Sinopsis El litoral mediterráneo y sur atlántico es un territorio ya de hecho parcelado y puesto a la venta para dar servicio a un voraz sector inmobiliario-turístico. Un sector que, ante la inhibición o con la connivencia de los poderes públicos, amenaza con configurar una congestionada y homogenizada conurbación sin límites y con acabar con […]
Sinopsis
El litoral mediterráneo y sur atlántico es un territorio ya de hecho parcelado y puesto a la venta para dar servicio a un voraz sector inmobiliario-turístico. Un sector que, ante la inhibición o con la connivencia de los poderes públicos, amenaza con configurar una congestionada y homogenizada conurbación sin límites y con acabar con los recursos y espacios naturales costeros, así como con cualquier posibilidad de poner en marcha en el futuro modelos alternativos de desarrollo basados en parámetros más sostenibles. El litoral occidental de la provincia de Huelva es un buen ejemplo del avance de este destructivo proceso.
La riqueza y diversidad natural del litoral occidental de Huelva (a la sombra de Doñana)
Cuando oímos hablar de los espacios naturales de la provincia de Huelva siempre recordamos Doñana. Territorio ciertamente singular y único, y que, entre otros aspectos, se pone siempre como ejemplo del desarrollo de acertadas políticas de conservación de espacios naturales. No obstante, en la provincia de Huelva no deberíamos permitirnos el lujo de, al centrarnos en la conservación de Doñana y no ver más allá de sus corrales de dunas y marismas, proporcionar la coartada que sancione el asalto especulador a otras áreas que, si bien no presentan el elevado grado de conservación que caracteriza al Parque Nacional y su entorno, sí poseen una riqueza natural y una diversidad biológica y en sus ecosistemas que no desmerecen en absoluto cuando se las compara con el buque insignia de la conservación en Andalucía y en España, a pesar de que en ellos sea más notoria la intervención del hombre.
Esta gran riqueza y diversidad natural se da en el territorio de la comarca del litoral occidental de Huelva. Una sucesión de marismas, amplias playas, acantilados, pinares costeros y flechas litorales que, entre La Ría de Punta Umbría y la desembocadura del Guadiana junto a Ayamonte, dan lugar a un paisaje atractivo y diverso y a un territorio con unos recursos naturales con un gran potencial para su aprovechamiento sostenible.
La amenaza de la hipertrofia inmobiliario-turística
Pero este territorio se encuentra en la actualidad seriamente amenazado. Los poderes públicos y económicos, por falta de imaginación y espíritu crítico o bien por un esquilmador y abusivo interés macroeconómico «cortoplacista» han decidido que el crecimiento, que no desarrollo, económico de la comarca debe centrarse casi exclusivamente en la hipertrofia de los sectores turístico y de la construcción. Así, un pretendido e indefinido turismo de calidad y una economía en permanente huída hacia adelante, y ciega ante la certeza de una burbuja inmobiliaria que cada vez esta más próxima a estallar, constituyen las débiles columnas de barro sobre las que pretende apoyarse un negocio ciertamente rentable a corto plazo para promotores turísticos y, sobre todo, inmobiliarios, pero de dudosa rentabilidad social, no sólo de cara a una hipotética sostenibilidad futura sino también en la actualidad. A esto se unen las dificultades de financiación de los diferentes ayuntamientos de la comarca, que no dudan, haciendo gala de una mentecatez irresponsable, en reclasificar suelos y en vender patrimonio público de suelo sin control mi mesura para tratar de sanear sus cuentas presentes aunque ello suponga una hipoteca imposible de amortizar en el futuro.
En cualquier caso este fenómeno no es nuevo. Este territorio hace tiempo que comenzó a ser asediado por un modelo de crecimiento inmobiliario-turístico indeseable tanto por el excesivo peso de la segunda residencia, como por situarse preferentemente en los límites de los espacios con una mayor calidad ambiental. No obstante era una ocupación relativamente lenta y que dejaba entre los diferentes núcleos que iban surgiendo amplios territorios con un buen nivel de conservación.
Pero en la actualidad, ese afán urbanizador se ha acelerado de manera notable. Las perspectivas de un negocio inmobiliario avalado por una contrastada y fuerte demanda europea de segundas y primeras residencias en los próximos años ha sido el catalizador que ha impulsado a un sector cada vez más voraz y agresivo.
En este contexto reciente, la primera señal de alarma seria que se percibió en la comarca partió del que dio en denominarse proyecto turístico de Punta Umbría. Un proyecto turístico-residencial que se caracterizaba por su desmesura en cuanto al territorio que pretendía transformar y por su falta de realismo con relación al corto período de tiempo que se programa para su finalización, ya que en tan sólo cinco años se planteaba la urbanización de una superficie aproximada de 178 Hectáreas con la construcción de trece hoteles (unas 8.000 plazas hoteleras), un campo de golf, y un residencial de lujo. Esta operación hubiese supuesto en el municipio el agotamiento de facto de todos los territorios con posibilidades para desarrollar otras actividades productivas, exceptuando el área de la Playa de la Bota, que juega un importante papel como equipamiento de ocio de carácter comarcal al ser intensamente utilizado en los meses de verano como zona de baño, sobre todo por los habitantes de Huelva capital y los municipios de su entorno.
La reacción popular, así como la, por una vez, adecuada respuesta de las delegaciones provinciales de las Consejerías de Medio Ambiente y Obras Públicas, informando desfavorablemente el proyecto, llevaron a su paralización y posterior abandono.
El nonato Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva (POTLOH)
Por otra parte las tensiones inmobiliario-turísticas existentes, que no sólo se expresaban en el territorio de Punta Umbría, sino en la totalidad de los municipios de la comarca, impulsaron y determinaron la orientación de los trabajos iniciales para la redacción del POTLOH, formulado en marzo de 1999, de modo que los primeros análisis realizados se centraron en un intento de profundizar en las implicaciones socioeconómicas, territoriales y ambientales de los diferentes modelos u opciones de desarrollo turístico. Así, en noviembre del año 2000, vio la luz, en el marco del POTLOH, un informe específico sobre turismo.
Dicho informe reconocía que la tendencia existente sólo podía conducir a un escenario de incompatibilidad con las aspiraciones de desarrollo turístico propugnadas por los diversos municipios de la comarca y que, sin un cambio de orientación radical, todo ese ámbito estaría abocado a un escenario de despilfarro territorial que agotaría el recurso suelo en operaciones inmobiliarias destinadas a la segunda residencia en una proporción tal que haría inviable la compatibilidad con la implantación de un potente y consolidado sector de turismo de servicios. Un cambio de orientación que debería partir de la creación de las condiciones necesarias para la configuración de un espacio turístico comarcal a partir de una distribución compensada de aprovechamientos y cargas territoriales de los distintos municipios con base en sus recursos y en sus respectivas aportaciones a la riqueza común constituida por el espacio productivo del turismo.
Partiendo de esta filosofía inicial el Informe establecía una serie de principios de ordenación, entre los que cabría destacar la prioridad otorgada al uso hotelero en el espacio turístico de la costa y su zona de influencia directa (obligación de habilitar una nueva plaza turística por cada dos nuevas plazas de segunda residencia); la reserva de suelo para actividades y grandes equipamientos turísticos (con carácter comarcal) en segunda línea del litoral; las reservas de tramo de costa libres para esponjar y garantizar la percepción de espacio libre; o la fijación de topes de desarrollo de suelo para cada fase sobre el total admisible en el litoral con el objetivo de desarrollar de manera gradual el modelo turístico.
No obstante, toda esta filosofía y principios referidos comienzan a adulterarse a partir de las diferentes previsiones que se hacen en el propio Informe en cuanto a su aplicación práctica. Unas previsiones que, en relación con las iniciativas municipales inconexas que existían en ese momento, venían a suponer escasos cambios respecto al volumen total de la presión turística y residencial a la que se vería sometida la comarca en general y las playas en particular. Las nuevas plazas turísticas (segundas residencias y alojamientos turísticos) a construir en 11 años pasarían de 152.893 a 140.503, con lo que la reducción sólo significaría en torno a las 12.000 plazas. Las futuras plazas en alojamientos turísticos pasarían de 32.507 a 46.385 incrementándose, por tanto, en 14.328. Y por su parte las plazas en segunda residencia a crear disminuirían en 26.718 unidades al pasar de 120.386 a 93.668, lo que supondría una reducción de 7.633 segundas residencias, teniendo en cuenta la ratio de 3.5 plazas por vivienda estimada en el documento. Y todo ello apoyado en el mayor despilfarro posible de suelo al hacer implícitamente de la baja densidad mítico objeto de culto. Por otra parte el Informe proyectaba para la comarca un total de 12 campos de golf al final del periodo planificado, que ocuparían unas 1.500 hectáreas y supondrían un consumo de agua anual superior al los 7 Hm3.
Para estimar esta posibilidad de crecimiento turístico-residencial, el Informe utiliza como referencia la capacidad de carga de las playas. Una capacidad de carga que se «construye» exclusivamente en torno a un criterio «matemático» arbitrario que otorga entre 5 y 10 m2 por usuario según se trate de playas urbanas o de alto valor ecológico. En cualquier caso, y según este criterio, en el horizonte del año 2011, cada usuario de las playas (residentes, excursionistas, veraneantes y turistas) dispondría de 6,89 m2 en los días laborables y de 4,19 los fines de semana. Y todo ello sin contar con el impacto de la urbanización sobre los espacios naturales, ni con la presión que esa población flotante ejercería sobre las infraestructuras de transporte o sobre recursos básicos como el agua (abastecimiento y saneamiento).
En definitiva, las previsiones del Informe, de plasmarse sobre la comarca, continuarían conduciéndola hacía una situación insostenible y a la reproducción del mismo modelo, aunque con algunas correcciones más de forma que de fondo, que ha llevado a otras áreas del litoral andaluz a una situación límite y que ya se antoja irreversible.
¿Dónde ha quedado el POTLOH?
Pero a pesar de todo, esas previsiones del POTLOH hoy se nos antojan a muchos como un mal menor ante la nueva avalancha de destrucción que puede desatar la conjunción del furor inmobiliario con la irresponsabilidad del planeamiento de los diferentes municipios de la comarca, así como con la escandalosa dejación de funciones que caracteriza a la Junta de Andalucía en relación a las políticas e instrumentos de ordenación territorial que debería ejecutar.
Y es que ya han pasado más de tres años desde la aparición de aquel primer informe y nada más se ha vuelto a saber sobre el POTLOH. Entretanto el sector inmobiliario-turístico, en connivencia con los equipos de gobierno municipales, ha lanzado sobre el territorio y los recursos naturales de la comarca una OPA de una hostilidad desconocida hasta el momento. Prácticamente todos los municipios han introducido ya en su planeamiento un crecimiento residencial y hotelero que, no sólo supera con creces las previsiones contenidas en aquel informe, sino incluso las pretensiones municipales de aquel momento.
El ejemplo de Cartaya (o del culto al Faraón)
En diciembre de 2003 se expuso a información pública el Avance del PGOU de Cartaya. Toda una apología de un desarrollismo aberrante e insostenible asentado sobre una urbanización masiva de corte especulativo y que, por otra parte, supone un desprecio total a las escasas y «cortas» directrices marcadas en el informe sobre turismo realizado en el marco de POTLOH. Este Avance prevé la construcción en un corto periodo de tiempo (antes del horizonte del año 2011 contemplado en aquel informe) de más de 13.000 viviendas, 12 hoteles de lujo y 6 campos de golf. Y todo ello sin tener en cuenta las necesidades de equipamientos y dotaciones que este incremento residencial conllevaría. Llama la atención la previsión de construcción de 5215 viviendas permanentes o principales, que serían suficientes para acoger, si establecemos un tamaño medio de los hogares de 3 personas, a 16.000 nuevos residentes, cuando las previsiones demográficas más a la alza estiman que el incremento de población para el año 2011 no iría más allá de los 5.000 nuevos efectivos. ¿No se ocultará bajo estas previsiones un intento soterrado de incrementar aun más el ya excesivo número de segundas residencias previstas?
El resto, hasta las 13.000 viviendas que prevé el Avance, sería dedicado a segundas residencias, lo que nos daría un incremento de la población flotante en este régimen (veraneantes) para temporada alta de más de 25.000 personas, que sumadas a las ya existentes, situarían el total en torno a las 40.000. Si a esto unimos la presión sobre el medio (y en concreto sobre las playas para continuar teniendo como referencia el informe sobre turismo del POTLOH) de residentes, excursionistas y turistas alojados en plazas hoteleras, la cifra global superaría los 80.000, número muy superior a la capacidad admisible de carga máxima de 32.079 personas estimada en aquel olvidado Informe para las playas del municipio.
Lo realmente patético y aberrante es que, para hacer todas estas previsiones se enarbolen las banderas del turismo de calidad, la sostenibilidad y el respeto a los espacios y los recursos naturales, cuando lo cierto es que todo ello sólo puede recordarnos antiguos cultos faraónicos.
A modo de conclusión: ¿Hacia dónde nos dirigimos?
El caso del litoral occidental de Huelva no es exclusivo. Este asalto especulativo crece como un tumor maligno a lo largo de toda la costa mediterránea y sur atlántica. Un asalto que, de no detenerse, terminara por configurar este litoral como una gigantesca conurbación bajo un modelo urbanístico cuyas características definitorias serán la congestión, una obligada movilidad insostenible, la contaminación y un despilfarro atroz de recursos básicos como el agua y el suelo. Un modelo que a fuerza de cercar los espacios naturales, de los que sólo se respetarán a duras penas los protegidos por alguna normativa específica, los terminará transformando de hecho en grises jardines y zoológicos al servicio de hoteles y urbanizaciones de lujo.
Y entretanto, las políticas de ordenación territorial abocadas a ser un pobre instrumento destinado a dar carta de legalidad a las aberrantes situaciones que, de hecho, se van configurando sobre el territorio costero al servicio de contados intereses económicos particulares ajenos a cualquier contenido social.
Y todo ello ¿para qué? Para consolidar un «monocultivo» turístico que, entre otros efectos, ya está suponiendo la expulsión de buena parte de las formas tradicionales de producción, cultura y uso del espacio y una homogenización empobrecedora del territorio, los paisajes y la propia sociedad. Para ver como la especulación y las falsas expectativas generadas en el ámbito de las pequeñas economías incrementan brutalmente la carestía de la vida, dando lugar a contradicciones y fricciones sociales entre los pocos partícipes de los beneficios del negocio turístico-inmobiliario y los muchos que quedarán ajenos a los mismos y a merced del aumento de precios.
Y por fin, cuando al cabo de pocos años este modelo, empeñado en meternos cada vez más de lleno en una «periferia» de corte colonial, acabe con todo este territorio ya de facto parcelado y puesto a la venta, cuando el agotamiento del suelo y otros recursos sea irreversible y no haya capacidad para siquiera vislumbrar otros posibles modelos de verdadero desarrollo ¿Cómo continuaremos el vértigo de esta huida hacia adelante? ¿Tal vez sea entonces el turno de Doñana?