Greenpeace denuncia que las tasa de reciclaje de envases domésticos apenas llega al 25%, frente al 78% que asegura reciclar el monopolio de empresas que gestionan estos residuos urbanos. Los ecologistas abogan por un cambio de sistema de gestión de residuos aprovechando los cambios legislativos que se avecinan.
Era un secreto a voces repetidamente anunciado por las organizaciones ecologistas, y hoy una nueva investigación al respecto viene a arrojar un poco más de luz en el opaco mundo del reciclaje y los plásticos en España. Ecoembes, la sociedad anónima que agrupa a las principales envasadoras y distribuidoras del país, con 12.000 compañías y grandes multinacionales vinculadas al sector del plástico y las grandes superficies, y responsable de la gestión de envases domésticos, apenas recicla un 25% de los envases que genera.
Así lo afirma Greenpeace en su nuevo informe Ecoembes miente: desmontando los engaños de la gestión de residuos de envases domésticos, con unas cifras en consonancia con lo que expertos y organizaciones ecologistas llevan años denunciando: tasas por debajo del 30% de reciclaje, cuando Ecoembes asegura reciclar el 78,8%, según datos relativos a 2018, en unas cifras que los ecologistas tachan de opacas, poco transparentes, de “laberinto de datos” y, directamente, de “mentira”.
NO, ESTE PLÁSTICO NO SERÁ RECICLADO
Con datos a nivel estatal, Greenpeace señala que entre el 40% y el 50% de los materiales que la ciudadanía deposita en el contenedor amarillo es sistemáticamente rechazado en las plantas de clasificación de Ecoembes y no pasa al circuito de reciclaje. Es el caso de las botellas de plástico PET que hayan sido pintadas o el de millones de envases menores de 10 cm de diámetro, como los yogures o envases monodosis. Tampoco los bricks, publicitados como alternativa al plástico y que solo pueden ser reciclados, en el mejor de los casos, un 75%. Además, multitud de objetos plásticos no reciclables son depositados en el cubo amarillo: pajitas, cepillos de dientes, cubiertos, juguetes y un sinfín de materiales acaban en vertederos o son quemados en plantas industriales y cementeras.
Esto se produce debido a que el actual Sistema Integrado de Gestión (SIG) de residuos, monopolizado en España por Ecoembes, no recicla por tipo de material, sino por el tipo de envase en concreto, envases producidos por las empresas asociadas a Ecoembes y por los que pagan una tasa a esta para su posterior reciclado. Es el conocido como punto verde, que el ciudadano puede ver en forma de logo con un círculo formado por una flecha negra y otra blanca en las latas y bricks que consume, y del que Ecoembes tiene la licencia exclusiva.
Sin embargo, el problema es mucho peor. El grueso de los envases no llegan al contenedor amarillo. En la ciudad de Madrid, uno de los principales nodos de generación de residuos urbanos del país, “el 85% de todos los envases que se recogen lo hacen en el contenedor de todo mezclado, mientras que solo el 15% se recogen en el amarillo”, denuncia Julio Barea, responsable de Residuos de la ONG.
Con estos datos, Greenpeace apunta a que es imposible acercarse siquiera a las cifras de reciclaje de las que saca pecho Ecoembes. De hecho, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico apunta a que el 44% de los plásticos españoles acaba en vertederos.
LEY INCUMPLIDA
La ley señala que Ecoembes debería hacerse cargo el 100% de los residuos que generan sus empresas. Sin embargo, los datos del informe señalan que apenas recicla un cuarto de todos ellos. Además, aunque Ecoembes está clasificada como entidad sin ánimo de lucro, el director ejecutivo de Greenpeace España, Mario Rodríguez, expone que “en los últimos cinco años ha multiplicado por cinco sus ingresos y solo en 2018 estos ascendían a 578 millones de euros”.
Ecoembes es, además, el principal obstáculo para el aumento de las tasas de reciclaje en España, como recuerda Greenpeace y ya apuntó el pasado septiembre una investigación realizada en una quincena de países, elaborada por Changing Markets. “Han estado boicoteando alternativas como el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) —que incentiva la devolución ciudadana de envases para su reutilización mediante la remuneración como se hacía hace décadas con el casco de botellas de vidrio— y cualquier tipo de estudio contrario a sus intereses”, denuncia Julio Barea.
El responsable remarca, asimismo, que la propia patronal europea del agua embotellada y los refrescos está pidiendo la implantación de este tipo de sistemas que se pueden poner en marcha en paralelo al SIG que hoy monopoliza Ecoembes.
VENDERSE COMO VERDE SIN SERLO
A pesar de la evidencia, los ecologistas denuncian el greenwashing que realiza el ente en campañas y publicidad, al tratar de mostrarse al público como una organización medioambiental. Como indica Barea, “dentro de la mentira de Ecoembes está el gran poder que tiene para hacer un lavado de cara verde: invierten muchísimo dinero todos los años, con un presupuesto de 50 millones de euros en el cajón de sastre en el que meten marketing, publicidad y eventos, según el último balance disponible, de 2017-18”.
El director ejecutivo de Greenpeace, por su parte, remarca que las empresas que generan esos residuos y están agrupadas en Ecoembes usan a esta organización “como entidad pantalla con el fin de limpiar su imagen pero sin cortar el ritmo de producción y generación de envases contaminantes”. “Es más”, añade, “ni siquiera tienen intención de crear sistemas más limpios como es el centrado en el envase retornable o reutilizable”.
OPORTUNIDAD ACTUAL
Las organizaciones ecologistas están en pie de guerra ante el fracaso del sistema tras más de dos décadas de funcionamiento ineficiente —“décadas perdidas”, en palabras de Rodríguez— y ven los cambios legislativos que se avecinan como una oportunidad para cambiar el sistema de gestión de envases en España.
La futura trasposición en España de la directiva europea de plásticos, el actual desarrollo en curso de la Estrategia de Economía Circular y la nueva ley de Residuos que prepara el Gobierno suponen que el actual sea “un momento propicio para abordar un tema como este que afecta globalmente, pero también localmente, con un problema como es la contaminación por plásticos”, indica Rodríguez.
El informe recoge además numerosos casos de irregularidades perpetrados por empresas vinculadas con Ecoembes. “Las investigaciones que hemos realizado ponen de manifiesto cómo empresas adjudicatarias de Ecoembes están guardando, enterrando y exportando plásticos de manera irregular aprovechando los huecos y las ambigüedades del sistema de control de exportación de residuos“, apuntaba este martes Barea.
El caso de Utiel Recicla SL (Valencia), “una instalación no habilitada para almacenar plástico, pero en la que, desde 2016, se acumula plástico de ocho empresas, seis de ellas homologadas y adjudicadas por Ecoembes», señalan desde Greenpeace, es un ejemplo de ello.
Además, escándalos como la devolución por parte de Malasia de una veintena de contenedores llenos de plásticos y envases españoles en los últimos dos años, o los 342 incendios en plantas de reciclaje de 2012 a 2020 —decenas de ellas recuperadores y recicladoras homologadas por Ecoembes— evidencian para la ONG la necesidad de que el Gobierno investigue y controle a una industria del plástico y el reciclaje donde la irregularidad a menudo es norma.