Traducido para Rebelión por LB.
Bajo el incesante ruido de las carreteras del distrito de Hebrón, un árabe anónimo se halla perpetrando un grave delito: con un pequeño martillo cava un pozo para recoger agua de lluvia en su terreno rocoso. Otros criminales del mismo pelaje ponen en práctica otros métodos para llevar a cabo sus pérfidos planes, es decir, para preparar sus tierras para el cultivo de hortalizas, cereales, vid y almendros.
«Cuando alguien construye una terraza en su tierra, lo hace tomando una piedra del suelo y colocándola en el murete de apoyo una vez al mes o una vez a la semana como máximo, para que sea difícil apreciar el cambio«, explica un habitante de Hebrón que nos descubre así uno de los métodos empleados.
La experiencia demuestra que cuando se utiliza maquinaria pesada para rehabilitar la tierra, inmediatamente acuden inspectores de la Administración Civil israelí y colonos judíos locales, a los que indefectiblemente siguen requerimientos judiciales ordenando la paralización de las obras.
En el espíritu del refrán popular que dice que es mejor dar a una persona una caña de pescar que un pez, durante los últimos años la Unión Europea ha dedicado su atención y su dinero a los agricultores palestinos. Estos proyectos están diseñados para aumentar los ingresos de las familias de agricultores pobres, permitiéndoles recuperar sus tierras y ampliar el área de cultivo. La lógica del precepto «Dale a un hombre una caña de pescar» responde asimismo a la necesidad de volver a los métodos agrícolas tradicionales, respetuosos del medio ambiente, y a las especies de cultivo patrimoniales, haciendo el mejor uso del agua y combatiendo así la desertificación.
«Estábamos realmente convencidos de que los palestinos e Israel tienen un interés común: el desarrollo de la zona C, que sustenta la economía palestina, y los proyectos que son ventajosos para ambas partes desde el punto de vista del medio ambiente«, declaró un diplomático europeo, que descubrió que estaba equivocado.
En los últimos dos años la Administración Civil israelí en la zona de Hebrón ha emitido decenas de órdenes para paralizar las obras iniciadas por los agricultores palestinos que tratan de recuperar, rehabilitar y preparar terrenos de su propiedad. Fue así como los funcionarios europeos, representantes de los países donantes, descubrieron que los palestinos «no pueden mover una piedra o plantar un árbol o recoger agua de lluvia en sus tierras sin la aprobación de la Administración Civil israelí«, como explicó a Haaretz uno de ellos.
Los palestinos cuentan con varias asociaciones agrícolas veteranas que llevan funcionando desde principios de los 80. No tenían ninguna necesidad de que los europeos vinieran a inventar la rueda para ellos. Lo que sí necesitan, sin embargo, es apoyo financiero.
El sistema funciona así: los europeos transfieren el dinero a ONGs internacionales que tienen conexiones con las organizaciones locales. Una de ellas es la Unión de Comités de Trabajo Agrícola, una de las más antiguas ONG palestinas. Esta organización recibió 2,25 millones de euros de la UE para un proyecto de tres años para recuperar y rehabilitar 2.000 dunams de tierras agrícolas en el distrito de Hebrón. El proyecto incluye retirar rocas y piedras, nivelar el terreno, construir terrazas y muros de piedra, excavar cisternas y mejorar las carreteras de acceso a las parcelas, y en él participan varios cientos de familias palestinas, que satisfacen uno de los requisitos principales: pagar el 25% del costo de la obra que se realice en sus tierras.
Alrededor del 70% de las tierras agrícolas palestinas se encuentran en las zonas que Israel ha definido como Zona C, bajo control israelí. Por lo tanto, para las organizaciones sin ánimo de lucro, recuperar la tierra forma parte de la lucha política popular contra la anexión de tierras palestinas por parte de los asentamientos y puestos de avanzada israelíes. Pero para los propios agricultores palestinos esta batalla implica numerosos riesgos, que muchos prefieren no arrostrar.
Como consecuencia del chaparrón de órdenes de paralización de obras que los israelíes emitieron en el 2008 -explicó el funcionario europeo-, disminuyó el número de los agricultores palestinos dispuestos a participar en el proyecto de recuperación de tierras en la zona C. Algunos tomaron dinero prestado para pagar su parte de la obra. Luego vinieron las medidas cautelares. Los israelíes obligaron a los campesinos palestinos a paralizar sus obras, pero las deudas de éstos se mantuvieron o sus ahorros se esfumaron. En varios casos la Administración Civil israelí confiscó el equipo pesado alquilado por los campesinos palestinos para realizar los trabajos. Este equipo requiere un permiso, porque su uso se considera «construcción». Durante varios meses los dueños de la maquinaria confiscada se quedaron sin su fuente de ingresos. Los israelíes encarcelaron durante varios días a algunos operarios de excavadora. La Unión de Comités de Trabajo Agrícola lo confirmó: algunos de los que habían firmado para participar en el proyecto cambiaron de opinión.
Orden de paralización
Nadie quiere pasar por lo que pasó hace cuatro meses la familia de Rabi’a Jaber. En octubre, soldados israelíes y elementos de la Administración Civil invadieron la árida y rocosa parcela de la familia, de 10 dunams de extensión, situada al sureste de Hebrón. Un bulldozer del ejército israelí dispersó las piedras de los muretes de las terrazas, removió el suelo y destruyó la cisterna.
Los Jaber iniciaron en mayo del 2008 los trabajos en la parcela de terreno extremadamente rocoso situada en la ladera de la montaña justo enfrente de su casa. Una gran excavadora palestina retiró y fragmentó rocas y cavó un pozo para recoger agua de lluvia; una excavadora más pequeña trituró las rocas que había partido la otra excavadora, las convirtió en piedras más pequeñas y comenzó a formar terrazas en la ladera. La familia -cuatro hermanos y un total de 35 personas- pensaban plantar vides, olivos y almendros, cultivos todos ellos que no requieren de riego. Pero en octubre del 2008, cuando la obra estaba casi completa, llegaron las órdenes de paralización de los trabajos.
Según los mandamientos judiciales, resulta que la Administración Civil israelí había decidido que los Jaber estaban invadiendo una tierra que no era suya, a pesar de que la familia tenía documentos que acreditaban que estaban pagando impuestos sobre aquella parcela desde la época del dominio jordano y pese a que no sólo ellos, sino también sus vecinos, los propietarios de las parcelas adyacentes, siempre han sabido que esa tierra es suya.
La demolición provocó un revuelo cuando en los sitios web partidarios de los colonos judíos aparecieron filmaciones y textos donde se informaba del caso. En las filmaciones se recalcaba con entusiasmo la identidad de los socios de esta invasión de territorio patrio: la Unión Europea y Oxfam (Bélgica).
Khader Shibak, de Halhoul, recibió su orden de paralización de obras en agosto del 2008, cuatro días después de haber iniciado las obras. Hasta hace 10 años, él y su hermano habían plantado vides y almendros. A finales del 2000 los israelíes instalaron un campamento militar en la cima de la montaña. Eso, junto con las restricciones de movimientos impuestas durante la Intifada, que comenzó a fines de ese año, impidió que la familia pudiera acceder a su viña y a su huerta. En 2008 los israelíes retiraron el campamento y la familia decidió recuperar y rehabilitar su tierra y plantar más árboles.
Las autoridades israelíes requirieron tanto a los Jaber como a los Shibak -beneficiarios ambos del proyecto del Sindicato de Comités de Trabajo Agrícola- que les mostraran los documentos que acreditaran su propiedad de la tierra y su derecho a cultivarla. Obtener esa documentación es un proceso largo y costoso que implica abonar honorarios, contratar a un abogado, realizar viajes a la sede de la Administración Civil en Beit y escarbar en los archivos, todo para obtener unos resultados que a menudo no satisfacen a las autoridades israelíes, caracterizadas por una definición muy flexible de los conceptos de terreno estatal y terreno privado. Ambas familias quedaron atascadas en la mitad.
Hani Zema’ara, de Halhoul, de 56 años de edad, quería recuperar tres dunums de tierra de su propiedad. Los israelíes también le paralizaron las obras. Por cierto, Zema’ara ya cultivaba su tierra antes de 1993, pero los israelíes le destruyeron sus cultivos cuando pavimentaron la carretera de circunvalación de Hebrón. De hecho, para demostrar a los israelíes que la tierra es de su propiedad, Zema’ara presentó todos los documentos necesarios, incluyendo un detallado mapa de la zona y un plano expresamente confeccionado para él por un agrimensor. Para obtener todos los permisos necesarios invirtió 670 euros de los que carecía. Ha transcurrido más de un año y aún está a la espera de que los israelíes le den su permiso. Las terrazas de su parcela, casi terminadas, se destacan por su aridez sobre la ladera de la montaña. «Para Israel, cuando trabajamos en nuestra tierra es como si matáramos a un israelí«. Así lo expresa un miembro de la Unión de Comités de Trabajo Agrícola.
Los funcionarios europeos que participan en el proceso de financiación están convencidos de que durante los últimos años las actuaciones de la Administración Civil israelí contra los agricultores palestinos se han endurecido bajo la presión de los colonos en general y de la asociación Regavim en particular. Regavim, que se autodenomina «el movimiento para la preservación de las tierras de la nación», está ampliando constantemente su labor de detección de «violaciónes» palestinas en la zona C.
Un portavoz de Regavim dijo a Haaretz que la organización «está adoptando una actitud muy seria con respecto a la apropiación ilegal de tierras por los árabes en la zona C en Judea y Samaria [Cisjordania], incluso mediante cultivos agrícolas diseñados exclusivamente para este propósito.
«Regavim observa con preocupación la creciente participación de los países y entidades extranjeras en el establecimiento de hechos sobre el terreno de manera unilateral, violando las leyes del Estado de Israel y socavando abiertamente su soberanía… Regavim pide al Ministerio de Asuntos Exteriores que transmita un mensaje inequívoco a los agentes internacionales, declare que Israel está muy preocupado por su comportamiento y exija que cesen en sus actividades inmediatamente.
«Al movimiento Regavim le complace escuchar que la Administración Civil ha respondido a sus demandas y ha hecho cumplir la ley de manera igualitaria, también entre los árabes«.
En el momento de la publicación de este artículo la Administración Civil israelí seguía sin responder a a las preguntas de Haaretz.