Resumen ejecutivo. En 2020 se incrementó la generación de fuentes renovables no convencionales, de cubrir el 8 % de la demanda eléctrica en enero, ascendió al 12,7 % en octubre; el objetivo inmediato que establece en la ley 27191 de fomento del sector es que a fines de 2021 la participación llega al 16 %. Este crecimiento no tuvo impacto significativo en la composición de las fuentes primarias, donde las fósiles representan alrededor del 90 % y las renovables no convencionales rondan el 1 %.
En este informe evaluamos el impacto de los programas implementados por la gestión presidencial de Mauricio Macri (2015 – 2019) para impulsar estas fuentes. Analizamos los actores involucrados, la participación privada y pública y la diversificación del mercado eléctrico. Buscamos avanzar en el diagnóstico sobre las condiciones y el contexto en que se da la promoción de las energías renovables en la Argentina, y plantear críticas a fin de que la lógica extractivista no se imponga como modelo de las fuentes renovables.
Del programa RenovAr se realizaron cuatro rondas licitatorias, en las que se adjudicaron 4726,3 MW de potencia instalada. En las primeras tres se aprobaron 147 proyectos, 57 están en actividad, antes que termine 2020 se prevé 33 comienzan a despachar electricidad, mientras que 10 lo harían en el bienio 2021 – 2022, y 47 están demorados y es posible que los contratos sean cancelados. Los proyectos adjudicados en la última subasta del programa están en período de construcción. Mientras que del MATER se efectuaron doce subastas para parques eólicos y solares fotovoltaicos: 1101,58 MW de potencia instalada distribuidos en 46 proyectos. 26 están habilitados para operar comercialmente, dos está previsto que despachen al mercado antes que termine 2020, tres en el bienio 2021 – 2022 y 15 están demorados.
Los 83 proyectos favorecidos por esos estos programas de fomento que ingresaron al mercado concentran más de la mitad de la capacidad de generación de las fuentes renovables no convencionales. En esa escala, el régimen de fomento tuvo un impacto considerable, incluso a pesar de que la construcción de un tercio de los parques y centrales está demorada y es factible que no prospere.
La participación marginal en la matriz energética nacional muestra que queda mucho camino por recorrer y, por lo mismo, se requiere de manera urgente revisar en profundidad el régimen de fomento de las renovables.
Su aplicación posibilitó una mayor presencia y control del sector energético por parte de empresas privadas nacionales y transnacionales.
En ese marco empresas del sector agroindustrial y electrointensivo se interesaron por el desarrollo de fuentes renovables no convencionales, lo que genera interrogantes en torno a los posibles impactos del nuevo eslabonamiento entre la producción masiva de alimentos y la generación de energía, y también renueva la pregunta ¿energía para qué?
También proyectos de empresas petroleras fueron favorecidos en ambos programas, y aunque todavía es demasiado incipiente, estas incursiones pueden anticipar su paulatina transformación en compañías de energía. Un movimiento que se explica a partir de la intención de disputar un lugar en el naciente mercado verde y de ponerse a tono con los tiempos que vienen.
Que las petroleras muten en empresas de energía es tan necesario como que la propiedad de las fuentes sea pública. Sin embargo, en ninguno de los casos, esas transformaciones garantizan otras formas de concebir la energía, sino vías indispensables para avanzar en otra dirección. Es por eso que en este informe, además de marcar la baja participación de empresas públicas nacionales y provinciales en el desarrollo de renovables (y reclamar su aumento), a partir de casos como el del parque eólico Vientos Neuquinos ponemos de relieve cómo un estado provincial sienta las bases y promueve el extractivismo energético bajo en emisiones GEI.