La promesa de aumentar las partidas presupuestarias militares necesita redirigir 10.471 millones de euros para alcanzar el 2% del PIB. Cumplirlo este año abre a su vez un grave problema para hacerlo en 2026.
Publicadas las grandes cifras y las promesas, falta ver de dónde saldrá el dinero para contentar a la OTAN y a la Unión Europea (UE) sin “tocar el bolsillo de los ciudadanos ni hacer recortes en el gasto social”, tal y como anunció el presidente Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros este pasado martes. Sumar los 10.471 millones de euros que el ejecutivo ha dicho que podrá obtener desde otras partidas no ejecutadas o desde otros capítulos de unos presupuestos prorrogados desde 2023 se plantea una tarea difícil para este año, pero mucho más complicada para 2026.
El Gobierno ha publicado un plan de financiación y gasto de los más de 10.000 millones que anunció en rueda de prensa donde se pone sobre el papel las cantidades y partidas exactas desde las que se pretende obtener dicho monto sin tocar las partidas sociales y sin subir impuestos ni recurrir a un mayor endeudamiento público. Algunas de ellas no implican un recorte en el estado de bienestar, pero sí que podrían suponer un coste de oportunidad al redirigir dichos fondos sobrantes de otras partidas a un gasto militar en vez de que sean enfocadas a gasto social.
La buena marcha de los datos macro de los últimos años ha aliviado en gran medida las cuentas públicas si las comparamos con 2023. Pero el documento de guía del Gobierno, los Presupuestos Generales del Estado (PGE), siguen siendo de dicho periodo. Eso provoca unas diferencias entre las partidas presupuestas en aquel año y las necesidades actuales, de donde se sacará gran parte de los fondos prometidos para defensa. La mayor partida se eleva hasta los 2.819 millones que se obtiene, entre otras cosas, de que las comunidades autónomas han vuelto a financiarse en los mercados emitiendo deuda pública propia y, por lo tanto, el Estado les va a prestar y transferir menos recursos. Este desvío de fondos de las comunidades al gasto de defensa no provocará recortes sociales, pero sí que elimina la posibilidad de que dichas comunidades tuvieran una mejor financiación que podría acabar en políticas sociales, muchas de ellas en manos de los gobiernos autonómicos.
En esa misma cantidad también se incluye el ahorro que se provoca por
la mejor marcha de lo esperado en el pago de deuda. La reducción del
déficit y la bajada en los tipos de interés provoca que lo presupuestado
para el pago de intereses de la deuda sea menor de lo que finalmente se
pague este 2025, por lo que se podrá complementar con la menor
transferencia a las comunidades autónomas para completar esos casi 3.000
millones de euros.
La segunda mayor partida se extrae de “créditos ya ejecutados de ejercicios anteriores que no tienen reflejo en 2025”. Es decir, partidas presupuestarias que tenían una finalidad concreta en los PGE23, pero que en este año no han sido necesarias y no se han gastado. Desde esas partidas no ejecutadas se obtienen 1.744 millones de euros. El documento publicado por el Gobierno no detalla a qué partidas corresponde. De momento no podemos saber tampoco si alguna de esas partidas correspondería a alguna partida de gasto social del Gobierno central que no se ha ejecutado por completo.La tercera partida corresponde a los “créditos concedidos en ejercicios anteriores por el Ministerio de Industria y créditos disponibles de nuevos préstamos” del que se extrae un montante de 1.680 millones. Esto corresponde a unos préstamos muy criticados por los movimientos antimilitaristas desde hace años, ya que en muchos casos son créditos que se conceden a la industria militar a interés cero para que desarrollen armamento que luego es adquirido por el propio Estado siendo un negocio redondo para las empresas de armas. Pero, en cambio, este gasto nunca ha sido contabilizado como dispendio en Defensa cuando dichas plataformas antimilitaristas siempre han señalado que debería contabilizarse como tal. Ahora, el Gobierno utilizará dichos fondos que tienen para prestar y lo que están devolviendo dichas empresas de préstamos anteriores para aumentar el gasto hasta el 2% del PIB.
La cuarta sale de los fondos de contingencia. Estas partidas, que también se suelen llamar fondos de emergencia, son cantidades que se reservan para “necesidades inaplazables, de carácter no discrecional para las que no se hiciera en todo o en parte, la adecuada dotación de crédito”, según define la Ley General Presupuestaria. Es decir, una caja de emergencias para enfrentar gastos inesperados como desastres naturales o, como ocurrió en 2020, para emergencias derivadas de la pandemia de la Covid19 o los costes iniciales en el desarrollo de vacunas. Del fondo de contingencias se gastarán 1.395 millones de euros que el Gobierno ha anunciado que irán a incrementar los salarios y pensiones de las Fuerzas Armadas.
La quinta partida más abultada corresponde al Plan de recuperación y transformación y resiliencia. Es decir, saldrán del plan de inversión de los Fondos Next Generation EU. Entre los componentes de gasto para ejecutar los fondos europeos existen algunos que no se han ejecutado y otros que ya tenían una finalidad que podría considerarse de defensa y que ahora son incluidos al cómputo. Por ejemplo, dentro del Componente 15 Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G, dotado con 15.369 millones, hay una partida para ciberseguridad que debía ser para “fortalecimiento de las capacidades de ciudadanos, pymes y profesionales; e Impulso del ecosistema del sector” con una dotación de 524 millones. De este tipo de partidas serán las obtendrán los 1.357 millones que saldrán de los NGEU hacia el nuevo gasto militar que consiga obtener el 2% del PIB.
Entre las partidas de menor tamaño, encontramos una de 641 millones por “menores anualidades por aportaciones UE”, otra por “generación de ingresos por servicios prestados por el Ministerio de Defensa” desde el que se obtienen 632 millones de euros. Otros 103 millones que se obtienen por “créditos por menor previsión del pago de sentencias por reclamaciones patrimoniales” y una última dotada con 97 millones que se obtienen de fondos para préstamos del Ministerio de Defensa que no se llegaron a conceder y han que dado sin uso. Lo que sumaría en total los 10.471 millones de euros que Sánchez ha prometido gastar para alcanzar el 2% del PIB y contentar a la OTAN y a la UE.
El problema está en los PGE26
Analizando las partidas que conforman el nuevo presupuesto es verdad que, por el momento, no se dibuja ningún recorte en gasto social. Salvo lo que se dejaría de invertir, aumentando el gasto de las comunidades autónomas con ese dinero que este años “sobra” y que ahora forma parte de la principal partida en gasto militar explicada arriba.
Pero el principal problema al que se enfrenta el ejecutivo con estos cambios presupuestarios para este 2025 no reside en las cuentas de este año, sino en las que se deberían aprobar para el próximo periodo. Estas transferencias entre grandes partidas, montantes no ejecutados o fondos europeos no van a estar disponibles todos los años para que el Gobierno tire mano de ellos y alcanzar el 2% del PIB en gasto militar. Sin embargo, la promesa de alcanzar dicha cifra sí que es anual. Además, los 33.123 millones que se gastarán este 2025 también necesitarán un ajuste al alza del mismo porcentaje que crezca el PIB este año. Si la economía crece un 2,5%, el gasto tendrá que hacerlo en la misma medida.
Un cambio tan grande no se puede mantener de forma estructural en los presupuestos si no se aprueba una nueva ruta económica que incorpore esas nuevas partidas de gasto. Y ahí está el problema: gastar lo mismo en 2026 sin tener las mismas partidas de las que obtener esos más de 10.000 millones se plantea muy difícil sin alguna de las vías que Pedro Sánchez ha negado que usará en este año: más impuestos, más endeudamiento y/o recortes en otras partidas presupuestarias.
Las partidas de los Fondos NGEU ya no se podrán volver a usar, los reintegros por préstamos a la industria puede que no tengan el mismo montante o las partidas no ejecutadas no tienen que alcanzar las mismas cantidades, por lo que el Ejecutivo tendrá que diseñar unos PGE26 que puedan incorporar esa nueva estructura de gasto en el que lo militar y la defensa tiene un mayor peso sin realizar recortes sociales, algo que haría saltar por los aires el Gobierno de coalición y que difícilmente encontraría el apoyo de partidos a su izquierda como Podemos, EH Bildu o ERC.
Ahí reside el problema de incrementar el gasto militar al 2% del PIB. El PSOE tendrá que convencer no sólo a sus socios de gobierno, sino a todos los partidos del bloque de investidura de que voten a favor de unos nuevos presupuestos que deberán cubrir las necesidades de gasto para contentar a la OTAN sin las mismas partidas de las que se van a sacar este año. Puede que esta ingeniería entre partidas y el maquillaje de cuentas le sirvan a Pedro Sánchez para este 2025, pero le ponen muy cuesta arriba la tarea de confeccionar unos PGE26 a gusto de todos, tanto de la OTAN como de los partidos de izquierda que necesita para seguir gobernando.