Hace pocos días anunciábamos cómo algunos jueces demostraban con sus hechos que la afirmación del presidente del Gobierno de que algunos jueces hacen política no sólo era cierta, sino que se quedaba corta. Y citábamos al juez Peinado y al juez Puente. Pues bien: el juez Hurtado completa la tripleta. No sólo por su actuación que cualquier ciudadano puede considerar errada e intencionada, sobre todo si recoge el criterio de bastantes juristas (y, entre otras muchas, las declaraciones del exjuez Castro en Malas Lenguas, de RTVE fueron más que convincentes), sino por la rapidez de la respuesta, a nueve días de las declaraciones del presidente del Gobierno.
El juez Hurtado carga con la sombra del voto particular contrario a la resolución de la Sala de Apelaciones, emitido por el juez Palomo con una argumentación irrefutable y que, por el bien de la propia Justicia es de esperar que la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo tenga muy en cuenta. Y carga con su desprecio no razonado a la declaración de seis periodistas, que podrían ser considerados como los testigos de cargo en el caso, ya que afirman con rotundidad que ellos tenían la noticia filtrada antes de que ésta -y con los cómputos que el propio juez Hurtado había realizado- llegara al fiscal general del Estado. Implícitamente el juez Hurtado está considerando perjuros a esos seis periodistas, ya que, al declarar como testigos, están obligados a decir la verdad.
El juez Hurtado, además de no razonar ese desprecio por la declaración de los seis periodistas, se aprovecha de la ventaja que le da el hecho de la profesionalidad de los mismos, que les impide revelar las fuentes a través de las que les llegó la filtración. No deja de ser una especie de juego con las cartas marcadas. Uno de los periodistas, José Precedo, ha declarado con gran convicción que él sabe con certeza que el Fiscal general es inocente, porque conoce perfectamente a quién filtró el dato que el juez Hurtado le cuelga, sin pruebas fehacientes y rotundas, al Fiscal general.
Lo peor de todo este caso es que la acusación no ha aportado ni un solo indicio consistente que apoye ni el procesamiento ni el juicio oral contra el Fiscal general del Estado. Sino que se limita a denunciar sin demostración alguna, y ha puesto a trabajar de una manera casi febril al juez Hurtado para buscar resquicios por todos lados; y creo que infructuosamente. Un afán tan voluntarista y obsesivo como el que está mostrando el juez Peinado, y que ya nos gustaría ver en el ámbito de la administración de Justicia, por ejemplo, en la investigación sobre las más de siete mil muertes de personas mayores en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Un caso de hace cinco años en el que no hemos visto el menor celo de los jueces que han llevado las diferentes denuncias presentadas por los familiares de las víctimas.
Y un afán, por otra parte, que llega a poner patas arriba equipos de trabajo de la Fiscalía general del Estado, con peligro, y una falta de respeto absoluta, de que pudieran violarse informaciones reservadas y privadas de casos de la Fiscalía, y hasta de posibles investigaciones en curso. Y un afán que arma todo ese barullo por un tema que ha sido trivializado y politizado, con el peor estilo, desde un órgano político como es el de la presidencia de la Comunidad de Madrid, a través de equipos de comunicación pagados con dinero público, con graves acusaciones vejatorias hacia el Fiscal general y hacia la propia presidencia del Gobierno. Y que se produce en relación con un hecho que parte del reconocimiento de un delito por parte de la parte acusadora.
Todo un galimatías casi de manual, que no justifica el sueldo de un juez dedicando un tiempo de función pública para buscar los tres pies a un gato intrascendente. Algo que, si tuviéramos que explicarlo a alguien que llega de nuevo a todo este lío, no nos atreveríamos ni siquiera a definirlo como lawfare por su propia falta de categoría. Pero que el destacado voluntarismo del juez, la tenacidad de su dedicación y, sobre todo, la parcialidad de no tener en cuenta la declaración unánime de unos testigos de cargo, como son los periodistas que tuvieron además que empeñarse y pelear para poder testificar, generan un sospechoso olor a quemado, producido por forzar tan poco diestramente toda la maquinaria judicial.
Poco diestro, en efecto, en el manejo de esa maquinaria, cuando la Sala de Apelaciones le ha obligado a quitar de sus acusaciones la afirmación, arbitraria y sin ni siquiera un mínimo indicio. de que la supuesta filtración, atribuida sin prueba alguna al Fiscal general, vino ordenada por la presidencia del Gobierno: una frivolidad nada profesional ni seria en alguien cuya llegada al Tribunal Supremo -sólo por eso- no sé cómo se podría explicar. Sobre todo, si se acompaña de la temeridad de lanzar hacia el banquillo a alguien sin haber sido capaz de encontrar indicios ni razonables ni sólidos.
Y se nos viene el juez Hurtado en su decisión última a subir a la parra con la fianza impuesta al Fiscal general: 150.000 euros para hacer frente a los daños (morales los llama el acusador). El triple de lo que se suele aplicar de fianza a casos de violencia de género; un 50% más que la indemnización que tuvieron que pagar a su víctima los violadores delincuentes de la manada, y 30.000 euros más que la fianza impuesta a Fernández Díaz por algo tan descomunal por haber manipulado a una Fuerza de Seguridad del Estado para fabricar acusaciones falsas y tendenciosas contra los enemigos políticos del partido gobernante. ¿Se podría llamar ensañamiento a este trato judicial?
Y menos mal que el juez Hurtado no ha planteado la separación del cargo al Fiscal general, como pedían sus acusadores. ¿Tal vez para que no se le vaya el juicio de las manos a la Sala de lo Penal? Porque tal decisión podría quizás haber motivado que el acusado recurriera en amparo ante el Tribunal Constitucional, y el caso pasaría a otra instancia, al menos hasta que se sustanciara el amparo.
Causa una cierta vergüenza ajena, y mucha pena, ver, en tan altas instancias, a la Justicia española enredada en una cadena de voluntaristas trivialidades, tan bien representadas por la retransmisión burda, y sospechosamente predictiva, que ha ido realizando el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid que -¡oh casualidad!- es la pareja que convive con quien acusa al Fiscal general, y que lo hace en un inmueble que, curiosamente, parece proceder de los beneficios obtenidos por los delitos confesados por su propio abogado, y que dan origen a todo este enredo.
¿Cómo era aquello de “país, paisaje y paisanaje” de nuestro querido y recordado Forges?