Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
La creación de la población palestina refugiada fue una consecuencia directa del establecimiento del Estado de Israel en 1948. Desde 1947-1950, en lo que los palestinos llaman la Nakba o la catástrofe, las milicias sionistas (y después el ejército israelí) expulsaron o instigaron la huida de sus hogares de más de 750.000 palestinos. Aproximadamente 100.000 refugiados palestinos buscaron refugio en Líbano a consecuencia de la Nakba y su presencia se consideró una amenaza para el poco fundado sistema político sectario del país [1]. Más de sesenta años después el gobierno de Líbano sigue sin ofrecer unas estadísticas públicas de los refugiados palestinos en el país. En su informe estadístico de este mes de enero de 2010 la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA, en sus siglas en inglés) afirmaba que actualmente había 425.640 refugiados palestinos viviendo en Líbano. De estos, el 53% reside en 12 campos de refugiados oficiales, mientras que el resto vive tanto en ciudades y pueblos libaneses como en campos de refugiados no oficiales o «reuniones de palestinos» [2]. Sin embargo, las estadísticas de la UNRWA no son completas ya que no incluyen a los refugiados palestinos no registrados que llegaron a Líbano entre 1952 y 1956 ni a los que entraron en el país después de 1970 y que son considerados palestinos «indocumentados» [3].
Las relaciones palestino-libanesas han ido fluctuando a lo largo de los años. La temprana acogida de refugiados por parte de Líbano se vio pronto ensombrecida por cuestiones de seguridad: los campos de refugiados fueron considerados zonas de seguridad que podían explotar en cualquier momento. El Deuxième Bureau (la inteligencia militar) y la policía libanesa establecieron una presencia dentro de los campos para controlar a los refugiados y hacer un seguimiento de sus actividades políticas. En 1959 el ministerio del Interior estableció una junta directiva para administrar los asuntos de los refugiados palestinos y coordinarse con la UNRWA para la provisión de ayuda y asistencia a los refugiados palestinos, expedir documentos de viaje y facilitar las peticiones de reunión de familias separadas [4]. En realidad, el objetivo de la junta directiva era asegurar el interés público del Estado libanés, en particular, supervisar los servicios que requerían el pago de honorarios que beneficiaban al gobierno libanés [5]. El papel de la junta directiva dentro de los campos de refugiados estaba relacionado con las cuestiones políticas y de seguridad, mientras que se descuidaron las necesidades de los refugiados palestinos, ya fueran económicas, sociales, culturales o políticas.
La situación cambió con el ascenso del movimiento de la resistencia palestina en la década de 1960 y la firma del Acuerdo de El Cairo entre la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y Líbano, el cual regulaba la presencia civil y militar palestina en el país. Después de la invasión israelí de Líbano en 1982 la OLP se retiró de la mayoría del país y se cerró su oficina. Líbano anuló unilateralmente el Acuerdo de El Cairo en 1987 pero no creó otro marco para regular las relaciones entre ambas partes. A consecuencia de ello, una serie de políticas, leyes y prácticas aislaron y marginaron a los refugiados palestinos.
En 2005 Líbano trató de mejorar las relaciones con los palestinos que vivían dentro de sus fronteras y trascender las diferencias pasadas. Se creó el Comité de Dialogo Palestino-Libanés (LPDC) encargado de tratar cuestiones relacionadas con el bienestar social y económico, y la seguridad de los refugiados palestinos en Líbano y de formalizar las relaciones entre Líbano y Palestina [6]. Esto incluía tanto el establecimiento de relaciones diplomáticas oficiales con la Autoridad Palestina (AP) y la reapertura de la oficina de la OLP el 15 de mayo de 2006, como el inicio del diálogo con las diferentes facciones políticas palestinas.
Sin embargo, el LPDC no cumplió su otro objetivo básico, es decir, tratar la situación humanitaria de los refugiados palestinos. El LPDC solía citar como excusa la falta de una sola autoridad representativa palestina con la que dialogar en relación a las cuestiones humanitarias. Con todo, a pesar de sus diferencias políticas internas, las facciones palestinas estaban de acuerdo en que se debía mejorar la situación humanitaria de los refugiados palestinos en Líbano [7]. Así, aunque el LPDC consiguió reconstruir las relaciones entre los altos cargos libaneses y palestinos, las relaciones entre ambas comunidades dentro de Líbano siguen estando marcadas por la falta de confianza.
Barreras legales e institucionales
Líbano considera a los palestinos que viven en su territorio refugiados que están bajo el cuidado del la UNRWA y otras organizaciones humanitarias. Sin embargo, esto no anula la responsabilidad del Estado libanés, que ha ratificado declaraciones, cartas y convenciones internacionales y regionales de derechos humanos [8]. De hecho, el Estado ha negado los palestinos que residen en su territorio la mayoría de los compromisos más legales y humanitarios. Las leyes y regulaciones libanesas no proporcionan ninguna descripción o definición de los refugiados en general o de los refugiados palestinos en particular. En la práctica, unas veces se ha tratado a los palestinos como refugiados y otras como extranjeros y como personas que no tienen la nacionalidad de un Estado reconocido [9].
Las leyes y decretos ministeriales de Líbano han erigido una serie de barreras legales e institucionales que privan a los refugiados palestinos del derecho al trabajo, a la seguridad social y a sindicarse en sindicatos libaneses. Por ejemplo, los refugiados palestinos están sujetos a las regulaciones legales que afectan a los trabajadores extranjeros, incluyendo el principio de reciprocidad y el requisito de obtener un permiso de trabajo [10]. Como no existe un Estado palestino con relaciones diplomáticas y acuerdos de reciprocidad con Líbano, esto crea inmediatamente un obstáculo que impide a los refugiados palestinos obtener permisos de trabajo, especialmente en las asociaciones profesionales. Esta regulación existe y se aplica en Líbano a pesar del hecho de que el Artículo 7 de la Convención de 1951 de las Naciones Unidas relativa al Estatuto de Refugiados, que Líbano no ha ratificado, exime a los refugiados del principio de reciprocidad y les permite trabajar sin permiso tres años después de que establezcan su residencia en el país de asilo.
A los estudiantes palestinos no se les permite matricularse en los establecimientos educativos libaneses ya que la ley libanesa exige que los estudiantes tengan la nacionalidad libanesa [11]. Aunque los refugiados palestinos pueden obtener titulaciones en cualquier materia en escuelas y universidades privadas, se les prohíbe ejerce más de veinte profesiones diferentes, entre las que se incluyen medicina, derecho, ingeniería y farmacia. Además, no pueden trabajar en profesiones que requieren afiliarse a un sindicato particular porque las normas de estos sindicatos exigen que sus miembros sean ciudadanos libaneses o que se ejerza la reciprocidad [12].
Tras los Acuerdos de Taif de 1989, que pusieron fin a la guerra civil libanesa, Líbano no se ocupó de los derechos humanos de los refugiados y los excluyó del proceso de reconciliación nacional y de la Ley General de Amnistía [13]. A consecuencia de ello continuaron existiendo las difíciles condiciones de vida dentro y fuera de los campos de refugiados. Líbano argumentaba que cualquier mejora en el estatuto de los refugiados o en las provisiones de sus derechos humanos fomentaría el reasentamiento y haría que los palestinos abandonaran su derecho al retorno a sus hogares en la Palestina histórica. Además, la falta de interés oficial occidental por apoyar el derecho palestino al retorno provocó el temor entre las facciones políticas libanesas de que las potencias extranjeras impusieran el reasentamiento de los refugiados palestinos en el país [14]. Las declaraciones de algunos políticos israelíes, estadounidenses, canadienses e incluso palestinos exacerbaron estos temores y dieron a los actores políticos libaneses una excusa para esgrimir la cuestión del reasentamiento para oponerse a cualquier paso para mejorar la situación de los refugiados palestinos [15]. Subrayando este discurso político está el apenas velado intento de proteger el poder y los privilegios consagrados en la constitución sectaria de Líbano, particularmente entre ciertos sectores de la población cristiana del país.
Por ejemplo, en 1994 algunas facciones políticas libanesas se opusieron al proyecto de construir un campo de refugiados en al-Qurea para los refugiados desplazados de los campos destruidos durante la guerra civil libanesa, lo que consideraban un preludio para el reasentamiento palestino [16]. La relación entre el temor al reasentamiento y la negación de los derechos básicos palestinos sigue marcando el tratamiento oficial libanés a esta comunidad. Por ejemplo, en 2001 el Parlamento libanés aprobó la Ley de Propiedad que limita la propiedad de bienes inmuebles (incluyendo apartamentos residenciales, tierras y propiedades comerciales) a personas que tengan la nacionalidad de algún país reconocido por Líbano. La ley también prohíbe poseer propiedades a cualquier individuo cuyo estatuto legal viole las provisiones constitucionales que rechazan el reasentamiento de refugiados [17]. En la práctica esta ley abroga el derecho de los palestinos a heredar propiedades ya que los descendientes no pueden cumplir los requisitos de registro. A consecuencia de ello el Estado confisca la propiedad.
Después de la invasión de Israel en 1982 y de la retirada de la OLP de Líbano el movimiento hacia y desde los campos de refugiados, particularmente en los del sur, estuvo sujeto a estrictas medidas de seguridad. El ejército libanés mantiene checkpoints en las entradas de la mayoría de los campos del sur. Además, el ejército controla estrictamente (y restringe) los materiales de constricción y renovación que entran en los campos del sur, especialmente en la región de Tiro. En mayo de 2010 también prohibió los materiales de construcción del campo de refugiados de Bourj al-Barajneh en Beirut basándose en órdenes del ministerio de Defensa libanés [18]. A principios de este año el ministerio del Interior y Ayuntamientos pidió a la Junta Directiva General de las Fuerzas de Seguridad Interna que investigara los centros y oficinas de organizaciones sociales y humanitarias sin licencia en el destruido campo de Nahr al-Bared y exigió a 23 asociaciones que solicitaran licencia bajo riesgo de una sanción legal [19]. Esta amenaza se hizo a pesar de que las asociaciones no pueden obtener licencia según Ley de Asociaciones [20].
A principios de 2009 el Comité de Mujeres y Niños del Parlamento Libanés propuso un proyecto de ley para enmendar el Artículo 15 de la Ley de Nacionalidad Libanesa de 1925. El Artículo 15 da derecho a todo niño nacido de padre libanés a obtener la nacionalidad libanesa. La enmienda de la ley permitiría a todo niño nacido de madre libanesa obtener la nacionalidad. Sin embargo, la propuesta del Comité excluía del derecho a la nacionalidad a los niños nacidos de padre palestino y madre libanesa, a todas luces para impedir el reasentamiento de los refugiados. También excluía a los niños nacidos de padres de países que no conceden reciprocidad a niños libaneses. Estas exclusiones suponen una flagrante violación del Artículo 7 de la constitución de Líbano, que estipula que todos los libaneses son iguales ante la ley y gozan de iguales derechos políticos y civiles sin distinción alguna. También violan la Convención Internacional de 1965 sobre la Eliminación de Toda Forma de Racismo, de la que Líbano es signatario. Del mismo modo viola la Convención de 1951 referente al Estatuto de los Refugiados que estipula que el trato de los refugiados en países de asilo debe ser mejor que el trato a los extranjeros; como hemos indicado antes, Líbano no ha firmado este acuerdo.
Así, más de seis décadas después de la Nakba Líbano sigue negando a los refugiados palestinos muchos derechos civiles, económicos y sociales bajo el pretexto de no fomentar el reasentamiento y de proteger el derecho de los refugiados al retorno. Las organizaciones de derechos humanos y las ONG describen las condiciones de los refugiados palestinos en Líbano como las más trágicas de las diferentes poblaciones de refugiados palestinos y afirman que su estatuto legal carece de todo marco regulador de protección [21]
La sociedad civil muestra el camino
En los diez últimos años la sociedad civil palestina ha desempeñado un papel vital en la defensa de los derechos humanos de los refugiados palestinos. Grupos de la sociedad civil libanesa se han unido a esta campaña para concienciar acerca de la difícil situación de los refugiados y de los problemas y restricciones a los que se enfrentan diariamente. Diferentes grupos de la sociedad civil palestina y libanesa han emprendido una serie de campañas ideadas para movilizar a la opinión pública con el objetivo de implementar los derechos de los palestinos. Esto incluye una campaña en defensa de los derechos de los individuos indocumentados (o «no documentados»), la Campaña 194 iniciada por la juventud palestina y libanesa para hacer respetar la Resolución 194 de las Naciones Unidas que reafirma el derecho de los refugiados al retorno, y la campaña «Derecho al Trabajo».
Lanzada en 2005 la campaña Derecho al Trabajo posiblemente es la campaña más eficaz hasta la fecha y la que goza de la más amplia base de apoyo. Por medio de la presión y defensa activa la campaña obtuvo el apoyo de más de 80 ONG, sindicatos y figuras políticas y activistas clave, tanto libaneses como palestinos. Con la ayuda de aliados en los medios de comunicación libaneses, la campaña pudo atraer la atención de todo el espectro político y llevar el caso al Parlamento libanés. Sin embargo, un reciente revés en el Parlamento revela que la lucha por los derechos humanos palestinos está lejos de haber acabado.
Durante la sesión legislativa del Parlamento libanés del 15 de junio de 2010 el Partido Progresista Socialista (PSP, en sus siglas en inglés) dirigido por Walid Jumblatt abordó el tema de los derechos civiles de los palestinos. El PSP presentó cuatro proyectos de ley para permitir a los palestinos nacidos en suelo libanés trabajar, beneficiarse de planes de pensiones, recibir seguros gratis y atención sanitaria por accidentes laborales, poseer una vivienda y poseer propiedades a través de la herencia [22]. El Parlamento se dividió entre las líneas sectarias, y la oposición y los parlamentarios cristianos unionistas se unieron para bloquear esta propuesta. El presidente del Parlamento Nabih Berri remitió la propuesta de ley al Comité de Administración y Justicia para su estudio. En respuesta a la votación el primer ministro Saad Hariri hizo una descarnada advertencia afirmando que llegaría el día en que vendría gente para «levantar el bloqueo a los campos [de refugiados] de Beirut» como están navegando ahora para levantar el bloqueo a Gaza [23]. Organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, por ejemplo, se hicieron eco de ello y pidieron a Líbano que «aprovechara la oportunidad de acabar con la discriminación de los palestinos» [24].
Las leyes libanesas impiden que emerja dentro de sus fronteras una comunidad palestina efervescente. El empobrecimiento, el hecho de estar recluidos en ghettos y la marginación social de la comunidad palestina ha llevado a la dispersión y fragmentación de los palestinos por otros países y ha debilitado su derecho al retorno más que contribuido a que se aplique [25]. Además, la forma libanesa de considerar la lucha palestina por el derecho a la autodeterminación se basa en la falsa dicotomía entre los «valientes» palestinos que resisten a la ocupación y los «vilipendiados» refugiados palestinos en el exilio. Esta actitud y las políticas asociadas a ella sólo sirven para contribuir a la fragmentación del pueblo palestino y a crear una distinción artificial entre Palestina (la «causa santa») y los palestinos (una «carga» y una «cuestión de seguridad»), con lo que garantizan que ni Palestina ni los palestinos son libres.
Un llamamiento a la acción
La incapacidad del Parlamento libanés para asumir sus responsabilidades según el derecho internacional demuestra la necesidad de un esfuerzo internacional para garantizar los derechos de los palestinos y es un llamamiento a la acción para los activistas de la solidaridad con Palestina de todo el mundo. Los movimientos de solidaridad con Palestina en la diáspora se deberían coordinar con las organizaciones de la sociedad civil palestinas y libanesas para desafiar y vencer los obstáculos y restricciones legales en Líbano. Este tipo de colaboración implicaría trabajar con organizaciones internacionales, activistas palestinos y sus aliados para hacer que el Estado libanés asuma sus responsabilidades como Estado miembro de las Naciones Unidas y de la Liga de Estados Árabes, y como signatario de las principales convenciones internacionales de derecho internacional y de derechos humanos. En el contexto de cualquier lucha global contra el racismo, Líbano no puede y no debe ser considerado un caso excepcional al continuar alegando éste que el racismo institucional es necesario para proteger el derecho al retorno de los refugiados palestinos, cuando de hecho sus políticas debilitan activamente este derecho.
El centrarse en el racismo institucional de Líbano tampoco debe restar valor o negar la responsabilidad de Israel en la creación de la población refugiada palestina, su continua negativa a asumir sus responsabilidades según el derecho internacional, incluyendo el derecho de los refugiados a retornar a sus hogares y a compensaciones, sus políticas de discriminación de sus propios ciudadanos palestinos y su sistema de apartheid en los territorios palestinos ocupados. Los activistas de la solidaridad con Palestina deben reconocer que el logro de los derechos humanos palestinos en Líbano no es mutuamente exclusivo de o a expensas de lograr los derechos humanos y políticos en Israel-Palestina, sino que, de hecho, están indisolublemente unidos.
Líbano no puede seguir justificando el aislar a los palestinos en campos ni seguir negándose a integrarlos en la sociedad. Los palestinos en Líbano no son meramente una «cuestión de seguridad» o una fuente de beneficios económicos para el gobierno, tienen derechos humanos básicos consagrados en el derecho internacional que Líbano tiene el deber de respetar. Líbano debe aprobar una legislación que salvaguarde los derechos de los palestinos al trabajo, a la seguridad social, a poseer propiedades y a heredar, a la educación y a la libertad de movimientos y de asociación. El ejercicio de estos derechos no contradice el derecho al retorno y no es un preludio para el reasentamiento, sino que la protección legal por medio de la provisión de servicios básicos es esencial para romper el ciclo de pobreza y de dependencia, y para fortalecer la capacidad de los refugiados palestinos para trabajar en favor de su derecho al retorno. Además, contribuye a construir y fortalecer la confianza entre ambas partes.
En 1948 Líbano contribuyó a elaborar la Declaración Universal de Derechos Humanos [26]. Más de seis décadas después la declaración ministerial del gobierno de Hariri compromete al gobierno a «seguir proporcionando derechos humanos y sociales a los palestinos que residen en territorio libanés» [27]. Es más que el momento de llevar estas palabras a la práctica.
Dalal Yassine es asesora política de Al-Shabaka, The Palestinian Policy Network. Es abogada y defensora de los derechos humanos y de género de los refugiados palestinos en Líbano y fue coordinadora de la campaña «Derecho al Trabajo» para los refugiados palestinos en Líbano. Este artículo lo publicó originalmente Al-Shabaka, The Palestinian Policy Network y se reproduce con su permiso.
Notas
[1] El sistema político confesional de Líbano está consagrado en su constitución. El presidente de la República libanesa debe ser cristiano, el primer ministro musulmán sunní y el presidente del Parlamento musulmán chií. En 1949 los refugiados palestinos en Líbano representaban aproximadamente el 10% de la población total del país. Como la mayoría de los refugiados palestinos son musulmanes sunníes, durante mucho tiempo los políticos cristianos han temido que su reasentamiento permanente desbarate el precario equilibrio sectario. Esto ha sido especialmente cierto en relación a los partidos cristianos maronitas. Para una discusión de las causas y consecuencias de la población palestina refugiada, véase Ilan Pappe, La limpieza étnica de Palestina, Barcelona, Crítica, 2008; traducción al castellano de Luis Noriega.
[2] La Asamblea General de las Naciones Unidas 4/302 del 8 de diciembre de 1948 estableció la UNRWA, que empezó a operar el 1 de mayo de 1950 y tenía su sede central regional en Beirut. El papel de la Agencia no abroga la responsabilidad de la comunidad internacional en presionar a Israel para que implemente la Resolución 194 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 11 de diciembre de 1948 y que estipula el retorno de los refugiados a sus hogares y compensaciones por los daños a sus personas y propiedades.
[3] Los palestinos siguieron buscando refugio en Líbano después de la Nakba hasta finales de la década de 1980. Los refugiados que huyeron de sus pueblos y ciudades del norte de Palestina atravesaron más de un país de acogida y no de acogida, y algunos de ellos se movieron entre más de un campos dentro y fuera de Líbano. El hecho de buscar refugio en Líbano también fue consecuencia de conflictos entre árabes, especialmente la guerra civil jordana en septiembre de 1970. Además, algunos palestinos fueron a Líbano para unirse a las filas del movimiento nacional de resistencia (véase: UNRWA In Figures, http://www.unrwa.org/
[4] Decreto legislativo Nº. 42, publicado el 31 de marzo de 1959. El Decreto del gobierno libanés nº. 4082, publicado el 4 de octubre de 2000 cambió el nombre de esta junto directiva al de «Junta Directiva General de Asuntos Políticos Refugiados».
[5] Artículo 1 del Decreto nº 3909, publicado el 26 de abril de 1960.
[6] El LPDC fue creado por un decreto del gobierno el 23 de octubre de 2005. Aunque el Comité sigue estando activo y tiene un nuevo presidente, Wael Abu Faour, ministro de Estado y miembro del Parlamento por el Partido Socialista Democrático, también se ocupa de las relaciones cristiano-libanesa.
[7] Esto incluye la Alianza de las Fuerzas Palestina, que se opone a los Acuerdos de Oslo, y el Comité de Facciones de la OLP.
[8] Más notables son la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la Convención Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y el Protocolo de Casablanca sobre el Trato a los Palestinos en Países Árabes, 11 de septiembre de 1965.
[9] Dalal Yassine y Souheil el-Natour, «The Legal Status of Palestinian Refugees in Lebanon and the Demands of Adjustment» (Human Development Center y the International Development Research Centre, 2007).
[10] Artículo 59 Ley del Trabajo libanesa.
[11] Artículos 3 y 102 de la Decisión nº. 820, 5 de septiembre 1968. Habría que indicar que la ley libanesa permite la admisión de alumnos nacidos en el extranjero en el caso de que haya vacantes en el sistema escolar. Sin embargo, raramente hay vacantes.
[12] En 2005 Líbano estableció un sistema de permiso de trabajo que permitía a los palestinos trabajar como obreros. Sin embargo, estos permisos se deben renovar anualmente o cada vez que el trabajador cambie de jefe. Aunque los trabajadores palestinos no se benefician del Estado libanes, un porcentaje de la tasa del permiso de trabajo se destina a la seguridad social.
[13] Artículo 1 de la Constitución de Taif estipula: «La tierra de Líbano está unida y pertenece a todo los libaneses. Cada libanés tiene derecho a vivir en y a disfrutar de cada parte del país bajo la supremacía de la ley. No se pueden establecer categorías entre el pueblo sobre la base de ninguna afiliación de ningún tipo y no habrá fragmentación ni partición, ni repatriación [de los palestinos en Líbano].»
[14] Para ejemplos de esta tendencia, véase Sobhi Munzer Yaghi, «Una obsesión que domina el pensamiento libanés, a pesar de su consenso de rechazarlo: ¿el reasentamiento [de los refugiados palestinos en Líbano] es un plan real y efectivo o simplemente un espantapájaros, una baza y un chantaje?», An-Nahar, 19 de septiembre de 2008. Véase también «11 MPs from the majority propose a constitutional amendment requiring consensus for any [future] amendment in order to ensure rejection of resettlement of refugees», An-Nahar, 13 de noviembre de 2008
[15] El 13 de julio de 2005, el presidente de la AP Mahmoud Abbas afirmó que «no tenía objeción alguna a que los países árabes concedieran la nacionalidad a los palestinos que viven en sus territorios». Estas declaraciones provocaron un conflicto entre los delegados palestinos y libaneses el 18 de julio. La delegación libanesa hizo hincapié en la negativa de su gobierno a conceder la nacionalidad a los palestinos que residen en Líbano, mientras que la delegación palestina mantenía que negar a los palestinos la nacionalidad de otros países árabes había sido una recomendación en la década de 1950, pero que posteriormente había sido revocada.
[16] As-Safir, 14 de septiembre 1994. El campo se reconstruyó con fondos del gobierno canadiense y un acuerdo con el ministerio de Desplazados, la UNRWA y la facciones políticas palestinas.
[17] Ley nº. 296, aprobada por el Parlamento libanés el 3 de abril de 2001.
[18] Qassim Qassim, «Construction is Prohibited in Bourj al-Barajneh Camp», Al-Akhbar, 29 de mayo de 2010.
[19] Decreto del ministerio del Interior y Ayuntamientos, Ziad Baroud, nº. 4286. 15 de febrero de 2010. En 2007 el ejército libanés asedió y destruyó el campo de refugiados de Nahr al-Bared en el norte de Líbano cuando luchaba contra el grupo militante Fatah al-Islam, una organización no palestina que tiene combatientes de toda la región. Aproximadamente 27.000 refugiados palestinos huyeron del campo durante el asedio de tres meses que estuvo marcado por bombardeos aéreos indiscriminados y los disparos de la artillería y los tanques. Según la UNRWA, casi el 95% de los edificios e infraestructuras del campo fueron o bien completamente destruidos o dañados sin posibilidad de reparación. Tres años después todavía no se ha materializado la reconstrucción rápida que el gobierno libanes había prometido a los habitantes del campo. Además, el asedio continua estando vigente y las entradas al campo están sujetas a la aprobación previa de los servicios militares de inteligencia (véase «Nahr el-Bared refugee camp», http://www.unrwa.org/
[20] Ley Otomana de Asociaciones 1909. Esta ley requiere que toda asociación registrada legalmente en Líbano esté compuesta por ciudadanos libaneses. A consecuencia de ello, las organizaciones y asociaciones palestinas en Líbano se forman con la ayuda de ciudadanos libaneses, aunque en realidad estén dirigidas por palestinos. No obstante, dentro de los campos de refugiados palestinos operan varias ONG que no están registradas formalmente.
[21] Véase Amnesty International Report, 2010: The State of the World’s Human Rights [Informe de Amnistía Internacional 2010: Estado de los Derechos Humanos en el Mundo]. En su informe sobre Líbano, Amnistía Internacional afirmaba que los refugiados palestinos «se enfrentan a leyes y regulaciones discriminatorias que les niegan el derecho a heredar propiedades, a trabajar en unas veinte profesiones y otros derechos básicos» («Amnesty International 2010, Lebanon», http://thereport.amnesty.org/
[22] Previamente el PSP había propuesto crear un ministerio para asuntos de los refugiados palestinos, pero se retractó después de que fuera atacado por algunos partidos políticos. Jumblatt explicó que el PSP «proponía que el tema de los refugiados palestinos se uniera al ministerio para asuntos de los refugiados palestinos, pero cuando el partido vio que se le echaba encima una manada de lobos, como algunos consideraban la cuestión sectaria de los palestinos, retiró la propuesta, porque no quería entrar en el valle de los lobos», Jihad Bazi, «A Big Dream if it Happens», As-Safir, 14 de enero de 2010.
[23] Elie al-Ferzli, «Rights of Palestinians Divide the Alliance», As-Safir, 16 de junio de 2010.
[24] «Lebanon: Seize the Opportunity to End Discrimination Against Palestinians» Human Rights Watch, 18 de junio de 2010.
[25] Aziza Khalidi, «Economic Participation of Palestinian Refugees in Lebanon», Najdeh Association, 2008.
[26] Charles Malik, representante de Líbano ante la ONU, contribuyó a elaborar el borrador de la Declaración de Universal de Derechos Humanos.
[27] Véase párrafo 11 de la declaración ministerial, 8 de diciembre de 2009.