En 1997, 170 países firmaron el Protocolo de Kioto. Ocho años después, al ratificarlo Rusia y conseguirse así que los países responsables de al menos el 55 por ciento del total de las emisiones lo hubieran hecho, finalmente entró en vigor. Con el fin de luchar contra el cambio climático, el objetivo fundamental del Protocolo […]
En 1997, 170 países firmaron el Protocolo de Kioto. Ocho años después, al ratificarlo Rusia y conseguirse así que los países responsables de al menos el 55 por ciento del total de las emisiones lo hubieran hecho, finalmente entró en vigor. Con el fin de luchar contra el cambio climático, el objetivo fundamental del Protocolo de Kioto es que los 38 países industrializados reduzcan conjuntamente un 5 por ciento sus emisiones de gases de efecto invernadero (el dióxido de carbono, CO2, es el principal de los seis gases que lo causan) en el periodo 1990-2012.
De cara a la opinión pública, el Protocolo de Kioto es utilizado mediáticamente por la Unión Europea para arrogarse el papel de defensora del medio ambiente, mientras Estados Unidos aparece ante los ojos de la sociedad europea como el único malo de la película. Pero la realidad nos demuestra que la retórica verde de la Unión Europea va por un lado y los hechos por otro: según Kioto, para el año 2012 la UE tendrá que haber reducido sus emisiones un 8 por ciento respecto a 1990, y en el año 2003 lo había hecho solamente un 1,7 por ciento [1].
Y qué decir de la situación del Estado español, que ha aumentado sus emisiones de gases de efecto invernadero un 45,6 por ciento en el periodo 1990-2004 [2]. Esto supone ser el país de la Unión Europea que más se aleja del Protocolo de Kioto, al multiplicar por tres el objetivo al que se comprometió en el mismo (que era un aumento del 15 por ciento). Toda esta situación se produce porque en nuestro país el empleo de energías renovables es minoritario y las principales fuentes de energía siguen siendo los combustibles fósiles (82,2 por ciento) [3], y es justamente el uso masivo de los mismos lo que aumenta las emisiones de CO2 a la atmósfera.
El problema de la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero, que son producidos en gran parte de las actividades humanas actuales (sobre todo el dióxido de carbono), es demasiado complejo como para despacharlo en dos patadas. El problema requiere de una batería de acciones combinadas: mejora de la eficiencia energética, impulso de energías renovables, reducción del gasto energético, modelos alternativos de transporte… pero, en general, hay poca voluntad política para aplicar estas medidas. Por lo tanto, en un contexto en el que muchos de los países industrializados no están reduciendo sus emisiones de gases efecto invernadero cuando se acerca el fin de la primera fase (periodo 1990-2012) del Protocolo de Kioto, surgen con fuerza los mecanismos de mercado previstos en el mismo: los llamados mecanismos de flexibilidad.
Hay tres tipos de mecanismos de flexibilidad: el comercio de emisiones, los mecanismos de aplicación conjunta (AC) y los mecanismos de desarrollo limpio (MDL) [4]. El primero de ellos se lleva a cabo entre países: los que reduzcan sus emisiones más de lo permitido podrán vender créditos por el sobrante a otros países. Los otros dos mecanismos, sin embargo, están pensados para ser aplicados por las empresas.
Así, los mecanismos de desarrollo limpio y los de aplicación conjunta se basan en una misma idea: la de invertir en proyectos de reducción de emisiones o de fijación de carbono en otros países distintos al de origen de la empresa. La diferencia entre ambos está en el hecho de que los MDL se aplican en países que no están obligados a modificar sus emisiones según Kioto (para las empresas españolas esto quiere decir, fundamentalmente, América Latina) y los AC a los que sí se ven afectados por el mismo (sobre todo, países del Este de Europa). Y es justamente aquí, gracias a estos mecanismos de mercado, donde entran en juego las grandes empresas transnacionales españolas del sector de la energía.
Dentro de cada país, existe un tope máximo para las emisiones que provienen de las empresas, el cual se ha regulado a través de los planes nacionales de asignación. Dado que Endesa se ha pasado un 15 por ciento de los derechos que le correspondían en el Plan de Asignaciones 2005, Iberdrola lo ha hecho un 2 por ciento, Unión Fenosa un 14,5 por ciento e Hidrocantábrico un 11 por ciento [5], estas empresas tienen que recurrir cada vez más a los mecanismos de mercado para poder cumplir con los objetivos previstos.
En este sentido, las transnacionales eléctricas españolas están dedicándose a la inversión en proyectos MDL en América Latina para así poder obtener créditos de carbono que les permitan reducir formalmente sus emisiones. Y digo formalmente porque dicha reducción no es real: mediante los MDL se sigue emitiendo lo mismo que antes, lo que pasa es que se resta del monto total lo que se deja de emitir al utilizar energías renovables en la generación de energía eléctrica y al llevar a cabo proyectos de fijación de carbono.
Además, cuando se habla de energías renovables se refiere sobre todo a la generación hidroeléctrica, que es en lo que se basa la mayor parte de estos proyectos: Endesa cuenta con unos 20 proyectos de reducción de emisiones (entre los propios y los que se basan en la compra de derechos de emisión), de los cuales el más avanzado es la central hidroeléctrica peruana de Callahuanca, que se presentó al registro de la ONU en 2005 [6]; Iberdrola ha recibido el visto bueno de las autoridades españolas para aprobar como MDL la central hidroeléctrica de Las Vacas (Guatemala) [7]; Unión Fenosa ha registrado en la ONU la central hidroeléctrica de Los Algarrobos [8], en la provincia de Chiriquí (Panamá), así como las centrales hidráulicas de Macho de Monte y Dolega [9], también en Panamá.
Pero también hay empresas españolas del sector de la energía que han presentado proyectos MDL de fijación de carbono, como es el caso de Repsol YPF con su proyecto de reinyección de CO2 en Cerro Fortunoso, en la provincia de Mendoza (Argentina) [10]. Y esto de meter el dióxido de carbono bajo tierra no es cuestión sólo de las empresas: el propio Gobierno español va a dedicar 90 millones de euros a una investigación sobre formas de almacenamiento del dióxido de carbono bajo la superficie [11].
Y hasta los bancos españoles se están movilizando para posicionarse en este nuevo mercado: según El País, el BBVA participa junto a varias entidades financieras japonesas en un proyecto que según el periódico «tiene como objetivo reducir las emisiones industriales contaminantes en los países de Centroamérica» [12]. La idea es que el banco proporciona créditos por valor de 100 millones de dólares a proyectos de reducción formal de emisiones en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, para luego garantizarse un derecho preferencial sobre la adquisición de los derechos de emisión de carbono que resulten de todos estos proyectos MDL.
Para completar el recorrido por los mecanismos de mercado que usan las multinacionales españolas para cumplir con el Protocolo de Kioto, hay que hacer mención al recientemente creado mercado europeo de emisiones, que es exclusivo para instalaciones de la propia UE. Aunque éste se ha visto condicionado por el retraso en la aprobación de los planes nacionales de asignación y en la creación de registros nacionales de emisión, la compraventa de gases de efecto invernadero es un negocio claramente en alza: 1,5 millones de toneladas de CO2 equivalente se negocian cada día en la bolsa europea de derechos de emisión [13]. A un año de su puesta en marcha, el precio de la tonelada ha subido de 6 a 21 euros (llegando a un máximo de 29 euros el pasado verano). En total, hay ya seis parqués europeos de este tipo, y se acaba de crear uno nuevo en Barcelona [14]. Y, además, la reciente Cumbre del Clima celebrada en Montreal ha servido para dar un nuevo impulso a este tipo de mecanismos para cumplir con Kioto [15].
Junto a la bolsa europea de emisiones, que es la alternativa más costosa y al mismo tiempo más rápida, las empresas disponen de otras opciones para invertir en proyectos que les otorguen derechos de emisión [16]: mediante la adquisición de participaciones en el fondo FC2E (en el que participan el Santander y el ICO [17]), con mayor riesgo y a medio plazo, o a través de el fondo de carbono público del Gobierno y el Banco Mundial, con un elevado riesgo y más a largo plazo. Como ejemplo, Endesa ha adquirido en estas bolsas en los últimos 12 meses derechos de emisión correspondientes a 9,03 millones de toneladas de CO2 para 2005, 2006 y 2007 [18].
El caso es que no se puede recurrir a toda esta batería de mecanismos de mercado como única alternativa para lograr una reducción de emisiones. Porque los MDL, por ejemplo, están concebidos en base a proyectos concretos y con la prioridad de buscar créditos de carbono al coste más bajo. Y es que, según un informe de CDM Watch, solamente entre un 10 por ciento y un 15 por ciento del total de los proyectos MDL que están en marcha están basados en energías renovables [19]. Por lo tanto, los Mecanismos de Desarrollo Limpio realmente no pueden servir para promover las energías renovables, porque favorecen el proyecto más beneficioso económicamente y no el mejor en cuanto a su sostenibilidad ambiental. Y tanto la compraventa de emisiones como los bonos de carbono siguen la misma lógica mercantilista, claro.
En definitiva, a pesar de que el Protocolo de Kioto es un acuerdo modesto, en el que hay una gran distancia entre los objetivos fijados y los que realmente serían necesarios para hacer frente al problema [20], para empezar ha de exigirse su cumplimiento. Y es evidente que éste ha de pasar por un cambio real en el modelo de producción y consumo de la energía, lo cual no tendrá lugar mientras se siga mirando el problema de la sostenibilidad a través de las gafas de la lógica de mercado.
* Pedro Ramiro pertenece al equipo de OMAL (Observatorio de Multinacionales en América Latina). El autor agradece a Ladislao Martínez las observaciones y comentarios al presente artículo.
[1] OBSERVATORIO DE LA SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA (2005). Informe preliminar sobre la sostenibilidad en España. Mundopress. Primavera 2005.
[2] RIVERA, Alicia (2005). «España es el país industrializado donde más aumentan las emisiones de CO2». El País, 5 de mayo.
[3] OBSERVATORIO DE LA SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA (2005). Informe preliminar sobre la sostenibilidad en España. Mundopress. Primavera 2005.
[4] OFICINA ESPAÑOLA DEL CAMBIO CLIMÁTICO (Ministerio de Medio Ambiente)
[5] GÓMEZ, Carlos (2006). «Excesos por 300 millones de euros», El País Negocios, 8 de enero.
[6] ENDESA (2005): Informe de sostenibilidad 2004
[7] FUNDACIÓN ENTORNO (2005): «España invertirá 8,5 millones en proyectos de la Iniciativa del Carbono Iberoamericana», 11 de enero.
[8] UNIÓN FENOSA (2005): Informe de gestión de medio ambiente 2004.
[9] EUROPA PRESS (2006): «Unión Fenosa registra dos nuevos proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio en Naciones Unidas», 27 de enero.
[10] REPSOL YPF (2005). Informe de Responsabilidad Corporativa 2004
[11] MÉNDEZ, Rafael (2005). «España comienza la búsqueda de un lugar para almacenar CO2 bajo tierra», El País, 2 de septiembre.
[12] TORRIJOS, Gloria (2005). «Un banco a todo gas», El País Negocios, 30 de octubre.
[13] GÓMEZ, Carlos (2006). «Europa saca plusvalías al CO2», El País Negocios, 8 de enero.
[14] EUROPA PRESS (2005). «Barcelona acoge la primera bolsa de emisión de CO2 de España para que las empresas compran y vendan derechos», 14 de diciembre.
[15] FERNÁNDEZ, Marta (2005). «Kioto II revitaliza la bolsa de CO2», Expansión, 13 de diciembre.
[16] FERNÁNDEZ, Marta (2006). «Cuatro bazas para invertir en Kioto», Expansión, 17 de enero.
[17] NORIEGA, Javier L. (2006). «Santander y el ICO crean un fondo de derechos de CO2», Cinco Días, 13 de enero.
[18] GÓMEZ, Carlos (2006). «Excesos por 300 millones de euros», El País Negocios, 8 de enero.
[19] CDM WATCH (2004). «Razones por las cuales el Mecanismo de Desarrollo Limpio no promoverá un desarrollo limpio», noviembre.
[20] LOCHHEAD, Robert (2005). «El capitalismo contra el clima». Viento Sur, número 82.