El porvenir de una promesa: el trazado de un cambio incierto

Las negociaciones interrumpidas entre diferentes fuerzas partidarias con el propósito de relevar al partido gobernante en España ha sido, desde el deplorable pacto Ciudadanos-PSOE, una iniciativa destinada al fracaso, cuando no una pantomima orientada a reducir los costos electorales propios. Independientemente a las estrategias negociadoras a varias bandas, la soldadura que planteó ese pacto presagiaba un mal resultado, fuera un acuerdo in extremis -basado en concesiones difíciles de aceptar para el electorado de centroizquierda-, fuera una ruptura de la política de coalición que el PSOE procuró sostener a base de desdecirse de algunas de sus propuestas fundamentales de gobierno (comenzando por la derogación de la reforma laboral), tomando distancia de programas políticos que, en primera instancia, resultan ideológicamente más próximos.

La consulta reciente de Podemos a sus bases despeja la disyuntiva. De manera rotunda, la mayoría consultada ha manifestado su rechazo a una política de pactos más orientada a tranquilizar al establishment que a formar el mentado «gobierno del cambio». El pacto Ciudadanos-PSOE constituye un gesto inequívoco de la apuesta política de Sánchez: erradicar cualquier sospecha de que el partido socialista obrero español tiene algo que ver con el socialismo en su acepción más básica, ligada a la redistribución de la riqueza y a la reducción de las desigualdades de clase.

La repetición de elecciones nacionales es previsible y, sin embargo, los resultados más probables no parecen alterar la fragmentación parlamentaria que, en las condiciones actuales, bloquea la formación de gobierno. La aporía persiste como tal y es seguro que los partidos tendrán que afrontar una nueva fase de negociaciones, con el incierto objetivo de relanzar una coalición política que no han conseguido hasta el momento.

Ante incertidumbres estructurales semejantes, fuerzas como Podemos necesitan reafirmar lo que las diferencia de los partidos políticos tradicionales, comenzando por su relación con movimientos sociales como el 15-M. Sin esa afirmación diferencial de su andadura, Podemos se enfrenta a un conglomerado mediático que insistirá en identificarlo como una fuerza partidaria más, repitiendo las mismas lógicas de poder que decía repudiar y sumida en sus propias dinámicas de crisis internas.

La descalificación mediática y partidaria de Podemos como una forma de «populismo» caudillista sólo puede ser neutralizada mediante la remisión de sus líderes al proyecto que encarnan y del proyecto encarnado a un más allá del sistema político actual: no tanto a la «ciudadanía» en su dispersión ideológica como a lo popular en tanto referencia a «los de abajo» y, en particular, a los «movimientos sociales» en el ejercicio de su disidencia y en la práctica de sus reivindicaciones concretas. Sin esa referencia, las luchas contra las desigualdades y la corrupción, la reforma de la ley electoral, el desarrollo de políticas sociales sustentables, la reforma del sistema tributario y la persecución de los grandes evasores fiscales y la economía sumergida, entre otras medidas legítimas, pierden efectividad política.

En este sentido, insistir que se puede, como estrategia discursiva, desafía el derrotismo que por décadas mantuvo a raya a la izquierda clásica, cuestiona la lógica de lo inexorable con la que el neoconservadurismo replica a la voluntad política de cambiar el mundo social, muestra la contingencia de las actuales políticas de gobierno y, en suma, erosiona el carácter presuntamente ineludible del proyecto europeo de ajuste que coexiste con la corrupción generalizada de las elites políticas y económicas, las dádivas a las grandes fortunas y la evasión fiscal como parte estructurante de la ingeniería empresarial. Lo sabemos: la «clínica privada» de las corporaciones consiste en ensanchar las vías de su enriquecimiento (ilícito) y, en consecuencia, en acorralar a las clases trabajadoras en sus condiciones de vida (favoreciendo su disciplinamiento mediante las políticas del miedo).

Ante unas elites económico-financieras y políticas fuera de control (estructuradas de forma regular como asociaciones delictivas dispuestas a reducir lo gubernamental a una pantalla que justifique su saqueo monumental) los eslóganes deben dar paso a un ejercicio de anticipación política, incluyendo el movimiento probable de los enemigos del cambio democrático, más pertrechados en la fuerza de sus posiciones que en la razonabilidad de sus argumentos. Sin ese ejercicio político que permita replicar en términos técnicos a específicos bloques de poder, la posibilidad de ser doblegados se incrementa de forma notoria (tal como ha ocurrido con Syriza), confirmando la profecía del relato neoconservador; a saber, que no hay cambio posible (como no sea aquel que necesita el propio sistema político y económico).

En suma: una estrategia política no se agota en lo que permite poner en cuestión. Remite asimismo a un camino posible de transitar, esto es, a un horizonte histórico de posibilidad que no sólo no está garantizado sino que peligra seriamente con la deriva totalitaria de la Comisión Europea y la restauración autoritaria del bloque hegemónico, apoyada de manera escandalosa por un complejo mediático cada vez más concentrado.

Para decirlo de otro modo: se puede siempre y cuando las condiciones de posibilidad del cambio estén mínimamente trazadas. Semejante trazado, sin embargo, dista de ser una realidad estable: necesita ser construido en términos políticos. De ahí la importancia de interrogar lo que ha ensanchado el campo histórico de oportunidades en los últimos años. Cualquier respuesta que eluda la cuestión de los movimientos sociales y, en particular, del movimiento 15-M (que, por razones estratégicas, cabe reformular en términos de movimiento de indignados), cae en un vacío histórico. Fuerzas políticas emergentes como Podemos son impensables sin esa revuelta que irrumpió, con fuerza de acontecimiento, en 2011.

Sólo la recuperación de esa insatisfacción política, más o menos radical, puede permitir la consolidación de una izquierda partidaria como fuerza gubernamental. Si, por una parte, los límites de esas prácticas asamblearias quedaron más o menos a la vista, por su autoexclusión del campo de las instituciones públicas (y las políticas represivas que en esas mismas instituciones se impulsaron), por otra parte, la participación de esta fuerza emergente en las luchas institucionales podría estar incurriendo en un error inverso: eclipsar la centralidad de esas prácticas extraparlamentarias como condición necesaria para la consecución de los objetivos de cambio. Cualquier concepción tacticista de Podemos como máquina de guerra electoral no debería perder de vista, en una dimensión estratégica, su génesis ligada a este transfondo asambleario, horizontal y no jerárquico. Su olvido o su instrumentalización no puede más que hacer naufragar un proyecto transformador de por sí incierto en su devenir. Dicho de otro modo: Podemos sólo podrá si en sus reivindicaciones políticas no cesa de hacer presente, convocándolo, al «pueblo» que es el fundamento mediante el cual se legitima. Incluso una política de pactos con Izquierda Unida adquiere sentido en esa referencia común a una colectividad que rebasa el propio posicionamiento en el arco político.

No se trata, sin embargo, de una convocatoria puramente retórica sino de movilizar ese sujeto popular que da sentido a las luchas de la izquierda parlamentaria. Sin el respaldo y participación de ese sujeto, una vez más, esa izquierda vuelve a la tautología de las vanguardias políticas, en las que sujeto representante y representado son idénticos. Pero una relación de representación en la que los términos son exactamente los mismos no representa nada. Da cuenta de un proyecto político que, por más coherencia y legitimidad que se le reconozca, no moviliza más que a los que han suscripto de antemano el ideario que lo sostiene. La consecuencia de ello es clara: la renuncia a construir un proyecto (contra)hegemónico que permita transformar efectivamente la sociedad. La referencia a la lucha por la hegemonía recuerda, así, algunas proposiciones fundamentales en el campo político:

1. lo que está en juego es la construcción de una voluntad colectiva orientada al cambio social en el contexto específico de unas relaciones de poder desiguales;

2. la construcción de esa voluntad supone la inclusión de reivindicaciones y demandas diferenciales dentro de una política de representación democrática;

3. una política representativa sin la interlocución y participación efectiva de movimientos sociales disidentes se institucionaliza, perdiendo fuerza subversiva;

4. una política sin fuerza subversiva se hace impotente y, en consecuencia, incapaz de liderar el cambio social;

5. una política que no puede liderar el cambio social no sólo no es contrahegemónica sino que termina confundiéndose con los poderes establecidos;

6. los poderes establecidos, por definición, bloquean toda dinámica de cambio ligada a la democratización radical de la sociedad.

Como polaridades, la representación partidaria sin la participación de movimientos sociales disidentes no tiene fuerza para tomar las decisiones requeridas en todo proceso de transformación social; inversamente, la participación de movimientos sociales sin representación partidaria específica corre el riesgo de dilapidar la fuerza que, por lo demás, requiere la toma de decisiones en un marco institucional determinado.

De lo anterior pueden extraerse implicaciones importantes para toda práctica política, comenzando por el cuestionamiento de un modelo de democracia puramente representativo o delegativo. A la inversa, no niega la legitimidad de una política representativa de izquierdas, en la medida en que es capaz de articularse a movimientos sociales disidentes y, en general, a las clases populares.

Puesto que estamos atrapados en la telaraña de las instituciones políticas, posicionarse en una pura exterioridad no nos libera de sus decisiones (más o menos perniciosas). La desconfianza razonable ante el estado no impide que ese estado irrumpa, a menudo de forma brutal, con políticas que nos afectan directa e indirectamente. La resistencia ante sus políticas (una suerte de «contragobierno» basado en la participación y movilización social) es así tan necesaria como insuficiente. Puesto que siempre ya somos objetos de las políticas públicas, no hay razones para no disputar los espacios de poder en los que esas políticas se gestionan, aun si asumimos que las estructuras institucionales de forma regular obstruyen el cambio o lo limitan al punto de invertir su signo.

La exclusión del sistema político como campo estratégico de lucha favorece la reproducción sistémica. Es el «juego del sistema»: promover una despolitización radical de la sociedad civil, de manera de facilitar el recambio de elites. Una mayor implicación colectiva, por contra, dificulta semejante juego, creando la condición de posibilidad para una política de cambio que no se agote en una declaración de principios bien intencionada. Al fin de cuentas: ¿cómo exigir cuestiones tan dispares como la derogación de la reforma laboral o la ley de seguridad ciudadana, el cambio de rumbo de las políticas de asilo españolas, la reforma institucional o la modificación del sistema tributario sin el respaldo de «la calle»? ¿Y de dónde podrían provenir esas exigencias sino de movimientos sociales y plataformas democráticas que en su disidencia recuerdan otro mundo posible?

Contra cualquier forma de instrumentalización de esos sujetos colectivos e incluso contra la voluntad de gobernar a cualquier costo (haciendo concesiones inaceptables a fuerzas partidarias retrógradas), Podemos necesita apelar a ese «pueblo» no sólo como forma de legitimación o como respaldo de sus demandas y líneas programáticas sino también como fuente incesante de debate y elaboración de nuevas propuestas que contribuyan a hacer posible el cambio anunciado. Sin esa premisa, la máquina de guerra electoral está condenada a estallar contra el muro instituido, sufriendo -como viene ocurriendo- una descalificación institucional tan patética como efectiva.

Recuperar la calle, reconquistar el espacio público, movilizar una ciudadanía disidente, dar visibilidad a ese «sujeto popular» que la izquierda requiere como condición misma de su existencia, no es algo opcional que podría postergarse de manera indefinida: es un requisito indispensable para que el proyecto de Podemos no quede en una política de representación fallida. Porque -habrá que repetirlo- lo decisivo no es que esas fuerzas accedan a las instituciones, sino que dentro de ellas puedan encarnar de forma firme las promesas de cambio que han asumido.

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