El pasado lunes 28 de octubre, Israel consumó un golpe más contra los palestinos y el derecho internacional. La Knesset, el parlamento unicameral del país, reanudó ese día los trabajos legislativos después de un descanso de tres meses. Los diputados, reunidos por la tarde en Jerusalén, aprobaron dos controvertidos proyectos de ley que prohíben la actividad de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA por sus siglas en inglés) en Israel en un plazo de noventa días. La medida incluye no sólo los territorios que la comunidad internacional reconoce como legítimamente israelíes, sino también las zonas palestinas ocupadas ilegalmente desde hace décadas.
La UNRWA ha desempeñado un papel vital en Palestina desde 1949, cuando la Asamblea General de la ONU le encomendó proveer servicios humanitarios y de desarrollo para los refugiados palestinos. Define a estos en su página oficial como aquellos que abandonaron su hogar debido a las expulsiones forzosas tras la creación del Estado de Israel en 1948 y por los conflictos de años sucesivos, así como sus descendientes. Además, ofrece servicios de emergencia a quienes lo requieran en sus cinco áreas de operaciones: Jordania, Líbano, Siria, Cisjordania (incluida Jerusalén Este) y Gaza.
Esta última, que ha sido descrita como la prisión al aire libre más grande del mundo, se ha llevado la peor parte de la guerra iniciada por Israel desde el 7 de octubre del año pasado en respuesta a los ataques contra civiles perpetrados por militantes del fundamentalista Hamás (acrónimo en árabe de Movimiento de Resistencia Islámica). De acuerdo con la UNRWA, alrededor del 90% de los 2.2 millones de habitantes de Gaza han tenido que huir de sus hogares después de que las autodenominadas Fuerzas de Defensa de Israel invadieran el enclave. La agencia ahora lucha por proporcionar servicios básicos a los desplazados, que suman alrededor de 1.9 millones. Esto incluye salud, educación, alimentos e infraestructura básica de higiene.
Actualmente, no hay lugar seguro en Gaza. Las fuerzas israelíes han ordenado a los civiles moverse para supuestamente protegerlos de operaciones dirigidas con precisión contra Hamás. Sin embargo, la muerte encuentra a los gazatíes ahí donde Israel los obliga a ir. Es el caso de la familia de Um Feras, madre de 43 años que solía vivir con sus hijos al norte de Gaza. Su hijo, Feras, tiene 19 años y padece linfoma (cáncer en los huesos). El año pasado, descubrieron que Osama, uno de sus hermanos, era compatible para donarle médula ósea. La operación estaba programada justo para octubre de 2023. La guerra se les adelantó. Osama murió en un ataque aéreo en la casa de la familia a fines de año.
Después de moverse once veces de un lugar a otro, la familia terminó en la ciudad de Deir al-Balah, situada en la mitad de la Franja. Un día, el refugio en el que se estaban quedando fue bombardeado. Sólo Feras, su madre y su hermano más chico sobrevivieron. Los otros quedaron sepultados entre escombros. En entrevista con la UNRWA, Um Feras dijo que “se sentía como si la muerte estuviera persiguiendo a mis hijos sin importar a dónde fueran”. La madre acudió al disminuido centro de salud de la UNRWA en Deir al-Balah con la esperanza de conseguir ayuda para Feras. Allí, el doctor Mohammed logró conseguirle dosis de quimioterapia traídas desde el norte de Gaza. Gracias a ello, Feras seguirá viviendo, pero ¿por cuánto más?
La prohibición israelí a la agencia no sucede en un vacío. Su personal e instalaciones han sido objeto de ataques desde que inició el conflicto. Este 8 de noviembre, una escuela de la UNRWA que, como muchas, es utilizada como refugio para los desplazados, fue bombardeada por Israel bajo el pretexto de que estaba siendo usada como base de operaciones por Hamás. Al menos 14 personas murieron y decenas fueron heridas.
Las autoridades israelíes han llevado a cabo una campaña de desinformación para acusar a la UNRWA de ser una tapadera de Hamás. El pasado 29 de octubre, David Mencer, portavoz del gobierno, fue entrevistado en el telediario de la edición británica de Sky News. Sentenció que “los empleados de la UNRWA han sido expuestos como los propios terroristas, no a pequeña escala, no estamos hablando de unas cuantas manzanas podridas, sino de todo un huerto podrido”. Fuentes dentro de la agencia entrevistadas para este texto y que pidieron no ser identificadas afirmaron vehementemente que la labor que llevan a cabo es estrictamente no política y que se toman las acusaciones contra sus colaboradores muy en serio.
En respuesta a las leyes aprobadas por la Knesset, Philippe Lazzarini, comisionado general de la UNRWA, dijo en una publicación de X (antes Twitter) que “el orden internacional basado en reglas está desmoronándose en una repetición de los horrores que llevaron al establecimiento de las Naciones Unidas”. Prohibir la actividad de una agencia de la ONU es insólito. A pesar de que representantes de EE. UU. y la Unión Europea condenaron la adopción de la medida, su apoyo a Israel en los hechos sigue firme. Este 20 de noviembre, los estadounidenses vetaron por cuarta vez desde octubre del año pasado una resolución del Consejo de Seguridad que llamaba a un alto al fuego. En medio de una situación crítica, el derecho internacional parece enmudecer ante la sordera de los países que podrían obligar a Israel a respetarlo.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.