Tras años de investigación, el sociólogo y periodista Andrés Villena Oliver ha trazado una amplia red de altos cargos políticos, la mayoría poco conocidos para la ciudadanía, que transitan profesionalmente entre lo público y lo privado. Mientras realizamos esta entrevista, varios medios de comunicación aseguran que Fátima Báñez ha fichado por la Confederación Española de […]
Tras años de investigación, el sociólogo y periodista Andrés Villena Oliver ha trazado una amplia red de altos cargos políticos, la mayoría poco conocidos para la ciudadanía, que transitan profesionalmente entre lo público y lo privado.
Mientras realizamos esta entrevista, varios medios de comunicación aseguran que Fátima Báñez ha fichado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la patronal de las empresas, aunque la organización no lo confirma. «Es una persona que prestará importantes servicios a la entidad porque sigue fuertemente conectada con el partido y con la Administración. Y se le busca acomodo porque se ha portado bien. No es haya cometido ninguna ilegalidad durante su mandato para beneficiar a la CEOE, pero su papel ha sido amistoso con los postulados de la patronal. No me sorprende», sostiene el sociólogo.
El trabajo de Andrés Villena ha quedado plasmado en Las redes de poder en España, élites e intereses contra la democracia (Rocaeditorial, 2019), un libro en el que el periodista repasa la estructura tecnocrática de los gobiernos del PSOE y del PP, sus grandes cargos y sus vínculos con los principales empresarios de este país.
La «tecnoestructura», es decir, los segundos niveles de la Administración pública, ocupan una parte importante del libro. ¿Qué es exactamente? ¿Por qué son tan determinantes?
La tecnoestructura es un término que utiliza John Galbraith para referirse a la inteligencia organizada. En el momento en el que los Estados se complejizan, necesitan una especie de ‘mecánicos’, es decir, personas especializadas en resolver determinados asuntos para los que no bastan meros militantes. La tecnoestructura la conforman juristas, estadísticos, especialistas en Hacienda… Personas que asesoran y que están detrás del estudio que precede a la adopción de las grandes decisiones, que suelen ser complejas y con un riesgo de equivocación muy grande.
Esta sería una primera definición, pero no la única. Con tecnoestructura podemos estar refiriéndonos a [Pedro] Solbes, a [Luis] de Guindos y a una serie personas cuyos nombres y apellidos jamás habremos oído. Estas personas son valiosas en primera instancia para el gobernante, pero luego también lo son para el gobernante privado. La tecnoestructura no solo se mueve dentro del Estado, de lo público, sino que es una red que danza entre lo público y lo privado. Muchas decisiones no se sabe bien si se toman en un contexto u otro porque quienes las adoptan son personas con perfiles técnicos híbridos que en todo momento están en puestos directivos, a veces públicos, a veces privados.
Por ejemplo, la exvicepresidenta del Gobierno Elena Salgado, formaba parte del consejo de administración de Telefónica cuando la compañía era pública. Después, Telefónica se privatizó entre los Gobiernos de Felipe González y José María Aznar y Salgado pasa a trabajar en empresas concesionarias de servicios del mismo ministerio en el que había estado previamente. La tecnoestructura sigue la lógica de que si has sido útil para el sector público, lo serás también para el privado. No lo juzgo desde la perspectiva moral, el problema es el conflicto de intereses. Personas como Elena Salgado o de Guindos, gane quien gane las elecciones, van a seguir tomando decisiones en las grandes empresas privadas en las que trabajan. Por eso estas personas deberían ser fiscalizadas.
El gran problema es que este tipo de perfiles acaban poniendo sus conocimientos sobre el sector público al servicio del beneficio del privado. Lo contrario no suele pasar.
También hay que tener en cuenta el componente de red. Estas personas se relacionan con gente muy importante, recrean una realidad que es la suya, que está muy distanciada de los problemas de la mayoría de la ciudadanía. Muchos cambios ideológicos se producen por esto, porque se alejan de la realidad en la que crecieron. Podríamos definirlo como pensamiento gregario: muchas personas pensando de manera parecida y, por tanto, pensando poco.
¿Qué posibilidad tiene un partido de cambiar esa estructura tecnocrática?
Creo que es imposible renunciar a la tecnocracia por la complejidad y por la necesidad de contar con esos ‘mecánicos’ que te arreglen el coche. No se puede hacer una asamblea para todo, digámoslo así.
Eso sí, hay muchos tipos de ‘mecánicos’, y algunos se guían por sus propios intereses y otros, no. Los partidos que quieren cambiar cosas, pueden intentar atraer para sí miembros de esa tecnoestructura. En algunos cuerpos hay pluralidad ideológica, y no se trata de dar de alta a ciertos funcionarios como militantes, pero sí atraerlos. Es una práctica que el PSOE ha hecho con ciertos cargos, tenerlos como simpatizantes, para poder contar con ellos cuando se gobierna.
«Cuando conoces la historia, te das cuenta de que la transición que se hizo de la dictadura a la democracia no fue completa y que muchos resortes franquistas siguen funcionando a día de hoy»
Otra posibilidad es luchar por pluralizar la entrada a estos cuerpos con becas, por ejemplo, para que toda persona que quiera ser abogado del Estado, pueda al menos intentarlo. Porque partimos de la base de que entrar en este tipo de cuerpos es costoso y requiere que durante algunos años estés dedicado por completo a estudiar, pagando una academia… Es una inversión que no todo el mundo se puede permitir.
Según cuenta, el límite entre lo privado y lo público es muy laxo o prácticamente inexistente. ¿Significa esto que no se puede acabar con las puertas giratorias, que la creación de la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI) no ha servido para nada?
Se puede limitar, por ejemplo, impidiendo que te vayas a una empresa que ha sido beneficiada por tus decisiones al frente de un organismo público. Pero ni siquiera eso se cumple. El exministro [Pedro] Morenés benefició a empresas que él había presidido en su etapa privada con la firma de contratos públicos legales, como la fabricante de armas Instalaza. Lo que se puede regular es que este señor tenga que estar varios años en el ‘purgatorio’, pero no sé hasta que punto esta persona no va a usar sus conocimientos para beneficiar a una empresa privada, sea cual sea.
Y está la dimensión casi íntima. Si esta gente se reúne en el Club Puerta del Hierro, uno de los más exclusivos de Madrid, la OCI no puede entrar ahí e imponer nada. Si en estas reuniones le piden a Morenés ayuda en forma de conocimientos o contactos, nadie le puede decir que eso no puede hacerlo. Hay infinitud de mecanismos para influir.
Respecto al fenómeno de las puertas giratorias, prohibirlo no sería posible ni sería justo porque se impide la libertad fundamental de cambiar de oficio. Pero es que tampoco terminaría de cambiar las cosas porque hay mil mecanismos para hacer ese traspaso de conocimiento de lo público a lo privado. Ahí soy pesimista.
¿Cuánto de los resortes del franquismo siguen formando parte de nuestra sociedad política y económica?
Muchísimos. La entrada de Podemos y Ciudadanos en el Congreso debería haber servido para eliminar una parte, porque son dos partidos que no están tan vinculados con ese pasado. Pero luego aparece VOX y todo vuelve a resurgir. En un partido aparentemente nuevo pues tienes, por ejemplo, a los Espinosa de los Monteros, que es una saga muy vinculada al régimen. También está la familia Monasterio o la familia Coello de Portugal. Pero tenemos que recordar la mayor parte de los dirigentes de VOX han pasado de una manera u otra por el Partido Popular.
Cuando conoces la historia, te das cuenta de que la transición que se hizo de la dictadura a la democracia no fue completa y que muchos resortes franquistas siguen funcionando a día de hoy. En VOX vemos lo explícito y lo pornográfico de la herencia de la dicturadura, porque lo llevan con orgullo. Pero hay mucho más que no vemos, que está más escondido.
¿Cuál es el papel del IBEX 35 en nuestra democracia?
Son 35 empresas y no deberíamos centrarnos solo en ellas. Hay que tener en cuenta que estas compañías ya han sido penetradas por grandes fondos internacionales que van haciéndose hueco en todas las empresas del mundo e influyen en la gerencia, marcha o decisiones. No habría que fetichizarlas demasiado, pero es cierto que el poder ya no es nacional sino que está conectado internacionalmente. El IBEX 35 es una delegación de ese poder financiero internacional.
Influyen en el día a día. Las grandes empresas forman parte de ese intercambio continuo de personal entre lo público y lo privado. Si miras los puestos de secretario de los consejos de administración de las 35 empresas, te darás cuenta de que un porcentaje superior al 80% son abogados del Estado. ¿Y qué son los abogados del Estado? Son personas formadas en la Administración pública. Y aquí nos damos cuenta de que el IBEX 35 no tiene una naturaleza completamente privada.
Utilizan ese paradigma de lo privado, pero no es verdad. Amancio Ortega es el dueño de una empresa que está dirigida por Pablo Isla, que es abogado del Estado, y que tuvo hasta hace poco a Carlos Espinosa de los Monteros, un ‘teco’ [Técnico Comercial Economista del Estado] y alto funcionario, como vicepresidente. Aquí se pueden ver esas redes dentro del propio IBEX.
A esto hay que añadirle los grandes contratos públicos en los que compiten estas grandes empresas o sus filiales. En las condiciones de estos concursos públicos se puede influir de muchas formas, algunas más legales que otras. El tema de la libre competencia o de la meritocracia, la mayor parte de las veces es falso.
Se me viene a la cabeza el caso de OHL y los presuntos sobornos para conseguir contratos públicos, cuyo presidente es Josep Piqué, un exministro.
Es un ejemplo perfecto. OHL es una empresa con una conexión muy fuerte con la Corona, que le concedió un título aristocrático al patriarca. Villar Mir era ingeniero de Caminos, ministro en la primera parte de la Transición, adepto al régimen… Y luego se descubre el tema de los sobornos. Y no solo esto, sino también el reparto de contratos públicos con otras empresas similares. Porque no solo es construcción, también es la recogida de basuras, la limpieza de colegios… Estos son mecanismos mafiosos al alcance de grandes acumulaciones de capital como OHL.
¿En qué se parecieron y en qué se diferenciaron en este sentido los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy?
En el libro utilizo la metáfora de los zorros y los leones, y del erotismo y la pornografía. No es porque unos sean zorros y otros leones, sino porque el sistema les obliga a ser una cosa o la otra. Zapatero llega en un contexto de crecimiento en el que sus economistas de cabecera ignoraban lo que iba a venir. O bien, los más listos como [Miguel] Sebastián, lo intuían pero no conocían la magnitud de lo que se venía, o no querían responsabilizarse de algo de lo que en realidad no eran responsables. Por eso comenzaron con una serie de reformas sociales cuyos beneficios estamos disfrutando ahora mismo y son muy positivos. Pero utilizaron la crispación que había para llevar a cabo un disparate económico que todavía no han reconocido. Y esto se debió a que la tecnoestructura imperante en aquel momento era muy proausteridad ortodoxa. Por eso fueron zorros, porque eran persuasivos. Pero por irresponsabilidad hicieron mucho daño a las familias, porque su pretensión de mantener el superávit público produjo un déficit privado brutal que potenció la explosión de la burbuja. Se postergó el problema y se agravó.
El Gobierno del PP jugó el papel del león porque cogió la política de recortes del PSOE y la multiplicó. Eso generó malestar entre la gente y su forma de parar el malestar fue con restricciones sociales y culturales. No por casualidad ponen en marcha la prisión permanente revisable, la Ley Mordaza, los tejemanejes de Fernández Díaz en Interior… Es una reacción para controlar la agitación en las calles. Es la diferencia entre el PSOE y el PP.
Ni siquiera un Gobierno aparentemente renovado como el de Pedro Sánchez, con un tertuliano televisivo o un astronauta, escapa de esta lógica de la tecnocracia. En el libro lo define como «un gobierno de continuidad administrativa».
Un buen ejemplo es la ministra de Economía, Nadia Calviño, agradeciendo el apoyo de su preparador de oposiciones. ¿Y quién era? Su predecesor en el Ministerio, del PP. Esa anécdota da buena cuenta del espíritu tan marcado de cuerpo que tienen estas personas. Lo dice de corazón, a pesar de que en la opinión pública no estén bien vistos este tipo de gestos hacia un rival político. Es una realidad paralela, una red interna. Y es un buen ejemplo de la continuidad administrativa.
Sánchez ha hecho cambios en materia de género en la tecnoestructura, de incorporar a más mujeres. Pero si se mantienen ideas equivocadas no sirve de nada. Igual que Zapatero se trajo a muchos técnicos de González, Pedro Sánchez ha hecho lo propio con los de Zapatero. Hay cosas muy incoherentes, por ejemplo, hace un guiño a las renovables y se trae al número dos de Abengoa. Hay que convencer a los poderes fijos, a los que nadie elige, de que no les vas a traicionar, ni vas a hacer locuras.