El presente trabajo pretende identificar la necesidad ineludible de que la reconstrucción del proyecto revolucionario en el Estado español reanude la continuidad histórica de la lucha por la emancipación de la clase obrera y de los pueblos del Estado español truncada por una Transición que, en aras de la instauración de formas políticas propias de […]
El presente trabajo pretende identificar la necesidad ineludible de que la reconstrucción del proyecto revolucionario en el Estado español reanude la continuidad histórica de la lucha por la emancipación de la clase obrera y de los pueblos del Estado español truncada por una Transición que, en aras de la instauración de formas políticas propias de una muy limitada democracia burguesa, garantizó la continuidad en lo esencial de la estructura de poder económico, militar, policial y judicial de la Dictadura. Este proceso se sustentó en una monarquía sin otra legitimidad que su designación por Franco.
Si bien el proceso de desmoronamiento ideológico, político y organizativo de las organizaciones de la izquierda tradicional, política y sindical, del Estado español, comparte características y causas con el sufrido por estas entidades en otros países capitalistas europeos, hay factores específicos directamente vinculados con su papel la Transición sin cuyo análisis es imposible entender la magnitud del desastre y mucho menos abordar la ardua y compleja tarea de la reconstrucción de la izquierda revolucionaria.
Dice Rodolfo Walsh que las clases dominantes siempre han procurado que los pueblos no tengamos historia, ni héroes, que se pierda la experiencia colectiva y que cada lucha deba empezar de nuevo. Cuando las principales organizaciones de las clases oprimidas se hacen cómplices de la amputación de la memoria, el desastre es mucho mayor.
Este proceso de demolición lento y sistemático de las organizaciones de clase tiene origen en su decisiva participación en un gran consenso que consagró la intangibilidad del Estado surgido de la Transición y en un gigantesco pacto de silencio sobre la masacre de las cuatro décadas anteriores, y que, en la medida que afectaba a su propia naturaleza, acabo destruyendo su identidad. Sobre esa base fue mucho más fácil ir desvirtuando los ejes estratégicos de su programa político hasta hacerlos desaparecer: la reivindicación de la República como instrumento de soberanía popular, la agudización de la lucha de clases para la destrucción del Estado capitalista, el derecho de autodeterminación de los pueblos y su carácter antiimperialista.
Las claves del marco jurídico-político de la Transición
El objetivo de la ruptura democrática que vertebró la lucha contra la Dictadura nunca vio la luz. Más bien todo lo contrario. El apoyo de los grupos parlamentarios de la izquierda a la Ley de Amnistía[1] de 15 de octubre de 1977, la firma por el PCE y el PSOE de los Pactos de la Moncloa[2] doce días después y, como colofón, su defensa de la Constitución de 1978 definen la Transición y expresan otra muy diferente ruptura: la del PCE, organización que hegemonizó la lucha antifascista, con los elementos esenciales de su programa político.
La ley de Amnistía liquidaba cualquier responsabilidad por «todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis». Quedaban impunes los centenares de miles de asesinatos, torturas, encarcelamientos, despidos, perpetrados por la Dictadura contra todo un pueblo. Era y es una de las más gigantescas «leyes de punto final» que ha conocido la larga historia del terrorismo de Estado. Bajo ese manto de impunidad cayeron hechos muy recientes entonces y de la magnitud del fusilamiento de cinco jóvenes antifascistas el 27 de septiembre de 1975, con Franco agonizante y con el rey ejerciendo de número dos en la Jefatura del Estado o la matanza por disparos de la policía de cinco trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976, siendo Fraga Iribarne Ministro de la Gobernación.
De su carácter de «ley de punto final» vigente hasta la fecha da cuenta lo siguiente: el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ante las demandas judiciales de anulación de los juicios militares sumarísimos – como en los casos antes citados, en el de Julián Grimau, en los de los anarquistas Granado[3] y Delgado ejecutados a garrote vil en 1963 y los de tantos otros, han utilizado la Ley de Amnistía y la Constitución de 1978 como verdaderas leyes de punto final para denegar cualquier revisión, garantes así de la impunidad de la Dictadura. A nadie, ni en medios de comunicación, ni en círculos políticos o judiciales, parece haberle llamado la atención que el mismo alto tribunal español haya declarado en varias ocasiones competente a la justicia española para procesar a dirigentes de otros países responsables de crímenes de Estado, considerando para ello como ilegítimos marcos jurídicos semejantes al nuestro.
Significativamente, doce días después de la Ley de Amnistía se firman los Pactos de la Moncloa. Podría pensarse que en la citada Ley se trataba exclusivamente de la anulación de la responsabilidad penal por los delitos y que el «punto final» era así mismo borrón y cuenta nueva para depurar los elementos más comprometidos con la Dictadura de los nuevos aparatos del Estado. Nada más lejos de la realidad. En el preámbulo de los Pactos se alude exclusivamente como justificación de los mismos a la crisis económica por la que atraviesa el país y a la necesidad de abordar «unánimemente» las medidas necesarias. Dos son los grandes apartados abordados: Acción Jurídica y Política, y Saneamiento y Reforma de la Economía. En el primero de ellos se trata de la libertad de prensa, reunión, asociación y manifestación y de medidas de reorganización administrativa de las fuerzas de seguridad del Estado. Ni una palabra acerca de su democratización, nada acerca de responsabilidades, nada sobre el ejército, sobre la judicatura, sobre la corrupción en empresas públicas, etc.
La Constitución de 1978 consagra una democracia burguesa seriamente limitada e impone una monarquía heredera directa del Dictador, consagrando la quiebra de la legalidad republicana y usurpando la decisión popular acerca de la forma de Estado. El rey es el jefe supremo del ejército, quien a su vez es instituido como garante de la unidad de España. Niega uno de los pilares de la lucha por la libertad de los pueblos del Estado español: el derecho de Autodeterminación. Establece como inalienable el derecho de propiedad y la libertad de empresa, mientras los derechos sociales carecen de garantía alguna. La soberanía popular y la democracia directa quedan reguladas por la Ley de Referéndum más restrictiva de la UE. La soberanía nacional, ya pisoteada por los patriotas fascistas con la instalación de numerosas bases de EE.UU., se hipoteca definitivamente con la entrada en la OTAN y la UEO.
El consenso sobre el papel del Estado y la política antiterrorista, 30 años antes de G. W. Bush
El incesante recurso al consenso para justificar la aceptación por parte de la izquierda de un orden político y económico a la medida de la oligarquía española, y el pacto de silencio sobre la Guerra Civil, los cientos de miles de asesinatos tras la entrada de los «nacionales» en cada pueblo y en la larga posguerra, el maquis, la brutal represión de las organizaciones populares y el frecuente recurso al espantajo de la amenaza de golpe de estado, consumaron, excepto en Euzkadi, la profunda desvertebración política e ideológica de los pueblos del Estado español. Fenómenos de subcultura como la «movida» de los años 80 y la entrada masiva de droga en los barrios obreros de las grandes ciudades, sirvieron para narcotizar la voluntad de resistencia y de rebeldía de una juventud, difícil de domesticar de otra manera, y que veía el avance inexorable de las políticas neoliberales al tiempo que se hundían sin alternativa los proyectos revolucionarios de generaciones anteriores.
El gran consenso, origen de todos los demás, fue el que se tejió, con la complicidad de partidos que se autoproclamaban marxistas, acerca del carácter neutral del Estado. La quiebra definitiva del más mínimo planteamiento de transformación social fue asimilar que todo lo que es el Estado (ejército, fuerzas represivas, aparato judicial, política exterior, instituciones…etc.), no representa intereses de clase, sino que se sitúa en un sagrado limbo, por encima de los conflictos sociales.
La limitadísima democracia burguesa, con un rey a la cabeza nombrado por Franco y con unos aparatos del Estado heredados de la Dictadura, con sus jerarquías intactas[5], eran la Democracia. Quienes salieran de sus límites eran, terroristas, sobre quienes debía caer el peso de sus democráticas leyes y de la violencia del único depositario legítimo de la misma. La defensa del Derecho de Autodeterminación de los pueblos como principio democrático básico por parte de la izquierda[6], fue una de las primeras desaparecidas en las turbias aguas de la Transición. Se abría así un abismo insalvable entre la izquierda institucional y la izquierda abertzale y, lo que es más grave, con la decidida complicidad de CC.OO. y UGT se inoculó el españolismo antiterrorista, situado ideológicamente en los aledaños del fascismo, en amplios sectores populares.
La negación por parte de la izquierda de la naturaleza del Estado como instrumento privilegiado de la burguesía en la lucha de clases – máxime cuando conserva intacta la herencia fascista – que impregna a todas y cada una de sus instituciones y que ejerce la más brutal violencia social para sostener un sistema que se sustenta en la dictadura del capital sobre el resto de la sociedad, es el auténtico pilar de la Transición sobre el que se edifica el famoso consenso. Esa es la clave de bóveda que ha sustentado y sustenta la complicidad de la izquierda en toda la trama antiterrorista; desde el apoyo del PSOE y del PCE a la Ley Antiterrorista de 1980, al ejercicio directo del terrorismo de estado con el GAL del PSOE, el Pacto Antiterrorista PSOE-PP, la Ley de Partidos Políticos, la ilegalización de Batasuna con la abstención de IU, el voto favorable del grupo socialista y de IU a la Orden de detención europea, la aceptación durante las primeras 48 horas de la tesis de la autoría de ETA en los atentados del 11M por parte del PSOE, PCE e IU, etc.
El fantasma del golpe de estado ha sido profusamente agitado y utilizado en ocasiones claves para prevenir actitudes o decisiones que rompieran el guión establecido. Algunos de los sucesos más significativos son los siguientes:
– la reiterada afirmación de Santiago Carrillo de que «el color de una bandera no merece una Guerra Civil» ante la traumática decisión de prohibir a su militancia la exhibición de banderas republicanas.
– la intervención de Tierno Galván en 1979 en el Congreso del PSOE, cuando Felipe González vio derrotada su tesis preconizadora del abandono del marxismo, advirtiendo a los delegados que si adoptaban una dirección no aprobada por González «mañana mismo los alemanes cortan la financiación del partido, en unos días más los tanques ocupan las calles de Madrid»[7].
– el intento de golpe de estado del 23 de febrero, como los analistas independientes[8] muestran con claridad, tuvo a Tejero y a Milans del Bosch como conejillos de indias de la versión más burda de un doble montaje. De la operación, también golpista, pero de guante blanco y mucho más compleja, formaban parte líderes de los grupos parlamentarios comprometidos en un gobierno de «concentración nacional»[9] presidido por el general Armada. Ambos proyectos eran conocidos por el rey y ambos contaban con él como Jefe del Estado y como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. Finalmente Tejero desbarató la «operación Armada» y el rey apareció como salvador de la democracia.
A la desnaturalización ideológica y política de lo que fue izquierda revolucionaria, le siguió su liquidación organizativa. Decenas de miles de militantes abandonaron el PCE entre 1977 y 1982, año en el que se produjo su debacle electoral. Algo semejante ocurrió en otros partidos situados a su izquierda. La institucionalización de sus cuadros se continuó con una militancia clientelar, alrededor de ayuntamientos y empresas. La creación masiva de ONGs por parte de partidos de izquierda, movimientos sociales y sindicatos se configuró desde entonces como un privilegiado aliado de la coartada de la «cooperación» y la «ayuda humanitaria» para enmascarar procesos de recolonización e intervenciones militares; es, además, un valiosísimo aliado de privatizaciones y, sobre todo, un poderoso instrumento de integración económica y de neutralización de rebeldías juveniles.
El auge de IU en la etapa de Anguita no ha sido más que un paréntesis en este proceso. Como se ha demostrado estaban en su código genético los elementos fundamentales de la desnaturalización del PCE. Los intentos del Coordinador General de cuestionar la Constitución en 1997 y de abordar el Derecho de Autodeterminación con la integración de Ezker Batua en el pacto de Lizarra en 1998, fueron abortados desde el interior de la organización y quedaron reducidos a meros brindis al sol. Algo parecido ocurrió con la Plataforma por las 35 horas por Ley constituida el mismo año: nació con vocación de proyecto estratégico para enfrentar el entreguismo sindical y desapareció sin dejar rastro apenas un año más tarde, cuando Frutos sustituyó a Anguita para realizar el pacto pre-electoral IU-PSOE en el año 2000. Se inauguraba formalmente su subordinación al mismo y se liquidaba cualquier veleidad anti-sistema.
El principio del entreguismo sindical
El escenario de las relaciones laborales es el otro ámbito privilegiado en el que se pone de manifiesto el cambio cualitativo operado en la izquierda política y sindical durante la Transición, con las desastrosas consecuencias para la clase obrera que estamos viviendo.
En abril de 1976, con los sindicatos de clase y la izquierda política aún en la clandestinidad, pero con un alto grado de organización y combatividad de la clase obrera, se promulgaba la Ley de Relaciones Laborales[10] más avanzada que se ha conocido. En ella se reconocían amplios derechos laborales y, sobre todo, se establecía por primera vez el objetivo general de la estabilidad en el empleo y el carácter básico de la contratación indefinida, concretándose unas pocas excepciones. Llama la atención que esta Ley se promulgase en plena crisis económica y cuando la mayor parte de los ordenamientos jurídicos de Europa occidental estaban evolucionando hacia la «flexibilidad». La clase obrera era fuerte y la correlación de fuerzas mandaba.
Su vigencia duró poco más de un año. Los Pactos de la Moncloa, de 25 de octubre de 1977, cuestionaron frontalmente lo promulgado 18 meses antes y se reintroduce la contratación temporal[11], vigente durante toda la Dictadura y objetivo concreto de duras luchas obreras. Un mes más tarde se publicó un Real Decreto[12] que autorizaba la realización de contratos temporales a trabajadores en paro y a trabajadores «juveniles», sin tener que someterlos a la «formalidad» de justificar su causalidad. En una de tantas paradojas de la Transición, la recién estrenada democracia conculcó por Real Decreto el contenido de una Ley de Relaciones Laborales sin que, ni los recién legalizados sindicatos, ni el recién elegido Parlamento dijeran absolutamente nada. Para dar una idea de las dimensiones del hecho que inauguró un proceso de entreguismo sindical que parece no acabar nunca, hay que recordar que ese tipo de contrato basura para jóvenes es el mismo contra el que están luchando estos días millones de trabajadores y estudiantes en Francia.
Contrarreforma tras contrarreforma, lo sucedido después es una cadena sin fin de privatizaciones, desregulaciones, generalización progresiva de la temporalidad, subvenciones, exenciones fiscales y bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social de la patronal.
Tres grandes huelgas generales se han sucedido en 1988, 1994 y 2002 sin que la amplia respuesta de l*s trabajador*s se utilizara como instrumento de presión sindical. La aceptación de la competitividad como ley suprema a la cual se subordinan las relaciones laborales ha marcado la más absoluta domesticación de las dos grandes centrales sindicales, generosamente lubricada con dinero y prebendas de la patronal y, sobre todo, de los Presupuestos Generales del Estado.
«Los muertos que vos matáis gozan de buena salud»
Desde finales de la década de los 90 tiene lugar en el Estado español, como en otros lugares del mundo, un significativo resurgimiento de la movilización de masas, con participación mayoritaria de jóvenes, al margen de las organizaciones tradicionales de la izquierda, con contenidos de crítica radical al capitalismo y profunda vocación internacionalista.
Una peculiaridad se añade. Si bien la existencia de alguna bandera republicana era constante en cualquier movilización popular, su presencia masiva y creciente en las manifestaciones antiglobalización, contra la LOU,.. etc, culmina en miles de tricolores portadas sobre todo por jóvenes, ondeando en las manifestaciones contra la invasión de Iraq. Al tiempo, dos lemas se imponen como demoledoras acusaciones al sistema de ilegitimidad: «Lo llaman democracia y no lo es» y «No nos representan».
El 6 de diciembre de 2003, por primera vez, mientras el Congreso de los Diputados presidido por el rey se celebraba con gran boato el 25 aniversario de la Constitución se convocó en Madrid una manifestación por la III República y contra la Constitución de 1978, por el Derecho de Autodeterminación de los Pueblos y por la Soberanía Popular. Se pasó de la mera conmemoración nostálgica y de pequeñas concentraciones a la presencia de miles de personas en la calle, muy mayoritariamente jóvenes, con reivindicaciones claramente rupturistas.
Cuatro meses después, el 13 de marzo, tras los brutales atentados de Atocha, en todos los pueblos y ciudades la gente protagonizó una verdadera revuelta popular – sin referente político alguno – para denunciar la manipulación informativa y echar al gobierno del PP. El análisis de comunicados y declaraciones documenta el amplísimo seguimiento de la tesis gubernamental de la autoría de ETA[13], no sólo por parte del PSOE, CC.OO. y UGT, sino también por parte del PCE, IU, Ezquerra Republicana de Catalunya o el sindicato CGT, lo que confiere aún mayor valor a la autonomía de pensamiento mostrada por la gente en la calle.
Al igual que otros medios de comunicación alternativos como la haine, kaos en la red, indymedia barcelona o nodo50, una modesta organización como Corriente Roja [14] fue capaz de denunciar el mismo día 11 y al día siguiente las mentiras del gobierno, la complicidad de la izquierda política y sindical y la responsabilidad del PP y las multinacionales españolas. Aún a las 19h del 12 de marzo se podía ver en la manifestación de Madrid a los máximos dirigentes del PSOE, PCE, IU, CC.OO y UGT al lado de Aznar y de la familia real tras la misma pancarta en la enésima reedición de la «unidad antiterrorista». Al día siguiente la ira de gente ocupando las calles cambiaría radicalmente el panorama político. Al igual que sucedió el trece de abril de 1931 con Alfonso XIII, el pueblo gritó a Aznar, para que no cupiera ninguna duda: «¡Que no te has marchao, que te hemos echao!».
Tres colores que remueven los cimientos del sistema
La trascendencia y el progresivo carácter masivo de la reivindicación republicana ha llevado al gobierno, con el apoyo de IU, a intentar convertirla en un icono inofensivo, mellando su esencia antisistema, reduciéndola a la mera reivindicación nostálgica e incluso intentando equiparar responsabilidades entre «los dos bandos».
Dos ejemplos ilustran suficientemente este nuevo intento de desvirtuar y castrar la semilla revolucionaria que en este país, contiene la República. El más patético tuvo lugar el 12 de octubre de 2004 cuando en el desfile de las Fuerzas Armadas – acto que en sí mismo recuerda vivamente la continuidad del franquismo – se hizo marchar a un combatiente de la República, junto a otro que fue a defender el III Reich con la División Azul.
Mucho más sutil es la Proposición de Ley presentada por Izquierda Verde (antes IU) y aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados, por la que «Se declara 2006 como año de la Memoria en homenaje y reconocimiento de la Segunda República como antecedente de la Constitución de 1978…»[15] La legalidad constitucional de la II República, truncada salvajemente por un golpe fascista seguido de tres años de guerra civil, es el antecedente de una monarquía surgida directamente de la Dictadura… La falta absoluta de lógica de la propuesta muestra con claridad la colaboración – impagable por proceder precisamente de IU – para intentar ocultar, ante el arraigo popular de la reivindicación republicana, que el rey está desnudo.
Está apilándose material altamente inflamable…
Es evidente que el poder intuye que pueden mezclarse ingredientes altamente peligrosos. Por un lado la rebeldía radical ante un sistema que niega cualquier esperanza de futuro a la inmensa mayoría de los jóvenes y que se ha expresado en un movimiento antiglobalización de contenidos mayoritariamente anticapitalistas, que la socialdemocracia intentó con todas sus fuerzas ocultar pero que sigue ahí latiendo. Por otro, su capacidad de entroncar con una memoria histórica rota, oculta y silenciada, y por lo tanto, con toda su fuerza intacta. El pánico, el recuerdo del terror, utilizado de forma desvergonzada como argumento definitivo y aplastante frente a las ansias de libertad de generaciones anteriores, no vale ya ahora.
Lo más fecundo del movimiento republicano es precisamente la utilización espontánea de esa bandera por los jóvenes para expresar rebeldía, contrapoder, cuestionamiento radical del orden existente.
Como se decía en el manifiesto del 6 de diciembre de 2003, los jóvenes de hoy, que sufren la precariedad y el paro y que asisten cada día a la impúdica exhibición de la barbarie y la hipocresía, ni vivieron la Transición, ni se sienten rehenes de ese proceso político en el que no participaron. Unas veces a tientas y otras a borbotones van mezclando poco a poco muchos ingredientes: la rebeldía, la voluntad de resistir, la reivindicación de la soberanía como construcción de la democracia directa, la ruptura con todas las instituciones del sistema capitalista, la denuncia del cinismo de los partidos y sindicatos que actúan como apagafuegos del orden establecido, el antiimperialismo como método de análisis y de solidaridad internacionalista, la búsqueda constante de la unidad desde la aceptación primaria de la diversidad ideológica y el convencimiento de que sólo ese caldo de cultivo, en el que son necesarias todas las partes, aportará la masa crítica para la reconstrucción del proyecto revolucionario, al calor de las luchas sociales.
No ha sido suficientemente analizado el papel devastador de todas las renuncias de la Transición en la conciencia y la identidad de los pueblos del Estado español[16]. No se trató sólo de retrocesos en conquistas sociales, ni de la dolorosa comprobación de la desintegración ideológica y organizativa de organizaciones que fueron referentes de la dignidad individual y colectiva. Se vivió una auténtica anomia[17] como pueblo que actuó como poderoso catalizador de la desintegración de la resistencia popular después de la Transición.
En la antítesis, la izquierda nacionalista vasca (y otras organizaciones menores de Catalunya y Galiza) – intérprete y representante de una buena parte de su pueblo – no aceptó la Constitución de 1978 y ha sido capaz de mantener, en clamorosa diferencia con la izquierda del resto el Estado, sus organizaciones y sus reivindicaciones nacionales y de clase. Treinta años después, tras persecuciones, ilegalizaciones, encarcelamientos y torturas demuestran – con la presencia masiva de jóvenes y su enorme capacidad de movilización – la fuerza de su proyecto político.
Precisamente la necesidad de que la fuerza de ese ejemplo de resistencia frente al Estado y sus aparatos – ampliamente reconocido por los jóvenes más conscientes de los diferentes territorios del Estado – se convierta en patrimonio colectivo, junto a la posibilidad y necesidad de que todo ello fragüe en una nueva recomposición de la unidad de clase entre los pueblos del Estado español, que, por supuesto, parta del derecho inalienable a decidir su futuro como nación, es otro imprescindible elemento que es preciso incorporar a la conciencia y a la identidad colectiva.
La lucha antisistema, la voluntad de contrapoder, aquí y ahora de jóvenes, mujeres, inmigrantes y de tod*s aquell*s que no somos vistos por el poder más que como mercancías, es el terreno abonado para que germine la semilla revolucionaria, libertaria y comunista. Si el arma más importante en manos de los dominadores es la aceptación de su inevitabilidad por los dominados, la fuerza de la memoria de uno de los ejemplos más luminosos de rebeldía, de resistencia y de internacionalismo, el que ofrecieron los pueblos del Estado español en defensa de la república y de su revolución, debe vertebrar el si, se puede primario, imprescindible, fundante.
Madrid, 21 de marzo de 2006
Corriente Roja
Notas
[1] El texto de la misma puede verse en: http://www.derecho.com/xml/disposiciones/trini/disposicion.xml?id_disposicion=31992
[2] El contenido literal de los Pactos de la Moncloa puede consultarse en: http://www.fuenterrebollo.com/Pactos-Moncloa/menu.html
[3]. A Pilar Vaquerizo, viuda de Francisco Granado, se le ha negado recientemente la indemnización concedida a losexpresos del franquismo con el argumento de que su marido, ejecutado 17 días después de haber sido detenido, por » no haber hecho el tiempo mínimo de prisión exigido por la normativa que regula dichas ayudas».
[5] La mejor crónica de la Transición, de las brillantes carreras en la «democracia» los jerarcas del régimen y de los 104 asesinatos perpetrados entre 1976 y 1980 por fuerzas del «orden» y paramilitares, está en Grimaldos, A. (2005) La sombra de Franco en la Transición. Ed. Anaya, Oberón.
[6]España, estado multinacional. Informe al Comité Central del PCE presentado por Dolores Ibárruri en septiembre de 1970. En su discurso del 2 de junio de 1935, el Secretario general del PCE, José Díaz, enunció como 2º punto del programa mínimo de un gobierno de Concentración Popular Antifascista: Liberación de los pueblos oprimidos por el imperialismo español. Que se conceda el derecho de regir libremente sus destinos a Catalunya, a Euzkadi, a Galicia y a cuantas nacionalidades estén oprimidas por el imperialismo de España.
[7] Garcés, J. (1996) Soberanos e intervenidos».Ed. Siglo XXI. Pág. XXVII
[8] Junto a la obra de Joan Garcés, para el análisis de la red de complicidades del intento de golpe del 23 de febrero de 1981 debe consultarse Sverlo, P. (2000) Un rey golpe a golpe. Ed. Ardi beltza.
[9] Op. Cit. Tejero declara en la instrucción del sumario que Armada «me dijo que en el gobierno habría Felipe González, , Múgica Herzog (equipo González) Solé Tura (equipo Carrillo) y otro UCD». Pág. 202
[10] La Ley de Relaciones Laborales de abril de 1976 introdujo por primera vez en el ordenamiento jurídico español el principio de estabilidad en el empleo. En su artículo 14 establece: El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido, sin más excepciones que las contempladas en el artículo siguiente.
[11] En el apartado relativo a empleo de los Pactos de la Moncloa se enuncia: «Al objeto de fomentar el empleo juvenil se autoriza, dentro de un programa experimental que se concretará, la contratación temporal por un plazo máximo de dos años, para los empleos derivados de los nuevos puestos de trabajo que se creen a partir del 1 de noviembre de 1977, siempre que los mismos se cubran con personas que desempeñan por primera vez jun puesto de trabajo.
[12] El Real Decreto Ley 43/1977, de 25 de noviembre, autorizó la contratación temporal de trabajadores en paro y/o juveniles sin necesidad de someter la finalización de esos contratos a la regla de la causalidad.
[13]Un riguroso análisis de la contrainformación y de la manipulación informativa en esas 48h. cruciales puede encontrarse en López, S. y Roig Domínguez, G. Del desconcierto emocional a la movilización política: redes sociales y medios alternativos del 11 al 13 M. Se encuentra en www.nodo50.org/lecturas/13m_contrainfo.pdf
[14] Estos dos comunicados dan testimonio, no de dotes extraordinarias de análisis, sino de independencia política compartida con otros medios de comunicación alternativos
http://www.nodo50.org/corrienteroja/corriente_roja.php?seccion=comunicados&id=99
http://www.nodo50.org/corrienteroja/corriente_roja.php?seccion=comunicados&id=100
[15] Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. VIII Legislatura. Serie B: Proposiciones de Ley. Núm. 221-1. Proposición de Ley 122/000180.
[16] En el artículo la Patria Perdida http://www.kaosenlared.net/noticia.php?id_noticia=15423 se parte de la afirmación de León Felipe: España esta muerta, la mataron los fascistas para ilustrar la identidad popular que Franco pretendió asesinar en la Guerra Civil, que se reconstruyó pese a todo en la lucha contra la Dictadura, y se pretendió enterrar de nuevo en la Transición.
[17] El texto de Antonio Machado escrito para la España de la posguerra, es válido también para los años posteriores a la Transición: Fue un tiempo de mentira, de infamia/A España toda, la malherida España, de carnaval vestida nos la pusieron/pobre, escuálida y beoda, para que no acertara la mano con la herida.