Al acusar sin pruebas a una parte del personal de la UNRWA de haber participado en la operación del 7 de octubre, el gobierno israelí pretende relegar la cuestión de las personas refugiadas palestinas e impugnar su derecho al retorno. Es también la manera de hacer olvidar que la base para la creación de Israel ha sido la limpieza étnica.
El primer ministro israelí Benyamin Netanyahu no pudo dejar más claro en su encuentro con una delegación de embajadores de NNUU el 31 de enero de 2024 que la misión del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA) debe llegar a su fin, porque según él, no hace sino “mantener viva la cuestión de los refugiados palestinos, y ya es hora de que NNUU y la comunidad internacional entiendan que eso tiene que acabar”. Varios países occidentales encabezados por EEUU, se apresuraron a tomar medidas para contribuir a que Netanyahu logre su objetivo final: abolir la UNRWA, o más bien, el principio legal que está en el origen de su existencia.
Aparte de querer sembrar la duda sobre la honestidad de los informes de la UNRWA y de organizaciones afines –a raíz de la orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 26 de enero, basada fundamentalmente en dichos informes–, la declaración de Netanyahu revela el verdadero objetivo estratégico de la violenta campaña israelí contra la agencia internacional, con la que Israel ha acusado a doce de sus empleados de participar en los atentados del 7 de octubre, o de expresar satisfacción por ese suceso. Hay que recordar que tales acusaciones afectan únicamente a doce personas de los más de trece mil trabajadores y trabajadoras empleadas por este organismo.
La institucionalización de un derecho
El primer Ministro israelí redunda así en una posición israelí bien afianzada sobre la cuestión de las personas palestinas refugiadas y el derecho al retorno, que Israel percibe como una amenaza tanto histórica como geográfica. El simple hecho de aludir a la cuestión de las personas refugiadas de 1948 destruiría los cimientos sobre los que se creó el Estado de Israel. En cuanto a su derecho al retorno, cualesquiera que fueran las soluciones propuestas previamente en el marco de los Acuerdos de Oslo, tendría sin duda un impacto geográfico y demográfico que transformaría todas las ecuaciones sobre el terreno.
Al suprimir la cuestión de las personas refugiadas palestinas, los israelíes quieren perpetuar la falacia de “una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra”. Y al intentar abolir la UNRWA, pretenden que el mundo entero se olvide –exactamente igual que ellos intentan ignorarlo– de que su Estado se creó por un proceso de limpieza étnica y de desplazamiento de 750.000 palestinos y palestinas.
Cabe citar aquí un estudio publicado en 1994 por el Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad de Tel Aviv, y elaborado por Shlomo Gazit, quien fuera jefe de la inteligencia militar israelí entre 1974 y 1978 después de haber sido coordinador de acciones en los Territorios Ocupados. El estudio, integrado en una serie de documentos preparados en previsión de las posibles negociaciones que Oslo establecía para una solución permanente, trataba exclusivamente el “problema de los refugiados palestinos”.
La cuestión de los refugiados se incluyó oficialmente en las cuestiones ligadas a una solución permanente, que debía discutirse a partir de mayo de 1996 de acuerdo con la agenda acordada en [los Acuerdos de] Oslo, negociaciones que las evasivas de Israel habían conseguido impedir durante más de cinco décadas, es decir, desde 1948.
Al planificar lo que podrían ser (aunque nunca fueron) las negociaciones de Oslo sobre una solución permanente, Shlomo Gazit advertía al futuro negociador israelí que la primera etapa debería incluir la “abolición de la UNRWA” y el traslado de la responsabilidad de los campamentos de refugiados palestinos a los países de acogida. Se trataba de abolir el “estatuto legal/oficial” de las personas refugiadas palestinas por el cual adquieren el “derecho al retorno” de conformidad con la Resolución 194 de la Asamblea General de Naciones Unidas (de 11 de diciembre de 1948), y cuyo undécimo artículo estipula que la Asamblea General «[…] Decide que se permita a los refugiados y refugiadas que lo deseen regresar a sus hogares lo antes posible y vivir en paz con sus vecinos, y que se paguen indemnizaciones a título de compensación por los bienes de quienes decidan no regresar y por los bienes perdidos o dañados cuando, en virtud de los principios del derecho internacional o de la equidad, los gobiernos o autoridades responsables deban reparar tales pérdidas o daños».
Desde un punto de vista estrictamente jurídico, la resolución de la Asamblea General de NNUU sigue siendo legítima; la comunidad internacional no ha tomado ninguna decisión posterior para anularla o modificarla.
Aunque nadie en el seno de los gobiernos árabes se preocupe por esta cuestión ni lleve a cabo las iniciativas pertinentes para activar –o siquiera invocar– las resoluciones internacionales, lo cierto es que Netanyahu, igual que sus predecesores, no ha olvidado que la UNRWA, en virtud de su reglamento legal, es el organismo que consolida el estatuto jurídico de los y las refugiadas al concederles la credencial de refugiado y establecer campamentos de refugiados como unidades ajenas a la responsabilidad de los Estados de acogida, y distintas de su entorno natural, con todas las consecuencias jurídicas que ello entraña.
Una posición histórica
Al igual que su predecesor Naftali Bennett [primer ministro de Israel desde el 13 de junio de 2021 hasta el 1 de julio del 2022], que hizo observaciones similares en una entrevista en la CNN el 2 de febrero de 2024, Netanyahu no hace más que reiterar viejas posiciones israelíes. Recuérdese una primera propuesta estadounidense de 1949, que estipulaba que Israel autorizaría el retorno de un tercio del total de refugiados palestinos, “a condición de que el gobierno estadounidense asumiera los gastos asociados al reasentamiento de los refugiados restantes en los países árabes vecinos”. No obstante, David Ben Gurion, fundador del Estado de Israel y su primer primer Ministro entonces, rechazó rápidamente la propuesta estadounidense, antes incluso de que los países árabes concernidos se hubieran pronunciado.
Así que nada hay de sorprendente en una posición israelí que se ha perpetuado desde Ben-Gurion hasta Netanyahu, porque el reconocimiento por parte de Israel del derecho de los refugiados implicaría reconocer su responsabilidad en la creación del problema y en sus implicaciones legales, es decir, el derecho al retorno. Tampoco hay nada sorprendente en la posición del dirigente israelí sobre la UNRWA, que es la encarnación jurídica del problema de los refugiados y las refugiadas.
Cuando se creó la UNRWA se pensó que la agencia sería “temporal”, en virtud de las dos resoluciones de la Asamblea General que la crearon (Resolución 212, de noviembre de 1948, y Resolución 302, de diciembre de 1949). Su misión, de hecho, su propia existencia, debía concluir cuando las personas refugiadas palestinas a su cargo regresaran a sus casas y a las tierras que las milicias sionistas les arrebataron en 1948. En vez de eso, su número se incrementó cuando el Estado de Israel ocupó más territorio de Palestina durante la guerra de 1967. Ahora viene Netanyahu a poner fin al problema de los refugiados, no permitiéndoles regresar a sus hogares, como correspondería a la solución natural del problema, sino eliminando la organización internacional que “recuerda su existencia”.
En conclusión, la campaña israelí contra la UNRWA tiene varios objetivos, dos de los cuales son esenciales: primero, tiene un objetivo inmediato que, como sostiene el eminente profesor de historia anglo-israelí Avi Shlaim, está relacionado con la decisión de la CIJ. Anticipándose a las próximas deliberaciones de la Corte, la campaña israelí pretende falsear la imagen de la UNRWA, intimidar a sus responsables para que guarden silencio sobre las continuas violaciones israelíes, y destruir la credibilidad de sus informes y declaraciones sobre las que el tribunal basó su decisión inicial. Es muy probable que, como suelen hacer los abogados sin escrúpulos cuando carecen de pruebas, ésta sea la principal carta que presente la defensa israelí cuando se reanude la vista (al menos con fines propagandísticos).
El segundo objetivo de la campaña israelí es estratégico y tiene un impacto más determinante: se trata de una nueva y vieja tentativa de liquidar totalmente la cuestión de las personas refugiadas palestinas que, desde el punto de vista del derecho internacional sigue vigente y aún no ha concluido.
Aunque Netanyahu quiera que se relegue la cuestión de los refugiados en todas sus dimensiones jurídicas y humanitarias, su posición sobre la UNRWA y su clara declaración al respecto demuestran que, al igual que otros abanderados del sionismo como ideario y como estrategia, él no ignora lo que establecen los estatutos del organismo de NNUU sobre la definición de refugiado palestino; se puede atribuir a cualquier persona «[…] que haya tenido su lugar normal de residencia en Palestina durante al menos dos años antes del conflicto de 1948 y que, como consecuencia de dicho conflicto, haya perdido tanto su hogar como sus medios de subsistencia, y haya encontrado refugio, en 1948, en uno de los países en los que la UNRWA presta asistencia».
Según los registros de la UNRWA, el número de las personas refugiadas palestinas supera los seis millones. ¿Representa esta cifra una amenaza demográfica para el sionismo? ¿Están el ideario, la estrategia (y el Estado) de Israel por encima de cualquier intento de que se aplique a esta cuestión el derecho internacional de manera eficaz?
Ayman Al-Sayyad, egipcio, es escritor, periodista y exasesor presidencial (gobierno de Mohammed Mursi, 2012) de cuyo puesto dimitió en protesta por el borrador constitucional de noviembre de 2012, que consideró un fracaso para gobernar de forma inclusiva en Egipto.
Artículo original Orient XXI, traducido para viento sur por Loles Oliván Hijós.
Fuente: https://vientosur.info/el-objetivo-final-de-israel-no-es-la-unrwa-sino-el-derecho-al-retorno/.