Decenas de millares de egipcios se manifestaron ayer para defender los ideales del levantamiento que derrocó al Presidente Hosni Mubarak hace cinco meses, y acusaron al Ejército al poder de «arrastrar los pies» para llevar a cabo las reformas. En la emblemática plaza Tahrir de El Cairo, la muchedumbre llevaba pancartas en las cuales se […]
Decenas de millares de egipcios se manifestaron ayer para defender los ideales del levantamiento que derrocó al Presidente Hosni Mubarak hace cinco meses, y acusaron al Ejército al poder de «arrastrar los pies» para llevar a cabo las reformas. En la emblemática plaza Tahrir de El Cairo, la muchedumbre llevaba pancartas en las cuales se podía leer «Nuestra revolución continúa» o «El pueblo pide la realización de las promesas de la primavera árabe». El jeque Mazhar Chahine, que dirigió el rezo del viernes en la plaza, llamó a los manifestantes a «seguir trabajando por la realización de los nobles objetivos de la revolución que son el cambio, la libertad y la justicia social». También expresó sus deseos de que un gobierno «sea capaz de responder a las aspiraciones de la gente que se rebeló para para tener una digna vida». «El poder se burla nosotros. Piensa que la revolución ha terminado y que la gente va quedarse en casa. Se equivoca y por eso estamos aquí», afirmó Mohamed el-Said, un estudiante de 20 años.
«No hemos visto el cambio. Derrocamos a Mubarak, pero tenemos un mariscal en su lugar», exhibía en un cartel otro manifestante en alusión al mariscal Hussein Tantaoui, jefe del consejo militar que dirige el país.
También se manifestaron miles de personas en Alejandría, casi 10.000 en Suez y cientos de personas se concentraron en Sharm el-Sheikh, frente al hospital donde se encuentra Mubarak para pedir que deje el lugar.
El Ejército egipcio, que fue elogiado tras la caída de Mubarak por su apoyo durante el levantamiento y sus promesas de democratizar el país es ahora objeto de críticas cada vez mayores, que demandan la dimisión de los responsables del antiguo régimen que aún controlan altos puestos de la administración, el fin de los tribunales militares para juzgar a civiles y el levantamiento del estado de emergencia, así como sanciones a los policías implicados en la represión de la revuelta, que causó unos 850 muertos.