Hace unas semanas Merkel y Sarkozy anunciaban su voluntad de iniciar una dictadura económica en el seno de la Unión Monetaria. Su anuncio para avanzar en la creación de un auténtico gobierno para la zona monetaria no era sino un eufemismo para encubrir el escenario real hacia el que pretenden abocar a los Estados miembros […]
Hace unas semanas Merkel y Sarkozy anunciaban su voluntad de iniciar una dictadura económica en el seno de la Unión Monetaria. Su anuncio para avanzar en la creación de un auténtico gobierno para la zona monetaria no era sino un eufemismo para encubrir el escenario real hacia el que pretenden abocar a los Estados miembros de la Unión Monetaria: democracias representativas vaciadas de la posibilidad de que los ciudadanos decidan sobre su bienestar porque se encuentran forzadas por reglas al servicio de los intereses financieros.
Dicho y hecho: con ‘agosteidad’ para aprovechar el menor nivel de contestación social; con la falta de legitimidad de plantearlo con la fecha de las elecciones fijada; con la cobardía demostrada ante los mercados y la sumisión con la que se acatan las «sugerencias» germanas, la intocable Constitución española (hasta ahora) va a ser modificada para dar la puntilla al Estado social.
Los diputados y senadores han reformado el art. 135 de la Constitución. Este extenso artículo está situado en el Título VII, por lo que para su aprobación no es necesario, estrictamente, un referéndum. El referéndum vinculante, que validase popular y democráticamente la reforma, solo sería obligatorio si así lo solicitase el 10% de los diputados o de los senadores (es decir, 35 diputados o 26 senadores respectivamente). Sin embargo, el PP y PSOE han pactado excluir esta importantísima reforma de la norma fundamental del sufragio del pueblo, sin el tiempo suficiente para un debate público adecuado y en pleno periodo de vacaciones de agosto.
Este es el verdadero rostro antidemocrático del sistema, donde ya no se respetan ni los procedimientos formales de decisión democrática más esenciales, como que una reforma de la Constitución sea aprobada y ratificada por el pueblo. La decisiones ya no las toma el pueblo soberano sino el BCE, el FMI o el Banco de España.
Prioridad absoluta
La amplia reforma del art. 135 de la CE pretende limitar constitucionalmente el techo de gasto de las Administraciones Públicas (Estado central, CCAA y entidades locales) y que éstas no puedan endeudarse. Se da rango constitucional al límite de la deuda pública y se prioriza en los presupuestos el pago de esa deuda. Por mucho que se diga lo contrario, en teoría, esto supone que el Estado deberá pagar la deuda a sus acreedores con «prioridad absoluta» (nuevo art. 135.3) sobre cualquier otro gasto, por esencial que sea. Así, los gastos en Educación, Sanidad, prestaciones sociales, Pensiones, salarios, inversión pública, etc, quedarán relegados y condicionados a un segundo lugar, estarán totalmente subordinados al pago de los créditos del Estado a sus acreedores internacionales. Por tanto, con esta reforma, el impago de la deuda será una opción imposible para cualquier Gobierno.
De cualquier forma, lo que salta a la vista es la enorme dificultad, si no imposibilidad, que va a suponer cambiar de nuevo estas limitaciones constitucionales, en el caso de que hubiera un cambio político en España que quisiera variar el rumbo de la política económica. No dejan ya alternativa alguna. Es una restricción a la democracia, al pluralismo político y al Estado social. Parece claro que, aún más con la nueva reforma, la Constitución es un marco político que necesita ser reconstruido totalmente. El sistema económico y el sistema político, la democracia representativa en España, han llegado a un callejón sin salida. De lo que realmente hay déficit en España es de democracia. Las instituciones del Estado y sus políticos a sueldo están deslegitimados, ya no representan la voluntad general, los intereses del pueblo y de los trabajadores (los más golpeados por esta crisis), sino los intereses puros y duros del capital financiero.
Habría que preguntarse si alguna vez desde la Transición lo han hecho realmente.
Fuente: Distrito 19. Septiembre 2011, Nº 144