Como una prueba más de que en Cuba todo se sabe, el video más popular por estas horas en el país es uno que parece demostrar la decisión del presidente Raúl Castro de enfrentar vicios y deslealtades sin importar la posición de las personas involucradas.
Mientras los detalles del escándalo pasan de boca en boca, poco se dice de lo que podrían catalogarse como «las lecciones» de lo que, sin dudas, debe haber sido uno de los momentos más difíciles enfrentados por el gobierno desde el retiro por enfermedad del ex presidente Fidel Castro, en junio de 2006.
Contadas a IPS por varios militantes del Partido Comunista de Cuba, las conclusiones de Raúl Castro apuntan a la eliminación de los dirigentes «probeta», como le llama a los jóvenes que saltaban de organizaciones juveniles a altos puestos de poder. También van por el fin de las estructuras paralelas con el debido fortalecimiento de la institucionalidad.
Asimismo, el mandatario habría asegurado que no espera tener ministros que le pregunten cada dos minutos lo que tienen que hacer sino que cumplan con los reglamentos y atribuciones de sus cargos y rindan cuenta en un tiempo prudencial que, según la experiencia de las Fuerzas Armadas, podría ser de seis meses.
Con estas orientaciones, el general de Ejército insiste en un estilo personal de dirección que, desde su designación como presidente interino de Cuba, apunta hacia la elevación de la eficiencia, la descentralización de funciones y toma de decisiones y el estudio minucioso de cada decisión antes de ser tomada.
Visto ya por miles de militantes del Partido Comunista de Cuba y de la Unión de Jóvenes Comunistas, la proyección que se asocia a la destitución de Carlos Lage de su cargo de vicepresidente del país y de Felipe Pérez Roque de canciller, toca también a un amplio grupo de ex altos dirigentes.
Desde Carlos Valenciaga, quien fuera jefe de despacho de Fidel Castro, hasta Otto Rivero, ex vicepresidente del Consejo de Ministros, Fernando Remírez de Estenoz, ex jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del PCC, y los ex ministros Martha Lomas, de la Industria Básica, y Raúl de la Nuez, de Comercio Exterior.
Deslealtad, descontrol, deshonestidad y abuso de poder aparecen como principales cargos contra los implicados, no pocos de ellos mencionados por el propio presidente de Cuba durante una reunión del Buró Político del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC) el pasado 2 de marzo, cuyas escenas pueden verse en el video.
Sin embargo, contrario a lo que no pocos enemigos de la Revolución Cubana quisieran tener a su favor, no se conoce de la aplicación de medida extrema alguna contra los acusados, independientemente de la correspondiente destitución, separación o liberación de sus responsabilidades.
Mientras no pocos testigos aseguran que Lage se encuentra «sentado» en su casa, en lo que durante décadas se ha conocido en Cuba como «plan pijama», Pérez Roque se desempeña como ingeniero electrónico en una fábrica, Lomas trabaja en un laboratorio farmacéutico y Valenciaga en la Biblioteca Nacional.
Aunque los asistentes a las presentaciones reciben la orientación de entrar con las manos vacías y las autoridades han evitado durante meses la filtración del video, la proyección masiva del mismo hace pensar que el gobierno se interesa porque se conozca su contenido en amplios sectores de la población.
Algunas personas, incluso, llegan a asegurar que fueron a la proyección sabiendo que no podían grabar ni tomar notas, pero autorizadas a contar su contenido. «Está claro. Además, es bueno que se sepa que hay cosas que no pueden hacerse en total impunidad», comentó a IPS un militante del PCC.
La contradicción radica, sin embargo, en el derecho a la información que asiste a la población cubana y que, desde el anuncio de la destitución de Lage y Pérez Roque, ha sido un reclamo generalizado de no pocos sectores que esperan, al menos, un editorial detallado del diario oficial Granma.
Imágenes de reuniones privadas y fiestas, conversaciones telefónicas y otros documentos, aparecen como pruebas en una investigación que fue involucrando, poco a poco, a altas personalidades del gobierno por sus relaciones con un representante de una asociación vasca, un empresario italiano y un cubano «resentido». El caso más notorio parece ser el de Conrado Hernández y sus vínculos, desde la juventud, con Lage.
A la sombra de esa amistad y apelando siempre a ella, Hernández logró ser el director de la oficina en Cuba de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial (SPRI), una dependencia del gobierno del País Vasco.
Pero, más allá de su labor como hombre de negocio, Hernández es acusado de colaborar con el Centro Nacional de Información (CNI), el servicio español de inteligencia. Aunque el vínculo ha sido negado por ese país europeo, lo cierto es que «relevó» su representación en La Habana tras conocerse del escándalo.
En su papel de espía, el amigo de la vida de Lage extrajo información sobre inversiones priorizadas, la salud del ex presidente Castro, los pronósticos cubanos para las elecciones vascas y, lo que parece haberle puesto la tapa al pomo, la designación del primer vicepresidente del país en las elecciones de febrero de 2008.
Lage vuelve a verse seriamente involucrado por su primo Raúl Castellanos Lage, quien fuera hasta su destitución en 1992 uno de los integrantes del equipo de Carlos Aldana, entonces jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista y considerado como «el tercer hombre» en importancia del país.
Descontento por su destitución y, aunque se desempeñaba como asesor del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de Cuba, Castellanos Lage solía hacer manifestaciones públicas contrarias a la Revolución. Sus expresiones generaron una denuncia anónima y el anónimo el inicio de una investigación.
Las pruebas presentadas por el presidente Castro, tras cada negativa o evasiva de los encartados, incluyen la grabación de una conversación en la que los asistentes se burlan de la generación histórica que hizo la Revolución Cubana, y Castellanos Lage llega a desear la muerte del primer vicepresidente, José Ramón Machado Ventura.
El silencio fue la respuesta de los participantes, entre ellos Lage, según la versión presentada por Castro.
Por último, aparentemente menos escandaloso pero muy significativo por las implicaciones que podría tener en materia de seguridad nacional, aparece el llamado Caso Crucero, una historia que de haber llegado a feliz término hubiera significado la entrega de los derechos de explotación de todos los puertos cubanos.
Aunque no se dan pruebas de la aprobación por parte de Lage de tal operación, varios militantes del Partido aseguran que la «cadena de sobreentendidos» llevó a pensar que no había problemas con el empresario italiano implicado, que el negocio tenía luz verde de Lage y que todo estaba autorizado.
Así, sin realizar las comprobaciones y controles establecidos en estos casos, varios ministros autorizaron el contrato, cuya cancelación posterior por la parte cubana, enfrentó al país a una demanda millonaria, sin contar con que la repartición de las ganancias sólo favorecía a la parte extranjera.
Mientras el video sigue circulando y la población hace bromas poco novedosas sobre micrófonos escondidos en cualquier lugar, las preguntas vuelven una y otra vez sobre las razones que llevaron a dirigentes más o menos respetados a actuar como si su posición de poder los volviera automáticamente infalibles.
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