Las elecciones del 13 de febrero determinarán el futuro de una comunidad marcada por una despoblación que no cesa, la falta de servicios básicos y un caciquismo local con intereses políticos.
“La gente que suba a Numancia y mire a su alrededor se va a encontrar los efectos del neoliberalismo bajo tierra”. La frase le sale fluida a Juan Carlos García, alcalde por Unidas Podemos de Fuentecantos, un pueblito soriano próximo al yacimiento arqueológico, cuya hermosura no le alcanza ni para dar de beber a sus 68 habitantes. El acuífero que les surtía de agua agoniza envenenado en el subsuelo. El uso persistente de pesticidas y fertilizantes por parte de dos empresas agrícolas locales ha contaminado las capas freáticas a un precio demasiado caro. Tras décadas de suministrar agua cristalina, el viejo pozo se ha transformado en un sumidero inservible para el consumo humano. Las protestas no han cambiado un ápice el negro panorama. La laxitud de las políticas agrarias y medioambientales de la Junta de Castilla y León, “un trampantojo”, en palabras de García, siguen propiciando el vertido de nitratos al subsuelo, “incluso en zonas catalogadas como vulnerables”. A Fuentecantos, por ejemplo, le ha costado toneladas de esfuerzos entrar en ese listado mágico. “Para nada”, añade el alcalde, que relata las presiones de todo tipo que sufrió, con políticos conservadores por medio, para que se mordiera la lengua. “Te hacen ver que estás equivocado en tus demandas, que vas en contra del pueblo y del progreso. Y yo me pregunto: ¿Cómo es posible que hablen de progreso cuando no tenemos ni agua potable en las casas?”, comenta García.
La polución discurre bajo la verde pradera que se abre entre dos cerros, el de San Juan y el de la Muela, que los vecinos rastrean como zahoríes del siglo XXI. Un día captan agua a 200 metros de profundidad y la llevan al laboratorio. Luego perforan en otro lugar a 176 metros. Pero los números que aportan las muestras siempre aparecen en rojo. Hace unos meses, 80 miligramos de nitratos por litro, cuando el límite permitido es 50. La última vez, 86. El veneno asedia a la férrea Numancia, el símbolo de la resistencia contra los romanos, que hoy se tambalea a merced del desamparo y la contaminación. En Fuentecantos pocos dudan de que si Plinio el Viejo levantara la cabeza, regresaría a la tumba corriendo. “En cierto modo, parece que hemos vuelto a aquella época porque, dígame usted, cómo es posible que en pleno 2022 tengamos que seguir yendo cada día a un depósito de agua que traen de la capital para beber y cocinar”, concluye Juan Carlos García.
Con apenas 25 habitantes por kilómetro cuadrado, Castilla y León es el emporio nacional del silencio demográfico. Y del envejecimiento gradual. Sus datos son desoladores. En los últimos diez años ha perdido más de 175.000 residentes, más que ninguna otra comunidad autónoma. Hoy en día cuenta con 46.000 trabajadores menores de 25 años y 250.000 que se jubilarán a lo largo de la próxima década. Con estas cifras en la mano, la Encuesta de Población Activa (EPA) ha dejado al descubierto un déficit generacional de 200.000 personas que tendrá repercusiones graves en el mercado laboral de la región. Y de las nueve provincias que conforman la comunidad, Soria se lleva la palma. Desde 1980, su población ha mermado un 12%. Una cifra que habría que aumentar al 50% si se comparan con la contabilidad registrada a mediados del siglo pasado. Si no se acomete un cambio del modelo productivo, las previsiones del Instituto Nacional de Estadística (INE) no auguran nada bueno. Este flanco despoblado de la España vacía seguirá perdiendo almas. A raudales. Al menos otro 8% en los próximos 15 años, calculan. Un yermo demográfico entre campos dorados y atardeceres apoteósicos.
Los motivos que han provocado este problema son múltiples. Está, cómo no, un abandono político histórico, pero también se percibe una orfandad cultural en sus habitantes, siempre se mira al progreso con ojos urbanos y los prejuicios hacia unos oficios artesanales y centenarios no han desaparecido del todo. No hay vecino en este vasto territorio castellano que no sepa que la hemorragia demográfica persevera allí donde se maltrata el ciclo ecológico de las cosechas y los caciques locales mantienen el yugo en el cuello de una población que debe elegir entre proyectos industriales monstruosos o la nada.
Uno de ellos es el de la macrogranja que la cooperativa navarra Valle de Odieta pretende construir en la pequeña localidad soriana de Noviercas. Más de 23.500 vacas en un pueblo de apenas 150 habitantes. El irresistible imán para cooptar conciencias es que una explotación tan colosal, la cuarta vaquería más grande del mundo, atraería población al desierto castellano, ansiosa por encontrar trabajo. Pero pincharon en hueso porque la movilización que se ha producido empieza a ser el emblema de la lucha contra este tipo de mataderos.
Y la bandera de la protesta la mantiene izada una combativa asociación llamada Las Hacenderas, nombre inspirado en los trabajos comunales que se hacían por estos pequeños pueblos para cuidar de su cultura y vivir mejor. Toda una declaración de guerra para poner fin al imperio de la ganadería industrial. Las Hacenderas conocen bien los recursos exculpatorios que se están utilizando para tener al pueblo sojuzgado.
Mesa informativa de Las Hacenderas en Noviercas contra el proyecto de macrogranja de vacas. Foto: G.C.
Begoña Izquierdo es bióloga y se ha volcado en defensa de un mundo que no se resigna a su lenta extinción. Preguntada por la extensión de la macrogranja que quieren instalar en Noviercas, Izquierdo lo explica al detalle: “23.520 vacas dentro de 92 hectáreas de terreno, algo así como el Parque del Retiro de Madrid. Utilizaría 775.000 metros cúbicos de agua al año, es decir, el equivalente a unas 165 piscinas olímpicas, agua que será captada de un acuífero prístino y devuelta al medio, no como un purín, sino como un fluido residual altamente contaminante. Creemos que este proyecto debe ser estudiado de forma global para ver el impacto terrorífico que puede tener”. “Y vemos que nadie quiere la macrogranja pero nadie les dice que no”, añade. La piedra de un poder financiero que ni el Estado se atreve a desafiar. “Porque todo lo recurren, todo lo judicializan”, afirma.
Para La Hacenderas es como una batalla entre el rey poder y la reina libertad. Es lo mismo que sucede en Cueva de Ágreda, un pueblito de 67 habitantes a los pies del Moncayo, en el corazón del Sistema Ibérico. Su alcalde, Miguel Alonso, es del Partido Popular pero su espíritu comunal le haría pasar por un combatiente libertario. Desde hace unos años, el agua del pueblo está monopolizada por unos pocos privilegiados. “Hablo del industrial Emiliano Revilla, ya retirado, que de la mano del Ayuntamiento de Ólvega, a 12 kilómetros de Cuevas de Ágreda, sólo han propuesto una idea mala seguida de otra peor. Hablo de las comarcas y del medio ambiente, con los cuales se están comportando como unos depredadores”, asegura. A Cueva de Ágreda o a Beratón los están matando de sed.
La inmensa mole del macizo del Moncayo, 15 kilómetros de largo y más de 2.000 de altura granítica con nieves cada año menos perpetuas, amamanta a un extenso territorio no sólo de la dehesa castellana sino también de Aragón. Es la entrada natural al Valle del Ebro, corazón palpitante del Sistema Ibérico y justo distribuidor de recursos naturales en ambas vertientes desde antiguo. “Pero los diversos departamentos oficiales llevan tiempo tomando decisiones poco serias respecto a la instalación de industrias, macrogranjas y empresas insostenibles por su necesidad de agua y su contaminación. Llevan muchos años metiéndonos el rejón de muerte”, asegura Alonso, que muestra una absoluta indiferencia a la vanidad mediática. Al menos 50 años llevan así, dicen los vecinos. El tiempo que lleva aplicándose una política de la que se ha beneficiado una industria fuertemente subvencionada desde la Junta Castilla y León y regentada, a día de hoy, por grandes grupos de inversión extranjeros. Desde que Emiliano Revilla vendió el 90% de las acciones de su industria soriana al grupo Unilever España todo se ha sucedido en cadena. El Ayuntamiento de Ólvega bendijo con su nombre un polígono industrial y la Junta castellanoleonesa lo premió con elevadas sumas de dinero.
Allí se instalaron empresas que se vanaglorian de mantener viva la economía regional, como una quesera que convirtió el manantial de un río cercano en suero de leche. O el caso más sonado de otra factoría que almacenaba disolventes y barnices llegados en camiones de diferentes puntos de España, pero que se desprendía de ellos en el embalse del Val convertido hoy en un estercolero. “Yo le he dicho a mi partido que soy una persona independiente a la hora de tratar los problemas de mi vecinos. La defensa del agua del Moncayo la hemos pactado con Podemos y ha funcionado porque mantienen su palabra. Aquí tenemos que vivir todos y se necesita una industria sostenible que mire por los intereses de las generaciones venideras”, dice Miguel Alonso, al que algunos desaprensivos ya le pincharon las ruedas del tractor como aviso para mantenerle a raya. No lo han logrado. “En Castilla y León, nuestros padres nos inculcaron ser conservadores pero eso no significa que estemos de acuerdo con todo. Yo trabajo por un futuro, para que los jóvenes puedan vivir en estas tierras con dignidad”, sostiene el alcalde del PP al que solo le queda clavar una bandera roja y negra a la entrada de Cueva de Ágreda y explicar sus decisiones.
Una de las figuras sepultadas a la chita callando en este progreso subsidiado que impera en Castilla y León es el llamado emprendedor. En los foros neoliberales del país se les aclama como a héroes mitológicos. Vicente Merino, sin duda, es uno de ellos. O, al menos, debería de serlo. Ingeniero industrial con un sinfín de especialidades sobre sus espaldas, es copropietario de la empresa E.A. Green Energy, una compañía centrada en el desarrollo, promoción y gestión de proyectos de energías renovables a través de materias primas como la caña de azúcar, el maíz o la biomasa.
Su joya de la corona era la construcción de una biorrefinería para producir bioetanol a base de cultivo de la remolacha, que abunda en los campos que circundan la pequeña localidad zamorana de Barcial del Barco –280 habitantes–. El proyecto planea crear 120 puestos de trabajo directos y otros 1.200 indirectos para una provincia sin apenas peso industrial y con pésimos saldos demográficos. “Un buen negocio de energía limpia y sostenible para atraer población”, asegura Merino. El pasado mes de noviembre firmó un memorando de entendimiento (MOU) con una multinacional del sector para la construcción de la planta. Todo parecía en orden pero, de pronto, el proyecto se vino abajo. La empresa dio marcha atrás después de reunirse con responsables de la Consejería de Empleo e Industria castellano-leonesa. Varias grabaciones telefónicas realizadas por el propio Merino prueban que esos inversores pudieron ser víctimas de fuertes presiones por parte de varios altos cargos del PP en la Junta para que se desmarcaran del proyecto de Barcial del Barco.
Así consta en la denuncia que ha interpuesto en el Juzgado de Primera instancia de Zamora y en la que implica directamente al consejero de Fomento y Medioambiente castellanoleonés, Juan Carlos Suárez-Quiñones; al consejero de Agricultura y Ganadería, Jesús Julio Carnero; a un director general y a dos funcionarios. “El PP practica una política corrupta y mafiosa en Castilla y León”, dice Vicente Merino. El ingeniero acaba de pedir el amparo del Gobierno de España para “poder establecer un marco de seguridad jurídica y protección que permita reestructurar el capital y evitar que los inversores puedan ser intimidados. Zamora y León necesitan, y merecen, este desarrollo industrial”. Y dice hablar desde el conocimiento total de la realidad. Mantener viva la economía del campo castellano sin sembrar el paisaje de molinos de viento. “¿Quién va a querer venir a vivir? La biorrefinería, una industria moderna con mínimo impacto, economía circular… Es un proyecto pionero para abrir camino a otras alternativas similares”, sentencia Merino.
En la España rural se ha forjado, casi de forma instintiva, una libérrima ley de la oferta y la demanda. El ejemplo son las telecomunicaciones. “A las operadoras no les resulta rentable llevar la fibra óptica a los pequeños pueblos. ¿Qué beneficio sacan en un lugar donde viven 50 o 70 personas y todos tienen más de 60 años?”, se pregunta Javier González, propietario de más de cien colmenas con millones de abejas en el municipio burgalés de Bañuelos de Bureba –68 habitantes. La respuesta de las compañías es nítida: ninguno. La consecuencia es que Castilla y León es la comunidad autónoma con más puntos negros de toda la Península. Dicen que su distribución geográfica es complicada para trazar una red rentable de cobertura. Es el territorio más extenso del país y tiene núcleos de población muy disgregados, pequeños y envejecidos. Conectarlos necesita mucha inversión. El cóctel perfecto para ahuyentar a las operadoras de telefonía, que tienen a muchas comarcas castellanoleonesas a la cola de sus intereses comerciales. La Junta dice que no puede forzarlas a suministrar servicios a municipios como Bañuelos, que están completamente desconectados. Se aplican las tablas de la ley del libre mercado. Pueden, eso sí, atraerlas con la miel de las subvenciones, pero si el operador no advierte nicho para su negocio el concurso queda desierto. Es lo que sucede aunque tampoco es que la administración autonómica se haya vaciado los bolsillos.
La única manera que tiene Javier para hablar por teléfono es vía satélite. “No es que exijamos los servicios que pueden tener las ciudades. No aspiramos a tener ni el 5G ni a la banda ancha. Sólo pedimos lo más simple, que tengamos cobertura, que se estabilice la red. Con eso nos conformamos”, afirma.
La nueva Ley General de Telecomunicaciones que ahora impulsa el Gobierno español para su debate en el Congreso pretende acabar con esa zanja digital que tercamente persiste en Castilla y León. Pero las intenciones no aplacan las conjeturas de los afectados, convencidos de que “se discrimina al campo”. El compromiso del ejecutivo central son los fondos Next Generation y los Fondos europeos para el desarrollo regional (FEDER) que estas comarcas ensombrecidas demandan desde mucho antes de desatarse la pandemia. Ya lanzaron ayudas por valor de 249 millones destinadas a financiar el 52% del coste del despliegue de fibra óptica en poblaciones que, como ocurre en Bañuelos, aún no tienen acceso. “Pues nada de eso ha llegado”, confirma Javier con una sonrisa socarrona. En la pantalla de su móvil aparece una leve rayita de señal. Parece un milagro. Lástima que los teléfonos no hablen.