Nos vienen alertando los expertos de que hechos catastróficos como la dana del pasado mes de octubre en Valencia (y en menor medida en Andalucía y Castilla-La Mancha), o los incendios en Los Ángeles de este mes de enero, tienen bastante que ver con el cambio climático y que hemos de prepararnos para que en un futuro muy próximo calamidades similares sean cada vez más frecuentes y dañinas.
En España, como en otros muchos países, tenemos amplia experiencia en las últimas décadas de grandes accidentes y catástrofes con daños personales y materiales elevados, desde el naufragio del Prestige al terremoto de Lorca, desde la presa de Tous al camping de Biescas, pasando por accidentes ferroviarios como los de Metrovalencia o Angrois y tantos y tantos grandes incendios. Por ello, se podría suponer que la protección civil y la atención de emergencias es una materia que suscita el interés tanto de la ciudadanía como de los responsables públicos, y que se encuentra entre los temas prioritarios de debate político. Sobre todo, teniendo en cuenta que los especialistas han alertado repetidamente que el sistema de protección civil en España se halla insuficientemente desarrollado e infradotado de recursos, sin que ofrezca consuelo que a muchos otros países les suceda lo mismo. Incluso antes de hacerse patente el cambio climático, las modernas sociedades industriales o postindustriales y económicamente desarrolladas eran entornos que multiplican los riesgos de producción de las situaciones catastróficas; pero la adopción de medidas para prevenirlas, minimizarlas y atender los eventuales daños suele ir muy por detrás de las necesidades.
Malas noticias. La gestión de las emergencias solo suele aflorar en el debate político cuando se produce una catástrofe para utilizarla como argumento partidista y exigir responsabilidades en cabeza ajena, responsabilidades que rara vez se acaban por rendir (sí puede suceder que se exijan las correspondientes responsabilidades penales, siempre se puede encontrar algún chivo expiatorio en la cuarta o quinta línea de mando). Cuando la actualidad impone pasar página porque surgen otros temas para el rifirrafe político, la cuestión queda aparcada a la espera de la próxima calamidad, y las anunciadas medidas para mejorar el sistema de reacción ante catástrofes quedan postergadas al último capítulo de las prioridades políticas.
Tomemos como muestra los programa electorales de las principales fuerzas políticas en las últimas elecciones generales, las de julio de 2023. En particular, los presentados por las cuatro que obtuvieron mejores resultados y más escaños.
El programa del PP, con 365 medidas a lo largo de 112 páginas, se refería solo en dos medidas, 14 líneas, a la materia de gestión de emergencias, limitándose a anunciar medidas muy genéricas para dos tipos de riesgos, incendios forestales e inundaciones. En la medida 75, “APOYAREMOS DE FORMA ESPECÍFICA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO, Y LA RECUPERACIÓN DEL TERRITORIO AFECTADO POR LOS INCENDIOS FORESTALES”, se anuncia que “aumentaremos el número de efectivos de la UME especializados en la intervención y control de incendios”. En la medida 104, “AFRONTAREMOS LOS PROBLEMAS DE LAS INUNDACIONES”, se prevé “la priorización de las acciones en materia de restauración de los cauces, especialmente los urbanos, que permitan incrementar la protección a las personas, los bienes y el medio ambiente. El desarrollo de inversiones en materia de defensa frente a inundaciones es imprescindible para la necesaria adaptación a los fenómenos derivados del cambio climático”.
El programa del PSOE, de 272 páginas, dedicaba a esta materia 11 líneas en el capítulo de seguridad ciudadana en las cuales, “frente al cambio climático y su, cada vez, más frecuente y más profundo impacto en nuestras vidas y en el patrimonio natural de nuestro país”, se preveía que “seguiremos potenciando el Sistema Nacional de Protección Civil para mejorar nuestra capacidad de respuesta frente a emergencias y catástrofes”, “frente al negacionismo climático, apostamos por el cuidado del medio ambiente para prevenir el riesgo de incendios o inundaciones y vamos a impulsar la coordinación entre administraciones y con la UE para mejorar la respuesta a las catástrofes”, y que “frente al abandono de nuestro patrimonio natural y de la España rural, aumentaremos las ayudas públicas para las personas afectadas por emergencias y catástrofes”. No se contiene otra concreción de medidas ni compromisos.
El programa de Vox, de 178 páginas, contiene tres referencias a esta materia. En el apartado 183, invocando “la garantía de la soberanía de España”, exige que sean inmediatamente devueltas al Estado las competencias autonómicas en materia de Seguridad, Interior, Tráfico, Protección Civil y Vigilancia Marítima, Justicia e Instituciones Penitenciarias. El apartado 190 prevé que “un Sistema Nacional de Protección Civil vertebrará de forma unitaria la respuesta ante emergencias, catástrofes, incendios e inundaciones y unificará el régimen de personal y protocolos de actuación”. El apartado 372 menciona al “servicio de emergencias del 112” solo en relación con la garantía de “una atención especializada del suicidio a nivel nacional”.
El programa de Sumar, de 182 páginas, desarrolla algo más que los anteriores algunas propuestas, que se ponen en directa relación con la crisis climática. En el capítulo 3, “La transición ecológica justa, el desafío de nuestro tiempo”, se proponen medidas de prevención de incendios o inundaciones, como la reforma de la Ley de Costas y gestión de inundaciones, ampliando la zona de servidumbre de protección, se añade que “reorientaremos las políticas urbanísticas no autorizando nuevas construcciones en zonas de riesgo por inundaciones o por aumento del nivel del mar”, la adaptación de las presas y embalses, o la elaboración de un “Mapa Nacional de Vulnerabilidad Climática y mejora climática de los servicios de protección civil”, y que “ante el previsible aumento de las catástrofes naturales ligadas a la emergencia climática en territorio nacional, impulsaremos un programa de capacitación climática tanto en la Unidad Militar de Emergencia como en los servicios de protección civil, recomendando su extensión a las fuerzas y equipos de seguridad y emergencia de las comunidades autónomas”, “finalizar la tramitación de la Ley Básica para el Estatuto de los Bomberos Forestales” o “impulsar, regular y exigir la climatización sostenible de recintos que concentran a población en situaciones de vulnerabilidad, como centros educativos o residencias de mayores u hospitales, así como adaptar y ampliar los servicios públicos –bibliotecas, parques, centros deportivos…– para establecer una red suficiente de espacios seguros frente a episodios climáticos extremos, como las olas de calor o de frío”, y que “además, pondremos en marcha programas de preparación, protección y educación de la población en riesgo, que permitan identificar a los grupos en situaciones de vulnerabilidad de cada comunidad y desarrollar sistemas de alerta temprana, planificación y coordinación ante las emergencias climáticas”. Finalmente, “promoveremos, desde el marco europeo, la creación de una fuerza mediterránea de intervención climática y protección civil para luchar contra los incendios y otras catástrofes naturales, prestar asistencia en el mar y luchar contra la contaminación en la región del Magreb”.
En fin, en general, en los programas electorales falta un diagnóstico sobre el actual Sistema Nacional de Protección Civil, sus virtudes, sus deficiencias, sus necesidades de desarrollo o reforma o de dotación de medios, y el ofrecer medidas concretas para su mejora más allá de mostrar la voluntad de ocuparse de ello.
Dado que la protección civil es una materia de gestión compartida por el Estado y las comunidades autónomas, conviene echar un vistazo también a los programas electorales de las elecciones autonómicas. Y el panorama no resulta muy distinto. Por no alargar en exceso el análisis, nos limitamos a examinar los programas para las elecciones autonómicas de mayo de 2023 en la Comunidad Valenciana, por encontrarse esta, trágicamente, de mayor actualidad. Veamos qué decían los programas presentados por las cuatro principales fuerzas políticas, las cuatro que obtuvieron representación en las Cortes Valencianas.
El programa del PPCV, de 230 páginas, dedica (¡albricias!) un apartado completo a “Protección Civil y Emergencias”, en total 35 líneas con 11 propuestas que siguen a la afirmación de que “si hemos aprendido una lección en los últimos años ha sido la importancia de la protección civil y las emergencias en momentos en los que los desastres naturales o las grandes emergencias nos han sacudido con fuerza”. Las propuestas son todo lo vagas que resulta habitual en los programas electorales, como colaborar con los municipios para la elaboración o actualización de los planes de emergencia, elaborar un “Plan de Actuación ante Pandemias y Emergencias Sanitarias”, dotar de recursos a los servicios de emergencias, sin cuantificación, o intensificar la utilización de las nuevas tecnologías para dar información relevante sobre emergencias, o son medidas puntuales e inconexas que no llegan a constituir una política general y coherente sobre una materia que se proclama tan importante, como la creación de un Servicio de Prevención, Gestión y Coordinación de Emergencias de la Generalitat, la auditoría del personal de emergencias, la implantación de nuevas cualificaciones profesionales de emergencias, la creación de un grupo de psicólogos para atención en situaciones de catástrofe, o la actualización del Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat de 2013 (lo que, como algunas de las medidas anteriores, es una exigencia legal).
El programa del PSPV-PSOE, 79 páginas, contiene diversas referencias a la gestión de emergencias en relación con el cambio climático, con alguna propuesta concreta como la aprobación de “la ley valenciana de riesgos naturales que incluya acciones de prevención y gestión de las emergencias”, y otras genéricas que en algunos casos no hacen sino recoger medidas ya previstas en la legislación vigente, como adaptar la planificación de emergencias a los supuestos del cambio climático, aprobar planes comarcales de emergencias, reforzar la colaboración con los consorcios provinciales de bomberos, implantar el sistema europeo de avisos de emergencia, una Jefatura única en los grandes incendios forestales, y desarrollar la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE) incorporando a los cuerpos locales de bomberos existentes. Además, hay un capítulo específico de “Seguridad y Emergencias” de dos páginas y once apartados de los cuales seis se refieren a la gestión de emergencias. Hay propuestas genéricas que comprometen a poco, como seguir estableciendo “mejores servicios de Protección Civil de ámbito mancomunado comarcal”, apoyo para elaborar planes de Protección Civil en los municipios sin capacidad para hacerlo, o medidas más concretas como incorporar drones para salvamento en las playas, desarrollar un modelo de semi profesionalización del voluntariado, incorporar en los municipios de más de 20.000 habitantes el puesto de director municipal de Protección Civil, elaborar planes de autoprotección escolar de ámbito local o la creación de la Unidad de Análisis de Grandes Emergencias. En fin, propuestas razonables pero que consisten en poco más que decir que seguiremos trabajando y cumpliremos con lo que ya nos señalan las leyes.
El programa de Compromís, de 124 páginas y 1.100 propuestas, dedica una página y diez propuestas a “Seguridad y respuesta a las emergencias”, de las cuales cuatro propuestas se refieren a la gestión de emergencias, dos en exceso genéricas, coordinar “las actuaciones en materia de seguridad y respuesta a las emergencias en total sintonía con los ayuntamientos como administraciones más próximas a la ciudadanía” y promover “un plan de modernización de los servicios públicos destinados a la respuesta a las emergencias y a la seguridad, en cuanto a recursos humanos, materiales y tecnológicos”, y dos muy puntuales y de dudosa trascendencia como propuesta electoral para mejorar la atención de emergencias, descentralizar el centro de coordinación de emergencias de su única sede en l’Eliana e implementar “un plan para la incorporación de las mujeres a los servicios valencianos de respuesta a las emergencias”.
El programa de Vox, de dos páginas, simplemente no formula ninguna propuesta en la materia. Algo coherente en una formación política negacionista con el cambio climático y que propone devolver al Estado todas las competencias.
Ante la tentación de hacernos eco de ese lema que se ha coreado a raíz de la catástrofe de la dana en Valencia, que solo el pueblo salva al pueblo, y suponer que son los perversos políticos quienes se despreocupan del tema y desoyen el clamor de los ciudadanos, debemos comprobar si existe tal clamor. Y me temo que la ciudadanía, en su conjunto, tampoco se ha venido preocupando mucho de la prevención y atención de catástrofes. Según el Barómetro del CIS de octubre de 2024, preguntados los encuestados sobre si el cambio climático les preocupa, responde que mucho el 35,3 %, que bastante el 36,3, que poco el 17,2 y que nada el 9,2. Pero cuando no se induce una respuesta políticamente correcta y se les pregunta, en general, para que den una respuesta espontánea sobre cuál es a su juicio, el principal problema en España, y el segundo, y el tercero, solo el 0,3 responde que el cambio climático, solo el 1,6 lo señala en segundo lugar y solo el 2,3 en tercero. Sobre la falta de servicios públicos o sus recortes solo el 0,1 lo señala como primer problema, y la misma cantidad como segundo o tercer problema. La gestión de emergencias, con tal enunciado, tampoco se encuentra entre los temas de debate o preocupación de la ciudadanía. Ojalá que algo cambie a raíz de los 232 muertos (más tres desaparecidos) de la dana de octubre de 2024.
A mi modesto entender, a través de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil de 2015 (aprobada con amplio apoyo y el consenso de la mayoría de las fuerzas políticas, y que derogó la obsoleta ley de 1985), con sus normas de desarrollo y con las leyes autonómicas sobre la misma materia, España tiene diseñado un sistema, siempre mejorable, bastante aceptable y adaptado al Estado autonómico. Frente a la idea anticuada de que se trata de contar con unos servicios de rescate con numerosos efectivos que aparezcan con toda rapidez cuando se producen los accidentes o catástrofes (esa idea de peligrosa simplificación de que lo importante es que llegue cuanto antes la UME), se contempla un sistema complejo de previsión, prevención, planificación, intervención y recuperación, en la cual han de intervenir las diversas Administraciones Públicas, y también entidades privadas, mediante una adecuada coordinación de todos los recursos y actuaciones. La idea central es la de que han de intervenir siempre en primer lugar las autoridades y servicios ordinarios y más cercanos al lugar donde se genera un riesgo o se produce el daño, y luego de forma gradual, progresiva y proporcionada los demás servicios que sea necesario movilizar. También en una graduación de las emergencias, desde las que tienen carácter local hasta las que se declaran de interés nacional por la cantidad de recursos que requieren o la necesidad de una dirección de ámbito nacional. El problema, como sucede a menudo en tantas otras materias, es la aplicación de esa normativa, estatal y autonómica. Se aplica a ritmo muy parsimonioso (o, directamente, no se aplica) y con recursos humanos y materiales escasos o insuficientes.
En particular, todas las administraciones, estatal, autonómicas y locales, cuentan con escasos técnicos en materia de protección civil (con esta y otras denominaciones). Los hay muy buenos, pero pocos. Probablemente tampoco cuenta con el personal de intervención suficiente (bomberos, agentes y bomberos forestales, salvamento marítimo, militares, etc.), pero ahora me refiero sobre todo al personal especializado en el análisis, la prevención, la planificación y la coordinación, esas tareas imprescindibles de adoptar en situaciones de normalidad, antes de que sucedan las catástrofes, y que permiten evitarlas o, en todo caso, reducir los daños. Claro que cuesta dinero contar con el personal suficiente y adecuadamente cualificado; aunque cuesta mucho más reparar los daños que se producen en cada hecho calamitoso, aparte de que hay daños irreparables, como la pérdida de vidas humanas. Por otro lado, las catástrofes son una oportunidad de negocio como otra cualquiera, y su evitación quizás no interese a todo el mundo.
Voy a poner tres ejemplos muy simples sobre a qué deben dedicarse esos técnicos, de diversas cualificación profesional, de los que hoy no disponemos en la cantidad suficiente. a) Al control administrativo e inspección de todas las instalaciones y actividades susceptibles de generar riesgos, que es una tarea ingente pero imprescindible, desde una sencilla licencia de actividad y de obras para abrir un restaurante hasta la autorización para el funcionamiento de una industria química. Estamos demasiado acostumbrados, por ejemplo, a descubrir que tras el incendio de una discoteca, o de una fábrica, había un local sin licencia en vigor, y a que el órgano local o autonómico competente alegue como excusa que no da abasto para controlarlo todo, que no tiene personal. b) Al fomento de la autoprotección y de la educación de la ciudadanía en general en materia de prevención y de actuación en casos de emergencia. He visto en otros países, mejor organizados que el nuestro, que es muy normal la existencia de puntos de reunión para la evacuación, debidamente señalizados, o la realización de simulacros de siniestros en centros de trabajo, docentes o de reunión. En España se hace muy escasamente; en mis cuatro décadas de desempeño laboral, casi todas en instituciones públicas, solamente en una ocasión participé en un simulacro, y jamás he recibido formación al respecto (ahora, como jubilado, tampoco veo que entre las innumerables actividades que se ofrecen para tenernos entretenidos a los mayores, desde la pintura y el macramé hasta la historia o los viajes, pasando por el deporte, todo lo cual está muy bien, haya formación en protección civil y emergencias, y lo mismo creo que sucede con los jóvenes). Pero claro, todo esto, nuevamente, necesita la aplicación de recursos y, sobre todo, de personal técnico en todas las administraciones públicas para organizarlo. c) A promover el voluntariado. Sí, fue muy emocionante ver la gran cantidad de voluntarios que se apresuraron a acudir a las localidades de Valencia afectadas por la dana para ayudar en lo posible y limpiar el barro, igual que hace unos años fue una gran muestra de solidaridad y civismo la cantidad de gente que acudió a las playas gallegas a limpiar chapapote. Pero la eficacia de los voluntarios espontáneos y desorganizados es muy limitada. En España, a diferencia de otros países que nos debieran servir de ejemplo, hay pocas agrupaciones de bomberos voluntarios y de voluntarios de protección civil. Son instituciones que rara vez surgen, o pueden desarrollarse, de forma espontánea. Es necesario que las administraciones locales y autonómicas las apoyen con recursos materiales, organizativos y formativos. Las leyes, la estatal y las autonómicas, así lo prevén, pero se hace todavía muy poco. Porque, claro, exige recursos, exige dinero y exige personal técnico que apoye, forme y coordine a esos voluntarios. Y quizás no sea buen momento para tales medidas viendo cómo se extienden las ideas de que hay que adelgazar a toda cosa el aparato estatal, recortar el gasto público, bajar los impuestos, abolir la burocracia y reducir los improductivos funcionarios.
Y una última cosa. También necesitamos responsables políticos que sean responsables y que sepan cómo actuar. O, al menos, que sepan que tienen que actuar…
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