Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos.
En el momento en que los dirigentes europeos se reúnen en Bruselas para discutir sobre el futuro de la Unión Europea (UE) sería aconsejable que llevaran a la práctica los valores de responsabilidad, justicia y solidaridad, y dejaran de financiar todo el aparato represivo que Israel aplica a los palestinos.
A través de sus planes de financiación de investigación y desarrollo, la UE ha entregado cientos de millones de euros para mantener el régimen israelí de ocupación y apartheid.
En estos momentos son cada vez mayores las protestas contra Lawtrain*, un proyecto financiado con cinco millones de euros por la UE que reúne al ministro de Seguridad Pública y a la Policía Nacional israelíes con sus homólogos de Bélgica, Portugal y España. Lawtrain prevé que trabajen conjuntamente empresas, universidades e institutos de investigación para desarrollar una tecnología que unifique la metodología de los interrogatorios policiales.
El pasado mes de mayo el Comité contra la Tortura de la ONU exhortó una vez más a Israel a que prohibiera la tortura y destacó sus actuales prácticas de tortura y malos tratos en los interrogatorios, en particular con menores palestinos.
Niños tratados de forma brutal
Un informe palestino ha revelado que el 97 % de los menores palestinos encarcelados por Israel no había tenido acceso a un abogado antes y durante los interrogatorios. En el momento de ser interrogados un 28.7 % fue sometido a abusos verbales o a la intimidación, al aislamiento o a ataques sexuales, y un 27.5 % estuvo expuesto a la violencia física, incluidos la asfixia, puñetazos y el golpear la cabeza de los niños contra la pared.
A pesar de todo, las instituciones europeas utilizan el dinero de los contribuyentes en este proyecto a cuatro años que fue puesto en marcha por Israel y cuyo objetivo es desarrollar un software destinado a mejorar la capacidad para interrogar en base a la experiencia de las fuerzas de policía israelíes. Este proyecto promueve la cooperación más allá de las llamadas «brechas culturales, la legislación y los estilos de hacer los interrogatorios», normaliza los métodos ilegales de interrogatorio y el sistema de control y represión militar de Israel, además de contribuir a su mantenimiento. Puede que Lawtrain sirva incluso como puerta de entrada para que prolifere el trato inhumano en los sistemas de justicia europeos.
En Portugal diferentes grupos de la sociedad civil han emprendido una campaña en contra de la participación de su gobierno en el proyecto. El Partido Comunista Portugués, de cuyo apoyo depende el gobierno, y el Partido Verde ha pedido al gobierno que se retire de este proyecto heredado del gobierno anterior. En Bélgica la sociedad civil se está movilizando y los medios de comunicación de ambos países han criticado el proyecto.
Incluso en círculos de la UE es controvertida la cooperación con la policía israelí. En 2014 un documento de trabajo de la UE proponía poner fin a la cooperación con la policía israelí dado que su sede central está situada en una colonia del ocupado Jerusalén Oriental.
El año pasado el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores propuso medidas similares. El acuerdo de cooperación Europol-Israel parece estancado y es objeto de diferentes críticas. La respuesta de la Comisión Europea de que «la información obtenida en obvia violación de los derechos humanos no se procesará» parece ignorar la realidad de que el sistema israelí está basado en violaciones de los derechos humanos.
Por desgracia, Lawtrain no es el único proyecto que apoya la ocupación israelí dentro del programa de investigación la UE Horizon 2020 dotado con casi 80.000 millones de euros.
El engaño del uso dual
La financiación dedicada a la investigación de la UE se concentra en grandes empresas multinacionales implicadas en diferentes proyectos, entre otros varios de empresas militares. Aunque las normas de la UE prohíben financiar la tecnología militar, sus directrices sobre uso dual permiten el desarrollo de tecnología militar siempre que el objetivo del proyecto en sí sea el uso civil.
Israel admite la sistemática aplicación militar de la capacidad de uso dual. Como lo explica el presidente de la Agencia Espacial de Israel, Isaac Ben-Israel, «puesto que somos un país pequeño, si construimos una línea de producción de un satélite pequeño, por ejemplo, en IAI [Israeli Aerospace Industries, Industrias Aeroespaciales Israelíes], se utilizará para uso comercial y militar». El hecho de financiar el sector militar y de la seguridad israelí potencia directamente su capacidad para mantener el sistema de ocupación y de apartheid e Israel.
Mientras la Comisión Europea siga financiando el desarrollo de la capacidad israelí de implementar sus gravísimas violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos, todas las condenas por parte de la UE de las prácticas ilegales israelí así como el trabajo de la política exterior de la UE seguirá siendo inútil. Israel seguirá rechazando todo intento de lograr la paz y de que se respete el derecho internacional, del mismo modo que ha despreciado la actual Iniciativa de París de conversaciones de paz.
Entre los años 2007 y 2013 la UE ha financiado más de 1500 proyectos de investigación y desarrollo en los que había participación israelí. La empresa militar israelí Israeli Aerospace Industries (IAI) ha participado en proyectos para desarrollar tecnología de vehículos no tripulados financiados con casi 15 millones de euros.
Drones asesinos
El proyecto Oparus ha desarrollado aviones pilotados a distancia, como los suministrados por IAI para las agresiones militares contra Líbano y Gaza, así como tecnologías de imágenes térmicas. El coronel Desmond Travers, miembro de la misión de investigación de la ONU sobre la Operación Plomo Fundido en Gaza en 2009 declaró que «es probable que la tecnología de imágenes térmicas se haya utilizado para identificar objetivos en los que había gran cantidad de personas. Estos objetivos aparecían cuando los palestinos huían a las casas de familiares o amigos en zonas de Gaza que se suponían seguras».
Según varios informes de la ONU y de grupos de derechos humanos, decenas de civiles ha sido asesinados por explosivos israelíes lanzados contra casas llenas de personas que buscaban refugio. IAI ha participado en otros 15 proyectos, con lo que ha logrado una financiación pública que asciende a un total 148.55 millones de euros.
Elbit Systems es otra importante empresa militar israelí que ha visto cómo la UE recompensaba sus contribuciones tecnológicas a graves violaciones del derecho internacional. Esta empresa, que es uno de los contratistas del ilegal Muro de Israel además del principal suministrador de drones al ejército israelí, participa en el proyecto Flysec incluido en el programa Horizon 2020 y cuyo objetivo es desarrollar u n proceso integrado de seguridad para pasajeros en los aeropuertos.
En este contexto Elbit proporciona tanto su sistema de vigilancia Lorros como su tecnología de procesamiento de imágenes a distancia (utilizados en el ilegal Muro de Israel) para hacer cumplir el bloqueo a Gaza y durante las agresiones militares israelíes.
El proyecto Flysec también está preparado para consolidar un paradigma de seguridad en nuestras sociedades en el que se abandonan los principios de no discriminación, intimidad y otros derechos humanos a favor de un sistema de control casi orwelliano.
Después de que Estocolmo, Malmo y Copenhague se opusieran a las inspecciones israelíes en sus aeropuertos y de la publicación de diferentes estudios que informaban de la magnitud del uso de perfiles raciales en los controles de seguridad israelíes, no se debería haber concedido el apoyo de la UE a un proyecto que utiliza el conocimiento y experiencia israelí para «unos más eficientes c ontroles de antecedentes y perfiles de pasajeros» .
La punta del iceberg
El ejemplo de Israel no es sino la punta del iceberg de los problemas que plantea la asignación del dinero a través del programa Horizon 2020. La rendición de cuentas ante los ciudadanos y las normas de derechos humanos nunca han sido un punto importante de la agenda. Con demasiada frecuencia las grandes empresas y sus grupos de presión, incluido el sector militar y de seguridad israelí, han ganado la carrera por el dinero de los contribuyentes distribuido a través de los sistemas de financiación de la UE.
Aunque la UE tiene que cambiar sus reglas, los participantes en los proyectos financiados por la UE tienen sus propias obligaciones morales, políticas y legales.
Los organismos públicos y gubernamentales deben cumplir con sus obligaciones según el derecho internacional y sus propias constituciones. Ya es hora de que los ciudadanos europeos exijan que no se gaste un céntimo más de sus impuestos en empresas e instituciones militares y de seguridad israelíes, de que los gobiernos presionen a la UE acerca de sus contradicciones políticas y éticas, y de que la UE modifique sus formas de actuación.
Maren Mantovani es la coordinadora internacional de la Campaña Stop the Wall y de la Coalición por la Defensa de la Tierra ( Palestinian Land Defence Coalition).
* Para más información sobre el proyecto Lawtrain, véase «Lawtrain: Europa autoriza la tortura israelí«, (N. de la t.)
Fuente: http://www.middleeasteye.net/columns/europe-offers-license-israeli-torture-231138243
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