La investigación ha ido cambiando, los hechos han variado, han surgido tramas ahora desdeñadas en una instrucción que ha rebasado todos los límites. La presunción de inocencia se ha dado la vuelta en este caso que obliga al fiscal general a demostrar que él no difundió el correo frente a sospechas y coincidencias.
Álvaro García Ortiz se sentará en el banquillo acusado de filtrar a la prensa el correo en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso se confesaba autor de dos delitos fiscales. La investigación empezó por la elaboración de una nota de prensa, una acusación ahora olvidada. Contó con varios señalados por haber participado en un supuesto complot, ahora excluidos. Se puso el foco en la participación de Moncloa, ahora descartada. La causa, ampliada y recortada, modificada por unos jueces y otros, elevada a conspiración de los poderes del Estado y ahora limitada a la filtración de un email, solo ha mantenido un elemento inmutable durante todo este tiempo: la presunta culpabilidad de su principal y ahora único acusado, el fiscal general del Estado.
El origen de la causa es la información publicada por el diario El Mundo el 13 de marzo, en la que se decía que la Fiscalía había ofrecido un pacto a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que ya no está imputada, dijo que aquella noticia era fruto de “una interpretación sesgada” que redundaba en una “falsa afirmación”. Una “información falsa”, “un montaje”, insistió, porque el pacto lo había ofrecido la defensa de González Amador, y no al revés.
De complot en complot hasta quedarse en nada
Para contrarrestar la mentira, difundida por Miguel Ángel Rodríguez y recogida por varios medios –algunos añadieron que el pacto se había frenado por “órdenes de arriba”–, el fiscal general del Estado decidió elaborar una nota de prensa, para la que requirió a los fiscales implicados en la causa toda la documentación y el intercambio de correos. Aquella noche se produce un cruce de mensajes, recogido en un informe policial, y que el juez Ángel Hurtado describió como un “frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales”. Hubo titulares en los que destacaban incluso que el fiscal de delitos Económicos, Julián Salto, tuvo que abandonar el partido de futbol al que estaba asistiendo para reenviar parte de la documentación del caso.
Los autos del juez sobre esos mensajes derivaban en piezas periodísticas sobre una noche de mensajes cruzados, presiones para “ganar el relato” y fiscales que colaboraban entre sí contra la presidenta de la Comunidad de Madrid y su pareja. Hoy, todo aquel relato queda reducido, en palabras de la Sala de Apelaciones del Supremo, a una simple “dación en cuenta”, un mecanismo recogido en el Estatuto Fiscal por el que un superior puede pedir documentación de un caso a otros fiscales.
Aquella petición fue “un acto neutral” que solo podía ser asociado al delito investigado “cuando se acompañe de otros elementos que evidencien la voluntad de concierto con los autores de la revelación de secretos”. Los tres jueces fueron tajantes: “No es el caso”.
La fiscal Pilar Rodríguez, encargada de recopilar aquella noche la documentación, ya no está imputada después de más de un año de investigación. La UCO llegó a acusarla de participar en el complot a cambio de un ascenso profesional, una deducción sin pruebas plasmada en un informe que ahora se ha demostrado como una falsedad. Varios medios la incluyeron como pieza fundamental del complot y hasta dieron por hecho que se sentaría en el banquillo y tendría que dejar su cargo.
Ya no hay nada. El archivo de la causa para Rodríguez ocupó esta semana apenas una línea suelta, perdida en los largos textos sobre el procesamiento de García Ortiz. Su prestigio ha sido arrastrado por el suelo sin consecuencias. Una víctima colateral porque el objetivo siempre fue otro.
El juez Hurtado no solo sostuvo que hubo un complot entre fiscales a partir de los mensajes de aquella noche, sino que apuntó a otra confabulación: la mano de Moncloa estaba detrás de la difusión de la confesión. Pero aquí no había siquiera mensajes que sustentaran esa teoría.
El juez del Supremo escribió en su auto del pasado 9 de junio que García Ortiz siguió “indicaciones” llegadas directamente desde el Palacio de la Moncloa. El mismo juez que no consideró que la Gürtel concerniera al PP y a Mariano Rajoy colocaba ahora al Gobierno de Pedro Sánchez tras la filtración del correo. No hay en el auto de 51 páginas argumento, prueba o mínimo indicio que sustente esa afirmación.
Los jueces de la Sala de Apelaciones han tenido que reconocer que “esa afirmación fáctica no ha sido acreditada con suficiencia”, y que no debió incluirse en el auto. Una manera delicada de decir que un juez del Supremo acusó sin pruebas al Gobierno de estar detrás de la filtración. Aquella frase sin sustento sirvió, de nuevo, para generar una riada de titulares sobre la presunta participación de Moncloa. Y de nuevo, queda en nada.
Una causa sin pruebas
Deshechos los dos presuntos complots que han alimentado autos y noticias durante los últimos meses, la causa queda reducida a la acusación contra García Ortiz. Sin embargo, en la investigación no consta una sola prueba de que el fiscal general filtrase el correo. La coincidencia temporal entre que los recibe y aparecen en prensa ha sido desarmada por las declaraciones de los periodistas, alguno de los cuales incluso han aportado pruebas físicas de que conocieron que existía una propuesta de pacto antes que el fiscal general. No valen para Ángel Hurtado y los dos jueces de la Sala de Apelaciones, que desdeñan esos testimonios sin mayor análisis.
También constan en la causa informes técnicos que señalan que el correo de la pareja de Ayuso llegó a un email genérico al que tenían acceso decenas de personas. La única certeza es que quien primero difundió algunas de esas comunicaciones fue el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Nada de eso se ha tenido en cuenta en la causa.
La principal acusación contra García Ortiz es que borró sus mensajes y correos. La ausencia de pruebas convertida en prueba. Una trampa que colocó al fiscal en una coyuntura endiablada: o dejaba acceder al Supremo (y por tanto a las acusaciones, y por tanto a todo el mundo) a las comunicaciones profesionales y personales del jefe de la Fiscalía, o convertía esa protección de su intimidad profesional y personal (y la de todas las personas que se comunican con él) en una prueba en su contra. Un callejón sin salida.
Por cierto, el juez ordenó que se accediera a los mensajes del fiscal y a sus correos por un supuesto delito de revelación de secretos, que no ha tenido consecuencias judiciales para el afectado. Esta misma semana hemos sabido que, en el caso Montoro, se negó el acceso al correo del exministro de Hacienda y se anularon todas las escuchas en un caso que investiga pagos de multinacionales a cambio de modificaciones legislativas para pagar menos impuestos. La medida impidió investigar si Montoro obtuvo y difundió información tributaria de enemigos personales y adversarios políticos. Da para una reflexión sobre el principio de proporcionalidad.
Sin complots y sin pruebas, el caso va a ir a juicio. Aunque no conste, tras meses de investigación, ninguna evidencia de que García Ortiz filtró el email, la presunción de inocencia se ha dado la vuelta en este caso que obliga al fiscal general a demostrar que él no difundió el correo. Una tarea complicada en la que no tendrá siquiera oportunidad de rebatir las pruebas, sino que deberá replicar creencias, coincidencias temporales y sospechas.
Porque las pruebas, en esta causa, han sido lo de menos. Lo importante siempre ha sido tumbar al fiscal general, un desenlace que ahora está más cerca que nunca con el juez Ángel Hurtado preguntando a las partes si debe suspenderle de su cargo ahora que se le va a abrir juicio oral.
La petición sale de la APIF, una asociación minoritaria, acusación en esta causa, y cuyos miembros están abiertamente enfrentados al fiscal general del Estado. La APIF ya intentó anular el nombramiento de García Ortiz en un recurso firmado por la jurista Elisa de la Nuez y que incluyó, por ejemplo, datos falsos sobre los nombramientos hechos por el fiscal. El Supremo desdeñó todos sus argumentos. Ese día, un exfiscal que fue miembro de APIF y que ahora es abogado de esta asociación tuiteó: “Como siempre, el penal tendrá que acabar el trabajo que el contencioso siempre se niega a hacer”.
Nos encontramos ahora en ese justo momento, en si la causa penal iniciada por la pareja de Isabel Díaz Ayuso logrará tumbar al fiscal tras una investigación que no ha encontrado pruebas de la filtración. En si la última bala tras una ofensiva de años logrará acabar con Álvaro García Ortiz.
Fuente: https://www.eldiario.es/politica/causa-general-fiscal-garcia-ortiz_129_12508296.html