El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a caer en su habitual doble discurso. El Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, presentó esta semana la «Estrategia de Acción Exterior 2025-2028», un documento que en teoría reafirma el compromiso de España con el multilateralismo y la ONU.
Sin embargo, una lectura detenida revela la misma contradicción de siempre: mientras se llenan la boca de principios, siguen enterrando el derecho a la autodeterminación del Sáhara Occidental bajo presiones marroquíes.
Retórica institucional frente a la realidad política.
Albares asegura que España «seguirá apoyando la insustituible labor de Naciones Unidas» y menciona expresamente al enviado especial para el Sáhara Occidental. Pero, ¿de qué sirve este reconocimiento si, en la práctica, el Gobierno sigue avalando el plan de autonomía marroquí, que niega el referéndum exigido por la ONU?
El documento es un ejercicio de ambigüedad calculada. Se habla de «promover la paz» y de «soluciones políticas», pero se omite deliberadamente cualquier mención al derecho a la autodeterminación, pilar fundamental de las resoluciones de la ONU sobre el Sáhara desde 1965. Es la misma táctica de Sánchez en 2022: aparentar lealtad al sistema internacional mientras se dobla la cerviz ante Rabat.
¿Dónde está la coherencia?
Si España realmente creyera en la «arquitectura institucional» de la ONU, no habría dado un giro unilateral en 2022 sin consultar ni al Consejo de Seguridad ni a los saharauis. Si realmente valorara el trabajo de los enviados especiales, no habría respaldado una solución —la autonomía bajo Marruecos— que la ONU nunca ha avalado como única vía.
La estrategia de Albares es un brindis al sol. Mientras el Gobierno sigue beneficiándose del statu quo (acuerdos energéticos, control migratorio, inversiones marroquíes), el Sáhara Occidental sigue siendo la gran asignatura pendiente de una política exterior que prefiere el business first antes que los derechos humanos.
¿Multilateralismo de boquilla?
El documento presentado por Albares es, en el mejor de los casos, un lavado de imagen. En el peor, una burla a la legalidad internacional. Si España quiere ser tomada en serio como actor global, no puede seguir aplicando un doble rasero: defender a la ONU en Siria o Myanmar, pero ignorarla cuando conviene en el Sáhara.
El Gobierno debería dejar claro si su estrategia exterior se basa en principios o en intereses cambiantes. Por ahora, solo demuestra que, cuando hay presiones económicas y geopolíticas de por medio, la retórica institucional se queda en papel mojado.
¿Verdadero compromiso con la ONU o pura fachada? La respuesta, por desgracia, parece clara.