1-. Precariado intelectual
Hace unos años regresé al espacio universitario, tras una pausa no deseada de más de quince años y un cambio de residencia. De Argentina a España. La ilusión de dedicarme otra vez a la docencia universitaria no tardó demasiado en desvanecerse, a pesar de haberla nutrido durante años por los obstáculos que se me presentaron para acceder nuevamente a su ejercicio.
Las decepciones profesionales se multiplicaron. Primero, impartiendo un seminario en una universidad pública, con una retribución irrisoria que me recordó a mi precaria situación económica en la academia argentina, que ni siquiera daba para pagar la quinta parte de un alquiler (a pesar de haber trabajado allí por más de una década). Aunque agradecí la oportunidad, lo cierto es que ya ni siquiera estaba sobre la mesa mi sustento, sino simplemente mi dignidad profesional. ¿Cómo pueden pretender siquiera que uno dedique incontables horas a la investigación y a la docencia sin un reconocimiento mínimo del valor de la actividad intelectual? ¿Hasta cuándo en nombre de una vocación se puede estirar el hilo de la precariedad en la propia universidad pública, incluyendo profesores adjuntos o ayudantes que, literalmente, en el mejor de los casos no pueden más que esperar durante años e incluso décadas un relevo generacional, siempre y cuando el profesorado titular o catedrático de el visto bueno a la sucesión?
Decliné una segunda invitación para impartir un nuevo seminario, más extenso y peor remunerado. La posibilidad de desarrollar una carrera universitaria, desde luego, no debería descansar en una simple vocación personal, en la capacidad de resistencia individual para luchar por sus objetivos ni mucho menos en el reconocimiento simbólico o el supuesto prestigio con el que se asocia el espacio académico. Sin planes de carrera, concursos públicos con jurados externos, presupuestos suficientes y apertura institucional, sencillamente, se excluye o margina de forma mayoritaria al nuevo profesorado, sea local o extranjero.
¿En qué está centrada, pues, la actual política universitaria, incapaz de responder a estos desafíos? ¿Por qué el profesorado más estable no se posiciona con claridad al respecto, planteando un debate público de carácter impostergable, en solidaridad con un profesorado precarizado, cuando no directamente periférico, carente de sus prerrogativas laborales?
Como una parte creciente del profesorado no tiene ya ninguna expectativa de inserción profesional ni siquiera a medio plazo en la universidad pública, con independencia casi absoluta a sus méritos académicos, la opción al alcance es la universidad privada, siempre y cuando se cuente con algún doctorado. Lo cierto es que buena parte de egresados de la universidad pública, con aspiraciones docentes, termina en la educación superior privada. Aunque se diferencien en múltiples aspectos, si algo tienen en común las universidades privadas es el propósito de rentabilizar la educación superior o, dicho de otro modo, de hacer de la enseñanza universitaria un espacio lucrativo. Aunque no todas lo hagan con las mismas metodologías de enseñanza, en cualquiera de los casos se trata de un sistema que vive de sus clientelas estudiantiles y, en particular, de la privatización creciente del saber, incluyendo su encapsulamiento en forma de cursos y posgrados de especialización, por lo general, fuera del alcance de las clases populares. Su objetivo primordial no es crear una ciudadanía crítica sino en el mejor de los casos sujetos profesionales dirigidos a ocupar posiciones privilegiadas en el mercado de trabajo, a cambio de una contraprestación económica.
Aunque semejante consideración no invalida de forma invariante su práctica educativa, al menos sería apropiado indagar en los efectos que esta alianza entre universidad y mercado produce a largo plazo, no sólo en términos profesionales sino también en términos de ciudadanía. Tras al menos dos décadas de políticas universitarias de signo neoliberal, los resultados saltan a la vista: no sólo la conversión de las universidades privadas en espacios mercantilizados donde importan más los títulos que se expenden que los propios saberes que se ponen en circulación (a falta de investigación sistemática) sino la propia transformación de la universidad pública en un espacio segmentado que tiende a la privatización de saberes especializados, aunque en menor grado. En cualquier caso, los embates de esta política privatizadora han sido desiguales a la vez que estructurales en el sistema universitario español.
Como tantos otros casos, yo mismo me vi en la encrucijada de abandonar la docencia universitaria o refugiarme en alguna universidad privada. Opté por lo segundo, primero en un máster de gestión intercultural, luego en un grado de comunicación, en dos universidades privadas diferentes, ambas reconocidas de forma oficial, prestigiosas de cara a sus clientelas estudiantiles y con una proyección internacional relevante.
Para avanzar elípticamente, ambas experiencias fueron profundamente decepcionantes, confirmando lo peor: como trabajador intelectual, las dos universidades exigían incontables horas a cambio de salarios indignos, troceados a lo largo del año, aunque sólo dedicaras 3 meses al año a la impartición de clases. Salarios que representan, en el mejor de los casos, una mínima parte de lo que paga un solo alumno por curso. Aunque exijan a cambio doctorados, másteres, experiencias acreditadas, formaciones diferentes para gestión de plataformas digitales, revisiones médicas periódicas, protocolos interminables y microcápsulas formativas de todo tipo, con exclusión rigurosa de una atención realmente próxima e individualizada que pudiera orientar a lo largo del proceso de incorporación al nuevo profesorado. En pocas palabras: mientras las exigencias no cesaron de aumentar, los beneficios reales de participar como profesor fueron mínimos.
Las desventuras podrían desgranarse mucho más, pero lo central sigue siendo el auténtico precariado intelectual que se está creando en el sistema universitario español, en ciertos casos con la promesa de pasar a formar parte de la plantilla estable y relativamente mejor remunerada si se persiste lo suficiente para participar en estos espacios pedagógicos.
En particular, la estrategia que parece primar en un profesorado joven no es otra que participar en alguna universidad privada con la esperanza de saltar a la pública, en el momento oportuno. Ávido de oportunidades que se le retacean en la universidad pública, este sujeto precario invierte años de docencia en función de una promesa vacilante, condicionada a disponer de alguna alianza interna susceptible de mantener su “lealtad” por años (y digo «lealtad» consciente de las connotaciones que pone en juego, teniendo en cuenta que el mismo ingreso depende más de lazos privados que de méritos públicos).
Incluso si se ajustan a la normativa exigida por el ministerio de educación, con programas codificados sobre la base de un modelo de competencias técnicas, las diferentes experiencias profesionales en las que tuve ocasión de sumarme me han confrontado a un espacio académico degradado, con un profesorado periférico mal remunerado y con escaso apoyo técnico para garantizar cierta calidad educativa, comenzando por el cumplimiento de niveles mínimos de exigencia estudiantil, en condiciones culturales considerablemente adversas.
Aunque de unas experiencias particulares no cabe inferir una regularidad que incluya a todas las universidades privadas (ni mucho menos al conjunto del sistema universitario), las preguntas se multiplican: ¿en qué grado este espacio no se está constituyendo como un verdadero mercado educativo expendedor de titulaciones devaluadas por la escasa exigencia académica y la permisividad ante una clientela estudiantil reacia, en términos tendenciales, al trabajo intelectual? ¿Qué importancia relativa tiene lo académico con respecto a lo económico en el desarrollo curricular y en el propio recorrido del alumnado? ¿Qué consecuencias tiene la conversión generalizada del estudiantado en clientela?
2-. La universidad mercantilizada
Renuncié de forma indeclinable a ambos puestos de profesor, a pesar de la insistencia institucional para que permanezca en esos puestos, probablemente más por los problemas de sustitución que pudiera acarrear mi renuncia que por la valoración de un perfil profesional propio, ligado a mi práctica docente e investigativa. No deja de haber algo sorprendente en que las autoridades directivas de esas instituciones educativas se quejen de no encontrar el profesorado idóneo para cubrir las cátedras. Ni siquiera se plantean que las condiciones laborales de ese profesorado son, sencillamente, lamentables. Condenados al precariado intelectual, la opción de ese profesorado es desertar o resistir de forma estoica en nombre de presuntos beneficios futuros.
Las continuas sospechas neoliberales con respecto a la universidad pública (que a menudo se convierten en una retórica agresiva hacia su autonomía con respecto al mercado y, en particular, hacia todo lo que hay en la educación superior de inapropiable por parte de ese mercado), no debería privarnos de una reflexión crítica profunda sobre el actual sistema universitario español en su conjunto. La necesaria defensa de la universidad pública, en momentos de ataque abierto por parte de la ultraderecha, tiene que ser complementada con una exigencia de mayor democratización interna y de una profunda transformación institucional. Más todavía: en un contexto en el que la insuficiencia en materia de financiación expulsa al profesorado fuera de las instituciones universitarias públicas (bloqueando el acceso a la docencia a jóvenes egresados que, históricamente, han sido el relevo generacional del profesorado), la defensa concreta de la universidad pública exige una revisión de aquellas estructuras que están dificultando este relevo generacional y, en particular, que amenazan con un deterioro educativo mayor.
La impugnación neoliberal no es novedosa. De hecho, ha sido la argamasa ideológica para justificar una política de recortes presupuestarios que, de forma variable pero ininterrumpida, se viene produciendo desde 2008 por parte del estado (1). El ajuste que han sufrido las universidades públicas, por lo demás, ha tenido su contracara en la rápida proliferación de universidades privadas, de forma regular, sin controles públicos suficientes (2). No parece arbitrario que, en determinados casos, algunas de esas universidades hayan sido calificadas de “chiringuitos” que fabrican títulos (3).
A pesar de esos recortes y de esa impugnación, la universidad pública reclama cambios institucionales profundos que van mucho más allá de un reclamo presupuestario, comenzando por la revisión profunda de su estructura profesoral y, en particular, por la apertura institucional hacia la diversidad sociocultural que atraviesa a España.
Puesto que he insistido en numerosas ocasiones al respecto, me limitaré a recordar uno de sus problemas persistentes (4). Aunque seguramente se plantean irresoluciones en materia investigativa y pedagógica, así como cierta desactualización curricular frente a un contexto cultural complejo, colonizado por las tecnologías de la comunicación y la información, es la propia estructura del profesorado la que tenemos que interrogar.
3-. Por un profesorado diverso
La falta de renovación profesoral en el ámbito universitario no está ocasionada solamente por unas dificultades administrativas o unos requisitos de carrera exigentes. Ni siquiera por unas restricciones económicas persistentes o por un sistema de acreditación vigente por demás de complicado, sino también por una política universitaria que no favorece en absoluto la inclusión de un nuevo profesorado, incluyendo un profesorado diverso del que poco sabemos, aunque podría estimarse en algunas decenas de miles (5). Las propias casas de estudios tienen un largo camino que recorrer para garantizar de forma real la igualdad de oportunidades.
Poco se ha insistido en el enclaustramiento de las universidades públicas españolas, especialmente, en las prerrogativas de las que gozan los profesionales de la educación locales, excluyendo de su estructura profesoral a miles de profesionales de educación que han migrado a lo largo de varias décadas a territorio español. La actual estructura del profesorado no sólo mantiene todavía una brecha de género, aunque decreciente, sino una brecha de nacionalidad, de carácter relativamente estable, en consonancia a cierta «herencia colonial» (6).
Además de construir el espacio académico de enseñanza e investigación como un privilegio exclusivo para elites nacionales (reforzando la desigualdad entre ciudadanía de primera y de segunda clase a través de procesos endogámicos), semejante estructura bloquea la renovación curricular acorde a itinerarios pedagógicos e investigativos plurales. La resultante no sólo es una academia desactualizada sino, también, la desactivación de un debate crítico que vaya más allá de las agendas locales y apueste por un modelo de producción de conocimiento que incluya teorías, métodos y prácticas marcados por la pluralidad cultural.
La descolonización de la universidad (y, en general, del sistema educativo) no sólo constituye una exigencia de democratización. Podría ser también una de las vías para afrontar el desafío de una renovación universitaria capaz de responder a la diversidad social presente y a la falta de referentes diversos en una sociedad crecientemente multicultural. Frente a un modelo educativo anquilosado y un enclaustramiento universitario persistente -que entronca dentro de un proceso más amplio de «refeudalización del espacio público»- lo primero que necesitamos es crear espacios plurales de reflexión crítica que permitan pensar en un modelo de universidad abierto, laico, gratuito, público y diverso.
Sin esos debates públicos, lo que queda es la defensa corporativa de un espacio monopolizado por el profesorado local con mayor antigüedad, más próximo a una gerontocracia que a una democracia. Algo que no parece menos relevante: sin esos debates, lo que se consuma es la liquidación de una universidad pública al servicio del bien común, capaz de responder de forma crítica a los retos del presente.
Notas:
(1) La evolución del gasto público de las universidades puede consultarse en: https://www.ciencia.gob.es/InfoGeneralPortal/documento/42b9417a-0ab9-4ae8-b81e-b056d8004c99. Si bien es cierto que en los últimos años ha habido una mejora relativa en materia presupuestaria, una financiación adecuada sigue siendo un reto presente.
(2) En las consideraciones actuales del ministerio, los nuevos requisitos que tendrán que cumplir las universidades privadas, a riesgo de perder esa condición, es 1) ofrecer al menos tres programas de doctorado, 2) dedicar el 5% de su presupuesto a la investigación y 3) contar con 4.500 estudiantes en un periodo de tres años. Partiendo de la interrelación existente entre docencia e investigación en la universidad, se entiende que una institución que no investiga no es propiamente una universidad sino una academia. Cf. https://www.eldiario.es/sociedad/ministerio-da-tres-anos-universidades-existentes-adaptarse-nuevos-requisitos_1_12185062.html#:~:text=El%20Ministerio%20de%20Ciencia%2C%20Innovaci%C3%B3n,perder%20la%20condici%C3%B3n%20de%20universidad
(3) La actual iniciativa legislativa del gobierno nacional reconoce esa insuficiencia, al señalar que varias comunidades autónomas han aprobado centros universitarios sin respetar el criterio técnico del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, haciendo primar el interés económico por sobre el interés educativo (Cf. https://www.eldiario.es/sociedad/universidades-locales-comerciales-poligonos-profesores-chiringuitos-sanchez-quiere-cortar_1_12182677.html).
(4) He insistido al respecto en “El enclaustramiento de la universidad pública española”, El Salto, 29/01/2023, versión electrónica en https://osalto.gal/educacion/enclaustramiento-universidad-publica-espanola.
(5) En la actualidad, una estimación semejante tiene márgenes de error amplios y parte de información desactualizada. Aunque se estima que el 23% de la población extranjera cuenta con estudios superiores (a diferencia del 29% de la población nacional), la cifra total de personas extranjeras que han homologado sus estudios universitarios no es públicamente accesible, sin contar con quienes desisten frente a los diferentes obstáculos en los procesos de homologación. Al respecto, remito aJuan Iglesias, Antonio Rua y Alberto Ares (2020):“Un arraigo sobre el alambre. La integración social de la población de origen inmigrante en España”, en https://www.nadiesinfuturo.org/IMG/pdf/INFORME_ARRAIGO_SOBRE_EL_ALAMBRE.pdf. Estamos muy lejos de poder cuantificar la magnitud real del desaprovechamiento de una franja de profesorado inmigrante que podría reinsertarse profesionalmente en el campo educativo en general y en el sistema universitario en particular.
(6) He abordado esta cuestión en “El sistema universitario español ante el racismo institucional”, en “Rebelión”, 8/12/2017, versión electrónica en https://rebelion.org/el-sistema-universitario-espanol-ante-el-racismo-institucional/.
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