El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por la mayoría de los grupos de la oposición -PSOE, CiU, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y PNV- contra el decreto-ley del Gobierno que no actualiza las pensiones conforme al IPC en 2012. Amaiur fue vetado por UPyD. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el […]
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por la mayoría de los grupos de la oposición -PSOE, CiU, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y PNV- contra el decreto-ley del Gobierno que no actualiza las pensiones conforme al IPC en 2012. Amaiur fue vetado por UPyD.
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por la mayoría de los grupos de la oposición -PSOE, CiU, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y PNV- contra el decreto-ley del Gobierno que no actualiza las pensiones conforme al IPC en 2012 por considerar que conculca un derecho consolidado de los pensionistas. Esta decisión fue adoptada por el pleno del TC reunido la semana pasada, según la providencia hecha pública hoy por el tribunal de garantías constitucionales.
Tras su admisión, el TC da traslado de la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que en el plazo de quince días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes. La oposición anunció la firma de un recurso conjunto ante el Tribunal Constitucional el pasado 13 de diciembre durante el pleno en el Congreso para la convalidación de dicho decreto-ley.
PSOE, CiU, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV y UPyD presentaron el recurso de inconstitucionalidad el pasado 26 de febrero contra la decisión «retroactiva» del Gobierno de no actualizar las pensiones a pesar del encarecimiento de la vida. Basan su recurso en que los pensionistas han perdido poder adquisitivo, ya que sus prestaciones sólo se han subido para 2013 un 1 %, cuando el IPC de noviembre del año pasado -que se toma como referencia para compensarles por subidas del IPC por encima de lo previsto- se situó en el 2,9 %. Ante esta desviación, consideran que el Gobierno debe abonarles esa diferencia de 1,9 puntos porcentuales.
La oposición coincide en que las pensiones constituyen un «colchón» en tiempos de crisis. Los firmantes denuncian que el Ejecutivo ha vulnerado el derecho de los pensionistas porque si se les priva de esa compensación se les resta parte de lo que han cotizado. Además, recuerdan que el artículo 50 de la Constitución contiene un mandato por el que «los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad». Por ello, coinciden en que, en la actual recesión, las pensiones constituyen un «colchón» y contribuyen a la cohesión social frente a las elevadas tasas de desempleo que obligan a muchos hijos a retornar a casa de sus padres.
Sin embargo, la unidad de la oposición se rompió por el veto de PSOE y UPyD a la firma de Amaiur, así como por el anuncio de ERC, Geroa Bai, Compromis-Equo, Foro Asturias y UPN de quedarse al margen del recurso. Finalmente, el 26 de febrero los grupos de la oposición -PSOE, CiU, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y PNV- presentaron el recurso defendiendo que a los pensionistas se les mantenga el poder adquisitivo y criticaron una medida que consideraron injusta y contraria a los derechos adquiridos de los jubilados.
El Gobierno justificó la no subida de las pensiones contributivas conforme a la desviación del IPC en 2012 (2,9 %) en la necesidad de cumplir con el compromiso de reducción del déficit público y en las tensiones de tesorería de la Seguridad Social.
La actualización de la subida de las pensiones habría supuesto para el Ejecutivo un desembolso de alrededor de 3.800 millones de euros. La no actualización de las pensiones contributivas con el IPC quedó plasmada en un decreto-ley aprobado por el Gobierno en el Consejo de Ministros del 30 de noviembre y entró en vigor al día siguiente tras su publicación en el BOE.