Últimamente se viene hablando de reformar la Ley Electoral. Conviene que tal modificación se acometa desde dos perspectivas distintas y complementarias. Una, más de forma, enfocada en la transposición de las urnas a escaños, en la conversión de los votos en su representación y, la otra, más de fondo, dirigida al empoderamiento de los ciudadanos […]
Últimamente se viene hablando de reformar la Ley Electoral. Conviene que tal modificación se acometa desde dos perspectivas distintas y complementarias. Una, más de forma, enfocada en la transposición de las urnas a escaños, en la conversión de los votos en su representación y, la otra, más de fondo, dirigida al empoderamiento de los ciudadanos electores.
La reforma técnica incide en el marco de encuadre, en las normas, variables y parámetros electorales, y en que la representación resultante refleje la realidad de las votaciones de manera equilibrada y fidedigna. Pone el foco en la fase posterior a la elección, en la fotografía resultante que se quiere promover, en los escaños de los partidos y en cómo se reparten el poder. Los partidos que ahora lo tienen no querrán compartirlo, querrán que se cambie la ley lo menos posible. Desde este enfoque el elector es simple comparsa, una vez depositado su voto, deja de existir; hasta las próximas elecciones. Al referirnos a tal reforma técnica hablamos del valor de los votos y su computación, de los porcentajes, de las extensiones de las circunscripciones o distritos electorales, del número de vueltas, de los restos, de qué se premia, etc., etc. Ahí los técnicos en la materia que debe haber en la izquierda, para dar con ese equilibrio justo.
Siendo trascendentales esos puntos y, consecuentemente, teniéndolos presentes, los temas neurálgicos son los de fondo. Éstos se pueden concretar en dos: A) el carácter estatal de los poderes centrales y la independencia entre ellos, y B), el tipo de representación, la relación del representante con el votante y el control que éste tiene sobre aquél.
A) El carácter estatal de los poderes centrales y la independencia entre ellos. Así, dos asuntos.
1) Uno es la representación de las regiones con nacionalismos. Por lo menos en la cámara baja, en el Congreso, el poder de los partidos nacionalistas no pueden sobreponderarse respecto de los de ambito estatal, no se les debe potenciar ni hacer que su representación cuantittiva real se transforme en otra cualitativamente de muchísimo mayor poder. Se ha de acompasar con la proporción efectiva de la población española total que representan, imposibilitando su actual influencia que trasciende, con mucho, su número de votos, y que les reporta unos beneficios discriminadores en perjuicio de un número de votantes más de tres veces superior a los que a ellos les votaron. A esa sobreponderación de los votos se les une el que sus territorios, al contrario que todos los demás a los que tienen enmudecidos, eclipsados, también están sobrerrepresentados por un número de voces varias frente a ninguna de todos los demás que no tienen partidos nacionalistas. Esa dos vías de sobreponderación tienen, obviamente, otras diversas derivadas, en las que no entraré ahora, pero todas convergen en lo mismo.
Bien mediante la circunscripción única, o la necesaria presentación por más de varias CCAA, o bien penalizando, al revés que ahora, la presentación por sólo una ( la proporción parte/totalidad), sin que pueda darse la situación actual en que CiU con 1/3 menos de votos que IU, no sólo tiene muchos más diputados, sino que también es mucho más decisivo; y los territorios con nacionalismos, con muchas más voces que todos los demás territorios. Esos partidos y esas regiones son muy beneficiados con el actual sistema y se distorsiona y se desequilibra la realidad en favor de una parte y en perjuicio de las demás. Así, ese desequilibrio es doble: no sólo por la preponderancia que se da a los partidos nacionalista, también las regiones que los acogen gozan de múltiples voces, incluso más que sumadas todas las que hablan por la totalidad. Eso es una minoría con un doble privilegio frente a la mayoría. Que en cada debate se oigan tres voces distintas a favor de Cataluña y ninguna a favor de Andalucía , ni de Murcia, ni La Rioja, ni… sumadas, es más que excesivo, desproporcionado e injusto; y si encima sus votantes cuentan proporcionalmente con muchos más representantes, es abusivo. Y si, como corolario, esa representación, precisamente por ser de una parte y no por el todo, tiene la llave y nos llevan en una dirección, la suya… Demasiados privilegios, es disparatado y opresivo. La Ley Electoral, en un estado como el que preceptúa el art. 1 y 9.2, entre otros, de la CE, no debiera estar, confrontándola, para montar y privilegiar poderes y que actúen a su antojo, sino para que los ciudadanos estén representados con equidad. Si no, no es la representación del «pueblo», sino el montaje del poder.
2) El otro tema de este epígrafe A) es el de la independencia de los poderes. El asunto da para mucho. Sólo apuntar la necesidad de mecanismos que la profundicen y, sobre todo, quitar el velo que oculta la impregnación y control que de todos ellos, sus organismos e instituciones, tienen los partidos políticos. Así se viola tal principio de independencia y se subyuga a la sociedad y la anulan.
Además de lo que se dirá en el siguiente apartado, que es a lo que voy, resaltar la conveniencia de diferenciar los tiempos y formas de elección. Dejando al margen la Administración y el Poder Judicial y hablando sólo de los poderes estrictamente políticos,éstos tendrían que constituirse tras elecciones independientes y distanciadas temporalmente, unas para el legislativo, otra para el ejecutivo. Hay que potenciar la independencia, los controles y contrapesos y no al revés.
B) La relación electores-elegidos y el control que los primeros tienen sobre los segundos. Un inciso: el debate listas abiertas/cerradas, me parece vender humo de un determinado color, amarillo: ambas listas las determina el partido, es éste el que las decide y, pondrá al candidato «abierto o cerrado», que se «porte bien», sino no. Otra zanahoria que se sacan de la chistera, otro señuelo para desviar. El cambio fundamental debe estar en el nuevo papel que juegue el ciudadano elector. De lo que se trata es que el ciudadano no sea mero «entregador de voto», simple «consumidor electoral», pura comparsa. Destacar la idea de contrato de adhesión y la de democracia mandataria. El elector vota (se adhiere) a un programa: se cambia la actual perspectiva personalista centrada en el líder, que deja lo que proyectan hacer en una nebulosa para así poder hacer lo que crean conveniente. El programa electoral sube a ocupar el primer y principal plano y pasa a cumplir el papel de las clausulas de los contratos mencionados: de plan ocultado a compromiso publicitado y motivo de responsabilidad. En las campañas electorales, los partidos políticos en vez de enviar a los domicilios sus listas de candidatos, deben estar obligados a comunicar un extracto de su programa según modelo tipo, y a publicarlo completo en su web . El ciudadano se adhiere a él mediante la entrega de su voto. Esa «contraprestación» debe posibilitar el seguimiento y control de su ejecución. Un control in actu, en tiempo oportuno, en tiempo presente y no diferido al momento posterior del voto de las siguientes elecciones. ¿Cómo conseguimos tener dicho control dinámico y oportuno? Cambiamos la representación y la convertimos en mandato: representación
Lo dicho hasta aquí, los puntos anteriores, deben tener su correspondiente transposición a los ámbitos territoriales autonómicos y locales. Con la salvedad mencionada respecto, ya a la circunscripción única, o ya a la presentación por más de una autonomía o ya la penalización, en las elecciones al Congreso, donde el desequilibrio cuantitativo y cualitativo es mayor; lo que es evidente es que. en todos los casos, en los tres, se tiene que ajustar, adecuar la conversión del número de votos obtenidos en el número de escaños para que la representación no se distorsione y refleje un equilibrio fidedigno.
Además de lo anterior, otro punto del tema electoral es el profundizar lo que prescribe el art. 6 in fine, de la CE: la «estructura interna y funcionamiento (de los partidos políticos) deberán ser democráticos», y exigir mecanismos que potencien la democracia directa, estructuras no dictatoriales, sin poderes jerárquicos y con renovación permanente de los cargos y de los elegidos. Los partidos políticos no pueden ser meros testaferros del poder económico. La cosa pública no puede ser una carrera hacia la corrupción y el mangoneo. La representación parlamentaria ha de ser a título de mandato. Ello llevaría al cambio del estatuto legal del parlamentario. En la coyuntura actual es difícil generalizar tal obligación, sin embargo, las organizaciones que así se vertebren y funcionen, deberían tener un determinado reconocimiento formal y público, una especie de sello de calidad democrática. En todo caso habría que crear un organismo (¿la Junta Electoral?) que lo certificara, que diera ese plus de credibilidad democrática.
Otros puntos claves son el de la financiación y el de la comunicación y su acceso y presencia en los medios, donde han desterrado por completo a la sociedad.
Respecto a los representantes y los cargos de nombramiento digital (los cuales se tendría que reducir a su mínima expresión), sea el ámbito, territorial o no, que sea, hay que profundizar en la transparencia y en la declaración de bienes. Añadir la cuestión de la rotación, no la de todos los candidatos de las listas, pero sí de los elegidos que desempeñaron el cargo. Éstos no debieran de poder serlos más de dos legislaturas seguidas y, una vez ejercida, tampoco podrán ser nombrados «a dedo». Hay que acabar con la permanencia en los cargos, sobre todo los de alto mando, tan proclives a perpetuarse a traves de contactos y redes que penetran toda la sociedad. En Valencia, y no sólo, se dan ejemplos varios. Profundizar el tema de las incompatibilidades, tanto públicas como privadas: el poder hay que distribuirlo, no concentrarlo. imposibilidad de ostentar dos cargos o cobrar dos sueldos de la Administración que sean independientes y autónomos entre sí. Tampoco podría presentarse si son, no ya imputados, pero sí procesados: por ley, ningún procesado puede presentarse a ser elegido. Además. toda condena de funcionario o cargo público o político, por determinados delitos, añadido a las devoluciones y otras penas que pudieran corresponder, necesariamente conllevaría la inhabilitación de por vida para tal desempeño. Se han de poner todas las barreras a la corrupción y a sus entramados en las AAPP, la política, aún bien pagada, ha de ser para servir al ciudadano, nada de a la «cosa pública», ó «cosa nostra» ó «casa nostra». Las tecnologías actuales no solo permiten profundizar en la democracia, en la participación y en el control por parte de la sociedad respecto del «contrato» al que se ha adherido y a los representantes que ha elegido; además, hace que su implementación sea sencilla. Hay que distribuir el poder. Hay que orear y oxigenar la vida pública, desmontar los nidos de sátrapas y corruptelas. La red lo posibilita. Los que son, los que están ¿convendrán en perder sus poderes y privilegios? ¿Qué artimañas ingeniaran? ¿Están para servir a la sociedad?
RESUMIENDO
Una nueva ley electoral; en tres puntos: 1) que haga una valoración del voto igual para todos o, en su caso, 2) que se premien las listas que se presenten en ámbito estatal respecto a las que sólo lo hacen por varias CCAA y más que las que sólo se presentan por una. Al revés que ahora. Eso respecto a la Cámara Baja, no ya para el Senado. El tercer punto 3) se subdivide en otros tres apartados. La idea es empoderar al ciudadano frente a la actual abducción que hace la democracia representativa: efectuado el voto, el ciudadano ya no cuenta, y convertirla en representación mandataria. Y son. a) que se obligue a los partidos, en vez de que manden un listado de candidatos, que comuniquen un extracto completo de su programa (contrato de adhesión); b) que cada grupo parlamentario tenga una web (independiente de la del partido), actualizada cada X días, dónde se pueda hacer un seguimiento y control del cumplimiento del programa, expliquen qué hacen y den opinión sobre los asuntos que trata la Cámara; c), que se posibilite a sus electores o, por lo menos, a sus simpatizantes y afiliados que estén registrados, mecanismos de remoción por incumplimiento del «contrato de adhesión». Control actual, en presente, no para el voto de otras elecciones. Mecanismos cómo la renovación de los elegidos por los que continúan en las listas. A ese empoderamiento de la ciudadanía, y en la misma línea, hay que añadir instrumentos como los comentados, que redistribuyan el poder, precaricen los puestos, incompatibilidades, etc. ¿Los que tienen el poder permitirán tener menos? ¿Qué harán para impedirlo?
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