Ha pasado más de un año desde la explosión criminal del 4 de agosto de 2021 en el puerto de Beirut. Siguió una movilización popular, que a su vez era continuación del levantamiento del otoño de 2019, contra todos los partidos neoliberales confesionales. Si, como consecuencia, el sistema que forman está en crisis, el pueblo libanés aún no ha encontrado el camino alternativo.
La explosión dejó alrededor de doscientos muertos y miles de heridos, y provocó la dimisión del primer ministro Diab. El primer ministro multimillonario Najib Miqati formó un nuevo gobierno a mediados de septiembre de 2021, con el apoyo de los principales partidos confesionales neoliberales en el poder.
El nuevo Primer Ministro, símbolo de la dominación de clase que subyace a estos partidos, es el hombre más rico del país, mientras que el holding familiar M1 Group1// se comprometió en septiembre a gastar 330 millones de dólares durante los próximos tres años para desarrollar la empresa de telecomunicaciones birmana que compró a la empresa noruega Telenor ASA, una compra, cabe señalar, que se inició después de la toma del poder por parte del ejército birmano en febrero de 2021. Su nombre fue mencionado junto con el de cientos de otros funcionarios, políticos y empresarios libaneses en la última filtración de los “Pandora Papers”, revelando cómo la élite financiera internacional oculta su riqueza en paraísos fiscales offshore generalmente opacos. Las 346 empresas libanesas son los clientes más fieles de Trident Trust, especialista en domiciliación de sociedades offshore. En comparación, el Reino Unido, que ocupa el segundo lugar, está muy por detrás con 151 sociedades.
Su nombramiento y su nuevo gobierno se oponen a los objetivos del levantamiento popular libanés de octubre de 2019, que tenía como objetivo derrocar el sistema confesional neoliberal. La representación política en el Líbano está organizada según líneas confesionales en los niveles más altos del Estado2//. Este sistema (como todas las instancias confesionales) es uno de los principales instrumentos utilizados por los partidos neoliberales en el poder para fortalecer su control sobre las clases populares, manteniéndolas subordinadas a sus dirigentes confesionales. Los partidos confesionales neoliberales libaneses gobernantes han mantenido su hegemonía en la arena política durante décadas basándose en dos factores principales: el confesionalismo y el neoliberalismo.
Casi dos años después del estallido del levantamiento, el dominio de los partidos gobernantes sobre amplios sectores de la sociedad aún se mantiene firme, ya que han extendido algunas formas de servicio a su base popular en un contexto de continuo debilitamiento del Estado y agravación de la crisis económica. Al mismo tiempo, el nuevo gobierno también recibió la bendición de Francia e Irán, ambos activos e involucrados en las negociaciones para la formación del gobierno. Consiguientemente, el primer viaje al extranjero del recién nombrado primer ministro se realizó para visitar al presidente francés Macron en París. Por su parte, Estados Unidos acogió con satisfacción «el anuncio de que los dirigentes del Líbano han acordado formar un nuevo gobierno bajo el liderazgo del primer ministro designado Najib Miqati»3//.
El nombramiento del nuevo gobierno no ha impedido la sucesión de nuevas crisis políticas. En primer lugar, se produjo la muerte de 7 manifestantes pertenecientes o cercanos a Hezbolá y Amal tras una manifestación para denunciar al juez a cargo de la investigación de la explosión del puerto. Luego, el reino saudí tomó medidas de represalia contra el Líbano para protestar contra las declaraciones hechas por el Ministro de Información libanés sobre la guerra en Yemen.
En este contexto, los grupos y organizaciones progresistas dentro del movimiento de protesta que estalló en octubre de 2019 encuentran cada vez mayores dificultades para organizar y constituir una alternativa democrática y popular capaz de desafiar a los partidos neoliberales confesionales.
Crisis económica y social en el país
La situación socioeconómica del país siguió deteriorándose en todos los aspectos. La tasa de pobreza aumentó drásticamente, pasando del 25% en 2019 al 74% en 20214//. El Líbano registró una de las tasas de inflación más altas del mundo en 2021, con un aumento del 137,8% del índice de precios al consumo entre agosto de 2020 y agosto de 2021, y la devaluación de la libra libanesa en un 90% desde el inicio de la crisis.
Esta situación es principalmente el resultado de la depreciación de la libra libanesa (que cotizaba a mediados de noviembre por encima de 20.000 libras libanesas (LL) por un dólar, más de diez veces la tasa oficial de 1.507,5 libras por un dólar) y la paulatina retirada de los subsidios, particularmente a los derivados del petróleo, desde junio y que debería completarse en las próximas semanas. En junio de 2021, el parlamento adoptó una tarjeta de aprovisionamiento como una forma de asistencia financiera directa destinada a sustituir los mecanismos de subvención establecidos en octubre de 2019 por el Banco de Líbano, medidas destinadas a limitar el aumento de los precios de determinadas importaciones. : trigo, combustible, medicinas, incluso material médico. Casi 500.000 familias recibirán en promedio 93 dólares (o su equivalente en libras libanesas al tipo de cambio del mercado libre). Los partidos confesionales neoliberales han intentado utilizar este nuevo dispositivo para servir a sus intereses clientelistas y a sus propias bases populares.
Las consecuencias sociales y sanitarias son visibles en todas partes, especialmente en un país en el que el 55% de la población no está cubierta por ningún tipo de seguro médico. La proporción de hogares libaneses sin atención médica ha aumentado hasta el 33%, desde el 9% en 2019, mientras que la proporción de familias que no pueden pagar los medicamentos ha aumentado al 52%. La mayoría de los hospitales también carecen de medicamentos y funcionan a menos del 50% de su capacidad debido a la falta de recursos energéticos5/. Además, solo en los últimos meses, casi el 40% de los médicos calificados y el 30% de las enfermeras han abandonado el país de manera permanente o temporal, debido al continuo deterioro de sus condiciones, vida y trabajo6/.
Las y los trabajadores extranjeros sometidos al sistema de kafala, que les priva de sus derechos civiles y humanos básicos, también han visto cómo sus condiciones se deterioran considerablemente. La mayoría de estas personas son mujeres de países africanos y del sudeste asiático. Sus demandas de repatriación han aumentado recientemente, especialmente después de que cientos de ellas fueran recientemente despedidas por sus empleadores y abandonadas frente a sus consulados, a menudo sin dinero, sin comida o incluso sin sus documentos oficiales. Una serie de obstáculos impiden que muchas personas se vayan, incluido el costo de los billetes de avión, los salarios no pagados y el hecho de que los empleadores no devuelvan los pasaportes a muchas de esas personas trabajadoras migrantes.
Asimismo, las personas refugiadas sirias continúan sufriendo empobrecimiento y formas de abuso. Casi el 91% de ellas vive con menos de 3,80 dólares al día. De diez familias de personas refugiadas sirias, nueve han alcanzado niveles de pobreza extrema, frente al 55% del año pasado, según Unicef. Al mismo tiempo, el Estado y algunos actores políticos continúan presionándoles para que regresen a Siria, a pesar de las continuas violaciones de derechos humanos por parte de la dictadura siria7/.
Mientras tanto, la represión contra el movimiento de protesta ha aumentado durante los años 2020 y 2021. Las fuerzas de seguridad interna y la policía del Parlamento no han dudado en varias ocasiones en hacer un uso excesivo de la fuerza, incluidas munición real, balas de goma y gases lacrimógenos, contra manifestantes pacíficos, a la vez que no les protegían de los partidarios armados de los partidos políticos neoliberales confesionales. Las autoridades libanesas también han acosado a periodistas y activistas, en particular utilizando leyes sobre la difamación y restringiendo indebidamente el derecho de las personas a ejercer su libertad de expresión. Entre octubre de 2019 y junio de 2020, las agencias de seguridad y militares interrogaron a 75 personas, incluidos 20 periodistas, en el marco de acusaciones falsas de difamación, simplemente por criticar a las autoridades en publicaciones en las redes sociales. Pero ninguna de estas agencias tiene el mandato de investigar cuestiones de libertad de expresión.
Los partidos neoliberales confesionales están tratando de consolidar el poder
La crisis de la pandemia y la crisis económica del COVID-19 han representado una oportunidad para que los partidos neoliberales confesionales se consolidaran y / o mantuvieran su base popular, tras las crecientes críticas que siguieron al levantamiento libanés de octubre de 2019. Los partidos neoliberales confesionales han emprendido diversas campañas como saneamiento de espacios públicos, distribución de alimentos a la gente más necesitada y sensibilización con el objetivo de restaurar su imagen, pero sin las mismas capacidades económicas y el mismo alcance.
Las Fuerzas Libanesas (FL) lideradas por Samir Geagea8/, por ejemplo, proporcionaron pan y vales de gasolina a sus miembros y simpatizantes, así como un sistema de apoyo a la salud en varias regiones, como Zahlé y Bcharre, donde distribuyeron medicamentos gratis y garantizaron otros tipos de medicamentos a precios reducidos. Ziad Hawat, empresario y diputado del partido, también financió una forma de red de transporte público en la región de Jbeil. Al mismo tiempo, el Partido Socialista Progresista (PSP) dirigido por Walid Jumblatt9/ también entregó cajas de alimentos, combustible y ayuda en la región de Chouf. La asignación de vacunas COVID también se ha utilizado como una forma de patrocinio político. El ayuntamiento de Qubayyat, en la región norteña de Akkar, por ejemplo, anunció a finales de marzo de 2021 que vacunaría a algunos de sus habitantes con vacunas chinas obtenidas gracias a una donación de la familia de Saad Hariri, que dirige la Corriente del futuro10/.
En este contexto, Hezbolá ha sido uno de los principales actores a la hora de beneficiarse de la crisis financiera, en gran parte gracias a sus amplias redes de instituciones y recursos, que no han dejado de desarrollarse desde finales de los años 1980. Con la agravación de la crisis económica en Líbano desde octubre de 2019, Hezbolá también ha lanzado o apoyado varias iniciativas caritativas dirigidas a las familias con escasas rentas a lo largo de 2020 y 2021. Se trata en particular de tiendas cooperativas conocidas con el nombre de Makahzen Nour, que solo son accesibles a las y los clientes en posesión de tarjetas de descuento proporcionadas por el partido (y sus invitados) y de un crecimiento del número de préstamos de la institución al-Qard al-Hassan, que se ha convertido en la mayor organización de microcrédito del país tras la crisis financiera de octubre de 2019. Esta institución emplea ya a casi 500 personas y tiene alrededor de 30 sucursales en todo el país, casi todas en áreas predominantemente chiítas. La asociación tuvo más de 400.000 cotizantes y otorgó más de 200.000 microcréditos solo en 2019, por un monto total de 500 millones de dólares.
El partido mantuvo e incrementó su asistencia social a su base chiíta a lo largo de los años 2020 y 2021, con el fin de consolidar su hegemonía sobre esta población. En abril de 2021, Hezbolá comenzó a distribuir una tarjeta llamada «al-Sajjad» para ayudar a las personas necesitadas. Esta tarjeta magnética se utiliza en las cooperativas de al-Nour propiedad del partido y es la única forma de acceder a ellas. El titular de la tarjeta al-Sajjad se beneficia de los descuentos en los productos alimenticios. Según el diputado de Hezbolá Hassan Fadlallah, en abril de 2021 el partido proporcionó ayuda directa a cincuenta mil familias pobres.
Además, Hezbolá importó combustible de Irán a través de Siria para abordar la creciente crisis de combustible en el país. El combustible iraní proveniente del puerto sirio de Baniyas fue enviado a los almacenes de Amana Fuel Company, afiliada a Hezbolá y sancionada por Estados Unidos. Hezbolá está regalando combustible gratuito para un mes a algunas instituciones necesitadas, incluidos hospitales públicos, la Cruz Roja Libanesa, las fuerzas de defensa civil y orfanatos, mientras ofrece a otras instituciones cantidades limitadas a precios ligeramente inferiores a los del mercado negro. Han presentado toda la operación como una «victoria” contra el «bloqueo económico” impuesto por Estados Unidos y sus aliados en el interior del país11/. Todas estas acciones contribuyen a la estrategia de Hezbolá, que consiste en actuar como un Estado dentro de un Estado, sin dejar de querer controlar directa e indirectamente importantes engranajes en las instituciones del Estado libanés.
El doble uso de la coerción y el consentimiento ha permitido a los partidos neoliberales confesionales en el poder mantener su hegemonía sobre amplios segmentos de las clases populares, especialmente en ausencia de cualquier alternativa política desde el final de la guerra civil.
Mientras tanto, las principales tareas del nuevo gobierno son organizar nuevas elecciones, que se celebrarán a finales de marzo de 2022, e implementar «reformas económicas», es decir nuevas series de privatizaciones y medidas de austeridad. El primer ministro Miqati también ha declarado que una de las principales tareas de su gobierno sería «implementar la iniciativa francesa», que había propuesto (en septiembre de 2020) una serie de reformas económicas a cambio de ayudas internacionales. Esta “iniciativa francesa” se basa en la conferencia de París celebrada en abril de 2018 – “Conferencia económica para el desarrollo, a través de reformas y con las empresas”, conocida como CEDRE – que prometió más de 11 mil millones de dólares en préstamos y donaciones para el Líbano. A cambio de estos fondos, el gobierno libanés debe comprometerse a desarrollar asociaciones público-privadas, especialmente en el sector eléctrico, a reducir el nivel de endeudamiento y a imponer medidas de austeridad. Los partidos políticos neoliberales confesionales dominantes están de acuerdo con estas medidas, a pesar de sus rivalidades. También debían reanudarse las conversaciones entre el gobierno libanés y el Fondo Monetario Internacional (FMI). De hecho, el Ministerio de Finanzas libanés ya ha manifestado que está a favor de un acuerdo sobre un plan de recuperación adecuado que sería apoyado por el FMI y, por lo tanto, contaría con un amplio apoyo de la comunidad financiera internacional.
Ninguna responsabilidad por la explosión
La impunidad de las élites políticas neoliberales confesionales por la explosión criminal de agosto se prolonga hasta el día de hoy. La investigación no logró señalar ni incriminar a un solo funcionario. Además, varios testigos potenciales han sido asesinados.
De hecho, la investigación se suspendió durante un mes después de que el ex juez de instrucción acusó al ex primer ministro Hassan Diab, todavía en el cargo en ese momento (diciembre de 2020), y a tres ex ministros por negligencia. El Sr. Diab y los exministros Ali Hassan Khalil y Ghazi Zeaïter, que también son miembros del Parlamento, se negaron a asistir a su citación, y los dos últimos interpusieron un recurso de apelación contra el magistrado, lo que obligó a la suspensión pura y simple de la investigación. Los partidos políticos neoliberales confesionales gobernantes, incluidos los inculpados, acusaron al ex juez de violar la constitución al eludir el Parlamento. Insistieron en que las cuatro personas afectadas habían sido acusadas «selectivamente» con «objetivos políticos». Por su parte, Hassan Diab dijo que su acusación estaba dirigida «más allá de su persona, a una posición», sugiriendo que se trataba de un ataque a la comunidad sunita. Al día siguiente, Saad Hariri, el mufti de la República Abdellatif Derian, así como los ex primeros ministros Tammam Salam y Fouad Siniora, se reunieron con él en señal de apoyo.
A mediados de enero de 2021, el fiscal pudo reanudar sus investigaciones, pero pocas semanas después fue destituido por el Tribunal de Casación libanés tras una denuncia presentada por los dos exministros antes mencionados, a los que había acusado de negligencia criminal. El tribunal basó en parte su fallo en los daños a la casa del ex juez causados por la explosión en el puerto, lo que según dijo generó dudas sobre su imparcialidad.
Rápidamente se nombró a un nuevo juez, Tareq Bitar, para tratar de calmar las frustraciones crecientes, especialmente las de los familiares de las víctimas, ante la falta de resultados de la investigación. Sin embargo, el juez Bitar encontró los mismos obstáculos de los diversos partidos confesionales neoliberales gobernantes en su deseo de interrogar y enjuiciar a figuras políticas. En particular, acusó formalmente a cuatro exministros, tres de los cuales son miembros del Parlamento, pero se encontró con la negativa del Parlamento a levantar sus inmunidades. Algunos de los agentes de seguridad que deben comparecer ante el juez también han sido protegidos por la clase política. Como resultado de estas acciones, el juez Bitar fue acusado, igual que su excolega, de buscar politizar la investigación. Amnistía Internacional, entre otras organizaciones internacionales, ha denunciado esta “obstrucción flagrante” a la justicia por parte de las autoridades libanesas, al enfrentarse la investigación de esta tragedia a numerosos obstáculos y a la ingerencia de la clase política en el poder.
El jefe de la unidad de enlace y coordinación de Hezbolá, Wafic Safa, amenazó con “echar abajo” al juez Bitar. Además, algunos diputados también han instrumentalizado el confesionalismo como medio de protección. El exministro y actual diputado Nohad Machnouk, del Movimiento del Futuro, intentó presentar la investigación como un conflicto entre cristianos y musulmanes para deslegitimar el caso. El ex primer ministro Diab hizo lo mismo. El juez Bitar incluso fue notificado a fines de septiembre de 2021 de una destitución temporal en el caso de la doble explosión en el puerto de Beirut, luego de una impugnación presentada en su contra por exministros. Sin embargo, el Tribunal de Apelación de Beirut rechazó la recusación del juez Tarek Bitar a principios de octubre. No obstante, las amenazas en su contra para retirarle del expediente han proseguido, llevando a una nueva suspensión de la investigación el 4 de noviembre.
Esta impunidad de la clase confesional neoliberal gobernante permite otras catástrofes criminales similares. En agosto de 2021, se produjo una nueva explosión criminal en el norte del país, en la aldea de Tleil en Akkar, que mató a unas 30 personas. Fue la privación y la miseria lo que llevó a cientos de jóvenes de Akkar a correr al amparo de la noche hasta un tanque de gasolina, dejado a su disposición por el ejército, para obtener unos litros en un contexto de escasez, antes de la explosión del tanque. La provincia más pobre, Akkar, que tiene la tasa de analfabetismo más alta y el ingreso per cápita más bajo, tiene todas las características de una comunidad rural relativamente aislada con unas infraestructuras deficientes, educación de baja calidad y servicios de salud deficientes.
Luego de la tragedia del 15 de agosto, tres diputados de la región, Tarek el Merhebi, Walid Baarini y Assaad Dergham, fueron señalados por la población local como cómplices, incluso cerebros, de las actividades de contrabando, tradicionales en esta región. que hundió al Akkar en el abismo. Estos diputados provienen de grandes familias feudales que han ejercido su dominio sobre la región durante muchos años sin brindar la más mínima forma concreta de desarrollo a sus habitantes. Los dos primeros son de la Corriente del Futuro de Saad Hariri, y el último de la Corriente Patriótica Libre, afiliada al presidente Aoun.
Las muertes de Tayoune, crisis con Arabia Saudita y la polarización del campo político
Hezbolá intensificó sus ataques durante septiembre y octubre contra el juez Bitar, acusándole de politizar el caso y alegando que los EE.UU. estaban instrumentalizando su investigación. El 14 de octubre se organizó una manifestación de varios cientos de partidarios de Hezbolá y el movimiento Amal del presidente del Parlamento Nabih Berry frente al palacio de justicia de la capital para protestar contra el juez Tarek Bitar. Rápidamente, esta movilización acabó produciendo escenas de guerrilla, transformando distritos de la capital en una zona de guerra. Estos mismos barrios formaban una línea de frente durante la guerra civil que estalló en 1975.
A partir de ahí, la situación degeneró rápidamente, con disparos de lanzacohetes RPG, mientras se vieron hombres armados en las calles. Los enfrentamientos dejaron siete muertos, todos miembros del campo de Hezbolá y Amal o cercanos al mismo, y 32 heridos. Aunque las circunstancias siguen sin estar claras, con la excepción de la primera víctima que murió bajo las balas de un soldado del ejército libanés, parece que los otros disparos vinieron de francotiradores apostados en los tejados, cuando los manifestantes partidarios de Amal y Hezbolá entraron en el barrio cristiano de Aïn al-Remmané, lanzando consignas confesionales y actuando de manera violenta. Se ciernen fuertes sospechas sobre miembros de las Fuerzas Libanesas o sus simpatizantes que presuntamente abrieron fuego contra manifestantes de Amal y Hezbolá.
Mientras las tensiones políticas seguían aumentando, el reino saudí aprovechó las declaraciones del ministro de Información libanés, Georges Cordahi, que criticó la ofensiva saudí en Yemen en una entrevista con al-Jazeera antes de entrar en el gobierno, para aumentar la presión sobre el Líbano y denunciar el control de Hezbolá sobre el país. Riad llamó a su embajador en Líbano y decidió expulsar al embajador libanés del reino, así como detener todas las importaciones libanesas12/. Unas horas antes de salir del país, el embajador saudí en Líbano, Walid Boukhari, visitó al líder de las F L, Samir Geagea, en un claro mensaje del reino saudí invitando a otros líderes libaneses a ponerse junto a las FL, su principal aliado en Líbano, con el fin de formar un frente anti-Hezbolá.
Desde entonces, la escena política ha seguido polarizándose entre Hezbolá y las FL, beneficiando a ambas partes. Por un lado, Hezbolá desea consolidar aún más a la población chií del Líbano en torno suyo, describiéndose a sí mismo como objeto de amenazas desde dentro y desde fuera y buscando al mismo tiempo poner fin a la investigación sobre la explosión del puerto. Varias familias chiítas también han abandonado, bajo presión de Hezbolá, la Asociación de Familias de Víctimas de la Explosión del Puerto de Beirut (o Comité de Familias de las Víctimas de la Explosión del Puerto de Beirut)13/, e instándolos a denunciar al juez Bitar. Por otro lado, las FL mantendrán su propaganda política presentándose como el único baluarte contra el proyecto político de Hezbolá en el Líbano y sus «armas ilegales».
Esta polarización del campo político y el aumento de las tensiones religiosas en el país debilitan aún más la capacidad del movimiento popular de querer sacar a las clases populares de este enfrentamiento criminal y reaccionario.
¿Dónde está la resistencia popular?
El movimiento de protesta se ha debilitado considerablemente desde octubre de 2019, aunque nunca se ha extinguido por completo a pesar de la represión estatal, la crisis financiera y la pandemia. A pesar de este debilitamiento, se obtuvieron algunas pequeñas victorias. A finales de 2020, las elecciones de estudiantes universitarios vieron victorias significativas (por ejemplo, en la Universidad Americana de Beirut, la Universidad Saint Joseph y la Universidad Libanesa Americana) de listas independientes, democráticas y laicas opuestas a todos los partidos confesionales neoliberales gobernantes, muchos de los cuales han decidido no presentar candidaturas. A finales de 2021, este escenario se repitió en varios campus universitarios, aunque las victorias fueron menos brillantes.
Además, una coalición denominada «El Orden se rebela» reunió a varios grupos políticos del levantamiento y a varios partidos independientes, obteniendo a finales de junio de 2021 15 de los 20 escaños en cuatro departamentos de la Orden de Ingenieros y Arquitectos, así como 220 de los 283 escaños representativos contra la alianza de casi todos los partidos gobernantes neoliberales confesionales, que habían formado una lista unida, a pesar del fracaso en la formación de un gobierno desde agosto de 2020.
Sin embargo, la continua ausencia de organizaciones de masas no confesionales y partidos arraigados en las clases trabajadoras del país sigue siendo el principal problema del movimiento de protesta. Aún no existen y esto debilita la capacidad del movimiento para organizarse en un desafío social y político a los partidos confesionales neoliberales y a su sistema.
Los diversos sectores de la izquierda y progresistas están muy fragmentados dentro del movimiento de protesta y no han podido construir un frente único capaz de canalizar demandas y organizar manifestantes en todo el país. La creación de un doble poder es una necesidad política urgente para desafiar al Estado y a los partidos políticos burgueses sectarios. Por su parte, los sectores más liberales y de derecha del movimiento, que no tienen un análisis de clase, han multiplicado los intentos organizativos, como el acuerdo firmado en junio de 2021 entre el Bloque Nacional y el grupo Minteshreen planteando un discurso liberal cercano al centro-derecha y susceptible de seducir a una burguesía ávida de cambio pero reacia a los medios necesarios para lograrlo.
Al mismo tiempo, ciertos partidos confesionales como el Kataëb, y en menor medida las FL, siguen intentando presentarse como parte del movimiento de protesta y buscan aliarse con ciertos actores liberales. Esto ha debilitado el atractivo del movimiento de protesta por un cambio radical, al tiempo que aumenta las tensiones dentro del movimiento, ya que mucha gente ve a estos partidos como componentes principales del sistema confesional. Estos partidos buscan fortalecer sus posiciones en la estructura de poder estatal en lugar de cambiarla por completo. Los miembros de las Fuerzas Libanesas agredieron físicamente a miembros del Partido Comunista Libanés durante una manifestación, mientras que los partidarios de Kataeb también acosaron a las y los manifestantes en otra acción de protesta.
Además, la debilidad de las estructuras sindicales plantea un problema recurrente. Como señalé en un artículo anterior14/,los partidos religiosos han contribuido activamente a debilitar el movimiento sindical desde la década de 1990. Las y los empleados del sector público estaban muy subrepresentados, apenas un uno por ciento de manifestantes al comienzo del movimiento de protesta, según Lea Bou Khather y Rima Majed15/, cuando el sector público emplea hoy alrededor de 300.000 funcionarios, el 14% de la población activa total. Esta situación está ligada principalmente al papel del clientelismo confesional en el empleo del sector público, pero también a la cooptación del Comité de Coordinación Sindical (CCS) en 2016 y al acercamiento de su dirección a la élite dirigente. Por ejemplo, en enero de este año, el CCS suspendió una huelga contra el proyecto de presupuesto, que incluye la reducción del presupuesto de la Universidad Libanesa y amenaza la seguridad social de sus profesores, tras reunirse con el ministro de Finanzas Ghazi Wazni, quien acordó modificar determinadas cláusulas del proyecto de presupuesto. Sin embargo, varios sindicatos, incluida la Asociación de Profesores a Tiempo Completo de la Universidad Libanesa, consideran que estas enmiendas son solo cosméticas, insistiendo en que no satisfacen sus demandas. Por lo tanto, votaron a favor de continuar su huelga.
En este contexto político, marcado por una profunda crisis económica y la ausencia de una alternativa política viable, los partidos confesionales podrán movilizar su base confesional y mantener su hegemonía en las próximas elecciones.
Conclusión
El impulso de octubre de 2019 ha decaído y muchas y muchos libaneses ahora se están concentrando en satisfacer sus necesidades básicas. Los diversos partidos religiosos han podido, a diferentes niveles, mantener una hegemonía sobre sus comunidades religiosas a través de diversos mecanismos, ya sea mediante el consentimiento o la violencia, para vincular los intereses de las clases subalternas con las estructuras de su partido y con sus intereses. Han trabajado continuamente, a pesar de sus rivalidades, para evitar la construcción y consolidación de cualquier forma de alternativa social o política durante y fuera de los períodos electorales, especialmente en lo que respecta a los movimientos obreros y otras fuerzas proletarias.
El carácter confesional del Estado, acompañado de la promoción de políticas neoliberales, es un obstáculo para el surgimiento de una alternativa obrera desde abajo, capaz de desafiar a los partidos burgueses confesionales en el poder. En esta perspectiva, los partidos en el poder aprovecharán las próximas elecciones para intentar recuperar cierta legitimidad, tanto a nivel local como internacional.
Traducción: Faustino Eguberri para viento sur. Fuente original del artículo: https://www.contretemps.eu/liban-crise-politique-economique/
Notas
1/ M1 Group es una sociedad de cartera de la familia multimillonaria Mikati, que incluye a Najib Mikati. Según su web, el Grupo M1 tiene inversiones en la empresa de telecomunicaciones MTN Group Ltd. cotizada en Sudáfrica y en el minorista de moda Pepe Jeans. También es propietario de bienes raíces en Nueva York, Londres, Dubai y Beirut. Ver: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-04/mikati-s-m1-to-invest-330-million-after-buying-telenor-myanmar
2/ El presidente debe ser maronita, el primer ministro sunita y el presidente de la Cámara de Diputados chií.
3/ https://lb.usembassy.gov/agreement-on-the-formation-of-a-new-lebanese-government/
4/ https://www.unescwa.org/sites/default/files/news/docs/21-00634-_multidimentional_poverty_in_lebanon_-policy_brief_-_en.pdf
5/ Ibíd.
6/ https://www.lorientlejour.com/article/1275316/pres-de-40-des-medecins-et-30-du-personnel-infirmier-ont-quitte-le-liban-deplore-loms.html
7/ A mediados de septiembre, el patriarca maronita Bechara al-Rahi, por ejemplo, afirmó que los refugiados sirios no quieren regresar a Siria y que prefieren quedarse en el Líbano, mientras que su país ahora es seguro, según dijo. Esto significaría que su regreso no debería ser voluntario y que el estado libanés debería imponerlo. Además, el Patriarca al-Rahi envió una carta al Papa pidiéndole que cambiara su postura sobre los refugiados, alegando que los refugiados sirios en el Líbano son musulmanes sunitas, lo que pone en peligro las características del país. Amnistía Internacional publicó un informe el 7 de septiembre de 2021 en el que documentó casos de tortura, desaparición forzada, violencia sexual y muerte, dirigidos a personas que regresaron a Siria durante los últimos cuatro años. El informe concluye que «ninguna parte de Siria es segura para regresar». https://www.facebook.com/MegaphoneNews/posts/2958351731049288 (Ver también https://vientosur.info/la-devolucion-de-las-personas-refugiadas-sirias-es-un-crimen-de-lesa-humanidad/ y https://vientosur.info/testimonio-sobre-la-situacion-humanitaria-y-politica-en-siria/ ndt).
8/ Samir Geagea es el líder del partido FL, que durante la guerra civil libanesa era una milicia cristiana armada de extrema derecha opuesta a las fuerzas de izquierda palestinas y libanesas.
9/ En un estudio realizado por la plataforma Gherbal publicado en 2021, los datos recopilados durante este período colocan al líder del PSP, Walid Jumblatt, en lo más alto del podio de políticos propietarios de propiedades en el Líbano, con 505 propiedades a su nombre, principalmente en el Chouf. Su padre, Kamal Joumblatt, creó el PSP en 1949.
10/ Saad Hariri es el líder de la Corriente del Futuro e hijo del ex primer ministro Rafic Hariri, que fue asesinado en una explosión en 2005. Rafic Hariri tenía profundos vínculos con el Reino de Arabia Saudita y había amasado una gran fortuna en el sector de la construcción y obras públicas de Arabia Saudita. En el propio Líbano, estableció una red independiente de servicios y actividades caritativas, incluida la provisión de educación, atención médica, empleos, alimentos y asistencia financiera, principalmente dirigida a los sunitas pero que beneficia también a otras comunidades. Este tejido empresarial le dio una importante base social en el sistema de mecenazgo predominante en el país. La familia Hariri es la familia más rica, junto con los Miqati, en el Líbano. Sin embargo, los lazos con el reino saudí se han cortado desde 2017.
11/ Véase https://www-aljazeera-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.aljazeera.com/amp/news/2021/9/28/lebanon-Hezbolá-fuel-patronage-energy- crisis? fbclid = IwAR2IPMpLlbHWr45yGALxM4AvfPHI057yOoINUmf1bfbla9NodaS7GLuO5TY
12/ En 2020, Arabia Saudita fue el tercer mercado de exportación más grande del Líbano, con productos por un valor de poco menos de 230 millones de dólares, o el 5,6% de las exportaciones mundiales del Líbano, según las estadísticas aduaneras disponibles públicamente.
13/ Asociación que trabaja en apoyo a las familias y familiares de las víctimas de la doble explosión del 4 de agosto de 2020 en el puerto de Beirut, y hace campañas para que se complete la investigación y que la justicia pueda establecer las responsabilidades, contra la ‘impunidad. Ver: https://daraj.com/81470/?fbclid=IwAR1i3xxnawUs2p_ZB_NH1PvnFRjvGJMIFFljcLRzkbWu7wjzWri5hQs6dhM
14/ Véase https://www.contretemps.eu/explosion-liban-origines-neoliberalisme-confessionnalisme/
15/ http://www.activearabvoices.org/uploads/8/0/8/4/80849840/leb-oct-rev_-_v.1.3-digital.pdf
Fuente: https://vientosur.info/libano-la-crisis-interminable-del-confesionalismo-neoliberal/