«Una ley aberrante». Así fue definida la «Ley de la Memoria Histórica» por más de 70 organizaciones de víctimas del franquismo que se oponen al proyecto cuya aprobación por el Congreso está prevista para hoy 31 de octubre. En una rueda de prensa ofrecida ayer en Madrid, el presidente de la organización de Derechos Humanos […]
«Una ley aberrante». Así fue definida la «Ley de la Memoria Histórica» por más de 70 organizaciones de víctimas del franquismo que se oponen al proyecto cuya aprobación por el Congreso está prevista para hoy 31 de octubre.
En una rueda de prensa ofrecida ayer en Madrid, el presidente de la organización de Derechos Humanos Equipo Nizkor, Gregorio Dionis, desgranó la oposición de su grupo, así como de más de 70 organizaciones de víctimas del franquismo, al proyecto de la llamada «Ley de la Memoria Histórica» por ser contrario al derecho internacional, la jurisprudencia europea e incluso al propio derecho interno español.
[Ver declaración del Equipo Nizkor del pasado 11 de octubre: http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/lmh1.html]
La cuestión central en relación con este proyecto de ley es que no reconoce jurídicamente a las víctimas del franquismo: no sólo a las de la Guerra Civil, sino a las de todo el periodo dictatorial. Tampoco reconoce las víctimas españolas de la IIGM, ni las que lucharon en los ejércitos aliados, ni las que fueron exterminadas en los campos nacionalsocialistas, como por ejemplo los españoles republicanos exterminados en el campo de Mauthaussen.
La ley propuesta implica el reconocimiento de la legalidad franquista y tiene una manifiesta voluntad de servir de defensa de esa legalidad al plantear la igualación de víctimas y victimarios (los responsables de los crímenes bajo el derecho internacional).
La ley propuesta ignora las Resoluciones 32(1) y 39(1) de la Asablea General de la ONU (aprobadas en 1946), y que proclamaron que el Régimen de Franco fue » fundado con el apoyo de las Potencias del Eje», y que «En origen, naturaleza, estructura y conducta general, es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hítler y de la Italia fascista de Mussolini». Ésta es la única definición con valor júridico en derecho internacional existente y la ley de la memoria la oculta, utilizando definiciones sin valor jurídico alguno, como es el hecho de declarar su «ilegitimidad».
La ley que se votará en el Congreso desconoce intencionadamente la resolución 95 (I) de la Asamblea General de la ONU, así como la jurisprudencia comparada europea en cuanto a las víctimas provocadas por los Países del Eje, es decir, las provocadas por el facismo y el nacionalsocialimo, y también la jurisprudencia directamente relacionada con el tratamiento jurídico a las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos.
Es por lo tanto una ley contraria al derecho internacional, a la jurisprudencia europea y que, consecuentemente, viola el propio derecho interno español. Es una ley aberrante.
No hace frente a ninguno de los problemas jurídicos derivados de la casuística de las víctimas del franquismo: los niños de la guerra y la denegación de su condición de refugiados; las exhumaciones ilegales de fosas comunes, que seguirían llevándose a cabo sin garantías judiciales (sin la presencia de un juez) y sin respetar los protocolos internacionales e internos para este tipo de exhumaciones; el problema de los españoles que lucharon contra el nacionalsocialismo desde los ejércitos aliados y a quienes Franco despojó de su nacionalidad (situación aún vigente); la no declaración de nulidad de los juicios y ejecuciones sumarias, o la previsión de las garantías adecuadas para el acceso a los archivos de la represión.
Creemos que la reconciliación de los españoles sólo puede lograrse con justicia, y que es responsabilidad del Estado español garantizar los medios de reparación correspondientes, que incluyen el acceso a la justicia yal debido proceso, así como la devolución de los bienes requisados y la reparación integral a las víctimas de un régimen fascista. Para todo ello es necesario el reconocimiento jurídico de las víctimas por parte del Estado español.
Más información sobre la campaña «La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas»:
http://www.derechos.org/nizkor/espana/impu/