En los últimos meses se ha producido un fuerte acenso del independentismo catalán y se ha abierto la posibilidad de una consulta por la independencia. Este artículo analiza las contradicciones que puede desatar la apertura de esta vía para la burguesía catalana, para CiU y para el Estado español. Todo ello en un momento de […]
En los últimos meses se ha producido un fuerte acenso del independentismo catalán y se ha abierto la posibilidad de una consulta por la independencia. Este artículo analiza las contradicciones que puede desatar la apertura de esta vía para la burguesía catalana, para CiU y para el Estado español. Todo ello en un momento de inestabilidad creciente, en el que la crisis institucional y política se retroalimenta con la crisis económica. [També en català: Esquerdes en l’Estat espanyol: crisi i qüestió nacional catalana]
La manifestación del pasado 11 de septiembre en Catalunya y sus ecos posteriores hasta las elecciones del 25 de noviembre han puesto encima de la mesa la cuestión de la independencia con una fuerza sin apenas precedentes históricos1. En el marco de una constitución del Estado español que niega de plano la posibilidad de la autodeterminación de uno de sus territorios, las implicaciones rupturistas del movimiento independentista son altísimas. Y la crisis política de la España constitucional, de la España de las autonomías, aumenta con fuerza en paralelo a una crisis económica de cada vez mayor profundidad.
Hay datos que muestran recientemente el rápido y fuerte ascenso del independentismo. En los dos últimos años, por primera vez la independencia tiene un apoyo mayoritario en Catalunya. Si el apoyo a la independencia se situaba entre el 31 y 36% en los años 90 y parte de los años 2000, la gente que está a favor de la independencia crece desde junio de 2010 y se dispara durante el 2012. Según una encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió de junio de 2011, el 42’9% de la población votaría que sí a la independencia en un referéndum. Este porcentaje crecía al 51,1% en junio de 2012 y llegaba al 57% en noviembre. Si se descuenta la abstención (del 14,3%), significaría que en un referéndum el Sí obtendría un 73,6% de los votos2. Cabe tener en cuenta que prácticamente el 71% de la gente favorable a la independencia se declara de izquierdas, lo que contradice la visión de un independentismo esencialmente conservador y burgués3.
Un crescendo de largo recorrido
A finales de los años 70, en la salida del franquismo, el pacto de la Constitución española entre los grandes partidos políticos supuso finiquitar la posibilidad del derecho a la autodeterminación, en contra de la voluntad de grandes sectores de población en las naciones catalana o vasca, expresada en numerosas movilizaciones. El PSOE y el PCE dejaron de lado esta demanda, que habían defendido durante la lucha antifranquista -muy efímeramente en el caso del PSOE-, para sumarse al consenso constitucional4. Solamente las organizaciones de la izquierda revolucionaria -PTE, ORT, MCE, LCR, OICE, entre otras- y del nacionalismo radical -PSAN, Herri Batasuna- continuaron defendiendo esta consigna.
Los límites de la Constitución a la hora de reconocer la existencia de distintas naciones dentro del Estado español se han mostrado con mayor fuerza a lo largo de la última década. El primer gran intento de hacer una remodelación del marco institucional tuvo lugar en Euskadi con la propuesta del PNV conocida como «Plan Ibarretxe». Este plan aprobado en el parlamento vasco en enero de 2005 proponía un nuevo Estatuto que definía otro modelo de relaciones con una soberanía compartida entre el Estado español y Euskadi. El plan proponía un referéndum para que el pueblo vasco decidiera su futuro y vinculación con el Estado y hablaba genéricamente de derecho de autodeterminación, aunque sin su concreción. El objetivo del PNV era conseguir mayores cuotas de autogobierno y ganar espacio político a Batasuna5. El plan no era rupturista, sino que buscaba un encaje con la Constitución. Aún así, fue rechazado por el parlamento español en febrero con los votos en contra de PSOE, PP, IU, Coalición Canaria y Chunta Aragoneista. Poco después el PNV retiraba el proyecto.
El siguiente año, se proponía desde el Govern de Catalunya un nuevo estatuto de objetivos más reducidos que el Plan Ibarretxe. Tras negociaciones con el gobierno español y rebajas de contenido, fue aprobado en el Congreso de los Diputados en marzo de 2006 y sometido a referéndum en Catalunya tres meses después. La izquierda independentista y la izquierda anticapitalista hicieron una campaña por el No, debido a las limitaciones nacionales y sociales del texto estatutario. La movilización de entonces por el derecho a decidir y contra el Estatut marcó un salto en la vertebración de la voluntad de superar el marco autonómico.
Los frutos de ello se vieron en otoño de 2009, con el inicio del movimiento de las consultas sobre la independencia. Entre septiembre de 2011 (en Arenys de Munt) y abril de 2011 (Barcelona) se celebraron consultas en 555 municipios (más de la mitad de Catalunya), con alrededor de 900.000 votos a favor de la independencia. Los partidos que apoyaron el Sí fueron ERC, CUP, CiU y Reagrupament.
Pese a los límites del Estatut comentados, en junio de 2010 salía una sentencia del Tribunal Constitucional que amputaba un contenido considerable del texto, el cual ya se había aprobado en referéndum; una muestra más del carácter antidemocrático de la justicia española. Entre otras cosas, la sentencia negaba el carácter preferente de la lengua catalana en educación, recortaba las competencias en justicia y cuestionaba el uso del término «nación» para definir a Catalunya.
El recorte al Estatut por parte del Tribunal provocó un gran rechazo en Catalunya, también por parte de los sectores que se habían opuesto al Estatut por considerarlo insuficiente pero que veían en el recorte un nuevo ataque a la capacidad de decidir. El resultado fue la manifestación del 10 de julio de 2010 de un millón de personas, la mayor movilización de reivindicación nacional desde la Diada histórica del 11 de septiembre de 1977.
El recorte constitucional del Estatut significó el final de una vía basada en el desplegamiento de mayores cuotas de autogobierno autonómico dentro de los estrechos márgenes de la Constitución. Y representa, a su vez, un antecedente importante para entender el fuerte y reciente crecimiento del independentismo.
Finalmente, tenemos la enorme manifestación de la Diada del 11 de septiembre de 2012, con más de un millón y medio de personas saliendo a la calle; la mayor nunca vista. Aunque la manifestación tuvo un cierto punto de «fenómeno», con un apoyo masivo por parte de los medios de comunicación de Catalunya, no deja de reflejar el ciclo movilizador multitudinario desatado en los últimos años y el carácter popular del independentismo. Pero este crecimiento no solamente obedece al factor más directamente político de reacción contra la ofensiva españolista del gobierno central.
La crisis como acelerador
La crisis económica está siendo también un factor de primera magnitud como potenciador del independentismo. En primer lugar, la crisis está llevando a una ofensiva de la clase dirigente española para recentralizar el Estado español, restringiendo aún más el autogobierno de las CCAA y, con ello, el de las naciones no reconocidas. En segundo lugar, el «pantano de la economía española» hace que algunos sectores de la burguesía catalana busquen en la independencia una salida a sus negocios. Por último, sectores crecientes de la población catalana ven en la independencia la posibilidad de salir de la crisis y evitar los recortes sociales.
La austeridad tiene una lógica de recentralización y de control desde arriba. A nivel europeo hay una presión desde el Banco Central Europeo y la Comisión Europea para obligar a los distintos países a que lleven a cabo políticas de recortes en pro de cumplir -aunque sin mucho éxito- los límites de déficit público marcados. Los «rescates» económicos en Grecia, Irlanda, Portugal -y, a otro nivel, el del sistema bancario del Estado español- son la versión más extrema de la transferencia de soberanía económica hacia Bruselas, con unos memorándums de condiciones de obligado cumplimiento si se quiere recibir ayuda financiera para, supuestamente, evitar la quiebra del país.
Dentro del Estado español hay una dinámica similar. Muchas CCAA apoyaron su crecimiento económico y su financiación en las dinámicas de la burbuja inmobiliaria. Con el estallido de la crisis, los problemas de las CCAA se han disparado, con aumentos de déficit y grandes volúmenes de deuda. Todo esto agravado por un Estado que ha ido traspasando competencias a las autonomías sin los suficientes recursos económicos. Ahora, desde el gobierno del PP, y en general desde el conjunto de la derecha española, se está llevando a cabo una ofensiva de recentralización con motivos económicos -incentivados desde Bruselas- y también políticos, nacionalistas (españoles).
Desde el gobierno central de Madrid se ha querido controlar el déficit y el gasto autonómico con la Ley de Estabilidad Financiera, que se aprobó en abril de 2012. Esta ley, que cabe recordar se aprobó con los votos a favor de CiU, permite al gobierno central llevar a cabo medidas preventivas, correctivas y coercitivas para el cumplimiento de límites del déficit público y de la deuda a las CCAA y a los municipios. Es un claro reforzamiento de la capacidad de intervención del gobierno central sobre los gobiernos territoriales. Para 2012, el límite de déficit público para las Comunidades Autónomas es del 1,5% del PIB, cuando para el Estado es de un más elevado 3,5%, lo que empuja a las CCAA a hacer algunos de los recortes más acusados. Y para 2013 el déficit autonómico está en principio marcado en el 0,7%, lo que implica una oleada aún mayor de recortes salvajes. Las CCAA se ven forzadas a cumplir el déficit y las directrices de Madrid, ya que si lo sobrepasan corren el riesgo de quedarse fuera del fondo de liquidez autonómico y de recibir ayuda financiera6.
Nueve CCAA han pedido un «rescate» al Gobierno central por estar al borde de la quiebra. Entre ellas están Catalunya, Comunitat Valenciana, Andalucía, Castilla la mancha, Canarias, Murcia, Balears, Asturies y Cantabria. Los rescates suman ya 12.600 millones de euros (5.433 en Catalunya, el de mayor cuantía) y lo más probable es que a lo largo del año 2013 más comunidades lo pidan. De forma similar al caso europeo, los territorios que se acogen al rescate son sometidos a un control más estricto desde arriba y tienen que firmar un memorándum de recortes. Concretamente, no pueden emitir deuda sin permiso del gobierno central y este gestionará su pago. Además, el plan de ajuste se ajustará mensualmente y, si no se cumple, el gobierno central tiene la capacidad de penalizar al gobierno autonómico con el desembolso de un 0,2% de su PIB y el diseño de nuevas medidas7. Las CCAA rescatadas ya no pueden incumplir los objetivos de déficit si quieren continuar recibiendo financiación desde Madrid.
Como es evidente, las consecuencias de esta recentralización no son solamente técnicas. Suponen una intervención en la capacidad de autogobierno de las CCAA y una restricción de la ya reducida soberanía de los territorios nacionales. Sin capacidad de decisión y administración financiera, el autogobierno de Catalunya se reduce a una administración de las cosas delegada desde Madrid. La imposición de las decisiones desde el gobierno central combinada con la administración de los recortes y el desgaste político desde los gobiernos territoriales es un escenario deseable para el primero.
Otro ejemplo de la recentralización lo encontramos en la reconversión bancaria, que se ha hecho de tal forma que ha terminado con las cajas de ahorros, las únicas entidades semipúblicas que tenían un mayor arraigo en la administración territorial. El proyecto del gobierno central es poner fin al poder autonómico en las cajas, poniendo bajo el control del Ministerio de Economía las fundaciones bancarias que sustituyen a las cajas8.
Todos estos mecanismos disminuyen la capacidad de los gobiernos de las autonomías con identidad nacional propia de desarrollar una política económica autónoma acorde con su proyecto y satisfacer las demandas de su élite económica.
La burguesía catalana y la independencia
La recentralización comentada y otros elementos de orden económico están llevando a sectores del establishment político y económico catalán a defender la necesidad de un Estado propio para Catalunya. Encontramos a una capa de economistas neoliberales, por ejemplo Xavier Sala i Martín y Jordi Galí, como nuevos adalides de la causa independentista.
Para entender estas posiciones, cabe tener en cuenta los cambios históricos en la estructura económica catalana. A finales del siglo XIX y durante el primer tercio del siglo XX, la política de la derecha catalana (la Lliga Regionalista) fue dirigida a influenciar a Madrid con políticas que permitiesen el desarrollo de la burguesía autóctona. La independencia no se contemplaba en ningún caso, en tanto que el resto del Estado representaba el principal mercado para las exportaciones catalanas y la burguesía industrial necesitaba el proteccionismo para desarrollarse frente a economías más avanzadas como Gran Bretaña o Francia. Esto produjo, según un informe de varios economistas, «una confluencia de intereses entre el sector textil catalán y el sector agrario castellano, que terminó conformando el mercado económico español, tal como llegó hasta el Plan de estabilización (1959): como un mercado prácticamente cerrado al comercio de mercancías con el exterior»9. A partir del Plan de Estabilización, la economía española se abrió al exterior. Y esto se reforzó con la entrada en la Unión Europea (1986). Catalunya sería una de las zonas del Estado que más se beneficiaría durante los años 90 de la pertinencia a la UE y posteriormente de la moneda única, con un aumento de las exportaciones hacia este marco. Pero en el mismo informe se señalaba que, en comparación al volumen de la economía catalana, había un pequeño número de empresas catalanas de grandes dimensiones (solamente restringidas al sector financiero). Entre los distintos motivos de ello, uno era «la insuficiente complicidad del poder político, especialmente del Gobierno central, a la hora de atender en tiempo real las necesidades de la economía y de las empresas catalanas», que conllevaba una menor inversión pública del Estado en Catalunya10. Todo esto indica que con la UE hay un cambio estratégico de la burguesía catalana para intentar globalizarse, mirar más hacia el exterior que hacia España, a diferencia del siglo XIX y de buena parte del siglo XX.
El hecho de que desde 2011 las exportaciones de Catalunya al exterior sobrepasen ya las que van al resto del Estado ha alentado más esta orientación. Ese año, las exportaciones al extranjero fueron del 52,9% frente a un 47,1% al resto del Estado, que caen 10 puntos desde 2000. Además, esto ha conllevado por primera vez un superávit en la balanza comercial de Catalunya con el extranjero (un 1,8% del PIB), mientras que el superávit en la relación con el resto del Estado ha ido disminuyendo desde 2003 (10,8%) hasta el 2,2% en 201111. Aún así, cabe señalar que estas cifras no son el resultado tanto de las «fortalezas» de las exportaciones catalanas (que prácticamente no han aumentado en su volumen absoluto) sino a que las exportaciones al resto del Estado se han desmoronado como consecuencia de la crisis.
Por otro lado, está la cuestión del déficit fiscal catalán. Aunque es difícil calcular exactamente este déficit (en gran parte porque el gobierno español evita -lo cual es significativo- publicar este tipo de información), las cifras indican que Catalunya aporta más dinero al Estado del que recibe en financiación y servicios. El déficit fiscal de Catalunya en 2005 se encontraría, según una de las fórmulas de cálculo, en el 8,7% de su PIB -uno de los más altos del Estado, solamente por detrás de les Illes Balears, que tendrían un 14,2%12. Seguidamente estaría el País Valencià (6,32%) y después la Comunidad de Madrid (5,57%), aunque cabe tener en cuenta que esta última tiene como factor compensatorio el PIB por habitante más alto del Estado. Entre 2006 y 2009, el déficit fiscal de Catalunya ha tenido, según dos sistemas distintos de cálculo, una media de alrededor del 8’2% (16.000 euros) o del 5,7% (11.000 euros)13.
Poner fin al actual déficit fiscal de Catalunya sería deseable para terminar con una situación impuesta y desequilibrada y para evitar el victimismo encubridor de la derecha catalana, que achaca al déficit los problemas sociales, eludiendo la responsabilidad de sus políticas. Sin embargo, desde una posición de izquierdas la cuestión del déficit fiscal no debería ser el argumento central a favor de la independencia ni tampoco un argumento en contra. Por un lado, defender la independencia esencialmente para «tener más dinero» es caer en una argumentación de base liberal que le hace el juego a los intereses de la burguesía catalana y que dificulta tejer alianzas desde Catalunya con la clase trabajadora del resto del Estado. Por otro lado, oponerse a la autodeterminación de Catalunya con el argumento que la separación sería insolidaria no tiene en cuenta que la solidaridad entre territorios y pueblos no puede estar gobernada por un Estado opresor como es el español que, además, ha procurado un menor desarrollo de ciertos territorios (Andalucía o Extremadura). De hecho, territorios como Andalucía, Asturies, Cantabria, Castilla y León, Galiza, Murcia, Navarra y la Rioja, que han tenido aportaciones de otras CCAA (como Catalunya, Balears, etc.), no han reducido su desigualdad social interna entre 1991 y 2001, sino que esta ha aumentado14. Por lo tanto, las aportaciones procedentes de los distintos balances fiscales no han ido en beneficio de la mayor parte de la población de estas comunidades, sino de una minoría. Pero, al margen de estas consideraciones, es fundamental tener en cuenta que la autodeterminación de la nación catalana debe incluir todos los aspectos: el político, el cultural y también el económico.
En cualquier caso, la cuestión aquí es entender que el déficit fiscal ha sido un factor para que una parte importante del tejido empresarial catalán vea importante un cambio de las relaciones económicas con el Estado español, hacia un modelo similar al País Vasco (que en 2005 tenía un déficit fiscal mucho más reducido, del 1,35%) o incluso, la independencia.
Vemos una muestra de estas posiciones. En una encuesta de la patronal Pimec, de las pequeñas y medianas empresas, el 66’8% apoyaba la idea de que Catalunya se convirtiera en Estado propio15.
Una encuesta de la Cecot, otra patronal de la mediana y pequeña empresa, daba como resultado que un 53% de sus empresas serían favorables a la independencia. Como detalle interesante, en las empresas más grandes se reducía el porcentaje de apoyo (38,1%) y las empresas de entre 0 y 10 trabajadores eran las más favorables (por encima del 60%). El porcentaje de apoyo era mayor entre las empresas que tienen su principal mercado en Catalunya (57,4%), bajaba en las que venden principalmente al extranjero (53,8%) y era minoritario en las que lo hacen al resto del Estado (37,3%)16.
Si bien estas encuestas señalan un carácter mayoritario, hay que hacer de ellas una lectura matizada, ya que eran voluntarias y es probable que quien respondió el cuestionario fuese el empresariado más convencido de la independencia, con lo que el porcentaje real podría ser inferior. Aún así, muestran una tendencia creciente e inédita hacia la opción independentista dentro de sectores de la burguesía y ayudan a ver el perfil de los empresarios más independentistas: pequeñas empresas y con el mercado principal en Catalunya o en el exterior.
Las manifestaciones de las mayores empresas han sido de otro orden. Joaquim Gay de Montellá, presidente de la gran patronal catalana, Foment del Treball, declaraba que son partidarios de «un acuerdo fiscal dentro de la Lofca [ley de financiación autonómica]» y no de cambios constitucionales. Y hacía visible la integración en el tejido económico español y sus vínculos con la patronal española señalando que «desde Foment se fundó la CEOE»17. El presidente del Cercle d’Economia -institución que se había pronunciado en favor del pacto fiscal-, Josep Piqué, ha alertado del riesgo económico que supondría la independencia. Del mismo modo, pocos días después de la manifestación del 11 de septiembre, en un desayuno de lujo, los grandes empresarios trasladaban a Artur Mas su oposición a la «deriva independentista» y su defensa del pacto fiscal18.
Entre las nueve empresas con mayor facturación en Catalunya, tenemos: Volkswagen, Gas Natural, Unión Fenosa, FCC, Endesa, LIDL, Criteria, Nestlé, Corporación Alimentaria Guissona19. Son empresas fuertemente integradas en el tejido económico español o, directamente, empresas multinacionales.
Por último, las mayores empresas catalanas son financieras, empezando por La Caixa (ahora CaixaBank). Estas tienen un gran volumen de negocio en el resto del Estado que no querrán perder. El 45% de la financiación bancaria de Catalunya -150.000 millones de euros, cerca del 75% del PIB de Catalunya- procede del resto del Estado.
La gran burguesía catalana es contraria a la independencia, tiene grandes vínculos con el Estado español y quiere estabilidad. En cambio, sectores significativos de la pequeña y mediana burguesía estarían a favor, aunque posiblemente podrían aceptar una simple mejora en la financiación y las infraestructuras. Esta diversidad de posiciones dentro de los distintos sectores de la burguesía es importante para entender las contradicciones que pueden ir aflorando en el campo político.
CiU y la independencia
Hay una tendencia extendida dentro de la izquierda a pensar de que el «giro independentista» de CiU es una fórmula oportunista después del 11 de septiembre para capitalizar el movimiento y ganar apoyo y, al mismo tiempo, crear una cortina de humo ante los recortes. Aunque, obviamente, hay elementos de verdad en todo ello, hay motivos más profundos en la orientación de la derecha catalanista. Con sus posiciones políticas y su pacto con ERC después de las elecciones el 25N, CiU está mostrando no obedecer completamente a lo que piden las grandes empresas catalanas. Hay varias razones para ello.
En primer lugar, un partido político nunca es la expresión directa de un determinado sector social o de unos intereses económicos particulares. CiU está actuando como un capitalista colectivo, consciente de que la mejor forma de garantizar y mejorar la posición económica del conjunto de la burguesía catalana en un mundo globalizado es tener -en sus propias palabras- un «Estado propio». Es un proyecto que puede entrar en contradicción con los intereses dispares de algunos capitalistas individuales o con la visión cortoplacista de los negocios.
CiU apoyó el Sí en las consultas sobre la independencia, y Convergència -el partido principal de la coalición- hizo en su último congreso en marzo de 2012 un pequeño giro de orientación política sobre los objetivos nacionales a conseguir. Así, en una ponencia del congreso asumía un cambio histórico de orientación en relación con la derecha catalana de hace un siglo: «El modernismo y el noucentisme fueron capaces de plantear: Catalunya igual a Nación; el catalanismo soberanista del siglo XXI tiene que actuar con la misma actitud de independencia y tiene que plantear la idea de: Catalunya igual a Nación + Estado»20.
Al mismo tiempo, marcó un objetivo que iba más allá del Pacto Fiscal: «Se consiga o no el Pacto Fiscal, Convergència actuará con actitud de independencia para construir interna y externamente las estructuras de Estado que nos permitan ejercer el derecho a decidir sin límites. Para hacerlo posible es necesario crear un calendario de transición nacional, es decir la redacción de objetivos concretos para llegar a la total soberanía de Catalunya y conseguir el tan deseado Estado». La importancia del marco europeo es clara en el documento, pues se insiste en que Catalunya llegue a «la plena soberanía dentro de la Unión Europea».
Aún así, este «giro» no deja de tener una ambigüedad calculada. CiU usa la fórmula «Estado propio» y «estructuras de estado», pero evita totalmente la palabra «independencia». Detrás de ello está la cuestión de que su objetivo central no es la separación del Estado español, sino conseguir unas estructuras («de estado») que permitan el desarrollo económico de las élites catalanas . Por otro lado, en ningún momento en la Ponencia plantea cómo llegar al «Estado propio», quedándose en un objetivo discursivo, para relacionarse con el creciente independentismo. Por lo tanto, podemos entender que CiU -lo que es una novedad histórica para la derecha catalana- ve con buenos ojos, en abstracto, un proceso de independencia, pero otra cosa es lo que termine haciendo con los choques que se vayan produciendo con el Estado español. Un aumento de competencias y nuevos instrumentos institucionales, como un concierto como el vasco o un Estado libre asociado, serían un objetivo deseable para este partido.
Otro factor detrás del giro es que CiU está sufriendo la presión de su base social. Además de tener distintos sectores ideológicos dentro -y últimamente están al frente de su dirección sectores más soberanistas, encabezados por Oriol Pujol-, CiU es un partido que, por su carácter catalanista, ha sido capaz de atraer a una pluralidad de sectores sociales. Si por un lado es el partido de la gran y mediana burguesía catalana, por el otro tiene una gran base social en la clase media y pequeña burguesía. Estos últimos sectores son más claramente independentistas, y CiU tiene que dar expresión a sus esperanzas para mantener su apoyo. El 52,3% de los votantes de CiU cree que Catalunya tendría que ser independiente y un 24,6 defiende un Estado dentro de una España federal. En caso de un referéndum, el 69% votaría Sí a la independencia. Para compararlo con otros partidos, el porcentaje es mayor en ERC (96,3%) y menor, aunque mayoritario, en ICV-EUiA (66,3%). En el PSC, solamente el 35,2% se declararía a favor (el 40,5 votaría en contra)21.
Las contradicciones se abrirán para CiU. ¿Cómo dará salida a su base social de clase media, crecientemente independentista, y al mismo tiempo ser el partido de referencia para las grandes empresas catalanas contrarias a ella?
El «Pacte per la Llibertat» de CiU y ERC
Las elecciones del 25 de noviembre en Catalunya han llevado a un escenario complicado y no deseado para CiU. Este partido, que había convocado elecciones anticipadas con la intención de conseguir la mayoría absoluta, perdió 90.000 votos y 12 diputados. Atrapado entre las expectativas políticas que había generado y su desmarque del PP -partido que le había apoyado en su política de austeridad durante los dos últimos años- por la discrepancia en la cuestión nacional, CiU ha terminando llevando a cabo un pacto con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
Estos dos partidos han acordado una hoja de ruta para convocar una consulta alrededor del año 2014. Los pasos para ello son: 1/ declaración de soberanía desde el Parlament; 2/ aprobar una nueva ley de consultas de la Generalitat; 3/ proceso de negociación con el Estado español para el ejercicio del derecho a decidir; 4/ crear el «Consell Català per a la Transició Nacional»; 5/ poner las bases (hasta el 31 de diciembre de 2013) para poder convocar una consulta; y 6/ convocar la consulta para el año siguiente «sobre la possibilitat que Catalunya esdevingui [se convierta en] un estat en el marc europeu». Los dos últimos puntos están escritos con mucha ambigüedad, ya que la consulta se convocaría para el año 2014, «d’acord amb el marc legal que l’empari» y «amb l’excepció que el context socioeconòmic i polític requerissin una pròrroga» y con acuerdo de los dos partidos22. Ello permite en cualquier momento aplazar la consulta.
Ante el nebuloso discurso de ERC y CiU sobre cómo se realizaría la consulta, cabe señalar que no hay un mecanismo legal que la ampare. Una consulta tiene que contar con la autorización del gobierno central para llevarse a cabo, lo que la hace inviable hoy por hoy. CiU y ERC quieren elaborar una ley catalana de consultas para evitar este bloqueo, pero lo más probable es que el gobierno central presentara recurso ante el Tribunal Constitucional y este la suspendiera hasta el fallo, como ya hizo con la anterior ley de consultas de 201023. Las referencias de CiU y ERC a un reconocimiento internacional son un castillo en el aire. Una consulta amparada por la Carta de la ONU que reconoce la autodeterminación no tiene mucho fundamento, porque dicha Carta está pensada para procesos coloniales. Y, por otro lado, la Unión Europea no apoyará un proceso de separación contra la posición de un estado miembro importante como es el Estado español. Esto implica -sin que lo reconozcan los dos partidos- que la consulta se tendría que convocar como acto de desobediencia al Estado español.
El otro flanco del pacto CiU-ERC es la aprobación de los presupuestos de la Generalitat. ERC dará su apoyo a cambio de la tímida introducción y la subida de determinados impuestos para reducir los recortes de 4.000 millones de euros (en vistas de cumplir el objetivo de déficit marcado por el gobierno español del 0,7%) a ‘sólo’ 3.000 millones, que más probablemente se quedarán en 3.500.
Por un lado, ya se ha visto que este leve aumento de la presión fiscal es demasiado para la patronal Foment del Treball y la Cambra de Comerç de Catalunya, que han puesto el grito en el cielo. El periódico La Vanguardia ya se ha expresado a favor de acuerdos más amplios en el parlamento, es decir, que CiU busque el apoyo del PP y del PSC ante la fragilidad de un acuerdo con ERC, partido que, entre su características más negativas -según el periódico-, tiene base asamblearia24. Aún así, La Vanguardia -y la élite catalana- quieren estabilidad y la aprobación de los nuevos y austeros presupuestos, no unas nuevas elecciones, con lo que pueden tolerar temporalmente el pacto CiU-ERC. Por el momento hay una coincidencia: CiU quiere gobernar, y la élite catalana quiere estabilidad.
Pero, por otro lado, los recortes de 3.000-3.500 millones de euros son también demasiado para las clases populares y la clase trabajadora. Las previsibles movilizaciones sindicales y sociales ante recortes mayores que en los dos años anteriores meterá presión a ERC. Aunque este partido califica la austeridad de inevitable ante la «asfixia económica» desde Madrid, esto difícilmente convencerá a los diversos sectores sociales que sufrirán los recortes. Más aún, el hecho de que ERC acepte oponerse al Estado español para celebrar una consulta, pero no en la cuestión de las directrices del déficit, muestra sus prioridades y la subordinación de la cuestión social a la cuestión nacional.
Las contradicciones del acuerdo CiU-ERC se dan por los dos flancos, el social, con presión hacia ERC, y el nacional, con presión hacia CiU. Si las y los trabajadores que sufrirán los recortes y la burguesía se oponen a las medidas económicas de ERC, y la gran burguesía se opone a un camino soberanista, solamente quedaría una «clase media» como base social para apoyar al gobierno. Pero desde el momento en que la mayor parte de lo que se califica, de forma liberal, como ‘clase media’, está formada por trabajadores y trabajadoras asalariadas25, la base social en que apoyar el acuerdo es muy pequeña.
La dificultad para CiU y para el mundo empresarial catalán soberanista es que en su vertebración argumentativa de las bondades económicas de la independencia y de la relación económica desigual con el resto del Estado han ayudado a dar fuerza al movimiento de emancipación nacional, generando una dinámica que les ha sobrepasado.
Si CiU da marcha atrás en el proceso soberanista tendrá un desgaste político importante. Si continúa adelante, significará una confrontación con el Estado español que las élites económicas no querrán de ninguna forma. Parece que CiU, surfeando con el movimiento por la independencia y vertebrando un proyecto de desarrollo económico para el país basado en un cambio de relaciones políticas y económicas con el Estado español, se ha metido en un cul de sac. Además, no hay ninguna mayoría alternativa en el Parlament catalán donde concuerden partidos afines en los dos ejes (izquierda-derecha y soberanista-unionista).
Ofensiva españolista
El Estado español puede reaccionar de dos formas ante el camino soberanista que se abre en Catalunya: con una posición negociadora o con una ofensiva españolista. Como lo hipotetiza en un artículo Constantí Segarra, en la primera podríamos encontrar «una dura negociación donde Rajoy ofrezca un pacto fiscal (similar al original, pero de aplicación gradual), evitar la intervención (directa) y parar (o relajar) las reformas Wert, a cambio de que Mas anule la consulta o incluya una tercera pregunta en ella (pacto fiscal) y el compromiso de que CiU pediría el voto a ésta.» En la segunda el PP podría «no negociar un nuevo trato fiscal, y desarrollar la agenda centralizadora, ignorando el auge soberanista. Aprovechar el incumplimiento del déficit y la mayoría popular en el senado para intervenir directamente la autonomía y usarla para el proyecto centralizador»26.
La primera opción podría parecer la más razonable e inteligente por parte de la clase dirigente española. Desde el momento en que el déficit catalán de 2012 puede ser próximo al 2,5% (superando el límite del 1,5% fijado), el Gobierno español tiene la capacidad de hacer una intervención contundente. Esto puede ser una carta de negociación.
Sin embargo, la fuerza que tiene el nacionalismo español visceral en los dos mayores partidos (además de la capacidad de medios como La Razón, ABC o El Mundo y de sectores reaccionarios de la iglesia) hace difícil una «salida negociada». En 30 años, el Estado de las autonomías no ha sido capaz de transformar el Senado en una cámara territorial ni de reconocer la existencia de distintas naciones en su seno27. Difícilmente se hará ahora, en una crítica situación de inestabilidad política y económica.
El gobierno central del PP, con su negativa al pacto fiscal pocos días después de la manifestación del 11 de septiembre, cerraba la puerta a un acuerdo que pudiera satisfacer a CiU y a partes importantes de las élites catalanas. En caso de confrontación, CiU muy posiblemente se contentaría con instituciones que se parecieran a «estructuras de estado» y un concierto como el vasco. Sin embargo, estas salidas chocan con la voluntad política de los grandes partidos y con el muro de la Constitución.
Hay múltiples ejemplos de la dureza con la que está actuando el gobierno español hacia al «frente catalán». La ley Wert de educación, más allá del contenido privatizador, supone un retroceso flagrante de la educación en catalán. La abogacía del estado, además, ha denunciado el municipio de Celrà (Girona) por haberse declarado «territori català lliure i sobirà» y estudia emprender acciones legales contra el resto de ayuntamientos que han aprobado declaraciones similares (187 hasta el momento, una significativa quinta parte del total de Catalunya)28.
Además, cabe tener en cuenta la existencia de otros sectores reaccionarios con gran influencia, ya sea la iglesia o el ejército. En este último caso, la Asociación de Militares Españoles se pronunciaba poco después de la Diada en estos términos: «(…) los gobiernos deben suprimir cualquier atisbo de secesión sin que las Fuerzas Armadas se vean en la irremisible tesitura de cumplir escrupulosa y estrictamente con la Carta Magna para garantizar la integridad territorial de Nuestra Patria»29.
Y es que la separación de Catalunya comportaría numerosos problemas para la clase dirigente española. A nivel económico, si seguimos los datos del déficit fiscal, el Estado español recaudaría cada año entre 11.000 y 16.000 millones menos, con lo que aumentaría su déficit en 1-1,4% puntos anuales. Aumentarían aún más las dificultades para cumplir con los compromisos de déficit con Bruselas.
El PIB del Estado español sin Catalunya (la mayor CCAA en volumen económico, el 20% del PIB estatal), se reduciría de 1.073 millones de euros a 863 millones. La disminución de volumen económico y de población supondría una pérdida de capacidad del Estado español en los organismos internacionales, en el seno de la Unión Europea y en su proyección en América Latina.
A nivel político, una separación de Catalunya rompería con la idea de la unidad de España y tendría un potente efecto mimético. En les Illes Balears y el País Valencià podría aumentar el independentismo en favor de los Països Catalans y la idea de vincularse a una Catalunya independiente (el hecho de que el PP haya impedido la presencia de la televisión pública catalana, TV3, en el País Valencià es una muestra del miedo a un vínculo entre estos territorios). Podría aumentar también el apoyo a la separación en Galicia y Euskal Herria.
En Euskal Herria la crisis no está teniendo el mismo efecto que en Catalunya, no está generando un «independentismo económico». Parece ser que el mecanismo del concierto vasco satisface en gran medida al mundo de los negocios. El PNV, después de ganar las elecciones, no contempla una consulta. De hecho, Urkullu ha explicado que «la actualización del estatus político» y «la formulación del derecho a decidir» se harán «sobre una base acordada y compartida por todas las sensibilidades políticas representadas en el Parlamento [vasco]», lo que incluye al PP y al PSOE30. Sin embargo, el auge de Bildu en las pasadas elecciones (que fue la segunda fuerza después del PNV con el 25% de los votos), que da una mayor centralidad política a la izquierda abertzale, y el fin de la actividad armada de ETA, plantean un momento propicio para que la cuestión del derecho de autodeterminación se vuelva a poner sobre la mesa.
Incluso CCAA que no han tenido históricamente una reivindicación nacional podrían aumentar sus demandas y oposición a la idea de España, como pasó durante la transición en Andalucía. La virtual separación de Catalunya desencajaría uno de los principales mitos del nacionalismo español, la unidad histórica y cultural de España, pilar fundamental del PP y, en menor medida, del PSOE. Erosionaría una parte del cemento que ha construido la idea de España y conllevaría una crisis del régimen institucional surgido durante la transición.
¿Una Catalunya independiente será próspera y libre de recortes?
El escenario abierto plantea numerosos retos para la izquierda. Uno de ellos es rebatir el independentismo catalán que pone en el centro de la argumentación a favor de la separación la cuestión de que «España nos roba». El máximo exponente de este discurso ha sido el partido Solidaritat per la Independència (aunque quedaron fuera del Parlament), pero también se postula desde CiU y ERC.
Según este discurso, la independencia sería buena económicamente para todos los sectores: para los empresarios (se rebajarían los impuestos) y para los y las trabajadoras (subirían las pensiones y habría más gasto en servicios sociales). Sería perjudicial promover confrontaciones entre clases sociales (por ejemplo en temas como los recortes) porque una Catalunya independiente, rica y próspera obraría en beneficio de todos. Albert Castellanos, Secretari Nacional de Política Econòmica i Treball d’ERC, se expresava en estos términos: «Ser independentista no quiere decir tener que compartir ni defender los ideales políticos de la burguesía catalana, pero sí ser consciente de que forman parte de nuestro país y de su proceso de liberación»31. El pacto «per la Llibertat» con CiU es la consecuencia lógica de esta visión de un proceso de liberación interclasista.
Hay varias cuestiones a rebatir en torno a este argumento.
La primera es la supuesta gran prosperidad «para todos» en una Catalunya independiente. Es verdad que el fin del déficit fiscal conllevaría más recursos, entre 11.000 y 16.000 millones más. A esta cifra, sin embargo, se le tienen que restar varios costes. La deuda pública en Catalunya aumentaría respecto a la actual, porque se debería asumir una parte de la deuda del Estado español, lo que supondría cerca de 4.000 millones anuales en pago de intereses. El gasto social en nuevas atribuciones como pensiones, paro y la creación de una estructura militar significarían 4.500 millones de gasto extra32. Esto rebajaría a 8.500 millones, en la cifra más optimista, el dinero extra disponible.
Pero luego está la cuestión crucial de la crisis económica. Aquí ha habido casos de demagogia importante. El programa electoral de ERC en las elecciones al Parlament decía textualmente: «Si votamos independencia, seremos un nuevo Estado de Europa y saldremos de la crisis». Según esto, la crisis sólo sería producto de formar parte del Estado español y de la existencia del déficit fiscal33.
El argumento usado desde el «independentismo económico» de que Catalunya tiene un alto PIB por habitante no indica necesariamente prosperidad. Irlanda tiene uno de los PIBs más altos de Europa y ha tenido que ser rescatada. La cuestión es que Catalunya -como Irlanda, Grecia y el Estado español- forma parte de la periferia económica de la UE y tiene una crisis profunda. Su modelo de crecimiento en la última década ha tenido como base la expansión del endeudamiento privado y la burbuja inmobiliaria, el mismo modelo que el Estado español.
La deuda privada del sector bancario ha crecido enormemente desde la entrada al euro y ha pasado de suponer el 75% del PIB en 1999 al 166% en 2009 (solamente 6 puntos por debajo del español). La burbuja inmobiliaria es clara: en 2010 el número de viviendas sin vender en Catalunya era de 140.000, lo que supone el 20,5% del total del Estado34. Y la caída en el número de empresas de la construcción desde el inicio de la crisis es del 20,4%, ligeramente superior que en el conjunto del Estado (18%)35. Finalmente, en los últimos años la deuda pública se ha disparado. Catalunya es la segunda Comunidad Autónoma más endeudada, a poca distancia del País Valencià, con un 19,7% de su PIB36.
Catalunya, como el resto de la periferia europea, ha vivido un intenso proceso de financiarización que ha catapultado un crecimiento económico ficticio hasta el estallido de la crisis.
Unos argumentos económicos más sólidos para la independencia los da Albert Castellanos en el texto «Deu raons per superar la crisi amb independència». En él dice que una Catalunya independiente podría sumar el dinero del déficit fiscal, favorecer infraestructuras para vertebrar su mercado interior, potenciar una mega-región económica importante (la de Lón-Barcelona, la undécima en importancia en Europa), dar mayores herramientas de proyección internacional, dejar de lado las ineficiencias económicas e institucionales del Estado español y llevar a cabo una política fiscal de impuestos más favorable a las empresas catalanas37. Pero este tipo de proyecto va básicamente destinado a ayudar al desarrollo de la burguesía catalana y tiene bastantes puntos en común con el proyecto de CiU, y no significa necesariamente que Catalunya saldría de la crisis -cosa que reconoce el autor contradiciendo el título del artículo- ni que se evitarían las políticas de recortes.
Aun asumiendo la idea de que una Catalunya independiente tendría mayor margen de maniobra, cabe señalar que la presión competitiva es enorme. Incluso la «avanzada» Alemania ha llevado a cabo en la última década restricciones salariales. La lógica de la austeridad forma parte de la Unión Europea, para competir como bloque económico con el resto del mundo, con bajadas salariales y reducción de servicios públicos. Todas estas visiones del «independentismo económico» se basan en la idea de mantenerse en la Unión Europea, pero la subordinación a la UE es letal para una zona periférica.
Si no se desafía esta lógica de la austeridad, pocas diferencias tendrá una Catalunya independiente con el Estado español actual.
Por último hay la cuestión de qué modelo social quieren los sectores independentistas relacionados con la élite económica. Aquí hay una pluralidad de ideas, pero los sectores más vinculados a los negocios tienen claro su modelo. Por ejemplo, el economista Jordi Galí da su apoyo a la independencia siempre y cuando se base en «los principios de austeridad, una gestión empresarial en el funcionamiento de la administración, un marco laboral flexible, una atractiva fiscalidad sobre las empresas y un estado del bienestar con mínimos desincentivos»38.
El anticapitalismo y la independencia
En el escenario que se abre y ante la ofensiva españolista que se está desatando, una tarea clave para la izquierda en el conjunto del estado es la defensa del derecho de autodeterminación, cosa que desafortunadamente no está haciendo Izquierda Unida. La defensa de este derecho permite neutralizar el españolismo y sus intentos de crear una confrontación identitaria que desvíe la movilización social.
Frente a los sectores de izquierdas que se oponen a este ejercicio cabe recordar que el Estado español es un estado que discrimina las naciones catalana, gallega y vasca. Es un estado con intereses imperialistas en América Latina y que tiene tropas en la ocupación de Afganistán. Instituciones y partes del aparato del Estado han heredado personal y formas que provienen del franquismo, como la monarquía, la Audiencia Nacional (heredera del Tribunal de Orden Público), además del apoyo público a la iglesia y los remanentes franquistas dentro del ejército. Por todos estos motivos, la ruptura del Estado español sería una buena noticia, debilitaría la capacidad de la clase dirigente y sus instrumentos de dominación. Una Catalunya independiente impediría también que CiU (y ERC) continuasen culpando a Madrid de los recortes.
Hay un alto grado de inestabilidad en la política catalana y muchas incertidumbres abiertas: por ejemplo, hasta qué punto querrá CiU llevar adelante la consulta y con qué grado de confrontación responderá el gobierno español. No es posible hacer previsiones en una situación en que los movimientos de los distintos actores interactúan simultáneamente, pero sin embargo, sí que se pueden considerar las certezas existentes para intervenir en el momento. Certezas como que el ejercicio del derecho de autodeterminación no será el proceso fácil que prometen los dirigentes de ERC y CiU, sino que implica una ruptura con la legalidad vigente en el Estado español. Que CiU se mueve en una ambigüedad calculada, que la burguesía no apoyará un proceso de independencia y que se abrirán contradicciones en la estrategia interclasista del movimiento nacional. Que habrá múltiples presiones desde el Estado español y sus lobbies políticos, mediáticos y económicos, sin ser descartable una reacción contundente del gobierno español, si tenemos en cuenta la involución democrática que ya estamos viendo, con aumento de la represión y restricción de derechos civiles. Y que además, cualquier proceso de separación, en la situación de crisis y de presiones de los mercados financieros, daría lugar a una fuerte inestabilidad, con efectos sobre la prima de riesgo de la deuda tanto del Estado español como de Catalunya. Todo ello son factores añadidos para que la alta burguesía se oponga a este camino y que sectores de la burguesía catalana que ahora se pronuncian por la independencia retrocedan.
Por estos motivos, la posibilidad de que el proceso avance dependerá de una movilización importante y de un apoyo fuerte dentro de la clase trabajadora de Catalunya por la idea de la independencia. Hará falta vincular enormemente el discurso social con el nacional, para que la idea de la independencia tenga una mayor apoyo en el conjunto de la clase trabajadora, una clase en cuyo seno coexisten múltiples identidades y orígenes. Todo esto lleva a desarrollar una estrategia donde se reivindique el derecho de autodeterminación desde una posición de clase, y desde la cual se luche contra los recortes de la derecha nacionalista catalana sin ceder por ello posiciones en el terreno de la liberación nacional. Por otro lado, en Catalunya se debe combatir el nacionalismo catalán, tanto en el ángulo del «independentismo económico» como en el patriotismo cultural, porque en ambos casos se tiende a ver un problema en «los españoles».
Finalmente, desmentir la visión de una Catalunya independiente «próspera y sin recortes». Eso no significa decir que la independencia no sea viable, como hacen muchos opinólogos desde una posición pretendidamente neutral que cede al españolismo; significa que Catalunya se enfrentaría a problemas muy similares a los que tiene hoy el Estado español. La conclusión a extraer es que, para avanzar en el plano social, se debe aprovechar un virtual proceso constituyente para romper con las reglas económicas actuales. Se abrirían numerosos debates sobre qué modelo social y democrático hace falta, donde se debería incidir desde la izquierda combativa para plantear que no solamente es positivo en la situación actual romper con el Estado español sino que también lo es romper con la Unión Europea, instrumento al servicio de los intereses financieros y de la lógica de la austeridad. Una tarea necesaria será relacionar las aspiraciones de mucha gente, que ve -aunque sea ilusioriamente- un progreso automático contra los recortes en una Catalunya independiente, con los debates sobre la salida de la UE, romper con la disciplina de los ajustes de déficit y dejar de pagar la deuda. En definitiva, un proceso de este tipo abre un espacio fértil para dar proyección a la idea de una salida anticapitalista a la crisis39.
Un proceso constituyente que ponga las bases para el fin de la opresión nacional en Catalunya y que debilite el Estado español no será negativo para los intereses del resto de trabajadoras y trabajadores del estado. Al contrario, si se consigue romper con los grandes intereses económicos, esto serviría de inspiración y permitiría construir un eje de solidaridad internacional, basado en la movilización desde abajo, como pasaría en el caso de que Grecia saliera de la UE dejando de pagar la deuda e interviniendo los grandes beneficios de los poderosos.
A veces las dinámicas generadas sobrepasan sus objetivos iniciales, y de los motivos económicos se pasa al deseo de un cambio político. Como escribe Xavier Domènech, a finales del siglo XVIII la subida de tributos a las colonias americanas provocó una revuelta que, inicialmente, quería cambiar la relación económica con Gran Bretaña, pero que terminó desatando un proceso de independencia (1776) y la formación de nuevos ideales políticos basados en la libertad y la igualdad40.
La situación de crisis económica y política creciente en el Estado español hace que en Catalunya el eje social de lucha y el eje nacional puedan coincidir con un importante potencial transformador . Habrá numerosos intentos, por parte de la derecha, de desviar los ataques sociales con un discurso nacionalista -tanto por parte del PP como por parte de CiU- pero la situación también abre muchas oportunidades para la izquierda combativa, ya que crea fisuras dentro del Estado español y del bloque dominante.
Joel Sans Molas es editor de La Hiedra / L’Heura y militante de En lluita / En lucha.
Artículo publicado en la revista anticapitalista La hiedra
Notas
1. Agradezco los comentarios y las informaciones que me han proporcionado Carles Suárez y Luke Stobart para escribir este artículo.
2. «Estudis del suport social a la independència de Catalunya», Viquipèdia. http://bit.ly/
3. Pizà, Toni, 2012: «El anticapitalismo y el ascenso del independentismo catalán». La Hiedra, n.4, Segunda época, septiembre-diciembre 2012.
4. Pastor, Jaime, 2012: Los nacionalismos, el Estado español y la izquierda. Madrid, Viento Sur-La Oveja Roja. p. 137-143.
5. Boix, Elvira, 2005: «El Plan Ibarretxe y Batasuna», En lucha, enero 2005.http://www.enlucha.org/
6. «Freno a las comunidades». Negocios. El País. 16 de diciembre de 2012. p. 4-5
7. Segarra, Constantí: «La intervención de Catalunya», Boxed Press. 5 de diciembre de 2012. http://boxedpress.com/
8. «El fin del poder autonómico en las cajas». El País. domingo 9 de diciembre de 2012. p. 24.
9. Trigo Portela, Joaquín, Tremosa i Balcells, Ramon i Guillermo Viñeta, Salvador, 2003: «L’empresa catalana en l’economia global», Papers d’economia industrial. N. 19, setembre 2003. Generalitat de Catalunya. p. 66. Disponible en: bit.ly/VT8wMM (traducción propia al castellano, también en las siguientes citaciones).
10. Ibid, p. 129
11. «Sector exterior català: Evolució del comerç amb Espanya». Juliol 2012. Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Coneixement http://premsa.
12. Datos según el modelo de flujo monetario, que tiene en cuenta el dinero que entra y sale del territorio. Según el flujo de beneficio, que tiene en cuenta el beneficio de los servicios a la población (aunque sean en otras partes del Estado), los principales déficits fiscales son para: Comunidad de Madrid (9,13%), Illes Balears (7,47%) y Catalunya (6,55%). Una media entre los dos índices da el mayor déficit fiscal para Illes Balears, seguido de Catalunya y después por Madrid. En proporción al PIB por habitante, las comunidades que tienen un mayor déficit son Illes Balears y el País Valencià. A partir de: «Comparació internacional de les balances fiscals de les regions amb el sector públic central: una anàlisi de l’efecte redistributiu». Papers de treball. N. 1, juliol 2012. p. 24.http://www20.gencat.cat/
13. El primero es según el flujo monetario y el segundo sobre el flujo de beneficio. Calculado a partir de: «Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central 2006-2009». Monografies. N. 14, 2012. Generalitat de Catalunya. Departament d’Economia i Coneixement. p. 54-55. http://www20.gencat.
14. Castellanos, Albert, 2010: «Deu raons per superar la crisi amb independència». Eines. 113, tardor 2010. Fundació Josep Irla. p. 111.http://www.raco.cat/index.
15. «El 66% de los empresarios de Pimec abogan por el Estado propio»http://ccaa.elpais.com/
16. «Resultats de l’enquesta entre empreses associades a la patronal Cecot sobre les relacions Catalunya-Espanya i els escenaris possibles a futur». Cecot. 11 d’octubre de 2012. http://www.cecot.org/
17. «La patronal catalana no vol «ruptures» amb Espanya i reclama un acord «dins la Lofca»», Ara. 21 de septiembre de 2009.http://www.ara.cat/
18. «On posen la cartera posen la senyera». Directa. 24 de septiembre de 2012. http://www.
19. «Las 5.000 principales empresas de Cataluña». Economía digital. http://www.
20. «Ponència 1. La transició nacional» 16è Congrés de Convergència. Marzo de 2012. http://www.convergencia.
21. «Baròmetre d’Opinió Política». Centre d’Estudis d’Opinió. Generalitat de Catalunya. 3a onada 2012.http://premsa.gencat.cat/
22. Procés de convocatòria de la consulta sobre el futur polític de Catalunya. Annex 1″. Vilaweb.http://www.vilaweb.
23. «Incierta aventura a la independencia». El País. 25 de noviembre de 2012. p. 15.
24. «Dudas razonables del pacto». La Vanguardia. 19 de diciembre de 2012. http://www.lavanguardia.com/
25. Sobre la definición de clase trabajadora ver: Callinicos, Alex, «¿Qué es la clase trabajadora?». http://www.
26. Segarra, Constantí: «La intervención de Catalunya», Boxed Press. 5 de diciembre de 2012. http://boxedpress.com/
27. Ver: Pastor, Jaime: Op. Cit. p. 123-167.
28. «L’Estat espanyol s’activa contra els municipis declarats territori català lliure». Vilaweb. 25 de ciembre de 2012.http://www.vilaweb.cat/
29. «Nota de la Asociación de Militares Españoles». 24 de septiembre de 2012. http://www.ame1.org/
30. «Urkullu crida a iniciar la ‘transició basca'» Ara, 13 de diciembre de 2012. p. 12.
31. Castellanos, Albert, 2012: «Burgesia catalana i…independentista?». 21 agosto 2012. http://www.
32. «El Estado catalán tendría más deuda y déficit que España». Público. 28 de octubre de 2012. http://www.publico.es/
33. Sans, Joel, 2012: «ERC: suport als retalladors, però tot sigui pel país». En lluita. http://www.enlluita.
34. «Situació i perspectives de l’economia catalana». Informe semestral de Catalunya Caixa. N. I. enero de 2011. p. 23-26.http://www.
35. «Empreses. Per sector d’activitat, nombre d’assalariats i condició jurídica». Idescat. http://www.idescat.
36. «El deute públic i privat frena el desenvolupament de Catalunya des del 2008 i llastra el seu futur» Economia digital. 8 de marzo de 2012. http://bit.ly/VME4qx
37. Castellanos, Albert, 2010: Op. Cit. p. 100-115.
38. Galí, Jordi, 2012: «La independencia, ¿para hacer qué?». La Vanguardia. 14 de octubre de 2012. http://bit.ly/VKpZI8
39. Sobre la ruptura con la Unión Europea y una salida anticapitalista a la crisis, ver: Sans, Joel, 2012: «La crisis de la eurozona: ¿de los rescates a la ruptura?» y Garcia, Albert, 2012: «Las salidas a la crisis y la vía anticapitalista», en La Hiedra. N. 4, septiembre-diciembre 2012.
40. Domènech, Xavier, 2012: «Transició nacional cap a la independència? Ningú al comandament». Hegemonies.http://inicis.