«Los soldados estaban como locos. Como no sabían qué hacer, han destrozado el parque, nuestras casas y los coches. Han quemado todo, seguro que has visto cómo han quemado los coches (…) ¿Qué podemos decir? No hay palabras. Están locos. No tienen derecho a destrozarlo. Era sólo un parque, no tiene la culpa, son piedras […]
«Los soldados estaban como locos. Como no sabían qué hacer, han destrozado el parque, nuestras casas y los coches. Han quemado todo, seguro que has visto cómo han quemado los coches (…) ¿Qué podemos decir? No hay palabras. Están locos. No tienen derecho a destrozarlo. Era sólo un parque, no tiene la culpa, son piedras y arena, ¿qué tiene que ver con esto?».
Éste es el testimonio de tan sólo una entre los cientos de familias vecinas del parque de la paz Barcelona, construido en 2005 en la ciudad de Gaza a través de un proyecto de cooperación del ayuntamiento de Barcelona y destruido en 2009 por el ejército israelí durante la operación Plomo Fundido.
«Venía mucha gente del barrio, familias para tomar el sol y respirar aire fresco (…) Era el lugar favorito de la gente», explica otro vecino. «Lo destruyeron para tener un sitio bajo y seguro para los soldados».1
El parque Barcelona -al que se le añadió el triste apellido ‘de la paz’- era, en efecto, uno de los pocos espacios de recreo en toda la franja de Gaza hasta la invasión israelí de enero de 2009. La campaña de bombardeos que Israel condujo durante tres semanas, entre diciembre de 2008 y enero de 2009, dejó tras de sí un macabro baile de cifras: 1.417 muertos, de los cuales 926 eran civiles (incluidos 313 niños, 116 mujeres y 16 profesionales sanitarios de servicio) y 5.303 heridos, incluidos 1.606 niños, 828 mujeres y 26 profesionales sanitarios.2 A esto habría que añadir cientos de miles de personas desplazadas, 3.354 casas totalmente destruidas y 11.112 parcialmente dañadas, 122 centros sanitarios destruidos o dañados (15 de ellos hospitales), más de 150 escuelas, 29 ambulancias y al menos 53 edificios de la ONU atacados, y graves daños en las infraestructuras de electricidad, agua y saneamiento.3 Ni las mezquitas ni los cementerios se libraron de la ofensiva. Y el parque Barcelona tampoco fue ninguna excepción.
La excepción está en que se trataba de un espacio construido con los impuestos de los barceloneses, gracias a un proyecto trilateral de hermanamiento firmado entre la ciudad condal, Gaza y Tel Aviv.
Durante la campaña bélica, el ayuntamiento de Barcelona se apresuró a emitir un comunicado deplorando los ataques, condenando el bloqueo de la franja, exigiendo el cumplimiento del derecho internacional y reiterando su compromiso con una solución justa.4 Poco después, cuando salió a la luz la denuncia de la destrucción del parque, el ayuntamiento manifestó que lo reconstruiría lo antes posible.
Sin embargo, numerosas organizaciones de la sociedad civil catalana le exigieron que esa iniciativa fuera acompañada de un gesto rotundo de denuncia. Se pide romper toda relación de ‘hermanamiento’ con Tel Aviv, al entender que, más allá de la injustificable masacre perpetrada en la franja, la acción contra la plaza había sido un acto de destrucción totalmente gratuito y deliberado. Reconstruir la plaza -sin que Israel se responsabilizara por lo que constituye una grave violación del derecho internacional como es el ataque indiscriminado contra una infraestructura civil- supondría enviar un claro mensaje de impunidad.5
A este llamamiento se unió también un grupo de académicos israelíes, que envió una carta abierta a Manel Vila, responsable del departamento de Cooperación Internacional del ayuntamiento, instando a las autoridades locales barcelonesas a terminar con el acuerdo. El texto se mostraba contundente: «Israel ha demostrado un tremendo nivel de brutalidad en las últimas masacres de Gaza. El silencio de la comunidad internacional ante las atrocidades cometidas por Israel durante la ‘operación’ de 22 días sólo animó al régimen israelí a intensificar la masacre».6
El ayuntamiento barcelonés esgrime que romper el hermanamiento con Tel Aviv supondría romperlo también con Gaza, por lo que se muestra reticente ante tal posibilidad.7 Es más, en febrero de 2009, una delegación del consistorio barcelonés visitó Israel y Palestina «para fortalecer los actuales vínculos de cooperación y hermanamiento que Barcelona mantiene con las dos ciudades».8
En realidad, ese supuesto acuerdo trilateral de iure y no de facto no debería mantenerse. El ayuntamiento de Barcelona tiene pocos motivos reales para defender que es imprescindible mantener el juego a tres bandas. Barcelona, por lo tanto, debería replantear su relación con Tel Aviv en el marco del hermanamiento no sólo porque éste nunca se ha materializado en la práctica, sino porque, con ello, le está haciendo un flaco favor a la defensa del derecho internacional.
El hermanamiento trilateral: un espejismo en el desierto
En septiembre de 1998, en pleno -y mal llamado- ‘proceso de paz’, Barcelona impulsó una iniciativa de hermanamiento trilateral con Gaza y con Tel Aviv con el fin de intercambiar experiencias, fomentar la colaboración entre sus sociedades e impulsar proyectos de cooperación que mejoraran las condiciones de vida de los gazatíes.
No obstante, según la página web del ayuntamiento, «el acuerdo concretaba unas actuaciones anuales conjuntas a tres bandas en materia de cooperación y/o intercambios profesionales que, por motivos derivados del conflicto, nunca se han podido llevar a cabo. A pesar de ello, se han realizado intercambios por separado con cada una de las ciudades».9
De hecho, apenas un par de días después de la firma, el alcalde de Gaza, Aoun al-Shawa, ya expresaba su escepticismo con respecto a esas supuestas ‘actuaciones conjuntas’: «No espero ningún beneficio material del acuerdo. El acuerdo sólo generará beneficios políticos. En lo que se refiere a la ayuda económica y los proyectos conjuntos, no creo que haya ninguno entre las dos ciudades».10
Más destacable, sin embargo, es el hecho de que, en febrero de 2008, el propio ayuntamiento de Tel Aviv organizara una votación para decidir si rescindía el acuerdo. Finalmente, las autoridades de la ciudad decidieron ‘congelar’ unilateralmente toda relación de hermanamiento con Gaza «hasta que vuelvan mejores días», en palabras de su alcalde, Ron Huldai.11
Huldai, alcalde de Tel Aviv ahora y cuando se firmó el hermanamiento, hizo carrera en el ejército israelí durante 26 años (1963-1989), en los que sirvió como piloto de combate e instructor de vuelo antes de licenciarse con el rango de general de brigada. Incluso fue condecorado por su papel como piloto de combate durante las guerras de los Seis Días y del Yom Kippur.12
Durante los últimos bombardeos de Gaza, el alcalde declaró también a la Cámara de Comercio Francia-Israel que «Israel no se puede permitir el lujo de un segundo error. Lo que está en juego en Gaza no es simplemente la seguridad de los habitantes del sur del país, sino principalmente la victoria de la democracia en general y del mundo árabe musulmán moderado sobre el fanatismo, el absolutismo y el islam integrista».13
A la luz de la opinión que le merece al alcalde de Tel Aviv la campaña indiscriminada de bombardeos desatada por esa institución militar a la que ha pertenecido tantos años, el futuro de esa relación de espejismo entre Gaza y Tel Aviv se dibuja, en el mejor de los casos, como poco prometedora. Por lo tanto, el hermanamiento trilateral es poco más que un papel mojado en el que sólo parece creer el ayuntamiento de Barcelona.
¿Por qué si nunca se ha materializado en ninguna acción concreta ni tiene visos de hacerlo? ¿Por qué si sus partes no participan en él y, de todos modos, lo congelan unilateralmente? ¿De verdad piensa el ayuntamiento barcelonés que puede desempeñar un papel constructivo en tales circunstancias? ¿Acaso no podría desempeñar ese papel denunciando las violaciones del derecho internacional a través de un claro gesto de ruptura con aquel que las comete?
Un Estado que discrimina, un municipio que discrimina
Aun ignorando el hecho de que lo que se pretendía que fuera un acuerdo de relación trilateral entre municipios se haya convertido, en la práctica, en dos acuerdos bilaterales, es necesario que el ayuntamiento no pierda de vista el contexto general en el que está participando, no lo olvidemos, en nombre de los barceloneses.
En los últimos años, son cada vez más las voces que están denunciando el sistema de discriminación sistemática que practica el Estado de Israel. En 2007, John Dugard, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, publicó un informe en el que señalaba que «aunque los dos regímenes son distintos, las leyes y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado sin duda se asemejan a aspectos del apartheid».14 En ese mismo informe, el enviado de la ONU detectaba que la ocupación israelí, además de elementos de apartheid, muestra ingredientes de colonialismo. En mayo de 2009, el Consejo de Investigación para las Ciencias Humanas de Sudáfrica publicó un exhaustivo informe que, basándose en el derecho internacional, confirma las conclusiones de Dugard.15
Sin embargo, Israel no sólo discrimina a la población ocupada, sino también a sus propios ciudadanos. «Las minorías palestinas que viven en Israel, a pesar de poseer la nacionalidad israelí, son ciudadanos de segunda clase».16 Esto se traduce en leyes distintas, según se aplique a ciudadanos judíos o no judíos, en cuestiones como el acceso a la tierra, reunificación familiar y la adquisición de ciudadanía.
En este contexto, las autoridades municipales adquieren una relevancia fundamental en la medida en que, como instancias de gobierno local, alimentan, directa o indirectamente a través de las políticas concretas que ponen en práctica sobre el terreno, un sistema estatal de discriminación, tanto en los territorios ocupados como con sus propios ciudadanos.
Tel Aviv-Yafo: a golpe de buldózer
El municipio con el que se firmó el acuerdo de hermanamiento está, de hecho, formado por dos unidades territoriales: Tel Aviv y Jaffa. Jaffa era la ciudad más importante de Palestina durante el mandato británico, con una población de más de 80.000 palestinos. Tras la fundación del Estado de Israel, fuerzas sionistas forzaron el desplazamiento del 95 por ciento de la población palestina originaria.
A principios de los años cincuenta, Jaffa entró a formar parte del municipio de Tel Aviv, que pasó a denominarse Tel Aviv-Yafo, y los palestinos se convirtieron en una minoría. El ayuntamiento empezó a elaborar planes para la «judeización» de la ciudad, entre otras cosas, cambiando los nombres de las calles, eliminando las referencias identitarias palestinas de los currículos escolares y derrumbando los edificios que habían abandonado los palestinos durante la Nakba, la catástrofe, de 1948.
En 1950, las autoridades israelíes aprobaron la Ley de Propiedad de los Ausentes, con la que se legalizó la apropiación por parte del Estado de las casas y tierras de los refugiados y desplazados que no podían volver a ellas. De este modo, tanto en Jaffa como en todos los territorios palestinos, Israel puede robar «legalmente» aquello que no le corresponde.
Precisamente, uno de los problemas más acuciantes a los que se enfrentan los más de 20.000 palestinos que siguen viviendo hoy en Jaffa -que depende, recordemos, del ayuntamiento de Tel Aviv- son las demoliciones y los desalojos de sus hogares. Según el Comité Popular contra las Demoliciones de Viviendas de Jaffa, son más de 500 las familias que se ven amenazadas por una orden de demolición o desalojo. Normalmente, la excusa que suelen esgrimir las autoridades israelíes es que las familias están ocupando un terreno que, según la Ley de Propiedad de Ausentes, pertenece al Estado o la falta de una licencia legal para construir, cuya obtención es prácticamente imposible para los palestinos.17
Así, cabe entender que las autoridades municipales, incluidas las de Tel Aviv, si no responsables directas de la adopción de tales políticas, sí que son cómplices de ellas al llevarlas a la práctica. Ante esta perspectiva, la sociedad civil catalana entiende que la mejor manera de demostrar su solidaridad con un pueblo discriminado no pasa por profundizar sus lazos con aquel que practica, sistemáticamente, el golpe de buldózer por motivos étnicos, religiosos o políticos.
Nadie es una isla: el movimiento BDS
En 2005, más de 170 organizaciones de la sociedad civil palestina hicieron un llamamiento a la comunidad internacional para que emprenda una campaña mundial de boicot, sanciones y desinversiones (BDS), parecida a la que se puso en marcha en contra del régimen de apartheid sudafricano, con el fin de ejercer presión sobre Israel para que reconozca los derechos del pueblo palestino y acabe con su ocupación ilegal.18
Desde entonces, son cada vez más y más diversos los grupos que se están atreviendo a decir ‘no a la impunidad’ israelí. Desde el sindicato de los estibadores en Sudáfrica y el de los trabajadores del transporte público en el Reino Unido, al Festival Internacional de Cine de Edimburgo, pasando por grupos de base confesional en los Estados Unidos, el movimiento está tomando un fuerte impulso.
No se trata, como no nos podemos cansar de repetir, de boicotear a un pueblo ni de antisemitismo, sino de censurar a las instituciones que, en nombre de ese pueblo, se dedican de forma deliberada y sistemática a perpetuar una situación de injusticia y violación sistemática del derecho internacional desde hace más de sesenta años.
El ayuntamiento de Barcelona podría, en el marco de este movimiento internacional, adoptar una postura de valentía frente a lo que suele ser un chantaje cuyos argumentos se derrumban como un castillo de naipes y transformar en acción sus palabras de compromiso con el pueblo palestino.
Algo más que piedras y arena
El parque de la paz Barcelona era algo más que piedras y arena. Era un espacio abierto en el territorio más densamente poblado del mundo, que lleva más de dos años sufriendo un bloqueo inhumano. Era un lugar donde jugar, pasear y soñar con una vida donde no lluevan bombas.
El ejército israelí decidió destruir ese lugar y muchas de las casas que lo rodean a pesar de que no había combatientes en la zona ni representaba un peligro para sus tropas. A pesar de ser un regalo de los barceloneses a los gazatíes. A pesar de todo, como siempre.
Por ese motivo, porque Barcelona debe mantener con Gaza un compromiso que vaya más allá de las piedras y de la arena, es necesario, ahora más que nunca, enviar un mensaje claro a aquellos que se empeñan en llevarse por delante con sus buldózers y tanques la legalidad internacional.
Por eso, sí, reconstruyamos el parque. Pero no, no lo hagamos sin denunciar la injusticia y reforzando los vínculos con quien sólo desea destruirlo.
*Amb Palestina al Cor es una campaña de solidaridad con el pueblo palestino impulsada por varias organizaciones de la sociedad civil catalana (http://naqba-catalunya.