Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández.
En la mañana del 5 de septiembre de 2017, Mohannad al-Tadfi corrió hacia el edificio de apartamentos de seis pisos de su hermano en Raqqa, Siria. El hermano de Mohannad, Latuf, vivía en la planta baja con su esposa, Samiha, sus seis hijos y su madre, Amina. Otras familias habían huido de la ciudad, dejando el edificio casi vacío, pero Amina estaba postrada en cama a causa de una diabetes y las medicinas escaseaban.
«Conseguí encontrar algo de insulina para mi madre y corrí a llevársela», dijo Mohannad a los investigadores del grupo de derechos humanos de Amnistía Internacional. «Planeaba volver más tarde ese día con mi esposa e hijos a esperar que la zona fuera liberada» del Daesh, que había hecho de Raqqa la capital de su autoproclamado califato.
Pero dos horas después de que Mohannad dejara a su madre, un ataque aéreo de la coalición liderada por EE. UU. destruyó el edificio de apartamentos matando a toda la familia de Latuf.
Mohannad al-Tadfi es uno de los más de 400 testigos supervivientes entrevistados por Amnistía Internacional, que, junto con el grupo de observadores Airwars, publicaron el pasado jueves su informe más completo sobre la campaña aérea y de artillería de la coalición durante la ofensiva de cuatro meses llevada a cabo en 2017 para recuperar la ciudad.
Ambos grupos averiguaron que los ataques de la coalición mataron al menos a 1.600 civiles. Los investigadores de Amnistía en Siria pudieron verificar directamente 641 de esas muertes y dijeron que había «informes muy sólidos procedentes de múltiples fuentes» sobre el resto. Los grupos pudieron reunir los nombres de más de 1.000 civiles asesinados.
Los hallazgos, publicados junto con una base de datos interactiva basada en dos años de investigaciones sobre el terreno, proporcionan la estimación más metódica hasta la fecha de la cifra de muertos por los bombardeos de la coalición, aunque los funcionarios del Pentágono continúen minimizando los daños causados por la campaña aérea liderada por su país.
«No vine a Raqqa con ninguna idea preconcebida acerca de lo que podía haber sucedido», dijo Donatella Rovera, investigadora de crisis de Amnistía, en un video publicado por el grupo. «Pero lo que he llegado a descubrir es que se brindó muy poca o ninguna protección a los miles de civiles atrapados en la ciudad».
El Daesh perdió el control de Raqqa en octubre de 2017, cuando la ciudad fue recapturada por las Fuerzas Democráticas Sirias, con el apoyo de EE. UU., en lo que fue un hito clave en la recuperación del territorio que una vez tuvo el grupo terrorista. Pero cuatro años de gobierno del Daesh y cuatro meses de lucha dejaron la ciudad en ruinas, con más de 11.000 edificios destruidos. Durante el combate, el Daesh usó bombas-trampa, minas terrestres y francotiradores para evitar que los civiles huyeran, dejando atrapadas a miles de personas y haciéndolas muy vulnerables ante lo que el ex Secretario de Defensa James Mattis llamó «tácticas de aniquilación».
«El público merece saber de cuántas víctimas civiles es responsable nuestro gobierno, y los supervivientes merecen reconocimiento, indemnizaciones cuando corresponda y asistencia significativa para reconstruir sus vidas», dijo Daphne Eviatar, directora del programa Seguridad con los Derechos Humanos de Amnistía Internacional, sección estadounidense.
Según una declaración de Amnistía, estos grupos se relacionan regularmente con los militares estadounidenses, británicos y franceses para cuestiones relativas a las víctimas civiles. Como resultado, la coalición ha admitido la responsabilidad de haber matado a 159 civiles en Raqqa, pero Estados Unidos ha rechazado la mayoría de las acusaciones como «no creíbles».
En 2017, el general Stephen Townsend, entonces comandante del grupo de trabajo que lideraba la lucha contra el Daesh, escribió en el Foreign Policy que Estados Unidos realiza evaluaciones exhaustivas que han demostrado que menos del 1% de los ataques aéreos dan lugar a un «informe creíble» de víctimas civiles.
«Las afirmaciones de Airwars, junto con las afirmaciones del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos y los medios de comunicación que las citan, no están a menudo respaldadas por los hechos y solo sirven para fortalecer el control del Daesh sobre los civiles, haciéndoles correr mayores riesgos», escribió Townsend.
Sin embargo, los grupos de supervisión han señalado que es extremadamente raro que el personal estadounidense entreviste a testigos o víctimas de ataques aéreos, y es probable que solo admitan las víctimas civiles recogidas por sus propios datos de inteligencia. Como resultado, en el transcurso de la campaña anti-Daesh de EE. UU., Airwars estima que más de 7.700 civiles fueron asesinados en Iraq y Siria, mientras que, en marzo, el Pentágono aceptó menos de 1.300 muertes.
«Lo que esencialmente he estado haciendo aquí es el trabajo que debería hacer la coalición», dice Rovera en el video de Amnistía. «Han estado bombardeando la ciudad. Deberían estar aquí, investigando el impacto que eso ha tenido en la población civil».
La administración de Trump ha intentado que fueran otros países los que proporcionaran fondos para recuperar ciudades como Raqqa y Mosul. En marzo de 2018, la Casa Blanca bloqueó más de 200 millones de dólares que el Departamento de Estado había reservado para la reconstrucción de Siria con el ex Secretario de Estado Rex Tillerson. Posteriormente, la administración informó al Congreso que el dinero se reasignaría a «otras zonas, sin especificar nada«, según el Washington Post.
Alex Emmons es un periodista que cubre temas de seguridad nacional, asuntos exteriores, derechos humanos y política. Antes de unirse a The Intercept, trabajó para Amnistía Internacional y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en sus campañas contra los asesinatos selectivos, la vigilancia masiva y los presos de la Bahía de Guantánamo.
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