La Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó el dictamen de un proyecto de ley que habilita a Perupetro a adjudicarse los lotes petroleros ubicados en el mar y la Amazonía.
Mientras se promocionan nuevos lotes y se exprimen los viejos, 6000 impactos ambientales siguen sin recibir la atención necesaria para remediar la contaminación y no afectar la salud de las comunidades locales. En el debate político no se tiene en cuenta la opinión de las organizaciones indígenas, no se analizan los costos de la remediación ni la transición a fuentes de energía renovables.
Las crisis políticas suelen ser la punta del iceberg de otras crisis más profundas. Las muertes de manifestantes por represión policial durante el gobierno de Dina Boluarte trae consigo el incremento de vulneraciones de derechos. De esta forma, se confirma una tendencia peligrosa en la que el Estado abandona sus principios y deberes fundamentales y prioriza, de forma grosera, a los grandes negocios.
En este contexto, el sector petrolero peruano, compuesto por las empresas privadas y las instituciones públicas, ha aprovechado la crisis y la impunidad para maximizar sus ganancias a como dé lugar, en base a lógicas y estrategias extremas. Las autoridades del sector norman y ofrecen lotes para prolongar la vida de un negocio inviable, que acumula décadas de deuda socioambiental y que se enfrenta a profundas contradicciones a la hora de pensar los términos más básicos de costo y beneficio, o desarrollo y futuro.
Mientras el mundo sigue apostando a una matriz petrolera que destruirá nuestro entorno, en Perú, el gobierno, el empresariado y algunos sectores de la sociedad civil consideran al petróleo como la panacea. De ahí que exista una disputa entre el sector privado y el público por nacionalizar o privatizar los hidrocarburos que duermen bajo el mar y la Amazonía. Esta pelea se basa en falacias y no tienen sostén económico ni ecológico para justificarse. Peor aún, no se discute el modo de transición a fuentes de energía renovables.
La discusión pública sobre el petróleo bajo un sesgo racista y falaz
El 19 de mayo del 2023, la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República aprobó el dictamen que declara de interés nacional la suscripción de contratos de hidrocarburos con el fin de fomentar el desarrollo y consolidar la industria petrolera. El proyecto permite que la empresa nacional Petroperú reciba varios lotes petroleros ubicados en la costa y la selva cuyos contratos han concluido. El texto aún debe aprobarse en el Pleno del Congreso para que se convierta en ley.
La discusión de la norma no involucró a los pueblos indígenas, campesinos y pescadores afectados, ni recogió información técnica o cifras sobre los impactos ocurridos en el pasado. Por su parte, las autoridades ambientales mantuvieron un silencio cómplice. Si el Congreso aprueba el proyecto de ley, se atentaría contra el derecho a la consulta previa, libre e informada de las poblaciones afectadas. En el caso de que no se apruebe, queda el alerta para los lotes que concluyen contrato y podrían ser transferidos a otros operadores.
Este tipo de normas no son decididas en debates amplios, en los cuales se incluya la voz de los actores directamente afectados, ni se sustentan con información técnica y social sobre los impactos reales.
Por razones económicas, se opusieron de forma pública al proyecto los Clubes del Petróleo (Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y Sociedad Peruana de Hidrocarburos), que añoran una vida gobernada por las petroleras extranjeras y un Estado que proteja su libertad de contaminar. Por otro lado, un sector de la sociedad civil, que no vislumbra que la explotación petrolera genera impactos en el medio ambiente, avaló los proyectos de ley sin ningún sentido crítico.
Este proyecto se suma a otras iniciativas de la agencia de promoción petrolera Perupetro y del Ministerio de Energía y Minas que apuntan a impulsar nuevas operaciones y a realizar modificaciones exprés a leyes y normativas, mediante justificaciones técnicas sesgadas. Este panorama profundiza la matriz petrolera, atenta contra los derechos ambientales e indígenas, y no resuelve el contexto socioambiental donde los lotes petroleros han operado.
El impacto de los derrames y la deuda ambiental
En una gobernanza que respete el derecho a la vida y al medio ambiente, cualquier proyecto de ley consideraría los avances de la normativa internacional en materia de derechos indígenas, campesinos y originarios. De este modo, la discusión sobre el balance de costos y beneficios de una norma vinculada a la explotación petrolera, como mínimo, en un primer momento, debería recoger las responsabilidades pendientes para promover nuevas operaciones. Ya sean explotados por empresas privadas o estatales.
En la actualidad, observamos cuatro tipos de lotes en Perú: los que han concluido la actividad y se han firmado nuevos contratos (Lote 192), los que terminan su contrato este año (Lotes I, V, VII/VI y Z-2B), los que concluyen en los próximos cuatro años (Lote 8 y 10 en 2024 y el Lote II en 2026) y los proyectos de lotes que se promueven sobre territorios donde nunca hubo operaciones porque pertenecen a pescadores y pueblos indígenas.
Mientras los pasivos no reciban atención, el riesgo puede ir creciendo. Lo peor ocurre cuando nuevas operadoras producen más daños o cuando se construye infraestructura civil sobre un pasivo ambiental y la población queda en riesgo.
Para los primeros tres tipos de lotes, las empresas petroleras tienen la obligación de presentar Planes de Abandono que se ejecuten al término de los contratos con el objetivo de realizar operaciones de limpieza y remediación de los pozos. En estos lotes, además existe un universo de 3608 derrames y sitios impactados producidos por estas empresas las cuales deberían haber estado totalmente saneados. En el caso de que todavía no se hubieran remediado, deberían estar asegurados los instrumentos de gestión ambiental.
A la cantidad de derrames debemos sumar 2767 pasivos producidos por operadoras que ya se retiraron de los lotes. Mientras los pasivos no reciban atención, el riesgo puede ir creciendo. Lo peor ocurre cuando nuevas operadoras producen más daños o cuando se construye infraestructura civil sobre un pasivo ambiental y la población queda en riesgo. Esto último sucede en el Lote 192, donde se ha construido un colegio, lo cual afecta la salud de los estudiantes indígenas. Del mismo modo, en el distrito de La Brea, un pozo petrolero mal sellado al costado de un colegio produjo fugas de sustancias altamente contaminantes que llevó a la evacuación de todos los estudiantes.
Responsabilidades no atendidas
Si cruzamos la información sobre derrames, pasivos y otras obligaciones ambientales, existen más de 6000 sitios contaminados que han provocado que pescadores y pueblos indígenas vivan en una constante amenaza y riesgo a su salud y alimentación. Incluir estos datos es vital para prevenir los posibles conflictos sociales y, sobre todo, el incremento de daños concretos a la población. Es necesario debatir cómo las nuevas operaciones no profundizarán los impactos y cómo respetarán los derechos de las poblaciones locales. Y también se debe contar con el consentimiento de los pueblos indígenas y pescadores que habitan esos territorios.
Sin embargo, en Perú, las actuales discusiones en las instituciones públicas y los medios de comunicación giran en torno a la importancia de que las operaciones sean nacionales o privadas. La situación ambiental y social de estos lotes parece no existir. La ceguera guía la mirada de las élites cuando se discute sobre el petróleo. El debate se lleva a cabo sin seriedad, sin información veraz y sin la humanidad con la que deben construirse los destinos de una nación.
Toda política de promoción y discusión sobre la vía privada o pública en un proyecto de ley se debe evaluar. Sin embargo, también hay que preguntarse si existen pueblos indígenas, campesinos, originarios y pescadores que deben ser consultados por estas nuevas normas, o si los estudios de impacto ambiental de los antiguos lotes están actualizados y se han cumplido. Al profundizar la discusión surgen varios interrogantes: ¿cuántos planes y cronogramas de adecuación de ductos están funcionando y en qué estado? ¿Cuántos Planes de Abandonos han sido aprobados e incluyen todas las responsabilidades pendientes? ¿Hay voluntad empresarial por cumplir con las obligaciones? ¿Cuándo se intervendrán los pasivos y derrames pendientes en los lotes antiguos? ¿Hay garantías de cumplimiento que cubran los costos reales de la remediación?
La deuda ambiental
Todos los lotes que están siendo dejados o concluidos por contrato deberían tener en sus planes de abandono garantías de que se atenderán los daños por derrames e impactos. Se supone que deberían cubrir por lo menos el 75% de los costos de las remediaciones. En caso contrario, el Estado peruano debe financiar la asistencia de los impactos que no sean atendidos por las petroleras para no desproteger a la población local. Ante los incumplimientos, el Estado debe asegurar mecanismos legales para obligar a las empresas a pagar.
En los hechos, las petroleras suelen evadir sus responsabilidades ambientales y sociales declarándose en quiebra y liquidación, o incluso llevando a juicio al Estado. Así, evitan pagar la remediación y quien termina pagando es el Estado. Cabe destacar que, generalmente, los costos superan a los beneficios petroleros. En un escenario en el que las empresas evitan pagar su deuda ambiental, deberíamos preguntarnos si los beneficios que generan las actividades petroleras del Estado alcanzan para cubrir los costos de remediar los impactos de las empresas privadas.
En el caso del ex Lote 1ab, hoy Lote 192, donde la empresa Pluspetrol decidió no pagar los costos totales de su Plan de Abandono, se ha llegado a estimar que la remediación del lote asciende a más de 5000 millones de soles, es decir, duplica al canon petrolero aportado al Estado en todo el tiempo de operaciones (2000-2015). Esto significa que hay un déficit en cuanto a los beneficios que se producen y que las actividades petroleras endeudan al Perú ambiental, social y económicamente. Además, obstaculizan el financiamiento a proyectos de desarrollo que, en lugar de destinarse a educación, salud o producción, deberán ser destinados a remediar.
La paradoja del petróleo
El asunto se agrava si no se tiene la seguridad de que el Estado sea capaz de obligar a las empresas a que asuman los costos de todos los impactos que han producido. Asimismo, no se sabe si existe en el Estado un cálculo de los costos de la remediación de todos los pasivos identificados por las autoridades. Tampoco se sabe cómo serán abordados en términos administrativos para no cruzar responsabilidades cuando se vuelva a operar en los lotes viejos que, en algunos casos, acumulan más de medio siglo de operaciones.
El panorama actual que enfrenta Perú nos pone en una paradoja terrible: los 6000 sitios afectados conectan el pasado con el presente y, principalmente, con el futuro ya que los impactos no duermen en un pasado lejano, sino que son sufridos por las poblaciones locales ahora mismo. Si no se tiene en claro cómo controlar los pasivos ambientales, los derrames y las actividades petroleras, se destruirá el futuro de la población local y cualquier proyecto responsable de país.
Regresando a los debates del Congreso de la República, si los llamados “padres” y “madres” de la patria deciden cambiar las normativas y las leyes guiados por la ceguera del petróleo, es muy probable que a las generaciones futuras les dejen como herencia una inmensa deuda ambiental. Ese será su triste y negligente legado, para sus hijos, hijas, nietos, nietas y para los territorios de los pueblos indígenas y pescadores.
Mario Zúñiga Lossio es antropólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y asesor de la plataforma Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT)
Fuente: https://debatesindigenas.org/notas/232-cegueras-petroleo-peru-leyes-pasado-futuro.html