Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández.
Observando la vida desde los agujeros de una tienda en el inestable campo de desplazados de al-Hol, donde casi 70.000 personas dependen de la ayuda humanitaria. (Foto: Ali Hashisho/Reuters)
La campaña para recuperar el noroeste de Siria bajo control rebelde puede ser en estos momentos la parte más sangrienta y que acapare más titulares de la guerra en el país, pero es solo una de las muchas crisis dentro de la crisis general.
La ofensiva, que dura meses en la provincia de Idlib y sus alrededores, parece estar recuperando nuevos territorios para el gobierno de Damasco a un alto precio en vidas civiles, infraestructura destruida y cientos de miles de seres obligados a huir.
En todo el país, que se acerca ya a los nueve años de guerra, la ONU dice que hay 11 millones de sirios, excluidos los refugiados, que necesitan ayuda de emergencia este año, por lo que ha pedido a los donantes 3.300 millones de dólares.
La ayuda internacional no puede ser un sustituto de poner fin a la violencia o detener los abusos masivos de los derechos humanos, la represión política y la ilegalidad. Sin embargo, debería ser capaz de ayudar a los sirios desempleados, desplazados y que viven en refugios improvisados, o que necesitan otros elementos básicos como alimentos, atención médica, saneamiento y agua potable.
Pero desde una moneda que se hunde cada vez más, hasta un estancamiento diplomático sobre la importación de ayuda, los esfuerzos para brindar asistencia práctica a los civiles sirios están acorralados por todas partes, profundamente politizados y rehenes de las rivalidades mundiales.
Una ráfaga de acontecimientos en Siria ha puesto de relieve la continua volatilidad en el país y la escala de dificultades a que se enfrentan los esfuerzos para aliviar el sufrimiento de los civiles. The New Humanitarian (TNH) continúa monitorizando los desarrollos en diversos frentes.
TNH ha recopilado esta información en un intento de explorar las zonas problemáticas clave a que tendrá que hacer frente la compleja operación de llevar ayuda masiva a Siria en 2020. Se basa en contactos regulares con trabajadores humanitarios y analistas, así como en informes y estudios públicos. A fin de poder hablar libremente sobre asuntos delicados relacionados con los conflictos, las negociaciones diplomáticas y la seguridad operativa, todos los entrevistados solicitaron el anonimato.
Un nuevo conflicto desarraiga a muchos de los habitantes de Idlib y el noroeste
Unas 300.000 personas huyeron de sus hogares en el noroeste de Siria desde mediados de diciembre cuando los ataques aéreos sirios y rusos machacaron la región controlada por los rebeldes, donde viven o se han refugiado alrededor de 2,7 millones de personas. La ONU estima que más de 1.300 civiles han muerto asesinados desde que comenzó el ataque a finales de abril; hospitales y clínicas han sido bombardeados repetidamente, a pesar de la existencia de un esquema de la ONU para limitar los ataques sobre objetivos civiles, esquema que quedó posteriormente desacreditado según un informe del New York Times.
La última oleada de desplazamientos, según los medios de comunicación y los informes de la ONU, ha sido causada en gran medida por el asalto a las ciudades de Maarat al-Numan y Saraqeb en Idlib, en las que se refugian las personas que por lo general se dirigen al norte, a la capital provincial de la ciudad de Idlib y más allá, hacia la frontera turca.
La ONU estima que una de cada cinco personas que huyeron de la violencia en las últimas semanas se dirigió a campamentos situados a lo largo de la frontera turca, y que el resto se refugió en pueblos y ciudades.
Pero la escasez de combustible hace que sea más costoso huir por carretera, y el frío y húmedo invierno ha hecho que las condiciones para los recién desplazados sean especialmente duras. La mayoría de ellos se ven obligados a permanecer en el país, incluso en campamentos inundados, ya que Turquía cerró la frontera hace mucho tiempo ante los civiles que intentaban escapar.
Mientras tanto, a las agencias de ayuda y a las ONG les resulta más difícil que nunca conseguir ayuda en la zona a causa de los impuestos y otras tarifas exigidos por autoridades locales alineadas con los yihadistas, y por la necesidad de cumplir con las prohibiciones de los donantes sobre el desvío de la ayuda.
Incluso aunque esta ofensiva se detenga después de que Damasco recupere el control de más pueblos y carreteras clave, los rebeldes armados y los civiles indigentes quedarán atrapados sin una salida clara negociada en un rincón del país cada vez más reducido. Es un escenario aterrador que un analista llamó una «Gaza en montaña» y un reto definitivo para las personas que esperan obtener ayuda en la zona.
Ayuda transfronteriza amenazada
El noroeste controlado por los rebeldes depende en gran medida de las importaciones y la ayuda que se transporta en camiones desde Turquía, con miles de vehículos dedicados al tráfico comercial que cruzan la frontera cada mes, entre ellos los que que transportan suministros de ayuda de la ONU, de las ONG y los grupos de ayuda turcos. Las entregas de la ONU en el territorio que el gobierno del presidente Bashar al-Asad no controla serían ilegales sin un permiso especial, según establece una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.
La resolución actual, la nº 2165, expirará el 10 de enero de 2020, y cuando acababa 2019 su ampliación produjo una amarga disputa diplomática que convirtió la línea de vida de los civiles sirios en moneda de cambio.
Si las grandes potencias no llegan a un acuerdo, la operación de ayuda en el norte sirio tendrá que enfrentar serios desafíos pero no llegará a detenerse por completo. Muchas ONG internacionales y grupos de ayuda turcos que brindan ayuda en Idlib podrían continuar sin la gran garantía simbólica de la autorización del Consejo de Seguridad. (Como hacían justo antes de que se aprobara la resolución 2165 por vez primera en 2014).
Las agencias de la ONU tendrían que parar en sus actividades o buscar una solución legal, aunque los funcionarios de la ONU insisten en que no hay un plan B. El mayor programa de ayuda de la ONU para Idlib lo dirige el Programa Mundial de Alimentos, que ha informado de que en diciembre suministró raciones a un millón de personas, aproximadamente un tercio de la población.
Noreste de Siria y campamento de al-Hol
La invasión de Turquía en octubre y varios cambios en la política estadounidense han generado varios meses de caos en la otra zona importante de Siria que Damasco aún no controla: el noreste liderado por los kurdos.
La lucha se ha detenido por ahora pero las alianzas políticas están cambiando, dejando abierta la posibilidad de una transformación rápida de las necesidades humanitarias y en cómo responder a las mismas.
Los objetivos que declara Turquía son neutralizar la amenaza de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) lideradas por los kurdos y reasentar a un gran número de refugiados sirios en una «zona segura» que controla ahora a lo largo de la frontera. Ese esquema, dicen los críticos, no solo podría violar los derechos de los refugiados sino también despojar deliberadamente a los kurdos de su tierra.
Las FDS, ante las amenazas de Turquía, están cooperando cada vez más con Damasco, aunque los términos de su acuerdo no están decididos del todo. Esa relación importa. El noreste está, en estos momentos, menos aislado que el noroeste, y las personas que allí se encuentran pueden comerciar con el resto de Siria y a través de las fronteras turcas e iraquíes.
Eso significa que la operación de ayuda podría discurrir bien por allí, aunque reducida, si las conversaciones para la ayuda transfronteriza en el Consejo de Seguridad se vienen abajo.
Las ONG que trabajan para ayudar a las personas en el noreste dicen que las concesiones al gobierno de al-Asad por parte de las FDS podrían ser el peor golpe: la ayuda podría verse interrumpida si Damasco decidiera ejercer un control más estricto sobre los convoyes que salen de la capital y reprimir los proyectos de ayuda gestionados desde Iraq o Turquía.
Entre los 1,8 millones de personas en el noreste que necesitan ayuda hay casi 70.000, en su mayoría mujeres y niños, que están encerrados en el volátil campo de al-Hol. Muchos son miembros de familias o simpatizantes del Dáesh, pero otros huyeron del grupo mientras luchaba por su último trozo de territorio en Siria hace casi un año.
Algunos de los que están en el campo son extranjeros, y solo unos pocos han sido aceptados para la repatriación por sus países de origen. La situación es tan tóxica que las agencias de ayuda que trabajan en al-Hol temen disturbios en lo que se ha convertido, de facto, en un centro de detención.
Financiación de la reconstrucción y restricciones a la ayuda humanitaria
Si bien los medios de comunicación se centran en la terrible escalada en el noroeste (con anterioridad lo hicieron en la del noreste), hay zonas enormes de Siria que están relativamente en calma, aunque atravesando situaciones difíciles y de fractura social.
Pero gran parte del país está también en ruinas y económicamente devastado, lo que dificulta que los aproximadamente 17 millones de personas presentes en Siria, más los que regresan, puedan reconstruir sus vidas.
Hacer que la economía vuelva a funcionar en el país una vez que acabe el conflicto y reconstruir los servicios sociales y la infraestructura requerirá de efectivo, de gran cantidad de dinero, que se estima puede oscilar entre los 120.000 millones a los casi 400.000 millones de dólares o incluso más. También llevará tiempo: el Banco Mundial estima que Siria necesitará décadas para recuperarse.
Las sanciones y las condiciones políticas se encuentran entre los obstáculos que se interponen en el camino: Estados Unidos y los Estados miembros de la UE no están dispuestos a pagar ninguna reconstrucción importante si al-Asad sigue estando al frente del gobierno.
Sus aliados, Irán y Rusia, no tienen bolsillos lo suficientemente profundos para pagar la factura, mientras que China y los Estados del Golfo no parecen querer comprometerse, hasta ahora, con el proyecto. En diciembre, Rusia prometió 5,8 millones de dólares para la reconstrucción a través del Programa de Desarrollo de la ONU (la ONU no tiene sanciones que la detengan, pero tampoco tiene dinero para gastar). Pero esa cantidad sería como el chocolate del loro.
Algunas ONG y analistas dicen que los donantes deberían tener una visión más pragmática a la luz de las masivas necesidades sociales y la creciente probabilidad de que al-Asad permanezca en el poder. El boicot de la reconstrucción afecta a los sirios, independientemente de sus opiniones políticas, argumentan, y negarse a arreglar las escuelas dañadas no es una herramienta eficaz y/o apropiada para los objetivos políticos.
Algunos donantes están dispuestos a apoyar algunas reparaciones (pero no aquellas explícitamente etiquetadas como reconstrucción), y los proyectos para reparar los sistemas de agua o reparar las aulas, por ejemplo, se incluirán en el plan de gastos humanitarios respaldado por la ONU para Siria en 2020.
Independientemente de la definición de la reconstrucción, la ayuda internacional sigue, en general, estando estrictamente controlada por el gobierno. Al personal humanitario se le puede negar el visado sin explicación, mientras que las evaluaciones independientes de las necesidades y el monitoreo y la evaluación de los proyectos están ampliamente limitados. La planificación, coordinación y gestión del mayor actor de la ayuda, la ONU, están ligadas a tensiones políticas y burocráticas.
Presiones económicas
La moneda siria perdió aproximadamente la mitad de su valor en 2019, y los precios de los alimentos siguen aumentando. Las sanciones y los cambios en el suministro de petróleo, el comercio y el contrabando juegan un papel importante en ello.
El valor de la libra siria se ha hundido en el mercado negro:
Evolución del valor de 1 dólar en libras sirias
Otro factor clave es la crisis fiscal del Líbano, que se agrava según se alargan los meses de protestas antigubernamentales. A causa de las sanciones de EE. UU., las empresas sirias (por no hablar de los especuladores de la guerra) tienen escaso acceso al sistema bancario internacional, por lo que la mayoría dependen del vecino Líbano para realizar transacciones y mantener ahorros.
Pero en medio de las turbulencias políticas y financieras, los bancos libaneses han restringido la retirada de monedas fuertes a todos los clientes, lo que ahoga el acceso de Siria a las divisas.
Dentro de Siria, los asalariados se enfrentan a profundos recortes en su poder adquisitivo, a pesar de que algunas ONG y trabajadores humanitarios sirios se benefician de un tipo de cambio especial del Banco Central.
Pero el dólar, que compra ahora en el mercado negro un tercio más de la moneda siria, 940 libras sirias (eran 47 en 2011, antes de la guerra civil), y el ensombrecido panorama económico a medida que se establecen nuevas sanciones estadounidenses -adoptadas el pasado 20 de diciembre y que apuntan a aquellos que hacen negocios con Siria- son un poderoso elemento disuasorio para la inversión extranjera.
Conversaciones políticas (o no)
El 4 de noviembre, tras un comienzo glacial aunque ordenado, se iniciaron las conversaciones cara a cara sobre la constitución siria; sin embargo, a finales de mes se quedaron estancadas cuando un grupo de negociadores compuesto por candidatos del gobierno, la oposición y la sociedad civil no llegaron a ponerse de acuerdo sobre una posible agenda.
Incluso el hecho de acordar la membresía del Comité Constitucional Sirio, que tiene un mandato limitado para revisar la Constitución (por no hablar ya de compartir el poder o alcanzar un compromiso político), necesitó de años de diplomacia exhaustiva.
Las conversaciones, respaldadas en principio por todas las partes, han sido hasta cierto punto el único juego diplomático en la ciudad, el único foro importante para el contacto político entre el gobierno de Damasco y sus oponentes. Pero el enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, dijo que conseguir algún resultado en ese proceso era una «misión casi imposible«.
Después de que las partes se tomaran un descanso, el enviado actual, Geir Pedersen, declaró el 20 de diciembre que la interrupción «solo pone de relieve la necesidad de un proceso político más amplio e integral«.
Retorno de los refugiados
En función de las presiones políticas, nacionalistas y económicas, los países vecinos están impacientes por ver regresar a casa a cuantos más mejor de los 5,5 millones de refugiados sirios registrados que albergan.
También es una prioridad para los donantes, que esperan reducir el coste de su apoyo en Turquía, Líbano y Jordania (que en 2019 fue de 2.000 millones de dólares).
Pocos refugiados, relativamente, decidieron arriesgarse a regresar de forma voluntaria el año pasado (87.000 en 2019, según el recuento de la agencia de refugiados de la ONU), pero los factores que les impulsan a ello se multiplican: las restricciones y las deportaciones han expulsado a los refugiados de Estambul, Líbano ha echado a miles de ellos, y están padeciendo unas condiciones de vida tan duras en Jordania que un número cada vez mayor de refugiados están arriesgándose a cruzar la frontera.
Aquellos que regresan se enfrentan a multitud de peligros, aparte de la violencia en curso, incluido el encarcelamiento y el reclutamiento forzoso, por no mencionar la falta de oportunidades de empleo y de lugares para dormir.
La ONU ha manifestado en repetidas ocasiones que las condiciones en Siria no son aún adecuadas para el retorno, por lo que no organizará el transporte ni entregará efectivo a quienes decidan regresar. Esa política está bajo revisión, ya que la situación dentro de Siria parece ser tan buena como pueda serlo durante algún tiempo, y está claro que la lista de condiciones que la ONU estableció en 2018 para ayudar a los repatriados no va a cumplirse en su totalidad.
Atrapados en Rukban
Alrededor de 12.000 personas, que se hallan en un bolsillo del sur de Siria en la frontera con Jordania, llevan años atrapadas en condiciones muy difíciles, bloqueadas por las fuerzas sirias y jordanas e intimidadas por bandas armadas y delincuentes. Las soluciones pacíficas parecen haberse agotado.
Son seres en situación de gran debilidad sometidos a niveles catastróficos de abuso, extorsión y problemas de salud en un campamento improvisado. A pesar de que viven a pocos metros de la frontera, no tienen adónde ir: Jordania no les dejará entrar.
Pero regresar es también arriesgado. Muchos de los hombres presentes en Rukban no están dispuestos a volver a zonas controladas por el gobierno de al-Asad por temor a ser arrestados o reclutados como exrebeldes, activistas de la oposición o desertores. A pesar de carecer de casi todo, algunos residentes parecen estar dispuestos a morir en Rukban antes que a volver.
En 2019 se convenció a unos 18.000 residentes de Rukban de que regresaran. Pero grupos de derechos humanos dicen que las promesas del gobierno sirio de que se iba a permitir a los evacuados regresar libremente a sus hogares no se han cumplido, y activistas y medios locales alegaron en diciembre que se había hecho desaparecer o detenido a 174 de ellos.
Una pequeña base estadounidense cerca de Rukban apoya a una milicia rebelde local, lo que ha disuadido al gobierno sirio de recuperar esa zona por la fuerza, pero eso puede aún cambiar. Con la presencia de Estados Unidos en Siria cuestionada, el acceso de la ONU y la Media Luna Roja Siria bloqueado regularmente por Damasco y las vías diplomáticas agotadas, las perspectivas para los residentes de Rukban en 2020 son hoy peores que nunca.
Ben Parker es editor de The New Humanitarian.
Esta traducción puede reproducirse libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y a Rebelión.org como fuente de la misma.