Hoy, en la Unión Europea, los partidos gobernantes que llevan a cabo políticas públicas de claro signo neoliberal (recortes de gasto público, incluyendo gasto público social; privatización de servicios públicos y del Estado del Bienestar -tales como sanidad, educación, servicios domiciliarios de atención a las personas con dependencia, escuelas de infancia o servicios sociales, entre […]
Hoy, en la Unión Europea, los partidos gobernantes que llevan a cabo políticas públicas de claro signo neoliberal (recortes de gasto público, incluyendo gasto público social; privatización de servicios públicos y del Estado del Bienestar -tales como sanidad, educación, servicios domiciliarios de atención a las personas con dependencia, escuelas de infancia o servicios sociales, entre otros-; y reducción de las pensiones y de los salarios) que no estaban en sus programas electorales pagan un elevado coste electoral. Por lo general, no salen reelegidos. Como bien dijo un portavoz de uno de estos partidos, «nosotros sabemos qué políticas públicas deben realizarse, pero no sabemos qué hacer para que el electorado nos elija de nuevo».
Una excepción, sin embargo, es España. En este país, un partido conservador, el Partido Popular, perteneciente al Partido Popular Europeo, que se ha distinguido por haber formado uno de los gobiernos que ha implementado con mayor intensidad las políticas neoliberales, saldría vencedor, según todas las encuestas, en las próximas elecciones legislativas y también es probable -según las mismas encuestas- que gane las elecciones europeas del 25 de mayo. En Catalunya, donde gobierna una coalición de dos partidos -uno conservador, perteneciente a la misma familia política que el Partido Popular (el Partido Popular Europeo), y otro liberal (CDC, miembro de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa)- que han impuesto estas políticas a la población que vive en Catalunya, es probable que esta coalición gane las elecciones europeas en unas semanas y que gane también las autonómicas en un futuro próximo. En muy pocos países europeos está ocurriendo que un gobierno que imponga estas políticas neoliberales sea reelegido. ¿Por qué?
La especificidad del caso español
Una de las causas de esta peculiaridad se encuentra en el contexto político español, resultado de la transición inmodélica de la dictadura a la democracia, que dejó poco cambiado el aparato ideológico del Estado, reproduciendo a nivel central un nacionalismo españolista (término que utilizo sin ningún sentido peyorativo) ampliamente extendido en grandes sectores de la población española que ven a España como un Estado uninacional (a diferencia de la visión como un Estado plurinacional), borbónico, jacobino y radial, centrado en el establishment político y mediático basado en la capital del Reino, que rige los destinos del país. La considerable descentralización administrativa que ocurrió durante la Transición, con el establecimiento del Estado de las Autonomías, no fue acompañada de cambios significativos en la descentralización del poder político ni tampoco en el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado español. Este nacionalismo españolista no admite otra visión de España, habiendo definido históricamente como anti España o separatista a aquellos que no comulgan con su visión. Esta visión uninacional de España tuvo su máxima expresión durante la dictadura, pero una versión light se perpetúa en grandes sectores de la población. Su máximo exponente es el Partido Popular (ayudado por UPyD y Ciutadans), que se presenta como el gran defensor de España frente a los separatistas, lo cual tiene una gran capacidad de movilización.
No es de extrañar, pues, que ante ese nacionalismo españolista, hoy promocionado por el partido gobernante, se reavive otro periférico, en Catalunya, el nacionalismo catalanista, que considera, no a España, sino al Estado español como al adversario, que niega la plurinacionalidad del Estado. Este nacionalismo catalanista (que es mucho más amplio que el movimiento independentista) está muy extendido entre la población catalana. El gobierno CiU, consciente de la potencia de este nacionalismo catalanista, está intentando liderarlo, presentando las políticas neoliberales como las únicas posibles como resultado del mandato procedente del gobierno central de Madrid, añadiendo, junto con su aliado ERC, que el gran retraso social en Catalunya se debe al «expolio» nacional, es decir, el expolio de Catalunya por parte de España. Debido a un control abusivo de los medios de información públicos, TV3 y Catalunya Ràdio (que no tiene nada que envidiar al control de TV1 por parte del PP), este mensaje está calando de manera que la sensibilidad económica neoliberal queda oculta bajo un nacionalismo catalanista conservador. El economista independentista más ultraliberal hoy en Catalunya es el «economista de la casa» (como se le define en TV3), dando clases de neoliberalismo en sus llamadas Lliçons d’Economia (Lecciones de Economía). Ninguna otra sensibilidad económica tiene el mismo privilegio o acceso a espacio público.
Los nacionalismos conservadores se retroalimentan: la causa de la ausencia de diálogo
Este enfrentamiento de los nacionalismos, el españolista y el catalanista, es sumamente rentable políticamente. Se alimentan el uno del otro. Es más, el nacionalismo y su enorme capacidad de movilización -que explica que ambos partidos, el PP y CiU, saldrían victoriosos en las elecciones- han ocultado casi completamente su neoliberalismo. La constante llamada al diálogo entre el gobierno PP y el gobierno CiU ignora que a ambos partidos, PP y CiU (aliada con ERC), la tensión creada entre los dos nacionalismos les beneficia. La defensa de la «unidad de España», basándose en la Constitución, con el amplio apoyo de las Cortes, es enormemente rentable para el PP (excepto en Catalunya, donde este partido ha sido siempre un partido minoritario). Y en Catalunya, el argumento del expolio nacional es casi perfecto, pues oculta el «expolio social» que allí está ocurriendo, donde las rentas del capital (como también ocurre en España) sobrepasan, por primera vez, en el periodo post dictatorial, las rentas del trabajo. Su supuesta rigidez es un cálculo electoral altamente rentable. El hecho de que el expolio social (resultado del dominio del capital financiero y empresarial en las instituciones financieras, económicas, políticas y mediáticas) sea -tal como he documentado en varios de mis trabajos- mucho mayor que el supuesto expolio nacional es ocultado o ignorado.
Esta situación se hubiera podido prevenir si hubiera habido una ruptura en 1978 con el Estado anterior, con el establecimiento de la visión que las fuerzas republicanas -lideradas por las izquierdas- habían tenido del Estado español durante la lucha antifascista, con su plurinacionalidad y reconocimiento del derecho de autodeterminación (acentuando el carácter voluntario y no impuesto de la unidad entre pueblos y naciones), con una democracia representativa, auténticamente proporcional, enriquecida con amplias dosis de democracia directa y participativa. Esta ruptura (en contra de las visiones idealizadas de la Transición) no ocurrió. El enorme dominio que las fuerzas conservadoras tuvieron en el proceso de Transición de la dictadura a la democracia explica que el Estado postdictatorial fuera un Estado con escasa sensibilidad social, poco democrático y uninacional, sin permitir el desarrollo de la plurinacionalidad del Estado.
Es importante señalar que, incluso dentro del Estado actual, podrían haberse diluido las tensiones nacionales con la aprobación del Estatuto propuesto por el gobierno Tripartito y aprobado por el Parlament catalán. Pero el nacionalismo españolista, defendido por los herederos de la dictadura, el PP, lo impidió. El Estatuto aprobado por el Parlament catalán, «cepillado» y aprobado por las Cortes españolas y en referéndum por el pueblo catalán, fue vetado (en elementos importantes, aprobados en otros estatutos) por el Tribunal Constitucional, sin que hubiera una protesta generalizada en España (excepto en Catalunya). Es lógico que la victoria del PP en las últimas elecciones legislativas con su proyecto de «españolizar Catalunya» creara una enorme respuesta en Catalunya, que se irá radicalizando.
El error de las izquierdas españolas y algunas catalanas
El gran error de algunas izquierdas (y muy en particular del socialismo español) fue abandonar la visión republicana del Estado español y su aceptación del derecho de autodeterminación durante la clandestinidad. Puede que no hubiera ninguna alternativa posible. Pero el gran error de tales izquierdas fue abandonar sus valores. Como también fue un error definir como nacionalismos a los periféricos, sin aceptar que el más opresivo de todos los nacionalismos era el central. En realidad, ni siquiera se define a este como nacionalismo. Cuando Rubalcaba inició su discurso en las Cortes negando que fuera nacionalista, ignoraba que su visión uninacional de España era profundamente nacionalista.
La respuesta de estas izquierdas ha sido intentar centrarse en lo social, dejando a parte lo nacional, percibiendo el nacionalismo como un movimiento creado por las derechas en Catalunya para movilizar al mundo del trabajo al lado de la burguesía. Pero esta estrategia olvida que otro nacionalismo existe (llámese catalanismo o lo que fuera) y no es una creación de la burguesía, sino ampliamente arraigado en amplios sectores populares (véase mi artículo «La Sagrera: la Catalunya real», en Público, 26.11.13). Existen hoy movilizaciones en Catalunya que tienen una base popular y cuyo incremento se debe, predominantemente, a la agresividad del movimiento nacionalista españolista. Los ejemplos de esta agresividad son múltiples. Véanse las declaraciones de la ultraderecha, que por desgracia se extienden a algunos sectores de las izquierdas (como vimos hace poco en un artículo reciente publicado en este diario), que acusa a las izquierdas catalanas de estimular el odio a España, declaraciones que tienen por objetivo precisamente estimular la catalanofobia extendida en sectores de la ultraderecha y algunas voces de izquierda. Acusar (como se escribía en aquel artículo) al Presidente Maragall o al Presidente Montilla y sus gobiernos, por ejemplo, de estimular el odio a los distintos pueblos de España (cuando lo que estaban intentando era redefinir España) muestra la intolerancia del nacionalismo españolista que se caracteriza por definir como anti España y secesionistas a aquellos que quieren redefinir España.
Acusar a las izquierdas catalanas, además, de estar también contaminadas por el nacionalismo catalán (de nuevo por querer cambiar su visión de España) y de haberse olvidado también de la lucha de clases es desconocer la realidad catalana y la mayoría de las izquierdas en Catalunya. Basta leer los escritos de la mayoría de partidos de izquierda para ver la falsedad y mezquindad de tales acusaciones. Pero, afortunadamente, hay cambios notables en España. Uno de ellos fueron las marchas de la dignidad, en las que los diversos pueblos de España exigían otra España. Y otro fue el debate en las páginas de Público, que fue, quizás por primera vez, un debate en un foro español sobre el derecho a decidir sin insultos y con respeto mutuo. Hoy, y en contra de lo que asumen voces de izquierda en España, el mundo del capital, en Catalunya, no desea el derecho a decidir, que es, ni más ni menos, un indicador del hartazgo de grandes sectores de la población catalana, no hacia España (como la ultraderecha y algunas izquierdas lo presentan maliciosamente), sino hacia un Estado español acerca del cual la mayoría de la población española, además de la catalana, considera que no les representa (ver mi artículo «Las necesarias marchas de la dignidad», Público, 25.03.14). Derecho a decidir no es una llamada a la independencia, aun cuando, la propia coherencia implica que tal alternativa debe ser una oferta en el derecho a escoger que es intrínseco en el derecho a decidir.
El futuro de España no puede ser una III República que reproduzca el nacionalismo españolista que aparece en algunos de sus proponentes, sino que debe ser la España que, heredera de la II República, abrirá la puerta a una España plurinacional en que la unidad de los distintos pueblos y naciones sea voluntaria y no impuesta. El golpe militar del 1936 fue un golpe de las clases privilegiadas frente a las clases populares. Pero parece haberse olvidado que fue también un golpe militar para imponer una visión de España, la uninacional, que reprimió a la nación catalana, entre otras. Fueron las izquierdas catalanas (y españolas) las que vieron a la dictadura como la responsable del retraso social y de la imposición nacional. Es sobre este reconocimiento sobre el que una III República podría constituirse. Negarse a establecer una España plurinacional llevaría indudablemente al separatismo, que ha sido históricamente minoritario en Catalunya. El modelo que siempre defendieron la mayoría de las izquierdas catalanas fue el federal, pero para que ello ocurriera se necesitaba que hubiera un movimiento federal en España, que respetara la igualdad entre los distintos componentes de la federación. Su ausencia a nivel de España hasta hace poco explica el crecimiento del independentismo, asumiendo que se haya agotado la tercera vía. Que sea o no así, depende bastante de lo que ocurra no solo en Catalunya sino también en España. Lo que sí debería entenderse es que la situación actual no es sostenible, pues estimula hostilidades y odios entre pueblos que comparten una lucha común.
Vicenç Navarro. Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
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