En los últimos días se han suscitado una serie de conflictos en torno a la áreas protegidas, generados, en parte, por la ahora ex nueva autoridad del Servicio Nacional de Áreas Protegidas y por otra, por los esfuerzos de quienes hasta hace poco controlaban dichas áreas y los recursos canalizados a nombre de estas: algunas […]
En los últimos días se han suscitado una serie de conflictos en torno a la áreas protegidas, generados, en parte, por la ahora ex nueva autoridad del Servicio Nacional de Áreas Protegidas y por otra, por los esfuerzos de quienes hasta hace poco controlaban dichas áreas y los recursos canalizados a nombre de estas: algunas ONG´s locales, a su vez socias de grandes ONG´s internacionales, financiadas fuertemente por sus gobiernos y que están tratando de encubrir los grandes intereses que se enmascaran detrás del discurso de la conservación, hoy situado en la escala comercial, en el ámbito privado y en la mercantilización de la naturaleza.
Cuando en 1987 el Informe Bruntdland, conocido también como «Nuestro Futuro Común» lanzó al mundo el concepto de «desarrollo sostenible», pocos podían imaginar que la conservación se convertiría en un concepto tecnócrata, cuyas políticas globales limitarían los márgenes del ejercicio de soberanía nacional, fomentando el control de los recursos genéticos a nivel local y la apropiación de los saberes y recursos locales, subordinando la Naturaleza al lenguaje del capital. Años más tarde la Convención de Río de Janeiro sentó las bases para legitimar y delinear la transformación jurídica y material en camino a la instauración de la propiedad privada de la vida. Desde entonces, los mecanismos de conservación de la naturaleza, han incorporado los intereses directos de los sectores de servicios, inversiones y propiedad intelectual en las estrategias globales de conservación (Gallardo, 2003, León 2005).
Riqueza biológica
La compleja interconexión entre la diversidad biológica y la diversidad cultural, estructura la noción de riqueza biológica. Este concepto integra, por un lado, el concepto de biodiversidad como: «la variabilidad de organismos vivos de cualquier origen incluyendo, entre otros, ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de que hacen parte; comprendiendo la diversidad dentro de especies, entre especies y de ecosistemas. Por el otro, incorpora la riqueza cultural humana, que se manifiesta como un conocimiento oculto de la diversidad biológica, en la diversidad de lenguas y costumbres, en las religiones y los ritos, en las prácticas de manejo de los suelos y en la domesticación de diversos organismos, en el manejo de los recursos y del ambiente, en los hábitos alimenticios y reproductivos, en elementos textiles y arquitectónicos, y en general, en todos los instrumentos que acompañan el uso cotidiano de la diversidad biológica (Barreda, 2003, León 2005).
Esos conocimientos, que pueden aportar nuevos usos de la biodiversidad, han empezado a ser valorizados recientemente por la gran industria y se suman a los nuevos usos que surgen del desarrollo de la tecnología. Entonces, la riqueza biológica se constituye en una de las materias primas estratégicas en el actual periodo de la globalización.
En consecuencia, la principal riqueza natural de América Latina, además del petróleo, minería y agua, es su biodiversidad, materia prima de la ingeniería genética, punta de lanza del actual proceso de innovación tecnológica. El continente sudamericano alberga los bosques tropicales amazónicos, núcleo principal o epicentro latinoamericano de biodiversidad. En la región amazónica, los Andes Tropicales constituyen la región más rica en especies de plantas y animales de todo el mundo, de la cuál forman parte las laderas nororientales de la Cordillera Oriental boliviana.
En Bolivia, miembro del selecto grupo de países megadiversos, su posición geográfica y sus características fisiográficas y altitudinales determinan la presencia de diversos paisajes ecosistemas que albergan una gran biodiversidad natural. Es el único país que posee las nacientes de las grandes cuencas sudamericanas, como son la cuenca amazónica y la cuenca del Paraguay-Pilcomayo (Plata), además de la cuenca endorreica del Altiplano en la parte occidental. Se trata de una zona de contacto de grandes paisajes, cuencas y ambientes, que concentra una biodiversidad poco explorada.
Los nuevos desarrollos tecnológicos requieren conocimientos que aún son insuficientes sobre la clasificación taxonómica de las especies biológicas, el desciframiento de sus códigos genéticos, así como la comprensión de los procesos que permitan la manipulación genética sin ocasionar catástrofes ecológicas. Por esto, la protección y el estudio de las reservas mundiales, son financiados por los departamentos de desarrollo de los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, el Banco Mundial, así como una importante cantidad de empresas transnacionales y de ONG´s nacionales e internacionales.
La ingeniería genética convierte a las reservas naturales en bancos genéticos in situ y a la diversidad cultural indígena en bancos de saberes locales. En consecuencia, la apropiación de la riqueza biológica, se orienta hacia el control sobre el territorio: el espacio y sus pobladores.
Conservación, Áreas Protegidas y Corredores biológicos
En las últimas décadas se han desarrollado nuevas concepciones sobre el manejo del territorio como son los «hotspots»[1], «corredores biológicos», «redes de conservación» que son manejados por organizaciones internacionales. Se trata de clusters (agrupamientos) de conservación, estrategia que está acompañada de la consolidación de infraestructura para la integración comercial y productiva de las regiones ricas en biodiversidad a los intereses del mercado transnacional. Estos proyectos de conservación direccionan los espacios públicos hacia los intereses corporativos.
Los corredores biológicos se desarrollan como parte de esta estrategia global de ocupación y control del espacio, como territorios abiertos al control privado del conocimiento. Implican la creación de grandes espacios de conservación que rebasan los límites nacionales y que requieren también de financiamientos de gran escala. Aquí es donde intervienen las fundaciones, agencias bilaterales y multilaterales con un despliegue de medios tecnológicos impresionantes, en muchos casos, financiadas por empresas transnacionales.
Una de las características de los corredores biológicos es la descentralización del manejo ambiental. Esto constituye una fuerte amenaza para los estados, puesto que la presión externa torna vulnerable a las autoridades locales que son quienes tendrán que tomar importantes decisiones sobre el manejo de ciertas partes del corredor sin que nadie, a excepción de las organizaciones internacionales de conservación, tenga una visión completa del manejo de los corredores. A esto se añade la poca capacidad técnica en el área ambiental de los gobiernos locales.
Aún cuando las ONG´s de conservación no cuenten necesariamente con algún tipo de concesiones, contratos de co-administración o permisos especiales, tienen la capacidad financiera, el control sobre el conocimiento y los recursos para el cabildeo sobre los gobiernos locales y nacionales, para ejercer el control del territorio donde operan. Solo el financiamiento con el que cuentan puede dar una idea de lo fácil que puede resultar influir en dirigentes y autoridades locales e incluso sobre políticas e instituciones nacionales.
Como ejemplo de lo anterior: la ONG norteamericana Conservación Internacional recibió en los últimos años una donación de 261.2 millones de dólares para actividades de conservación, divididos en: 121.2 millones para biodiversidad, 40 millones para las estaciones científicas, y 100 millones para los «corredores ecológicos». Así mismo Conservación Internacional sugiere que 500 millones por año sería una cifra apropiada para mantener los primeros 25 hotspots. (Chapin, Mac 2005).
Conservación Internacional prioriza entre sus líneas de acción el trabajo con los Hotspots, entre los que se encuentra el «Hotspot Andes Tropicales»[2], una de cuyas áreas prioritarias es el Corredor de Conservación Vilcabamba-Amboró. El CCVA abarca más de 300.000 km2 en una franja a lo largo de los flancos nororientales de los Andes e incluye 16 áreas protegidas (9 en Perú y 7 en Bolivia), entre ellas Madidi, Pilon Lajas, Amboró, TIPNIS.
Se trata de la configuración de una nueva concepción de manejo del espacio, a través de iniciativas de conservación gestionadas por organizaciones internacionales[3], con la consiguiente pérdida y en algunos casos, cesión deliberada de soberanía, enmarcadas en políticas globales de privatización de la biodiversidad. Este es el caso de la concesión Los Amigos ubicada al noreste de la Reserva Amarakaeri, con una superficie de 1.376 km2. Se trata de una concesión de conservación otorgada el 24 de julio de 2001 por el Gobierno peruano a la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA), por un tiempo de 40 años.
Lo anterior permite entender porque, en marzo de 2002, durante la visita del Presidente de los Estados Unidos al Perú, se inició la coordinación y producción de información a las autoridades de los Estados Unidos de América, sobre el Corredor de Conservación Vilcabamba Amboró (Informe Final Proyecto Mejoramiento y consolidación de Areas Protegidas Seleccionadas. CI-CEPF. Junio 2003).
Para las grandes ONG´s internacionales, las actividades de extracción intensiva de recursos no son incompatibles con los objetivos de conservación de las áreas protegidas. Prefieren creer en la «responsabilidad corporativa» que hará que las empresas utilicen «tecnología de punta». Para estas organizaciones internacionales, los impactos más graves ocasionados por una empresa petrolera o minera son los llamados «impactos indirectos», es decir los procesos de destrucción que producen las poblaciones locales que se asientan alrededor de las operaciones de las empresas.
Un ejemplo de lo señalado es el Decreto 24123 que crea el Area de Manejo Integrado y Parque Nacional Madidi, promovido, según Conservación Internacional, por esta organización. El. D.S. 24123 establece y prohibe determinadas actividades que atentarían contra la conservación del área. Dichas actividades son: la otorgación de áreas de colonización, dotación de tierras, autorización de explotación forestal, autorización de caza y pesca deportiva o comercial (Art 7). Sin embargo, las actividades de exploración petrolera pueden realizarse en el área de manejo integrado y en casos excepcionales, la explotación minera o energética y las obras de infraestructura, como la construcción de megarepresas o caminos, pueden ser desarrolladas en toda el área, a solo condición del cumplimiento del procedimiento de obtención de licencia ambiental. (Art. 10 y 11).
La Página Web de Conservación Internacional muestra una lista de 250 corporaciones que donaron aproximadamente 9 millones para sus actividades en el 2003 (Chapin, Mac. 2002). Conservación Internacional, además abiertamente promueve la privatización de las áreas naturales protegidas y tiene a su cargo 60 áreas naturales en todo el planeta (Barreda, 2001).
Otro ejemplo, es el del TNC (The Nature Conservancy), que tiene unos 1900 patrocinadores corporativos que en el año 2002 donaron un total de 225 millones de dólares a la organización. TNC actualmente maneja el proyecto BOLFOR II, entre cuyos objetivos estratégicos se encuentra el de «apoyar los cambios necesarios en la política forestal nacional».TNC es el «mayor terrateniente» en Estados Unidos y tiene a su cargo también áreas protegidas como Montes Azules en México. (Barreda 2001).
Nacionalización de áreas protegidas en Bolivia
La problemática ambiental implica siempre posturas políticas, sean estas explícitas o no. Incluso en la posición reduccionista de neutralidad política y refugio en la gestión técnica, se esconde una toma de partido por una posición política. Por lo tanto no hay políticas ambientales neutras, sino que las habrá conservadoras o progresistas, unas serán tradicionales y otras renovadoras (Gudynas, 2001).
Bajo esta óptica debe situarse la gestión ambiental y de áreas protegidas hasta el cambio de gobierno y la nueva gestión, aún cuando esta última no termine de esbozarse. En este contexto, el nuevo discurso de «nacionalización de áreas protegidas», evidentemente se refiere a la recuperación de la soberanía sobre estos espacios de territorio nacional que han sido paulatinamente cedidos a las ONG´s internacionales. Dicha pérdida de soberanía se evidencia desde los conceptos incorporados en la gestión del SERNAP, como los de corredores biológicos, hotspots, conectividad de áreas protegidas, etc, pasando por la definición de políticas, planes de manejo, e incluso la creación de nuevas áreas y el financiamiento de áreas protegidas privadas, hasta el hecho de que varios de los principales ejecutivos del SERNAP pasaron o llegaron de Conservación Internacional.
Pero tal vez uno de los aspectos más álgidos y menos visibles relacionados con la pérdida de soberanía en las áreas protegidas es el ya mencionado control privado del conocimiento sobre biodiversidad. A pesar de que el Convenio sobre Diversidad Biológica, uno de los acuerdos de Río 92, establece la soberanía de los estados sobre sus recursos, el conocimiento sobre la biodiversidad es patrimonio prácticamente exclusivo de las ONG´s internacionales y de instituciones extranjeras. Como ya fue mencionado, solo ellas pueden tener un panorama completo de los avances de investigación y descubrimientos científicos, puesto que los financian, los sistematizan y los controlan. En el caso de Bolivia, no existe mecanismo alguno para obligar a la retribución del conocimiento y en muchos casos la información que generan no es disponible siquiera en español y menos publicada en revistas o documentos nacionales de divulgación. De esta manera la planificación de las áreas protegidas está subordinada a la realización de planes de manejo y zonificación financiados y elaborados por las ONG´s internacionales y/o de sus socias nacionales. Los planes de manejo y zonificación constituyen las herramientas de gestión que pueden determinar aspectos tan importantes como la posibilidad de ejecutar proyectos de desarrollo de bajo impacto ambiental y alto impacto social, la decisión de permitir actividades extractivas como la explotación de hidrocarburos, la minería e inclusive megaproyectos de alto impacto como las represas hidroeléctricas.
En consecuencia, el nivel de intensidad del conflicto del SERNAP puede entenderse, por un lado, por la falta de estrategias coherentes de relacionamiento y planes de acción consecuentes con las nuevas políticas sobre áreas protegidas, esbozadas en el Programa de Gobierno 2006-2010 que señala que las áreas protegidas constituyen un mecanismo importante de conservación de la biodiversidad y que constituyen un bien común cuya gestión debe ser compartida entre el Estado y las colectividades locales. En consecuencia el rediseño del SERNAP, requiere de mayor desarrollo conceptual y de la ejecución de programas de fortalecimiento tendientes a lograr la administración social de estos espacios territoriales de conservación.
Pero los conflictos deben entenderse también por el grado de intereses en juego. Estos últimos no se reducen a los intereses petroleros y mineros que se encuentran restringidos, en algunos casos, dentro de las áreas, como es el caso de las concesiones de Petrobrás, Total Final y Repsol en Madidi, Amboró y Tipnis o de Comsur en San Matías. Los principales intereses en juego son los de los sectores estratégicos globales, cuyas corporaciones obtienen actualmente enormes ganancias a partir de la biodiversidad, tales como el sector farmacéutico, la industria de alimentos, pesticidas agrícolas y armas biológicas y los nuevos sectores económicos creados por el desarrollo de la biotecnología y la revolución tecnológica, como son la genómica, la nanotecnología, la bioinformática, el desarrollo de los biomateriales, las neurociencias, la robótica, el agroterrorismo, para los cuales la riqueza biológica ha pasado a constituir la materia prima esencial. Estos intereses están muy bien representados por las grandes ONG´s internacionales que manejan más recursos que los ingresos que recibe el país por la exportación de gas, obtenidos para gestionar espacios de territorio nacional.
Si el gobierno actual está decidido a gestionar la riqueza biológica del país, debe tener presente la necesidad de mirar en conjunto la totalidad de los recursos estratégicos yuxtapuestos en la región: hidrocarburos, minerales, biodiversidad y agua, la infraestructura de transportes creada para su explotación y la presencia militar en la región. Tomando en cuenta que la naturaleza y la biodiversidad no pueden construirse sin el control social de los espacios colectivos, debe colocar con firmeza el debate de la conservación alrededor del control social del conocimiento y abrir una batalla política, teórica y social en contra de cualquier mecanismo que silencie la producción colectiva, invisibilice los procesos de construcción social del saber y genere nuevos mecanismos de pérdida de control geopolítico.
Referencias
– Efraín León. 2005. Revalorización Capitalista de la Amazonía. Geopolítica y gestión estratégica de la riqueza biológica amazónica brasileña. Tesis de Maestría en Estudios Latinoamericanos. Postgrado en Estudios Latinoamericanos / Facultad de Filosofía y Letras Universidad Nacional Autónoma de México.
– Gallardo, Lucía. 2003. El confinamiento del espacio local a las directrices del mercado mundial. Revista Biodiversidad. Separata: Los nuevos caminos que conducen a la privatización de la biodiversidad. Redes Amigos de la Tierra. Montevideo.
– Andrés Barreda. 2001. Ante una privatización generalizada en Cuadernos Agrarios, número 21. México.
-Andrés Barreda. 2005. Análisis geopolítico del contexto regional en Geopolítica de los Recursos Naturales y Acuerdos Comerciales en Sudamérica. FOBOMADE. La Paz.
– Sitios en Internet
www.conservation.org
www.usaid.gov
www.oilwatch
www.fan-bo.org
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[1] El concepto de Hotspot o Área Crítica para la Biodiversidad fue utilizado por primera vez en 1988 por el ecologista británico Norman Myers, quien reconoció que los ecosistemas de las Áreas Críticas (más frecuentemente ubicadas en bosques tropicales) cubren una pequeña parte de la superficie terrestre, pero contienen un muy alto porcentaje de la biodiversidad global. Los dos aspectos que determinan la calificación como Áreas Críticas son el número de especies endémicas (que no se encuentran en otro lugar del mundo) y su grado de amenaza. (www.conservación.org )
[2] A pesar de que el Hotspot Andes Tropicales ocupa sólo el sexto lugar en términos de extensión, es considerado como el hotspot con mayor número de endemismo en el planeta ( www.conservation.org.pe).
[3] Las ONG´s norteamericanas que trabajan en la Amazonía con el Programa de Parques y Areas Protegidas de USAID son: The Nature Conservancy (TNC), World Conservation Society(WCS), World Wildlife Fund (WWF), Conservación Internacional (CI). La presencia de la Cooperación Técnica Alemana GTZ es también muy importante.
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