, corrupto e irracional, que profundiza nuestra condición de colonia interior y condena a la emigración a miles de jóvenes.
Hace falta otro 25 de Marzo. Ya está en el aire, en el latido de las generaciones más jóvenes, que rescatan hoy las banderas humilladas y escondidas de sus abuelos. Atrevámonos a ponerlo en pie. Dignidad, empoderamiento del pueblo, utopía de un mundo nuevo. El 25 de Marzo es el manantial de la pacífica revolución que necesita esta tierra maltratada llamada Extremadura.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.