La Ley de Memoria Democrática 20/2022 entró en vigor el 19 de octubre y despertó una ola de esperanza en el movimiento memorialista. Dos años después, la larga espera para que el propio Estado la cumpla les ha hecho volver a reclamar, todavía con más fuerza si cabe, unas medidas reales de justicia, verdad y reparación, así como garantías de no repetición. Tibia en algunos aspectos, ni siquiera todo el articulado de la ley ha encontrado su reflejo en la realidad material. Las fuentes consultadas coinciden en el por qué: falta el reglamento que explique cómo aplicar la normativa.
“Esto es crucial, sobre todo ahora que la derecha y extrema derecha aprueban sus propias leyes de concordia en aquellas regiones en las que gobiernan, y derogan las de memoria que existían. Nos enfrentamos a una ola de revisionismo y negacionismo, y ahí el Estado tiene que hacerse valer con su ley de ámbito nacional”, defiende Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, englobada a su vez en el Encuentro Estatal de Asociaciones de Memoria Histórica y de víctimas del franquismo, donde se reúnen cerca de un centenar de colectivos.
Este reglamento, explica Peinado, podría esclarecer cómo actuar ante los actos de exaltación del franquismo y homenajes fascistas, prohibidos por ley, pero que todavía se ven en algunas ciudades españolas, sobre todo en fechas señaladas. “Eso supone un claro menosprecio hacia las víctimas y la ley lo castiga; en cambio, las delegaciones del Gobierno apenas actúan porque todavía no saben dónde están los límites, qué se puede decir y qué no”, ilustra el activista.
Entre otras cuestiones, la ley recoge en su artículo 23 la creación de un censo de víctimas y la creación de un banco de ADN adscrito al Ministerio de Justicia. “Y tampoco se han puesto en práctica. Además, es muy sencillo, solo debe aprobarlo el Consejo de Ministros, porque el legislativo ya dio su visto bueno al aprobar la ley”, dice Peinado.
En la Federación de Foros por la Memoria son conscientes de que no todo se puede hacer al mismo tiempo. Por eso, exigen que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática detalle cada año sus objetivos en la materia y el presupuesto que va a destinar en cada ejercicio. “Que esta Ley exista ya es un avance en sí mismo, a pesar de no derogar la amnistía del 77 y otros tantos elementos que sí debería haber recogido. Necesitamos un reglamento de aplicación para que una Ley de estas características surta efectos”, reitera el presidente del colectivo.
Un banco de ADN que deja fuera a los bebés robados
Rosa García es integrante de La Comuna, una asociación de presos y represaliados por la dictadura franquista. También forma parte de la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (Ceaqua), ya que es una de las tantas denunciantes de torturas y malos tratos que solo ha sido escuchada por un tribunal en Argentina al haber encontrado todas las puertas de la justicia española cerradas. Ella reitera que la ley necesita un reglamento de aplicación para poder afirmar que la normativa ha entrado en vigor realmente.
El catálogo de símbolos contrarios a la Memoria Democrática y vestigios del franquismo, recogido en el artículo 36, todavía está por hacerse. “Nos han dicho varias veces que está a medias, pero todavía no han publicado nada al respecto”, critica García. Sobre el banco de ADN, esta activista recuerda “un problema que el Ministerio debería solucionar”, según sus términos. Así lo explica: “Lo decidieron de tal forma que en ese banco se quedaban fuera todos los casos de bebés robados, ya que las víctimas tan solo pueden formar parte de él, siempre y cuando la Justicia acepte sus querellas. Llevamos presentadas cientos de ellas y ninguna ha sido investigada”.
Uno de los aspectos más valorados de la Ley fueron sus avances en materia educativa. “Dos años después, ni en Bachillerato, ni en la Universidad ni los funcionarios han recibido formación sobre Memoria Democrática”, sostiene la integrante de La Comuna.
La cuestión en torno a los lugares de memoria es otro de los rifirrafes entre movimiento memorialista y Gobierno. De los 18 aprobados, tan solo cuatro corresponden a sucesos acaecidos en el siglo XX, y ninguno de ellos a la dictadura y la Transición. Por ello, las asociaciones han elevado hasta 17 nuevas peticiones, entre ellas la Cárcel de Carabanchel y la Dirección General de Seguridad, actual sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. “Para nuestra sorpresa, en agosto nos dijeron que habían caducado los expedientes. Nos han asegurado que el Gobierno los declarará lugares de memoria de oficio, pero yo leo el BOE todos los días y ahí no aparece”, relata García.
Este colectivo de represaliados por el franquismo también reivindica que el Gobierno sancione a aquellos municipios que incumplen la Ley en cuanto a la retirada de calles que homenajean a personajes como Millán Astray, el Crucero Baleares o la División Azul, en el caso de Madrid. “El alcalde Almeida ya ha dicho que no las va a retirar. Digo yo que el Gobierno tendrá que aplicar el régimen sancionador. Si no lo hace, la Ley se volverá a quedar en agua de borrajas”, opina la integrante de Ceaqua.
Uno de los aspectos más reivindicados por el movimiento memorialista era que la Ley tendría que atenerse a los estándares internacionales en lo que a respeto de Derechos Humanos se refiere. “Ya de origen dejaron fuera lo que nosotros entendemos por justicia, porque no derogaron la amnistía del 77 ni permitieron que pudieran reabrirse los casos, a pesar de que muchos de los denunciados siguen con vida”, cuenta García.
Así ha quedado demostrado en estos años. Denuncias por casos de bebés robados, trabajo esclavo, torturas o asesinatos policiales no han sido admitidas a trámite. “Queda demostrado que la ley no sirve ni para investigar estos delitos ni para poder juzgarlos”, sintetiza.
Una ley alejada de los estándares internacionales de justicia
Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional (AI) España, señala que el asunto es todavía más grave. “Tenemos la certeza de que el Estado nunca quiso eliminar los obstáculos judiciales que existen para reabrir los casos de torturas y asesinatos. En realidad, la Ley sí recogía que al menos se podría investigar lo sucedido”, introduce.
Para ello se creó la figura de Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Tampoco ha servido para mucho. “Sí pensamos que es un avance, y ha acompañado algunas denuncias, pero podemos afirmar que el Ministerio Público no realiza investigaciones propias sobre lo denunciado, aun dejando de lado el posible enjuiciamiento de los responsables”, explica.
Por otra parte, la Ley de Memoria Democrática estableció la creación de algunas comisiones técnicas que solo se han creado año y medio después de su entrada en vigor. Se tratan de grupos de expertos que abordarán asuntos como la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España. “Desde AI no tenemos noticias de que estas comisiones estén funcionando. La interlocución con la Dirección General de Memoria ha sido inexistente por su parte. Nunca ha respondido a nuestras comunicaciones”, recalca Canales.
Los deberes pendientes
Estas no son las únicas medidas que establece la Ley de Memoria Democrática y que demandan los colectivos memorialistas. También está la puesta en marcha del Registro estatal de víctimas; la elaboración de un mapa de localización de personas desaparecidas; la creación de la Oficina de víctimas; la creación del Consejo Territorial de Memoria Democrática; la auditoría de los bienes expoliados durante la guerra y la dictadura; y la realización del inventario de edificaciones y obras llevadas a cabo por miembros de los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores.
A ello se suma que todavía está pendiente de materialización la evaluación de la represión y persecución cultural y lingüística del franquismo, así como de sus efectos sobre la realidad sociolingüística del Estado; la creación del Centro de la Memoria Democrática; la creación del Registro Estatal de Entidades de Memoria Democrática; la declaración del Fuerte de San Cristóbal de Pamplona como Lugar de Memoria; y la cesión del Palacio de la Cumbre de Donostia al Ayuntamiento de la ciudad. Tal y como concluye García al apreciar estos puntos todavía no efectuados por la Administración, “el problema es que en España sigue existiendo una política de memoria heredada del franquismo”.