Traducido para Rebelión por Juan Vivanco
Mientras los medios se ocupan de si se suspende o reanuda la construcción de colonias y de la pelea por los puestos en el congreso de Fatah en Belén, está en marcha la operación sionista más importante y peligrosa desde la Nakba de 1948, y puede que más peligrosa aún que la Nakba: la desaparición jurídica y territorial de la existencia efectiva de Palestina.
Curiosamente, esta ofensiva no ha despertado ningún interés en el mundo árabe ni en la dirección palestina, demasiado ocupada en el reparto de cargos honoríficos y en la guerra contra su enemigo, Hamás.
La dirección sionista de Israel ha pasado de la fase de reivindicación del carácter judío del Estado a la fase de su ejecución definitiva. El 3 de agosto de 2009 el parlamento, en segunda y tercera lectura, aprobó el proyecto de venta de tierras de los refugiados a personas físicas y jurídicas exclusivamente judías, de cualquier nacionalidad. Con ello, en virtud de esta ley, el vínculo entre el propietario palestino y su tierra queda roto. Desde 1948 hasta hoy Israel no se había atrevido a tomar pública y legalmente esta iniciativa. Israel se creó en 1948-1949 sobre 20.255 kilómetros cuadrados, es decir, el 78 % del territorio de Palestina, ocupado tras los acuerdos de armisticio con cuatro países árabes* en 1949. Por entonces Israel había inventado un complejo entramado legal para poder explotar estas tierras sin tener su propiedad, por temor a concitarse la reprobación internacional y ser llevado a los tribunales internacionales. En realidad, según los catastros del mandato [británico], sólo una superficie del 7 % (1.429.000 dunum**) de Israel puede considerarse tierra judía, mientras que el 93 % restante, 18.826.000 dunum, son desde hace siglos tierras palestinas pertenecientes a los pobladores del país, con sus recursos de agua y minerales, ya se encuentren en régimen de propiedad privada, pública o comunal, lo mismo que las tierras sirias son sirias y las tierras egipcias son egipcias.
En 1948, creyendo que así los refugiados renunciarían a su derecho al retorno, Israel destruyó los pueblos, quemó las cosechas y envenenó los pozos.
En el plano político, un mes después de su fundación, Israel declaró que no aceptaría el retorno de los refugiados porque pondría en peligro su seguridad. Pero lo más importante para Israel era cómo explotar las inmensas tierras y las valiosas propiedades palestinas que se encontraban en 14 ciudades sin provocar una oposición internacional que podría desembocar en el retorno de los refugiados y la reapropiación de sus bienes.
Los diez primeros años de la creación de Israel se dedicaron a solucionar este problema. En 1950 se promulgó la Ley de Bienes de los Ausentes y de los Ausentes-Presentes (los palestinos que se habían quedado en Israel). Esta ley somete todos los bienes mencionados a la autoridad de un «administrador» o «fiduciario», que no puede venderlos.
También en 1950 [cinco meses después] se promulgó otra ley: la Ley de la Autoridad de Desarrollo, que permite recuperar los bienes colocados bajo la autoridad del administrador y explotarlos, alquilarlos o venderlos únicamente a judíos.
Cuando Ben Gurión se enteró de que el conde Folke Bernadotte, mandatario internacional nombrado por la ONU, iba a recomendar el retorno de los refugiados en su informe final, llegó a un acuerdo con el Fondo Nacional Judío, una organización internacional, merced al cual le transfería 2,5 millones de dunum de las tierras de los refugiados, entre las más fértiles y mejor situadas en la línea del armisticio. Con este subterfugio adujo que las tierras no pertenecían al Estado de Israel, el cual, por consiguiente, no podía devolvérselas a los refugiados. El conde Folke Bernadotte fue asesinado [por los sionistas en septiembre de 1948] y la resolución 194 que autoriza el retorno de los refugiados, tal como había previsto Ben Gurión, se aprobó. Pero Israel logró que las discusiones de Lausana de 1949-1950 para la aplicación de la resolución 194 fracasaran. Así pudo seguir controlando las tierras de los refugiados.
Los problemas jurídicos se solventaron por fin en 1960 con la Ley de Administración de las Tierras de Israel (debería llamarse de Administración de las Tierras por Israel), que juntó todas las tierras palestinas confiscadas por Israel con las tierras del Fondo Nacional Judío y las colocó bajo una sola administración encargada de repartirlas y alquilarlas a los judíos, pero no de venderlas. Con esto las tierras del Fondo Nacional Judío ascendieron a 19 millones de dunum.
La última ley que acaba de promulgar este mes el parlamento israelí autoriza a la Administración de las tierras a vendérselas a sus arrendatarios judíos actuales. Los habitantes de los kibbutz y los moshav, que se apoderaron de la mayoría de las tierras agrícolas de los refugiados y no pudieron cultivarlas, volviendo a sus actividades comerciales y financieras, podrán así transformar estas tierras en polos industriales y turísticos.
Actualmente hay conversaciones entre el Fondo Nacional Judío y la Administración israelí de las tierras para una permuta de tierras, de modo que la Administración, que necesita tierras ocupadas por el Fondo en el centro del país para construir viviendas, las cambia por tierras pertenecientes a los refugiados en Galilea y el Néguev donde podrían asentarse más colonos. No olvidemos, por supuesto, que ni el Fondo ni la Administración disponen de la propiedad jurídica completa de estas tierras.
Lo más peligroso es que si el Fondo obtiene las mencionadas tierras de los refugiados, basándose en sus estatutos, que reservan el derecho de explotación de estas tierras a los judíos, podrá despojar a los ciudadanos palestinos del derecho a explotar sus tierras, en aplicación del régimen de discriminación racial contra los no judíos, a pesar de que estas tierras pertenecían a no judíos. A consecuencia de la promulgación de la ley y del intercambio posterior, los colonos obtendrán la propiedad completa de 90.000 parcelas.
Es evidente que la confiscación y la venta de las tierras palestinas vulneran el derecho internacional: el Convenio de La Haya de 1907, que califica una operación como esta de «saqueo», el Cuarto Convenio de Ginebra (artículo 147), que pohíbe la confiscación colectiva de bienes, y el estatuto del Tribunal Militar de Núremberg, que denuncia el saqueo de bienes públicos o privados en un país ocupado [y lo califica de crimen de guerra].
Las Naciones Unidas, por su parte, adoptaron varias resoluciones en los años 1996, 1997 y 1998, como la Resolución 52/62, sobre el derecho de los refugiados de Palestina a sus bienes y a las y rentas devengadas por ellos, que insta a Israel a conservar las tierras de los refugiados, registrarlas y documentar los datos referentes a ellas, y reafirma el derecho de los refugiados a sus bienes y a las rentas devengadas por ellas desde 1948.
Israel dio un paso más en su desprecio al derecho internacional, y sus aliados usamericanos y europeos no movieron un dedo para impedirlo cuando, hace quince días, unos vecinos de Jerusalén fueron expulsados de sus casas en las narices de la comunidad internacional, que se limitó a hacer un mohín de disgusto.
¿Cómo se concibe que Israel decida anexionarse Cisjordania sin que nadie muestre el menor interés o proteste? porque ya no se trata de confiscar unas parcelas desperdigadas en las cimas de las colinas para levantar colonias en ellas.
Según Haaretz (2 de agosto de 2009), el juez del tribunal de Ramla decidió aplicar la Ley de Bienes de los Ausentes en Cisjordania. Significa que Israel va a confiscar tierras palestinas si decide que su propietario está ausente. Esta decisión vulnera las resoluciones del Consejo de Seguridad y el dictamen consultivo del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya del 9 de julio de 2004, que afirma de manera categórica que Cisjordania es una tierra ocupada y por tanto no puede ser anexionada ni confiscada.
¡No se ha elevado ni una sola voz de protesta contra este atropello, ni en el lado árabe ni en el occidental! Peor aún, ¡Israel declaró en el diario palestino Al-Quds (28 de junio de 2009) que iba a registrar en el catastro israelí 139.000 dunum situados al norte y al oeste del mar Muerto sin provocar ninguna reacción! El futuro Estado palestino no tendrá acceso al agua del mar Muerto y sus orillas ni a sus recursos minerales, ni hará frontera con Jordania. Hasta ahora, o bien nadie se entera de lo que pasa, o no se da por enterado, o abre la boca pero no hace nada.
Hemos llegado a una situación en la que la causa palestina se reduce a su pueblo que vive en el exilio y a su tierra que estuvo bajo control israelí y hoy está dividida en parcelas entregadas legalmente en propiedad a judíos llegados de otros países.
Pase lo que pase, el derecho es imprescriptible y quienes lo reclaman no tienen más que ponerse en pie y cumplir con su deber.
El primer grito de alarma lo ha dado la asociación Adalah de defensa de los derechos de los palestinos de 48, con sede en Nazaret, que el 22 de junio de 2009 envió una carta al fiscal general israelí para protestar contra la venta de tierras de los refugiados, basándose en el derecho internacional e israelí. Por su parte, la asociación Ittiyah de Haifa hizo público un comunicado en el que se denuncia el reparto del botín de la guerra de 1948 entre judíos de todas las nacionalidades y hace un llamado a la solidaridad árabe y occidental para que detengan este saqueo perpetrado a la vista de todo el mundo.
Pero aún quedan muchas cosas por hacer.
La Liga Árabe debe presentar un proyecto de resolución en la próxima asamblea de las Naciones Unidas que inste a la suspensión y la anulación inmediata de las ventas de tierras de los refugiados, la denuncia de estas operaciones y el envío de una comisión encargada de conocer, documentar y registrar los datos relacionados y valorar las rentas producidas por la explotación de las tierras desde hace 62 años (como proponía el informe presentado en 1964 por Frank Jarvis, perito catastral de la Comisión de Conciliación), con el fin de publicar una resolución que sitúe estas tierras bajo control internacional.
Cuando la dirección palestina haya acabado de repartir cargos honoríficos deberá tomar las medidas diplomáticas efectivas y pertinentes, si no quiere encontrarse, dentro de unos años, sin una tierra palestina sobre la que establecer un Estado o ejercer una autoridad cualquiera.
En cuanto al pueblo palestino (11 millones de personas en los países árabes y en el extranjero), aunque hasta ahora se le ha hurtado el derecho a elegir un consejo nacional que le represente realmente, no renunciará a recuperar su patria. A falta de esta representación nacional, sin duda hallará otras formas de organización que le representen y defiendan sus derechos, y podrá denunciar el saqueo sistemático de sus fundamentos nacionales.
Sea como fuere, lo que puede predecirse a largo plazo es la desaparición del sionismo y la recuperación del carácter árabe de Palestina.
* Egipto, Jordania, Líbano y Siria (N. T.).
** 1 dunum = 1000 metros cuadrados (N. T.).
Texto en árabe: http://www.arabs48.com/
Salman Abu Sitta es presidente y fundador de la Palestine Land Society (www.plands.org).