En la historia de Cuba, desde etapas anteriores a la conformación de la república en 1902, existen numerosos antecedentes que ilustran los intentos de posesión por los Estados Unidos sobre la Mayor de las Antillas debido a razones geoestratégicas, como resultado del vertiginoso ascenso económico, comercial e industrial del país norteamericano desde la primera mitad del siglo XIX.
De su interés colonial dan cuenta los múltiples intentos de compra de la Isla a España, incluida la famosa política de Fruta Madura promovida en 1823 por el secretario de Estado John Quincy Adams (1767-1848), el irreconocimiento de la beligerancia cubana durante la contienda independentista de 1868-1878, así como la intervención militar en el conflicto hispano-cubano que culmina con el traspaso a manos estadounidenses de Cuba, Filipinas y Puerto Rico en 1898. Este hecho, es considerado como el primer conflicto imperialista de la historia, según los criterios del marxista ruso Vladimir Ilich Lenin (1870-1924).
La agresividad proveniente del gigante industrial hacia los territorios vecinos de Latinoamérica y el Caribe, resultó advertida por el político separatista y pensador republicano José Martí (1853-1895). En la cosmovisión de su proyecto nacional, la ruptura del vínculo de subordinación con España, acompañada de un proceso modernizador que garantizase la autonomía económica del país, constituía la forma más acertada de combatir el intervencionismo extranjero, en aras de preservar la soberanía.
En sus preceptos, dicha propuesta sería realizable mediante el despliegue en los sectores populares, del liderazgo político conquistado por el mambisado revolucionario durante las etapas de lucha independentista. La conservadurización burocrática de la dirigencia insurgente, la muerte de las principales figuras de estratos humildes, racializados y populares, así como la intervención imperial de las tropas norteñas, tributaron al fracaso del anhelado proyecto de liberación.
A pesar de las narrativas producidas desde ciertas zonas del discurso ideopolítico, mediante la negación del carácter neocolonial a la que estuvo sometida la Isla durante su transcurso republicano, historiadores como: Enrique Collazo, Alberto Arredondo, Oscar Pino Santos, Jorge Ibarra Cuesta, Francisco López Segrera, Oscar Zanetti Lecuona, Marial Iglesias Utset y Alejandro de la Fuente, demuestran en sus aportes científicos las condiciones de sometimiento en que se encontraba el país desde su fundación como Estado nacional en 1902.
El sofisticado proyecto de dominación posindependentista bajo la dependencia de los Estados Unidos, se consolidó a través de múltiples acuerdos político-económicos que lastraban el desarrollo integral del territorio. Semejante patrón caracterizado por su deformidad, fue adoptado no solo mediante la imposición de tratados que perpetuaban un comercio desigual y dependiente, sino además mediante la ausencia de legislaciones enfocadas en la industrialización.
A lo antes dicho debe sumársele la baja productividad para la exportación de materias primas con valor agregado, el desinterés del funcionariado gobernante en diversificar la agricultura, así como la persistencia de la pobreza, la desigualdad y el analfabetismo; cuyo enfrentamiento resulta esencial para la sostenibilidad en el tiempo de un modelo de bienestar armónico.
La extensión durante décadas de semejante contexto se debió a la corrupción desplegada por la clase gobernante en alianza con los intereses de una burguesía comercial-importadora, indiferente a los potenciales de la industria, cuyos rendimientos tributasen a elevar las condiciones de vida del pueblo cubano.
La ideología plattista como heredera del anexionismo clásico
El ideario plattista promulgado por varios constituyentes, que tomaron parte en las discusiones previas a la aprobación de la Carta Magna de 1901, los convirtió en herederos de la tradición ideopolítica anexionista. Acorde a las ideas expuestas por el historiador Rafael Rojas en su obra Motivos de Anteo (2008), esta corriente surgida en el siglo XIX constituye una forma de asumir la nacionalidad por los representantes de la clase alta y media burguesa, pertenecientes a la élite blanca criolla. Sin embargo, uno de sus más encumbrados exponentes, Gaspar Betancourt Cisneros (1803-1866), refirió que lejos de ser un sentimiento político, se trataba de un cálculo.
Es posible encontrar en su membresía —como refiere Rojas— un conjunto de intelectuales que asumían una forma peculiar del patriotismo, inspirados en los valores republicanos y democráticos que dieron soporte fundacional a la revolución de las Trece Colonias. En cambio, otra gran parte de esa conjunción integrada por intelectuales, poetas y escritores, anhelaba la prolongación en el tiempo del régimen de esclavitud bajo la égida estadounidense; de modo que sorteara la rezagada condición económica de la metrópoli española, así como su ineficiencia burocrática en la administración política.
Fue el notable jurista y prolífico escritor José Antonio Saco (1797-1879), representante de la clase media oriental, quien como fiel discípulo del presbítero separatista Félix Varela Morales (1788-1853), se opuso de manera ferviente al anexionismo, por considerar que la cultura de la Isla sería absorbida por el gigante norteamericano, al tiempo que socavaría los principios autóctonos de la soberanía nacional. El pensamiento del ilustre bayamés fue retomado con vigor en libros, publicaciones y discursos, por la tradición nacionalista del pensamiento republicano que tuvo lugar entre 1902-1958.
Luego del triunfo revolucionario de 1959, el proceso de cambio reactivó los valores patrióticos de la sociedad cubana ante la hostilidad estadounidense. La efervescencia de las masas en torno al liderazgo guerrillero, el carisma de los militares que asumieron altos cargos en la dirección política del Partido y el Gobierno, así como el proceso de sovietización posterior a la década del setenta, hicieron de las ideas anexionistas su etapa menos relevante al interior del territorio.
De igual modo, a ello contribuyeron las políticas de amplia cobertura social, la abolición del analfabetismo y el derecho a la educación universal, el acceso a una salud pública de calidad como derecho del pueblo, así como los altos niveles de equidad, seguridad ciudadana y socialización pública implementados por el Estado revolucionario, elementos que en su conjunto tributaron a la crisis de esa cosmovisión ideopolítica.
De la caída del «socialismo real» a la crisis de la democracia
En el transcurso de la tercera década del siglo XXI, Cuba experimenta una profunda crisis económica, combinada con un escenario de inestabilidad política. Además de los efectos provocados por el recrudecimiento de las medidas coercitivas y unilaterales por parte de Estados Unidos, el actual contexto es resultado del desgaste que percibe el sistema político imperante, cuyo modelo contempla signos irrefutables de agotamiento. Estos resultan similares a los síntomas ya palpados en otros lares del planeta, debido a las contradicciones resultantes del experimento sistémico.
El paradigma asumido por las naciones que decidieron integrarse en bloque alternativo al orden capitalista de hegemonía occidental, en su imaginario de justicia económica y relaciones sociales de producción, entendían a la URSS como referente de liberación para los sectores históricamente oprimidos e incluían a los trabajadores proletarizados por el sistema dominante a nivel mundial. Sin embargo, las incongruencias estructurales en cuanto a eficiencia económica, funcionamiento democrático y relaciones de poder asimétricas, hicieron del proyecto un modelo insostenible para las grandes mayorías.
Este hecho catalizó su implosión generalizada, cuyo símbolo de fugaz decadencia lo significó la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 en la República Democrática Alemana (RDA), poniéndole fin al mítico «Telón de Acero» entre las dos Europas, separadas por alternativas de proyectos adversos. Posterior al proceso de fragmentación del denominado «campo socialista» (1989-1991), se convirtió en realidad el potente ascenso del neoliberalismo y la crisis de los partidos de izquierda como alternativas democráticas frente al dominio del capital; en tanto las academias liberales promovían la tesis apologética del mítico e inexistente «fin de la historia».
Desde la caída de los aliados orientales de la Cuba posrevolucionaria, la Isla persiste en un estado de crisis económica —con altos y bajos— cuya incapacidad de superar agudiza las sanciones que conforman el bloqueo/embargo estadounidense, las problemáticas de enrumbar un régimen de reformas democráticas y productivas por la autoridad oficial, sumado a las insuficiencias propias del modelo estatista-centralizado. Dicho régimen se encuentra plagado de contradicciones, como resulta la persistente discrecionalidad administrativa, la irresoluble corrupción institucionalizada y la absorción de buena parte de los sectores económicos por empresas administradas por militares.
La crisis cubana se manifiesta de forma aguda en la incapacidad de las estrategias económicas implementadas para atraer divisas, lo cual repercute en incumplimientos financieros debido a los impagos de su deuda externa. Dicho elemento constituye uno de los principales lastres para el desarrollo del territorio, a pesar de ser un fenómeno de carácter internacional, como resultado de las relaciones desiguales establecidas entre los países del Norte y el Sur Global.
Este aspecto influye en la incapacidad del sistema político para afrontar las múltiples crisis que padece (socio-económica, demográfica, cultural, deportiva, educacional, etc.); sin obviar el deterioro de su infraestructura, la despoblación en el campo y los bajos niveles productivos de su industria, incluido el deprimente sector azucarero, cuyos rendimientos en 2024 son anteriores a los alcanzados en la zafra de 1899. Sin lugar a dudas una desgracia plena, luego de ser Cuba el primer productor mundial del dulce, después del proceso revolucionario haitiano acaecido entre 1791-1804.
Las consecuencias de una dirigencia envejecida poco favorable a la rotación del liderazgo en las altas esferas del poder tiene sus efectos de credibilidad, a pesar del capital simbólico del que gozan para ciertos sectores del país —también envejecidos—, los dirigentes de la denominada «generación histórica revolucionaria». Asimismo, el desgaste del modelo se refleja ante una creciente emigración que supera el medio millón de habitantes entre 2022-2024 y el empobrecimiento vertiginoso de la población civil.
Resulta de una contradicción ideológica, que en este contexto de inflación monetaria, escasez general e inseguridad alimentaria, los profesionales de la salud, profesores, pensionados y trabajadores del sector estatal sean los mayores afectados en la capacidad adquisitiva de su salario; puesto que entre sus filas se encuentra una composición significativa de cubanas/os que durante décadas se entregó con lealtad a las tareas exigidas por el liderazgo partidista.
Todo ello transcurre de forma impávida ante las mayorías, mientras se produce el enriquecimiento explícito de una ascendente neoburguesía comercial-importadora, denominada en el imaginario popular como «nuevos ricos»; cuyas riquezas y propiedades exhiben de forma pública, en una nación que erigió el discurso de su proyecto político sustentado en el enaltecimiento de valores basados en la justicia económica, la equidad cívica y la igualdad humana.
En sintonía con tales incongruencias, el presupuesto nacional del país, manejado con autoridad discrecional por los organismos de la administración central del Estado, no solamente excluye toda forma de participación popular en la toma de decisiones que conciernen a la realidad tangible de las bases sociales, sino que además asume desproporciones inexplicables a nivel de racionalidad económica, lo cual evidencia el despliegue de condiciones objetivas para la corrupción en las máximas instancias del Partido/Gobierno.
Sobre ello, da cuenta la destitución el 2 de febrero de 2024 del ministro de Economía cubano Alejandro Gil Fernández, responsable de las reformas de impacto social más drásticas desde 1990. De igual modo, la propia jurisdicción del sector empresarial perteneciente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) —que tiene bajo su mando múltiples sectores económicos como supermercados y hoteles de lujo—, se encuentra fuera de la fiscalización de la Contraloría General de la República de Cuba (CGR); hecho que constituye un atentado a la transparencia en materia contable sobre los fondos públicos del país, egresados del trabajo productivo que acometen en sus horas de esfuerzo las trabajadoras y trabajadores cubanas/os.
Por ende, el conocimiento sobre la utilidad de los fondos de empresas surgidas con capital público y la capacidad para decidir de manera colectiva sobre su destino, constituye un derecho históricamente vetado; sin embargo, cuando se reclama sobre su uso por activistas o ciudadanos a menudo resultan cuestionados por medios e instituciones.
La crisis se expresa también en el ascenso de los niveles de desigualdad, los cuales tienen una relación directa con el aumento de la violencia (especialmente feminicida) y su percepción social, así como el resurgimiento de fenómenos como el racismo, asociados a la reestratificación. Han sido varios los estudios sociológicos que en los últimos años abordan la relación entre pobreza, marginalidad y racialización, como resultado de la deriva reformista económica aplicada por el Gobierno desde la caída del «campo socialista» europeo y la URSS.
El potencial resurgimiento de tales fenómenos, apunta de forma contraria a los objetivos del paradigma anti/poscapitalista, sustentado en la idea de erigir un proyecto democrático enfocado en la satisfacción de las necesidades materiales con equidad. Las nuevas tendencias del capital comercial, la inversión extranjera como estrategia para insertar a la economía en el esquema capitalista mundial, así como la acelerada privatización de la propiedad estatal; en lugar de potenciar mecanismos de cooperativización autónoma en las bases productivas, apuntan hacia el sendero neoliberal.
Tales elementos demuestran que el camino trazado por la clase dirigente, no muestra vías de retorno a los ideales de justicia que movilizaron a todo un pueblo. Aún menos, reflejan interés alguno en la construcción de un sendero político emancipatorio para/hacia las clases populares.
El trumpismo como alternativa política extremista anti-totalitaria
El historiador Abel Sierra Madero, en el epílogo de su libro El cuerpo nunca olvida. Trabajo forzado, hombre nuevo y memoria en Cuba (2022), refiere, quepara algunos actores políticos, la máxima anti-estatal reducida en el slogan: «No Castro, No problem» resume la esencia de sus aspiraciones, como si se tratara de un esquema mágico, que de un golpe le pusiera fin a los serios problemas estructurales que afronta el devenir de la nación.
Bajo tales preceptos, numerosos activistas de la oposición se limitan al discurso sobre los derechos humanos. Lo hacen sin analizar la carga colonizante, eurocéntrica y excluyente hacia ciertos sectores, territorios y/o comunidades, —tanto en su corpus fundacional, como en su aplicabilidad selectiva— que llevan a cabo los Estados que gozan de las mejores puntuaciones en los índices de medición democráticos, libertades y derechos civiles.
La profundización del autoritarismo en la Isla, proporcional a la escalada polarizante que sobrevino al diferendo Cuba-Estados Unidos bajo la administración republicana del presidente Donald J. Trump, trajo consigo un recrudecimiento de las sanciones que conforman el bloqueo/embargo contra la nación antillana. Su persistencia constituye una espada de Damocles contra la soberanía nacional, contrario a los derechos económicos, sociales y humanos de quienes resultan afectados por la extensión de ese arbitrio extraterritorial. A pesar de su rechazo por la mayoría de los países del mundo, su permanencia es una realidad, considerado además una regulación violatoria de los tratados y convenciones internacionales.
Los activistas que reclaman el aumento de las medidas coercitivas y unilaterales para «asfixiar al régimen cubano», hacen suya la máxima de Maquiavelo: «el fin justifica los medios». Con el propósito de provocar un estallido social del que resultan incapaces de protagonizar, optan por fomentar desde la distancia el colapso del sistema político mediante la vía del hambre, la proliferación de la miseria, el endurecimiento en las condiciones de vida y la extensión de la pobreza, cuya indignación popular lance a las personas a las calles.
La experiencia del 11J y ciclos de protestas posteriores, demuestra el enorme saldo que en materia represiva sobreviene hacia manifestantes de familias humildes, populares y racializadas. Sobre sus hombros recae el peso de la prisión, la violencia policial y la muerte civil. Todo ello, sin la garantía de que semejante accionar contribuya al necesario proceso de transformaciones políticas que redunde en mayores derechos, libertades y bienestar económico.
La máxima constante lanzada desde el lugar seguro que convoca a la movilización cuando se sabe cuáles serán los resultados y sobre quiénes recaerán sus más agudas consecuencias, no es más que otro sofisma de falsa liberación, promovida por cuantos «activistas de los derechos humanos» se asumen en los tiempos que transcurren. La experiencia en las transiciones políticas por los regímenes que integraban los antiguos países del «campo socialista» resultan reveladoras en múltiples de los estudios realizados, sobre todo en la mentalidad de quienes tuvieron la oportunidad de vivir bajo las prácticas civilizatorias del modelo soviético.
La mayor parte de esos países experimenta en la actualidad serios problemas estructurales, que hacen de la democracia una palabra insustancial. En sus territorios es posible contemplar fenómenos complejos asociados a la violencia política, la corrupción institucional, la fusión de las mafias locales en alianza con el funcionariado oligárquico, la extensión de la pobreza y la desigualdad a niveles exponenciales, la tenencia de bajos índices de crecimiento macroeconómico, así como el desate de conflictos armados por razones étnicas. Tales aspectos, que resultan propios de la transición neoliberal «poscomunista», son resultantes del proceso de privatización impuesto en sus territorios, convertido en mercado ideal para el consumo extractivo-subdesarrollante del esquema capitalista global, encabezado por las potencias occidentales.
En el caso cubano, la agenda pro-activa de activistas hacia las sanciones extranjeras, no solo favorece la hegemonía imperialista de los Estados Unidos en la región, sino que además, al optar por la alternativa insurreccional mediante el fomento de la miseria, se convierte en una apuesta que no tributa a la conciencia política de la ciudadanía bajo fundamentos democráticos. Dicho elemento expresa una abierta contradicción entre el sostenido discurso popperiano de sociedad abierta y su lectura liberal sobre los derechos humanos.
Los desafíos de la sociedad cubana en su conjunto, no reclaman de los intereses revanchistas que movilizan el sentir político del exilio histórico. Este sector retrógrado no ceja en su empeño de solicitar peticiones de «intervención militar humanitaria», cuando arrecia el contexto de protestas debido a la crisis que padece la nación. Los retos de la democracia y el bienestar económico en Cuba, demandan la voluntad cívica y el accionar de un pensamiento enfocado en la reconstrucción del tejido social. Debe promoverse acorde a los postulados patrióticos que definieron a las personalidades y organizaciones defensoras de la soberanía —a pesar de los obstáculos que puedan ocurrir en la concreción de ese ideal—, siempre enfrentado al conservadurismo autoritario que caracteriza al poder político en Cuba.
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