Comunicado conjunto de las secciones de la Agencia Tributaria de CCOO y UGT y de SIAT (Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria) contra la privatización del nuevo servicio de cita previa, que se sumará a otros servicios telefónicos ya privatizados en años pasados por gobiernos del PP y del PSOE.
CCOO, SIAT y UGT están a favor del progreso tecnológico, de facilitar a la ciudadanía el uso de las nuevas tecnologías y aprovecharlas para hacer administraciones públicas más eficientes y prestadoras de servicios de calidad. Pero no a cualquier precio, derrochando caudales públicos y pisoteando los derechos de los trabajadores y trabajadoras y de la ciudadanía.
En el siglo XIX Mariano José de Larra, al hablar de la Administración Pública, mencionaba su famoso «vuelva usted mañana». En el siglo XX la Administración, con resultados muy dispares, ha hecho intentos para convertirse en una organización dinámica, ágil y eficiente. Pero en el siglo XXI, si Mariano José de Larra conociera a los gestores de la AEAT, hablaría a los contribuyentes en esta línea: «No venga Ud. por aquí, nunca más, tenga éste número de teléfono, pida cita previa y apáñeselas como pueda».
Esta parece ser la única recomendación que unos gestores que acumulan retribuciones cercanas a los 100.000 euros anuales, tienen para los contribuyentes que hacen cola en las oficinas de la AEAT. Después de las experiencias pilotos sobre un servicio para pedir cita previa, en estos días estamos asistiendo a la puesta en marcha de este nuevo servicio en todos los centros de trabajo y prácticamente para casi todos los procedimientos.
El pasado 20 de octubre, el BOE publicó el anuncio de licitación por procedimiento abierto de un concurso para la contratación del servicio telefónico de cita previa generalizada, excepto Campaña de Renta. Este nuevo contrato de servicios que la AEAT pretende adjudicar a alguna empresa de telemarketing, (no descartamos que, al igual que en otros casos recientes, al cabo de los años salga a relucir la relación de algún directivo de la Agencia con los de las empresas adjudicatarias) tendrá un coste de 1.723.966,94 euros más IVA, en total 2.086.000,00 euros.
Esta nueva privatización de un servicio público que podría desempeñarse a menor coste y con más garantías, por empleados y empleadas públicas, se une a otros ya existentes: El Servicio de Información Tributaria Básica (ITB), un coste en este año de 9.348.700 euros, la Oficina Telefónica de Atención al Contribuyente (OTAC) por un importe en este año de 2.319.700,68 euros, o los variados servicios relacionados con las Campañas de Renta (cita previa para confección de declaraciones, solicitud y modificación de borradores, presentación telefónica, etc…) por un importe de 2.109.914,99 euros.
CCOO, SIAT y UGT denunciamos esta nueva privatización y afirmamos que será perjudicial para los intereses públicos y para los propios contribuyentes:
1º.- Este servicio puede ser prestado por empleados públicos a menor coste. La Agencia Tributaria tiene una plantilla de aproximadamente 1.000 trabajadores fijos-discontinuos que ahora únicamente trabajan entre 2 y 4 meses anuales. Para cubrir este nuevo servicio sería suficiente con convertir en trabajadores a tiempo completo a un número determinado de ellos (mediante un concurso de méritos). Según el pliego de prescripciones técnicas del concurso publicado, el coste mínimo por hora de trabajo es de 16 €/hora, si se alcanza el número máximo de llamadas recibidas previstas, aproximadamente 2.600.000, en 130.000 horas de trabajo.
Si calculamos el coste por hora de trabajo de un trabajador de la Agencia Tributaria con categoría de auxiliar de administración e información, que perciba además del salario base, el complemento de puesto respectivo, el coste mensual para la AEAT sería aproximadamente de 1.590 € (salario base más complementos 936,88 + 190,91+ 100 = 1.227,79 € al que hay que añadirle el coste de la Seguridad Social de la empresa 29,9%). Ese coste mensual dividido por las horas de trabajo obligatorias del trabajador (150 mensuales), hace un resultado de coste/hora de 10 € aproximadamente, a esto habría que repercutirle alguna cantidad adicional por el coste en máquinas y líneas de teléfono; pero, pecaríamos de exagerados si llegamos a un coste unitario por hora de trabajo superior a 12 o 13 € por hora.
El ahorro de costes si se presta por empleados públicos a tiempo completo es bastante notorio. De acuerdo con nuestros cálculos podría estar en torno de los 350.000 euros, que irían a la cuenta de beneficios de los accionistas de la empresa adjudicataria. En términos generales, el ahorro que se podría obtener de prestarse por empleados públicos está en torno al 25% del coste total publicado.
2º La privatización también tiene riesgos para los contribuyentes. Según el pliego de prescripciones técnicas, la empresa adjudicataria deberá acceder a la aplicación de cita previa de la AEAT para adjudicar las citas, lo que supone el acceso a algunos datos personales de los contribuyentes, al menos NIF y tipo de servicio o procedimiento para el que pide la cita (censos, atención de requerimientos, certificados, etc.). Esos datos se irán incorporando a una base de datos ¿quién controla que esos datos no se ceden o se comercia con ellos? Algunos pueden argumentar que la Ley de Protección de Datos asegura el castigo para los que utilicen de forma interesada o inadecuada tales datos. También el Código Penal castiga con penas severas los delitos de naturaleza económica, los de malversación de caudales públicos o los de corrupción política y eso no ha impedido que los Pujol, los de la «Púnica», los de «la Gürtel» o escorias parecidas los cometan; así que lo mejor es no dar la posibilidad de que esos perjuicios se produzcan a los ciudadanos que confiadamente gestionan sus citas con la Agencia Tributaria por teléfono, «Quien evita la ocasión, evita el peligro» dice el refrán ¿no?.
3º.- El conjunto de servicios de información telefónica que presta la AEAT son mejorables, desde el punto de vista de la calidad y desde la eficiencia mínima exigible. El conjunto de servicios telefónicos (Cita Previa, OTAC, ITB, Campañas de Renta, etc) que actualmente presta la AEAT son muy mejorables. Para los ciudadanos es un verdadero galimatías determinar a qué número de teléfono debe llamar en función de su demanda de información; para cada cosa hay uno diferente gestionado por una empresa diferente (¿no serán todas de los mismos «emprendedores»?). Desde nuestro punto de vista sería mucho más efectivo si todos esos servicios estuvieran centralizados en un único número (de llamada gratuita para el ciudadano -900-) y mediante operadores, físicos o virtuales, que desviarían las llamadas hacía las personas especializadas en unas u otras materias.
Este modelo de servicio integrado de información tributaria se quiebra desde el momento en que, año tras año, se van incorporando heterogéneamente sin control y sin estudios previos sobre la conveniencia de un modelo u otro el tipo de servicio servicios diversos.
Los sindicatos, cuando tuvimos conocimiento a través del BOE de la de la publicación del anuncio de licitación, hemos dado instrucciones a nuestros servicios jurídicos para interponer un recurso de los tres sindicatos reclamando la anulación del proceso de contratación y que mientras se resuelve el mismo se adopten medidas provisionales de suspensión cautelar. Este recurso estará interpuesto en los próximos días.
Paralelamente a esta iniciativa jurídica, en el ámbito estrictamente sindical este jueves hemos solicitado las convocatorias urgentes de la CPVIE (Comisión Paritaria del Convenio Colectivo) y de la Mesa General de Negociación de la Agencia Tributaria, con la intención de negociar la prestación de este nuevo servicio mediante la conversión de contratos de fijos discontinuos a tiempo completo en el número que sean necesarios para la cobertura de las demandas de los contribuyentes.
Junto a todas estas acciones y paralelamente, las organizaciones sindicales CCOO, SIAT y UGT nos reservamos el derecho a iniciar otras acciones legales que pudieran corresponder, ya sea en el ámbito contencioso-administrativo como en el ámbito de la hipotética responsabilidad disciplinaria en la que hayan podido incurrir los Gestores de la Agencia Tributaria que la han autorizado.
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