Traducido por Nadia Hasan y revisado por Caty R.
Israel se enfrenta a la posibilidad de la intervención de los tribunales internacionales debido a los crecientes llamamientos que señalan que sus acciones en Gaza son una violación al derecho humanitario y penal.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, que se reúne esta semana para debatir la cuestión, considerará la posibilidad de solicitar una opinión consultiva de la Tribunal Penal Internacional, ha reporteado The Guardian.
«Existe una opinión bien fundada de que tanto los ataques iniciales sobre Gaza como las tácticas utilizadas por Israel son graves violaciones de la carta de las Naciones Unidas, la Convención de Ginebra, el derecho internacional y el derecho internacional humanitario», dijo Richard Falk, el relator especial de las Naciones Unidas en los territorios palestinos y profesor emérito de derecho internacional en la Universidad de Princeton.
«Hay un acuerdo entre los expertos jurídicos independientes de que Israel es una potencia ocupante y, por lo tanto, está sujeto a las obligaciones establecidas en la Cuarta Convención de Ginebra», añadió Falk. «Los argumentos de que el bloqueo impuesto por Israel es una forma de castigo colectivo prohibida, y que está incumpliendo su deber de velar para que la población cuente con los suficientes alimentos y asistencia sanitaria como potencia ocupante, son muy fuertes.»
Una fuente de Relaciones Exteriores confirmó que el Reino Unido estaría considerando respaldar los llamamientos para una denuncia ante el Tribunal Penal Internacional. «Definitivamente, está sobre la mesa de discusión», dijo la fuente. «Ya hemos pedido una investigación y se están estudiando todas las pruebas y alegatos».
Una carta abierta al Primer Ministro firmada por destacados juristas internacionales y publicada hoy en The Guardian dice: «El Gobierno del Reino Unido… tiene la obligación, en virtud del derecho internacional, a ejercer su influencia para poner fin a las violaciones del derecho internacional humanitario en el conflicto actual entre Israel y Hamás «.
En la carta se afirma que Israel ha violado los principios del derecho humanitario, incluyendo el lanzamiento de ataques directamente dirigidos a la población civil y que no discriminan entre civiles y combatientes.
La carta viene tras la condena, a principios de esta semana, de los principales abogados del Consejo Real sobre la acción de Israel como una violación del derecho internacional y un voto del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el lunes, a una resolución de condena a la actual operación militar israelí en la Franja de Gaza.
«El bloqueo de la ayuda humanitaria, la destrucción de infraestructura civil y el impedimento al acceso de bienes básicas como alimentos y combustibles son, prima facie, crímenes de guerra», escribió en una carta al Sunday Times un grupo de abogados miembros del Consejo Real y académicos, entre ellos el abogado Michael Mansfield, y Sir Geoffrey Bindman.
Israel ya ha sido declarado culpable de violar sus obligaciones en el derecho internacional por una anterior opinión consultiva del Tribunal Penal Internacional, y es probable que impugne enérgicamente los argumentos de que es una potencia ocupante. Anteriormente alegó que la ocupación cesó después de la retirada de Gaza en 2005.
Esta postura plantea interrogantes en cuanto a la utilidad de una opinión consultiva del Tribunal Penal Internacional después de que Israel rechazó su conclusión en un caso anterior, que consideró que el muro que está construyendo en los territorios palestinos es una violación de las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional humanitario.
También se han planteado interrogantes en cuanto a si el Tribunal Penal Internacional, que se ocupa de los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, tendrá alguna jurisdicción para escuchar las causas contra los autores de los presuntos delitos en ambos lados del conflicto. Ni Israel ni los territorios palestinos son signatarios del Estatuto de Roma, que reúne a los Estados dentro de la jurisdicción del TPI.
Más probable, dicen los expertos, es el establecimiento de tribunales especiales del tipo creado para hacer frente a la guerra en la ex Yugoslavia y el genocidio en Ruanda.
«Si existiera voluntad política se podría establecer un tribunal ad hoc para recibir las denuncias de crímenes de guerra», dijo Falk. «Esto podría hacerse por la Asamblea General en virtud del artículo 22 de la carta de las Naciones Unidas que le otorga la autoridad para establecer órganos subsidiarios».
Fuente: http://www.guardian.co.uk/