La empresa de energía “verde” financiada por fondos de inversión que sostienen a los capitales fósiles ha solicitado la construcción de tres macro plantas solares en Araba. Se trata de 310.000 placas fotovoltaicas distribuidas en tres instalaciones, que ocuparán hasta 373 hectáreas y proporcionarán una potencia aproximada de 150 MW.
La escena es a la vez bucólica e inquietante. La luz tenue de otoño ilumina a un borrego arrullado con ternura por su madre. Tranquilas, descansan ambas sobre un apacible y verde prado, como si la vigilante presencia de las decenas de hileras de la macro planta solar que hay en segundo plano cumpliese las veces de un pastor inmutable, sin impacto sobre el territorio. El siguiente mensaje completa la imagen en la web corporativa de Solaria: “Queremos mejorar el futuro contribuyendo al desarrollo sostenible de la sociedad.”
No se trata de una ONG ni de una web institucional, sino de la propaganda de una empresa energética relativamente joven, pero cotizada en el IBEX 35 y con algo más de 1.400 millones de euros de capitalización bursátil. Fundada en el año 2002 por Enrique Díaz-Tejeiro, en solo 20 años ha conseguido pasar de ser un manufacturero de células fotovoltaicas a emerger como la estrella fulgurante de la transición energética. No hay milagro ni genio detrás de este proceso: existe una estrategia de creación de macro proyectos destinados al lucro privado que, como casi todas las empresas capitalistas, se apoya en la financiación pública para cimentar su éxito. Y Solaria está en el centro.
Ya en el 2008, el régimen del PP riojano llamó la atención mediática y política con sus subvenciones a favor de esta firma. Pero los 600.000 euros movilizados aquel entonces palidecen con los más 1.700 millones de euros aprobados en 2023 por el Banco Europeo de Desarrollo para levantar otros 29 megaproyectos solares en el Estado Español, Portugal e Italia.
Algunos de ellos estarán gestionados por Solaria, que actualmente cuenta con un “pipeline” de 14.200 MW en el Sur de Europa distribuido en plantas como las de Salamanca, donde explota el “mayor complejo fotovoltaico de Castilla y León con 328.050 paneles solares en una superficie superior a las 260 hectáreas.” Por ponerlo en perspectiva, se trata de un megaproyecto donde caben cómodamente los núcleos urbanos de Santiz, Palacios del Arzobispo y Valdelosa. Pero, en Euskadi, ¿quiénes son aquellos que pagarán el coste de la transición energética?¿Qué territorios y pueblos serán sacrificados para satisfacer la glotonería de los fondos buitre globales?
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Gorbeialdea Defendatu
Un rumor recorre la Cuadrilla de Gorbeialdea, del territorio histórico de Araba. En las paredes, colgados de los balcones de las viviendas y baserris, pintadas sobre las pacas de heno, pegados a los cristales de los comercios, presidiendo las txosnas de las fiestas, incluso en los hitos de los picos, los mensajes se repiten: “Makroproiektorik ez” (No a los megaproyectos), “Gorbeialdea Defendatu” (Defender Gorbeia) o “Solaria Kampora” (Fuera Solaria).
En mayo se hizo público que la empresa de energía “verde” envió una solicitud al Gobierno Vasco para iniciar la construcción de tres macro plantas solares en Araba. Se trata de 310.000 placas fotovoltaicas distribuidas en tres instalaciones, que ocuparán hasta 373 hectáreas y proporcionarán una potencia aproximada de 150 MW destinada a la exportación.
El proyecto contempla también más de 100 kilómetros de líneas de muy alta tensión jalonadas por torres de hasta 90 metros encargadas de conducir la energía desde Araba hasta la subestación eléctrica de Ziérbana. Atravesará poblaciones, pastos, terrenos de cultivo y zonas de alto valor ecológico en todo el territorio.
Por eso en la panadería de Izarra también luce un mapa explicativo que señala las zonas amenazadas por la instalación de las macroplantas fotovoltaicas, las subestaciones y los tendidos eléctricos proyectada en la región por Solaria. La línea de alta tensión afectará, solo en Urkabustaiz, a 55,3 hectáreas de prados, pastos y bosque húmedo de roble y haya. Será como una autopista eléctrica, pero cuajada de torres de hasta 90 metros, que atravesará zonas Red Natura 2000, explotaciones ganaderas y poblaciones (pasando a menos de 200 metros de decenas de edificios).
En otro mapa, realizado por el investigador Álvaro Campos (EHU) para la asociación Zuia Bidean, pueden verse incluso mejor las macrodimensiones de la línea de muy alta tensión que se inicia en Rivabellosa y sigue su rumbo hasta la margen izquierda pasando por las cumbres montañosas de Castilla León y el Gorbea.
Lo que no se aprecia en estas imágenes es que en ambos extremos de la línea están proyectados los dos mayores Data Centers de Euskal Herria, el ADI Data Center Euskadi en Abanto-Zierbena (extremo norte de la línea) y el Data Center Bilbao Arasur en su extremo Sur. No por casualidad Solaria anunció el mismo mes los megaproyectos fotovoltaicos en Araba y, efectivamente, su entrada en el mercado de los centros de datos.
Hasta el momento, las calles han sido la imagen de lo que las vecinas ya han expresado en manifestaciones, marchas y actos informativos: su rechazo a un proyecto que reconocen injusto y antidemocrático, y que, señalan, causará efectos irreversibles sobre los ecosistemas, la identidad, el paisaje, y el tejido económico de la región. Pero la lucha va más allá.
Tal y como señala Berbita (boletín de Urkabustaiz), este proyecto es “la punta del iceberg de un futuro oscuro.” Al menos 8 nuevos proyectos impulsados por el capitalismo verde se sumarían a las plantas solares y parques eólicos ya existentes haciendo de la Araba rural una “tierra de sacrificio”, la que paga los costes desproporcionados de la “transición energética.”
Los costes de los megaproyectos no son solo ambientales, sino también sociales, políticos y personales. Como señala la Unión Agroganadera de Álava (UAGA), las empresas persiguen y acosan a los productores, fomentan la división en las comunidades, instrumentalizando la marginación de las zonas rurales y la situación económica de los que las habitan. “Te llaman por teléfono, van a tu casa, van al trabajo… y, además, saben toda la información sobre ti, por ejemplo, qué fincas tienes”. Son comerciales que le dicen que eres el único que no ha vendido, que te vas a quedar solo, que te van a pagar menos…”, declaró UAGA a la SER.
Para estas tareas, digamos de contrainsurgencia, destinadas a allanar el camino de los megaproyectos, Solaria cuenta con la complicidad de los poderes públicos. Si bien las entidades locales de Gorbeialdea han expresado su rechazo al megaproyecto, no puede decirse lo mismo de la Diputación Foral de Álava, que desde el pasado mes de julio ha venido retirando las pancartas de protesta contra el megaproyecto.
En una nueva medida de represión “la Diputación ha comenzado a enviar cartas certificadas a los vecinos y vecinas que aún mantienen pancartas fuera del alcance de sus manos que no pueden retirar, amenazando con sanciones económicas”, como aseguró la plataforma Gorbeialdea Defendatu el pasado 6 de septiembre.
El capitalismo verde explota las terribles consecuencias del cambio climático para imponer una agenda desarrollista igualmente destructiva. A pesar de la complicidad del Gobierno Vasco con esta y otras iniciativas extractivistas, los pueblos, los valles y las organizaciones sociales resisten. Apenas un mes después del anuncio público del proyecto una manifestación recorrió las calles de Gasteiz.
Dos meses después surgía la plataforma Gorbeialdea Defendatu coordinando los esfuerzos de la población autoorganizada en la región. Los gigantes energéticos y políticos son fuertes, pero como dice una de las pancartas colgadas en Urkabustaiz, “Torres más altas han caído.”
A estas alturas, el mantra de la transición ecológica no consigue ocultar ni la apropiación de recursos y de tierras en manos capitalistas, ni las desastrosas consecuencias ambientales y sociales sobre el territorio vasco de estos proyectos destinados a la exportación de energía.
Solaria, el futuro gigante energético
Todavía no es un gigante como Iberdrola o Endesa, pero su intención es alcanzar los 18 GW de producción para el año 2030, según dicen, “en línea con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de Naciones Unidas”. Este expansionismo responde, según la empresa, a la misión de “impulsar el desarrollo del aprovechamiento de la luz solar como fuente energética, mediante la transformación del conocimiento y la experiencia en soluciones innovadoras que contribuyan al bienestar y al progreso de la humanidad, promoviendo el desarrollo económico sostenible y reduciendo el impacto medioambiental”.
La empresa cotizada en el IBEX 35, consciente de su papel como empresa referente en la transición energética, señala que “debe hacerse de manera acelerada, mediante un despliegue rápido y masivo de tecnologías como la solar fotovoltaica».
Ahora bien, Solaria no propone una transición hacia un modelo más sostenible, sino una aceleración del destructivo modelo actual. Un gran paso adelante marcado por el control corporativo y centralizado de la producción energética, donde la inversión y los costes ambientales se socializan, mientras los beneficios son privatizados.
Por eso su discurso cae en todos los tópicos del greenwashing: lavado de cara del capitalismo mediante retórica ecologista. Pero la suciedad siempre aparece en los mensajes y datos que Solaria ofrece a potenciales inversores y actuales accionistas. Ahí, entre actualización de cotizaciones bursátiles y anuncios de juntas de accionistas, la empresa deja clara su verdadera razón de ser: “Generar valor para nuestros accionistas es nuestro axioma” .
Aunque incluso en esto Solaria falta a la verdad, pues no genera valor, sino que extrae plusvalía del resultado combinado del trabajo en la cadena global de suministro, que abarca desde la minería a la manufactura y transporte de todo lo necesario para las infraestructuras fotovoltaicas. Es el producto de la desposesión que la corporación impone sobre los territorios rurales del sur de Europa. Pero más allá de sutiles discusiones económicas cabe preguntarse acerca de quiénes son estos accionistas a los cuales la compañía promete valor.
¿Quién es quién en Solaria?
Los Díaz-Tejeiro, la familia fundadora de Solaria, controla cerca del 35% de las acciones y del derecho a voto sobre la empresa. Afirman este poder controlando tres de los seis puestos del Consejo de Administración, uno para el patriarca, otro para la matriarca y el restante para Arturo Díaz-Tejeiro, hijo del fundador y hoy voz mandante en la compañía (personaje no por azar del patronato de Real Instituto el Cano, el más importante think tank en el Estado Español).
Los puestos restantes son un bestiario del poder económico, político y cultural españoles. Manuel Azpilicueta Ferrer aparece como consejero externo. Fue vicepresidente del Instituto Nacional de Industria entre 1976 y 1985. Posteriormente presidió el Círculo de Empresarios entre el 2002 y el 2004, periodo en el que propuso que las mujeres costearan su baja maternal.
Sigue el antiguo director general de Sogecable Carlos Francisco Abad Rico, quien también presidió el criminal fondo buitre inmobiliario Haya Real State hasta el 2023, espacio donde de, como casualidad, coincidió con José María Aznar Botella, consejero del mismo. Cierra la lista una profesora de la Universidad Complutense de Madrid y experta en comunicación política, María José Canel Crespo. Quien además de ser Personal Docente Investigador, desde donde firma artículos relacionados con la sostenibilidad y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, parece encontrar tiempo en el sector privado extractivista. La académica cobrará de Solaria 110.000 euros durante el 2024.
Pero la junta directiva casi nunca es lo más relevante de una compañía, sino sus accionistas. Los compañeros de viaje de los Díaz-Tejeiro son buitres de altos vuelos. Solaria defiende su responsabilidad social, mientras uno de los mayores fondos de inversiones global, BlackRock, controla cerca del 4% de la compañía. Harían falta decenas de artículos –algunos de ellos escritos en esta revista– para describir las tropelías de este fondo buitre global que entiende que “el cambio climático es una oportunidad de inversión histórica.”
BlackRock está presente en 25 de las 35 empresas del Ibex, especula con la energía, invierte en combustibles fósiles, deforestación y desposesión de tierras. Este buitre especula también con la vivienda siendo protagonista (entre otras muchas cosas) de desahucios en ciudades tan distantes como Berlín, Nueva York o Bilbao.
Pero Solaria, uno de sus tentáculos vascos, se dice verde. Cerca del 5% de la firma está en manos de Citigroup, uno de los motores globales de capital fósil, que habría invertido cerca de 40.800 millones de dólares solo en el 2023 en empresas del extractivismo más destructivo. El conocido “banco criminal” de Wall Street, JPMorgan Chase & Co. controla otro 5% de Solaria. Es decir, detrás existe un fondo que ha pagado más de 1000 millones de dólares en multas por diversos delitos corporativos solo en los últimos cinco años.
La lista sigue, pero las lectoras pueden hacerse una idea de la peculiar idea que tiene Solaria de desarrollo social y sostenible, de transición y de ética. Ahora es cuando surge la pregunta importante: ¿Quién decide cuánta energía necesitamos, cómo la producimos y a qué la destinamos? ¿Quién debe controlar su producción? ¿Quién sufrirá sus consecuencias?
En primer lugar, conceptos como tecnología o energía asumidos acríticamente, distan mucho de ser neutros. Son espinosos y están ideológicamente cargados.
En segundo lugar, la energía solar producida en megaplantas como las de Solaria está lejos de estar exenta de impacto ambiental. Su cadena de suministros descansa sobre el minado, procesamiento, manufactura y distribución de materiales, sin olvidar las labores de mantenimiento y reemplazamiento de componentes de rápida degradación. Asimismo, estos megaproyectos requieren de infraestructuras como subestaciones, conexiones de alta tensión y carreteras. El ciclo productivo de las explotaciones solares descansa sobre estructuras globales de explotación ambiental y laboral, dependiendo intensamente de combustibles fósiles para su existencia.
En tercer lugar, tal y como está concebido hoy, el concepto de transición energética es un mito. La historia de la energía no está marcada por las transiciones sino por las adiciones, por las acumulaciones. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cerca del 70% de la energía primaria en España depende de los hidrocarburos, proporción que de hecho ha aumentado en los últimos dos años a pesar del auge de las “renovables.” Cada vez producimos y consumimos más energía; cada placa, cada molino no sustituye al capitalismo fósil, lo complementa.