El secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, reconoció la semana pasada que la factura subirá un 10% para el usuario medio y que poco se puede hacer a corto plazo
Seguimos sin frenos para la subida del precio de la luz. El secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, reconoció la semana pasada que la factura subirá un 10% para el usuario medio -300 kmh al mes con una potencia instalada de 4kw-. Este agosto ya se ha incrementado un 11% hasta alcanzar su nivel más alto de todo el año (61,83 euros para el consumidor tipo) si lo comparamos con el mismo mes del año pasado. Entre las causas, la subida del gas natural, los derechos de emisión de CO2 o que en los últimos meses la energía hidráulica se oferta al precio de la producida con gas natural.
Como si de un mal inevitable para el ciudadano medio se tratara, el secretario indicó que poco se podía hacer a corto plazo. «El mercado difícilmente genera competencia cuando los actores son tan pocos» y, según explicó en la Cadena Ser, las reglas europeas no permiten márgenes amplios para efectuar cambios en el mercado energético. ¿Está el secretario de Estado en lo cierto? ¿Debemos resignarnos ante una subida del precio de la luz porque no existe una solución posible?
El problema está en el sistema eléctrico español, conformado por unas pocas empresas y sin libre competencia. «Claro que hay problemas externos, pero no deberían afectarnos tanto porque tenemos un mercado eléctrico: a mayor oferta que demanda, los precios deberían ser más bajos», explica a cuartopoder.es el patrono de la Fundación Renovables Sergio de Otto. «El mercado está diseñado para el beneficio económico de las grandes empresas, que lo componen en formato oligopolio», añade Soledad Montero, miembro del área de Energía de Ecologistas en Acción.
Sin embargo, existe una doble imposición para la electricidad que no se aplica a otros bienes. De la factura de la luz, un cuarto de nuestra factura (un 26%) son impuestos. El impuesto eléctrico que supone casi un 5% fue creado para obtener los ingresos necesarios para el pago de las ayudas a la minería del carbón nacional y actualmente es gestionado por las Comunidades Autónomas. El otro 21% corresponde al IVA, es decir, pagamos un impuesto para bienes de lujo por un bien primario. «Los consumidores domésticos somos 29 millones, así que supone mucho dinero para las arcas del Estado y ningún Gobierno se ha atrevido a tocar esta parte de la factura», explica Montero miembro del área de Energía de Ecologistas en Acción.
Una de las claves fundamentales es el sistema marginalista de conformación de precios mayoristas de la electricidad: el precio final lo fija la oferta más cara que entra en el mercado. Es un sistema en el que se obtienen los precios más competitivos para las compañías, pero no da un buen resultado para usuarios y consumidores, en opinión de Montero. «La tarifa eléctrica debería ser, principalmente en cuanto a su precio final, prácticamente monómica y progresiva, definida en función solamente de la energía eléctrica que se consumiera, estableciendo una partida fija, de menor cuantía que la actual, que refleje la potencia contratada», explica la Fundación Renovables en el informe ‘Hacia una transición energética sostenible’, publicado el pasado mes de marzo.
¿Por qué sube la luz si los embalses están llenos?
Además, este año tenemos ha llovido lo suficiente para que los embalses tengan reservas, una buena noticia para la generación de energía hidroeléctrica, que sirve para abaratar la factura. ¿Por qué aún así tampoco bajan los precios? «La tecnología hidroeléctrica tiene unos costes de operación bajísimos, el recurso del agua se lo regalamos todos, pero las empresas especulan con esta energía. Si ven que van a perder dinero, pueden decidir que no entre en el mercado», explica De Otto. «Con que hubiésemos dejado en manos de un operador no especulativo el agua que hay en los embalses, habrían bajado los precios significativamente», añade.
Las energías renovables bajan el precio de la electricidad en los mercados eléctricos marginalistas, como el español, porque desplazan a las ofertas más caras como la del carbón. Los consumidores seguimos sufriendo las consecuencias del llamado ‘parón’ de las renovables que puso en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy nada más llegar al poder. Si con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el país pasó a ser líder mundial en energías limpias, con Rajoy España desapareció del ranking de los principales países por potencia renovable instalada, excluyendo la hidroeléctrica. «Los recortes que se aplicaron para reducir el déficit de tarifa fueron para las renovables, cuando el sistema convencional apenas ha salido perjudicado», explica De Otto. «Algo falla en nuestros sistema eléctrico cuando hemos sufrido una crisis, hay una baja demanda y los beneficios de las eléctricas se han mantenido», añade.
Otro de los aspectos clave es el Operador del Sistema, actualmente en manos de Red Eléctrica de España, el grupo empresarial que además controla las redes de transporte y, recientemente, la gestión de instalaciones de bombeo en las islas. Desde la Fundación Renovables exigen que «su gestión y planes estratégicos tienen que ser un instrumento en el que prime el interés social y no el interés económico de los accionistas y de sus ejecutivos», tal y como ocurre en la actualidad. Por ello, desde la fundación piden que lo gestione una «empresa pública».
Por eso, aunque los cambios del sistema eléctrico español son complejos, en buena parte por el gran poder de las eléctricas que conforman el oligopolio, los expertos señalan que es perfectamente posible. Un informe de Eurostat confirmó el pasado mes de julio que, quitando los impuestos de la factura, España es el quinto país con la luz más cara de toda Europa. «Es muy decepcionante escuchar a un representante del Gobierno diciendo que no puede hacer nada», lamenta De Otto. «Claro que los cambios no son fáciles, pero son necesarios. Es un mercado muy competitivo, pero sin competencia tanto en la oferta como en la demanda», manifiesta Montero.