Durante los últimos ocho años España padeció el régimen neofascista de José María Aznar. Un franquismo compuesto de los remanentes de curas requetés, falangistas fanáticos y nostálgicos de la dictadura de Primo de Rivera, con una estructura de cesarismo autocrático y un débil velo de democracia parlamentaria, condujeron a aquél país por el intransitable camino […]
Durante los últimos ocho años España padeció el régimen neofascista de José María Aznar. Un franquismo compuesto de los remanentes de curas requetés, falangistas fanáticos y nostálgicos de la dictadura de Primo de Rivera, con una estructura de cesarismo autocrático y un débil velo de democracia parlamentaria, condujeron a aquél país por el intransitable camino del retorno al pasado.
Afortunadamente los españoles decidieron sacudirse esa mugre de su epidermis y el gobierno de Rodríguez Zapatero entró en un panorama intoxicado que debe descontaminar. El 17 de junio el diario francés Liberation, en un despacho de su corresponsal François Musseau, informa sobre la reparación moral y material debida a las víctimas de la dictadura que se padeció entre 1936 y 1975, tras la rebelión de los traidores castrenses.
Joan Puigcercos, portavoz de Ezquerra Republicana de Cataluña, declaró que ahora es el momento de saldar la deuda que la nación tiene contraída con las víctimas. Aflora así un estado de opinión compartido entre legisladores liberales y de izquierda que componen el parlamento actual. Hasta ahora ese ha sido un tema tabú en España porque Aznar congelaba los crímenes del pasado con la excusa de que no debían reabrirse viejas llagas.
El Partido Popular se erigió sobre los residuos de la Falange. La sombra ominosa de la Guerra Civil sigue proyectándose sobre el presente. El abuelo de Zapatero fue fusilado por los franquistas. Otro diputado, Joan Tarda, también de ERC, ha dicho que en España se confunde amnistía con amnesia. En el parlamento se multiplican las iniciativas por enjuiciar la dictadura que fue aliviada de sus muchas culpas en nombre de la llamada «transición a la democracia».
En noviembre de 2002 se condenó, por vez primera, a la tiranía de Francisco Franco pero la intervención de Aznar y el PP impidió que ese voto tuviera consecuencias prácticas. Falta aún honrar la memoria del millón de muertos de la guerra y de los doscientos mil fusilados tras la toma del poder por los falangistas.
A inicios de junio de este año se aprobó un proyecto de ley que permite la creación de un organismo público encargado de evaluar las indemnizaciones necesarias. Solamente el PP se opuso. La Izquierda Unida ha propuesto la exhumación de los cadáveres de los republicanos que aún se encuentran en fosas comunes. La Asociación para la Recuperación de la Memoria histórica estima que el número de desaparecidos se eleva a cincuenta mil. También se está planteando retribuir económicamente a los «esclavos de Franco», los republicanos condenados a trabajos forzados o a la faraónica tarea del Valle de los Caídos. Igualmente se habla de la creación de un comité de verdad y reconciliación, similar al instaurado en África del Sur por el apartheid. Felipe González no hizo nada por avanzar por ese camino de reparación de los agravios del pasado tenebroso.
Una de las reivindicaciones pendientes es lograr que la Fundación Franco, dirigida por la hija del Caudillo, abra sus archivos donde están depositados numerosos secretos concernientes a los crímenes de la dictadura. Esa Fundación fue generosamente subvencionada por Aznar.
El gobierno de Franco fue de carácter absolutista, unipersonal y altamente centralizado. Ni siquiera el partido de Estado, la Falange, tuvo un papel determinante. Franco garantizó que ni la Iglesia católica ni Falange pudieran constituir una concurrencia de su poder total y les otorgó funciones ornamentales más que control efectivo. Franco gustaba de asignar rumbos de gobierno a diferentes personalidades. Así, Martín Artajo, Fraga Iribarne y Carrero Blanco fueron, cada uno, un partido, es decir una programa de gobierno y de enmiendas de carácter individual. Felipe González, al hablar de la transición española, confesó que la primera tarea fue sacar a su país del aislamiento internacional. Después hubo que modernizar la economía fabricando un mercado. Después se logró una liberalización pluralista. Hubo que atender el problema de las autonomías regionales y finalmente se le extrajeron los colmillos al ejército, profesionalizándolo para que dejase de ser una fuerza amenazante. La carencia de una verdadera filosofía política, que caracterizó el franquismo, permitió el pacto de la Moncloa porque las organizaciones tradicionales como las socialistas, comunistas y liberales no fueron erosionadas por una doctrina oficial.