Cuando la injusticia es justicia

En «1984», la profética novela de Orwell, mediante el uso de la neolengua y los procesos del doble pensamiento, los gobernantes convencían a las masas de que afirmaciones antes consideradas irracionales, eran racionales. Dicho de otro modo, la realidad virtual se convertía en realidad verdadera. Las consignas del partido, aceptadas por los gobernados, eran GUERRA ES PAZ, LIBERTAD ES ESCLAVITUD e IGNORANCIA ES FORTALEZA. En Estados Unidos, nuestros gobernantes nos llevan por estos mismos caminos y cada año salen a la luz realidades nuevas. Los miembros de la prensa a los que se nos permitió asistir a la reciente comparecencia de Luis Posada Carriles ante el juez de inmigración de Seguridad Interior, Willian Abbott, en El Paso, Tejas, en agosto y septiembre de 2005, aprendimos una más: INJUSTICIA ES JUSTICIA.

Lo que se sabe de Posada por sus antecedentes es que de joven trabajo en La Habana en los cuerpos policiales del régimen de Batista y que llegó a EE UU en 1960. En la invasión de la bahía de Cochinos, dirigida por la CIA, su socio Orlando Bosh y él se integraron en la Operación 40 de la CIA, formada por tiradores de élite cuya misión era la de asesinar a los líderes del gobierno cubano. La invasión fracasó y la CIA lo envió a la Escuela de las Américas de Fort Benning (Georgia), donde recibió instrucción sobre manejo de explosivos y métodos de interrogatorio mediante tortura. Al parecer, Posada fue visto en Dealey Plaza, Dallas, el 22 de noviembre de 1963, la fecha y el lugar donde Lee Harvey Oswald mató a John F. Kennedy. Durante la década de los sesenta, Posada participó en la Operación Mangosta (incursiones asesinas en Cuba). También dirigió la escuela de demolición de la CIA en Florida y realizó varias acciones mortales en otros países, como la voladura de la biblioteca Soviética de la Ciudad de México, las embajadas cubanas de Argentina, Perú y Portugal y el Centro Cultural Costa Rica-Cuba, En 1972, la CIA lo envió a Caracas con abundante material para la fabricación de explosivos y equipamiento para que trabajara con la agencia de inteligencia venezolana, el DISIP. El jefe del DISIP, un tal Joaquín Chaffardet, nombró a Posada jefe de sus «servicios especiales», en los que enseñó técnicas de demolición y métodos de interrogación mediante tortura.

En 1975, Posada dejó el DISIP y fundó una agencia de detectives en Caracas, que era en realidad una tapadera de la CIA, con Chaffardet como socio silencioso. El 6 de octubre de 1967, los ex agentes del DISIP Lugo y Ricardo, colocaron una bomba en el baño de un avión civil de la Cubana de Aviación que estalló en el aire poco después de despegar de Barbados en dirección a La Habana, matando a los 73 civiles que viajaban en él. Después de su detención, Lugo y Ricardo confesaron que Posada y Bosch habían dirigido la operación, y esta participación ha quedado confirmada por los informes recientemente desclasificados de la CIA, el FBI y el Departamento de Estado. Los cuatro fueron acusados en Venezuela y los otros tres fueron condenados, pero Posada escapó en 1985 poco antes de que se hiciera público el veredicto. Al parecer, la CIA sobornó a los guardias y la ley venezolana impidió que se procediera contra Posada debido a su ausencia.

Posada marchó a El Salvador donde participó directamente en la operación de suministro de drogas conocida como Irán-Contra, que dirigían desde Nicaragua Félix Rodríguez (el agente de la CIA que había matado al Che Guevara en Bolivia en 1967) y el coronel Oliver North, desde la Casa Blanca. Después, Posada participó en la Operación Cóndor junto a la CIA, el DISIP y el DINA, el servicio de inteligencia chileno, que exterminó a muchos progresistas sudamericanos. También trabajó agente de seguridad para la dictadura guatemalteca. Desde El Salvador planeó y dirigió los atentados con bomba en un hotel de turistas de La Habana en 1997. Finalmente fue detenido en Panamá con 80 kilos de explosivos C-4 en el coche, con los que pretendía matar a Castro y a cientos de estudiantes que iban a asistir al discurso de éste en una universidad local. El año pasado, la presidenta de Panamá, amiga de Estados Unidos, concedió el perdón a Posada y a sus tres secuaces de Miami. Posada regresó a Estados Unidos en el mes de mayo. Después de una conferencia de prensa en el mes de mayo, Seguridad Interior lo arrestó y lo acusó de no haber comunicado su llegada al país a las autoridades de inmigración.

Al revisar la trayectoria pública conocida de Posada, advertimos que el nombre de la familia Bush aparece de vez en cuando. En 1960, Bush padre era el director de la compañía petrolera Zapata Drilling, en Houston. También estaba reclutando efectivos para la invasión de la Bahía de Cochinos que planeaba la CIA y al parecer, algunas reuniones de la CIA tuvieron lugar en la sede de Zapata. Bush padre era muy crítico con la posición adoptada por la administración Kennedy en ese respecto e instó a una nueva invasión de Cuba. Un informe de J. Edgar Hoover, director del FBI, fechado el 28/11/63, se refiere a él como «el George Bush de la CIA». En 1976, cuando Bush padre fue nombrado director de la CIA, puso al frente del grupo de operaciones espaciales al jefe de la sede de la CIA en Miami, que había sido y continuaba siendo el supervisor directo de Posada. La CIA había instado a varios grupos de anticastristas violentos a fusionarse bajo una sola autoridad, que se llamó CORU y que fue encabezada por Bosch. En aquel tiempo, Zapata tenía contratos para realizar perforaciones en Venezuela, y Jeb Bush, ahora gobernador de Florida, trabajaba para un banco tejano en Caracas. Según los documentos recientemente desclasificados, la CIA, que aparte de Posada, tenía agentes, operativos y enlaces en Caracas, estaba al día de dos intentos fallidos de atentado contra aviones civiles cubanos en verano de 1976, y una semana antes del atentado del 6 de octubre recibió una comunicación de Posada que decía: «Vamos a cargarnos el avión cubano.»

Como director de la CIA, Bush padre no quiso avisar a pasajeros potenciales de otros ataques pendientes contra aviones cubanos ni discutió el plan con el presidente Ford. La CIA intentó sacar a Posada y a Bosch de Venezuela antes de que pudieran acusarlos y su intervención fue crucial para que se retrasaran los procedimientos judiciales. En 1985, cuando Posada huyó de Venezuela con ayuda de la CIA, Bush padre era vicepresidente. Entre 1985 y 1987, el jefe de gabinete de Bush en Washington recibió informes directos del cómplice de Posada, Félix Rodríguez (amigo personal de Bush padre) sobre la operación Irán-Contra. En 1990, ya presidente, Bush padre pospuso la deportación de Bosch, lo que le permitió vivir en Miami. Esto invalidaba la firme recomendación de su propio Departamento de Justicia, que había implicado a Bosch en más de 50 actos terroristas. En otoño pasado, con Bush hijo en la Casa Blanca, la presidenta saliente de Panamá, que ahora vive en Cayo Vizcaíano, perdonó a Posada.

Esta primavera, cuando fue evidente que Posada vivía en Miami, Venezuela solicitó que fuera extraditado a Caracas para completar allí su proceso y pidió que fuera puesto en custodia hasta que el tribunal de extradición se pronunciase sobre el asunto, lo cual le fue negado. En mayo, la secretaria de Estado Rice, que decide sobre la presentación de casos de extradición, indicó que iba a esperar al dictamen de las autoridades de inmigración, En 15 de junio, Venezuela presentó a Rice la demanda oficial de extradición, con 500 páginas de pruebas abrumadoras de que Posada había preparado el atentado contra el avión cubano desde tierras venezolanas, donde también había realizado interrogatorios con tortura. Aunque la ley de Estados Unidos es muy clara respecto a que la extradición tiene preferencia sobre la deportación, el Departamento de Estado no ha hecho ni dicho nada sobre la extradición, salvo expresar su opinión de que la ley se está cumpliendo.

En el proceso de deportación de agosto, Posada admitió que su entrada en el país había sido ilegal y durante la contrainterrogación retiró su petición de asilo, diciendo a través de su abogado que un testimonio más amplio sobre el asunto podría resultar «embarazoso» para Estados Unidos o poner en peligro su seguridad, lo cual no quería hacer. De hecho, la ley impide conceder asilo a alguien con antecedentes criminales.

Posada, sin embargo, siguió buscando la protección de la CAT. La CAT (Convención contra la Tortura) sostiene que la deportación y/o extradición han de ser pospuestas si existe «una clara probabilidad» de que el deportado o acusado sea torturado en el país de recepción. Negándose ilegalmente a recibir el caso de extradición, la secretaria Rice se aseguró de que el asunto sería decidido por un abogado interno, empleado por en el Departamento de Justicia para procesar casos de inmigración, en vez de que lo hiciera un juez federal que maneja extradiciones y es independiente porque su cargo es vitalicio.

La única prueba de tortura ofrecida por Posada fue el testimonio de su viejo amigo, abogado, cómplice y supervisor en el DISIP, Joaquín Chaffardet, que opinó que Posada sería probablemente torturado en Venezuela. Su opinión no se basaba en el conocimiento del sistema venezolano sino en un solo caso. Dijo que, estando el año pasado en el Palacio de Justicia, vio a tres hombres acusados del asesinato del fiscal Danilo Anderson, los cuales, tres días después de su arresto, tenían los labios hinchados y los ojos amoratados. En el momento de su muerte, Danilo investigaba la implicación de Estados Unidos en la financiación, a través de la NED, del golpe de estado contra Chávez. Chaffardet también testificó que «coincidía con» un informe del Departamento de Estado en que se decía que los abogados de los tres hombres habían alegado que habían recibido descargas eléctricas y el juez solicitó una investigación.

Los abogados de Interior no contrainterrogaron a Chaffardet y Abbott tampoco le preguntó nada. La imagen que dio fue la de un abogado respetado. Si hubieran sacado a colación su relación con el atentado al avión cubano, su credibilidad habría quedado destruida. Es obvio que no desea que Posada se juzgado, porque saldría a la luz su participación y la de la CIA en el atentado.

Las alegaciones de los abogados no constituyen prueba, y un incidente, aunque sea cierto, no condena a todo un sistema, pero Abbott dijo que le bastaba y que pospondría la deportación de Posada a menos que el fiscal le convenciera de lo contrario.

La forma normal de establecer las «condiciones de un país» consiste en llamar a un experto, como un juez, un abogado, etcétera, que sepa cómo trata ese sistema a los que tiene bajo custodia. En agosto, un fiscal de Interior no se avino a hacerlo y Abbott aplazó la sesión al 26 de septiembre, para permitirle impugnar, si así lo deseaba. El 26 de septiembre no pudo presentar ninguna prueba y el juez aplazó la deportación de Posada, lo cual significa que no puede ser retenido más de 90 días. A menos que se dé el improbable hecho de que se demuestre que es peligroso para los ciudadanos de Estados Unidos, a Posada se le permitirá regresar a Miami para que pueda vivir libremente con su Orlando Bosch, su cómplice en el atentado contra el avión cubano.

Administrada por nuestro Departamento Ejecutivo, la ley de inmigración no forma parte de nuestro sistema de justicia (Departamento Judicial) pero presume de obtener resultados justos. Nuestros tribunales sólo pueden funcionar con procesos antagonistas. Tiene que haber dos o más grupos con reclamaciones y objetivos distintos. Normalmente, ésta es la única razón de por qué los grupos utilizan los tribunales. En este caso, Posada y Estados Unidos tenían los mismos objetivos: (1) proteger a Posada de afrontar la justicia por sus crímenes; (2) ocultar las pruebas que involucraban a las agencias de inteligencia de Estados Unidos y Venezuela en sus crímenes, (3) dar la apariencia pública de que Posada se le estaba administrando justicia.

Proteger a un asesino de masas de que aparezca ante la justicia por miedo a que sea torturado, cuando no existen pruebas reales de que vaya a ser así, no es justo ni racional, sobre todo cuando la CIA utiliza la tortura mental para interrogar a reclusos en las prisiones militares de Estados Unidos en Cuba, Irak y Afganistán, y cuando considera que la tortura física es necesaria, secuestra a personas y las tortura físicamente en países como Egipto y Jordania. Si no hay explicación racional, la única tesis debe de ser orwelliana. En los Estados Unidos de hoy, la injusticia es justicia.

Tom Crumpacker, abogado retirado, miembro de Miami Coalition to End the US Embargo of Cuba. 3050 Tamarron Blvd., #7201 Austin TX 78746 512-482-8153