La Constitución española y el régimen al que dio paso se asentó sobre tres grandes acuerdos. Cada uno de ellos estaba ligado a los tres grandes poderes que sustentaron el franquismo: Ejército-Policía, capital e Iglesia. Se trata de la Ley de Amnistía, los Acuerdos con el Vaticano y los Pactos de la Moncloa. Entre los tres cerraron las puertas a las exigencias de ruptura democrática que había sido seña de identidad hasta entonces del conjunto de las fuerzas de la oposición democrática y de izquierdas.
La Ley de Amnistía, de 15 de octubre de 1977, garantizó a los responsables políticos, militares y judiciales de los crímenes contra la humanidad del franquismo, su más completa impunidad. Los Acuerdos con el Vaticano, negociados durante 1978 y firmados el 3 de enero de 1979, hicieron la vista gorda respecto a la complicidad de la Iglesia en el golpe del 18 de julio, guerra y dictadura posterior, y dejaron en sus manos los poderes económicos, educativos, fiscales… que había acumulado durante 40 años.
Los Pactos de la Moncloa, suscritos por UCD, PSOE, PSP, PCE, PNV, CiU y AP (este último solo firmó su parte económico-social) y apoyados por CCOO y UGT, se firmaron en octubre de 1977, una semana después de promulgarse la Ley de Amnistía. Fueron un auténtico punto de inflexión respecto a la dinámica política y social que se vivía. En un contexto marcado en aquellos años por la fuerte crisis económica internacional -petróleo-, la incertidumbre política vivida por el capital español y un movimiento obrero y popular cada vez más fuerte, los Pactos supusieron, en esencia, la imposición de un drástico plan de ajuste con cargo a los sectores populares: pérdida de poder adquisitivo (4,3 puntos por debajo de la inflación), retroactividad de ese recorte en los convenios firmados, beneficios en las cuotas empresariales a la Seguridad Social, deterioro de las prestaciones sociales, autorización del despido del 5% de la plantilla…
Dijeron sus firmantes que también contenía contrapartidas sociales y políticas. Puro celofán. Las primeras (fomento del empleo juvenil, mejora de zonas deprimidas por la crisis, medidas para evitar la especulacióndel suelo…) no fueron sino un mero chiste. Las segundas (libertad de prensa, reunión, expresión…), poco hicieron salvo ratificar lo ya conquistado en la calle a través de fuertes luchas. Nicolás Sartorius, uno de los primeros espadas del PCE, tuvo que admitir que la mayor parte de las mismas no se cumplieron.
Martín Villa, ministro de la Gobernación, dejó claro su objetivo. En una Instrucción dirigida a los gobernadores civiles afirmó que “no hay que confundir democracia con falta de autoridad” y que había que tener “un amplio criterio de libertad en el terreno de las ideas y restrictivo e inflexible en la calle”, en la que había que “terminar a toda costa con los piquetes”. Dicho esto por quien, junto a Fraga Iribarne, había sido responsable de la matanza policial del 3 de marzo, en Gasteiz, no era algo que podía tomarse a la ligera.
Estos días, el presidente Sánchez ha afirmado que “todos los partidos, con independencia de su ideología, vamos a trabajar en unos nuevos Pactos de la Moncloa para relanzar y reconstruir la economía y el tejido social de nuestro país”. Es decir, como el coronavirus no hace distinciones entre las personas, la respuesta a dar debe partir de esa misma consideración.
Pero esto no es del todo cierto, porque mientras miles de afectadas se hacinaban en los Servicios de Urgencias hospitalarias, algunas pocas ( Baltasar Garzón, Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno;…) eran atendidas en exquisitas clínicas privadas (Ruber). Lo mismo ha sucedido con las medidas tomadas para hacer frente a la pandemia (test, material de protección…), cuya aplicación no ha sido la misma para las residencias-ratoneras de personas mayores y centros sanitarios, que para la cúpula política, económica y militar-policial. Las medidas de aislamiento tampoco han ocasionado los mismos problemas a la gente que vive en los barrios populares, que a las que lo hacen en chalets con jardín propio en las zonas residenciales.
Ha habido más pactos de este pelo. En la anterior crisis, al poco de llegar el PP al Gobierno, el 25 de enero de 2012, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, firmaron el llamado II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. En éste se asumía el marco ideológico difundido por la patronal respecto a la crisis, según el cual ésta se debía a que “habíamos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades”. El acuerdo afirmaba así que “el mayor crecimiento de los salarios nominales en España en relación con los países de la zona euro…. ha sido un elemento determinante de la pérdida de la competitividad de la economía española”. El Acuerdo aceptó así recortes salariales, medidas de flexibilización y precarización laboral, descuelgues empresariales,… Luego, el PP, vistas las puertas abiertas, multiplicó las agresiones. La tan añorada competitividad creció y se logró de nuevo que la Banca y el cemento fueran felices y comieran perdices.
Cuando alguien está con el agua al cuello, descender un peldaño más en su situación supone pasar a otra cualitativamente diferente. A la pobreza se une ahora el ahogo y la asfixia. Sin embargo, para quien se sitúa en lo más alto de la escala social, bajar ese mismo peldaño no es mayor problema. Defraudadores de hacienda (futbolistas, cantantes,..), empresarios textileros y multinacionales del IBEX-35, anuncian estos días a bombo y platillo sus generosos donativos para combatir esta crisis. Son los mismos que se han forrado en las anteriores afirmando que “todos tenemos que apretarnos el cinturón” y ahora pretenden seguir haciéndolo al amparo de esta bacteria monarcavirus que, según dicen, nos golpea a todos por igual, al margen de nuestra ideología.
Se anuncian unos nuevos Pactos de la Moncloa. Al margen de las posturitas iniciales de algunos partidos y sindicatos, yo creo que la cosa va en serio. La desvergüenza política no tiene límites. Es preciso ir afilando las respuestas.