Durante la pandemia, fueron las únicas regiones que redujeron el presupuesto para Políticas Sociales. Casi un tercio de las muertes en las listas de espera en 2021 ocurrieron en la comunidad catalana
Es más que probable que, en los escasos minutos que pasarán desde que has hecho click en este artículo hasta que termines de leerlo, una persona dependiente haya muerto sin poder ejercer su derecho a una atención adecuada. Y no, no es una exageración: en España hay un fallecimiento cada 11 minutos en el llamado “limbo de la dependencia”, ya sea esperando al procedimiento de valoración o a la posterior recepción de las prestaciones.
Para hacer frente a esta situación, cuya gravedad se incrementó intensamente con la llegada de la pandemia de covid-19, el Gobierno de coalición decidió poner en marcha un plan de choque destinado a recuperar todo el terreno perdido por los recortes llevados a cabo por el PP de Rajoy a partir del año 2012. La buena noticia es que los datos demuestran que la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se ha recuperado de aquel desmantelamiento; la mala, que las cifras también ponen en evidencia la insuficiencia del aumento en las partidas presupuestarias a la hora de mejorar lo realmente relevante: las vidas de las personas dependientes.
Este año arrancaba con 317.942 personas en las listas de espera de la dependencia, y la tendencia nos dice que muchas de ellas morirán sin haber resuelto su situación. Durante 2021, por poner el ejemplo más cercano, hubo 46.300 fallecimientos en ese limbo del que parece imposible salir.
Sabedores de la gravedad del asunto, el equipo de Pedro Sánchez puso en marcha el mencionado plan de choque, gracias al cual se aumentaría la financiación en 600 millones de euros anuales en el periodo 2021-2023. Pese a que el dinero llegó, la reducción de las listas de espera planeada para 2021, de 60.000 personas, se ha quedado solo en algo más de la mitad, 38.807. Si no se mejora la eficacia de las medidas, habría que esperar cinco años para lograr la plena atención, algo que supondría un número elevadísimo de fallecimientos que podrían haberse evitado.
Una gestión autonómica negligente
En conversación con CTXT, José Manuel Ramírez López, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, no duda en señalar como principal causa del fracaso del plan de choque a algunas comunidades autónomas, a las que acusa de “insumisión en la implantación de la ley”.
Para comprender el peso que tiene la gestión autonómica en el asunto, hay que tener en cuenta que se trata de un modelo de financiación en el que el Estado solo aportó un 27% en 2021. Si bien la legislación obliga a que exista un equilibrio del 50%-50%, eso no ha ocurrido nunca. Con los recortes capitaneados por Rajoy en 2012, el peso que soportaban las CC.AA. fue aumentando hasta que, en 2019, la coalición progresista se propuso revertir la tendencia. La promesa fue elevar la aportación estatal hasta el 34% al final de la legislatura, y parece que las previsiones van camino de cumplirse.
Es en este contexto en el que hay que entender las palabras de José Manuel Ramírez: “Hay once comunidades autónomas que han hecho caja con el incremento de la partida presupuestaria para dependencia”, afirma. Y va más allá: “Hay que señalar especialmente a Catalunya, que supone prácticamente el 30% de la lista de espera nacional. Es un verdadero problema que afecta a toda España en el desarrollo del plan de choque”.
Viendo los datos desglosados por CC.AA. sorprende la dimensión de la irresponsabilidad política de Catalunya y la Comunidad de Madrid. Durante el trienio 2019-2021, marcado por la catástrofe que supuso la pandemia de covid-19 para las personas más vulnerables, fueron las únicas autonomías que redujeron el porcentaje del presupuesto dedicado a Políticas Sociales. Murcia también lo hizo, pero con un tímido descenso del 0,27%, mientras que Catalunya recortó un 2,79% y la CAM, un 3,56%. La primera, además, es la CC.AA. en la que menos representación presupuestaria tuvieron los servicios sociales en 2021 (sin contar con el País Vasco, las Islas Canarias y las Islas Baleares, cuya configuración administrativa complica las comparaciones). Todos estos datos explican que más de un 27% de los fallecimientos en el limbo de la dependencia durante el pasado año se produjeran en territorio catalán. Una de cada cuatro personas.
Cuestionado acerca de la posibilidad de establecer algún tipo de mecanismo de control para evitar el desvío de fondos y el mal uso del incremento en las partidas presupuestarias para dependencia, José Manuel Ramírez López asegura que ya existe esa fórmula, los convenios, pero que ponerlos en marcha “es una pelea continua con las Comunidades Autónomas, que no quieren que se les controle”.
En este punto es donde más amargas se vuelven las quejas del director de una de las principales asociaciones en el ámbito de la dependencia, fruto del desgaste que supone esa batalla constante por demostrar que el SAAD no es un sistema de ayudas, sino que responde a “un derecho subjetivo de ciudadanía” y, por lo tanto, debería ser una prioridad en la agenda pública. La precaria situación actual “es culpa de todos los que se sientan en la mesa, responsables de tomar decisiones ágiles y rápidas que afectan a la vida de la gente más vulnerable”, dice antes de rematar: “No puede ser que tardemos tanto en tomar decisiones, que haya tanta tensión, que no lleguemos a acuerdos”.
Las grietas por las que se escapa la inversión
Pero la negligencia política de algunas comunidades autónomas no es el único elemento que está impidiendo que la recuperación de los niveles de financiación se traduzca en un mejor sistema de atención a la dependencia. En noviembre de 2011, Mariano Rajoy dejaba claro su desdén –acorde con el de su equipo de gobierno– hacia esta herramienta tan importante de la política social: “En dependencia lo que hay que hacer es ir haciendo lo que se pueda”, declaró con su habitual torpeza. Más concreto fue Juan Manuel Moreno Bonilla –entonces secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad– unos meses después, cuando admitió que las intenciones del PP eran “derivar gran parte de la actividad” del SAAD “hacia el sector empresarial”.
De aquella privatización, las disfuncionalidades que hoy lastran un plan de choque que no está cumpliendo con sus objetivos. La desarticulación de la infraestructura pública de la dependencia, junto con la implantación de unos servicios low cost que, en palabras de José Manuel Ramírez, “no son de recibo”, provocan que las administraciones –tanto estatal como autonómicas– sean incapaces de absorber y utilizar al completo el aumento de financiación. En 2021, 76 millones de euros de la partida presupuestaria dedicada a este sector se quedaron sin gastar, cantidad que habría permitido atender a 13.000 personas más.
Las propuestas en este sentido son variadas, desde incrementar directamente las cuantías de las prestaciones –empezando por las del Grado III, el de mayor vulnerabilidad– hasta profesionalizar el sector de los cuidados, en el que solo un 13,93% del personal está dado de alta en la Seguridad Social. Cualquier opción es buena para reforzar el alcance de una ley que, camino de cumplir 16 años desde su puesta en marcha, se enfrenta al desafío de recuperar su marcado carácter progresista. Concebida por el Gobierno de Zapatero como un gran avance en el fortalecimiento del cuarto pilar del Estado del bienestar, que serviría para crear empleo público y mejorar el PIB, quedó raquítica tras el paso de la austeridad neoliberal que se llevó todo por delante.