Es difícil encontrar un ejemplo más flagrante y contumaz de vulneración constante y premeditada de la legislación ambiental que el caso de Marina Isla de Valdecañas. Y eso que el catálogo de estos incumplimientos es muy extenso en el Estado español, que casi todos los años ostenta el dudoso honor de ser el principal infractor de la legislación ambiental europea.
Marina Isla de Valdecañas es una urbanización de lujo, concebida a mitad de la década de los años 2000 e impulsada por la Junta de Extremadura cuando la presidía Rodríguez Ibarra, del PSOE. Pretendía replicar en la ribera de un embalse (Valdecañas, en el Tajo, en Cáceres) el modelo que ha arrasado buena parte del litoral costero español. Pero adolecía de un problema: tenía que construirse en una zona no urbanizable, protegida por la legislación europea, española y extremeña. En Ecologistas en Acción, y también en ese momento en Adenex, ante el riesgo de que un proyecto así cuajara y se fuera extendiendo al resto de litorales fluviales, saltaron todas las alarmas.
Se cumplen ahora veinte años del inicio del proyecto, cuyos principales hitos judiciales ya describió Yayo Herrero. Aunque en los más de tres años transcurridos desde que se publicó este artículo no han dejado de producirse nuevas situaciones que describiremos más adelante.
Resumiendo mucho, tras la denuncia de Ecologistas en Acción y Adenex, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), sentencia en marzo de 2011 que la isla no es urbanizable. En este momento aún no se habían construido viviendas, sólo se estaban trazando los viales y realizando las obras previas de infraestructura. Pero el tribunal puso una condición que hacía imposible la efectiva paralización de la urbanización: los demandantes, organizaciones sociales sin ánimo de lucro, debíamos aportar una fianza de 41 millones de euros para impedir la continuación de las obras mientras la Junta y los promotores recurrían la sentencia ante el Tribunal Supremo.
El Supremo confirmó, en enero de 2014, la sentencia del TSJEx. A partir de ahí ya no había posibilidad de seguir construyendo, pero en los casi tres años que separaban ambas sentencias se habían construido 185 chalets de lujo, un hotel de cuatro estrellas, un campo de golf, etc. Esta situación fue alentada, de forma claramente prevaricadora, por la propia Junta de Extremadura: el director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, tres días después de la notificación de la sentencia de 2011, emitía un certificado al promotor del proyecto afirmando que: “Las obras realizadas conforme al proyecto son legales y pueden seguir ejecutándose, no existiendo ninguna limitación para continuar con su ejecución y desarrollo del proyecto aprobado”.
Poco después de la sentencia del Tribunal Supremo, la Junta de Extremadura acometió una modificación de la Ley del Suelo extremeña con el descarado objetivo de legalizar a posteriori Marina de Valdecañas. Pero este cambio, también a instancias de Ecologistas en Acción, fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en 2019.
Este mismo Tribunal ha hecho pública hace pocos días, el 23 de septiembre, otra contundente sentencia suscrita por unanimidad que quita la razón a la Junta de Extremadura en su intento de no acometer la demolición completa del complejo.
En un Estado en el que se respetara la legalidad, esta historia hace tiempo que habría acabado. Pero no es el caso. Los abogados ecologistas, que realizan su labor de forma altruista y no remunerada, van a tener que encarar un nuevo intento de modificación de otra ley a la carta para tratar de legalizar un proyecto ilícito desde sus primeros pasos.
En marzo de 2023 la Junta aprueba la ley 2/2023 “por la que se regulan determinados aspectos de la Red ecológica europea Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Extremadura” con la indisimulada intención de legalizar Marina Isla de Valdecañas. Ya en 2025 se han iniciado los trámites para aprobar el Decreto por el que se modifican los límites de las Zonas de Especial Protección para las Aves, que “casualmente” deja fuera de la delimitación a la Isla de Valdecañas.
Esta política de hechos consumados y de ignorar la normativa ambiental y las sentencias judiciales no ha cesado en ningún momento. Y nos aboca a situaciones muy indeseables como que, si se consigue la efectiva demolición, como la promotora entró en concurso de acreedores hace más de diez años, enfrentarnos a un escenario de posibles indemnizaciones a los propietarios a cargo del erario público. Estos pagos podrían superar, según estimaciones del TSJEx, los 110 millones de euros. Pero Ecologistas en Acción viene defendiendo que no tendrían derecho a tal indemnización puesto que no eran ajenos a la ilegalidad de urbanizar la isla de Valdecañas, ya que se les advirtió de su situación irregular por parte del notario en el momento del otorgamiento de la escritura de compraventa.
Lo que está ocurriendo con Marina de Valdecañas tiene consecuencias muy graves. La Administración incumple con descaro la legislación que ha promulgado y debería defender. Se envía a la sociedad el mensaje de que la normativa ambiental es un freno para el desarrollo y para el bienestar, cuando es todo lo contrario, la garantía de un futuro saludable y viable. “En Extremadura tenemos un problema y es que el 34% del territorio está protegido”, decía en 2023 el presidente socialista extremeño Fernández Vara, usando argumentos indistinguibles de los del PP o Vox. De aquí al negacionismo climático y a otros argumentos de la ultraderecha solo hay un paso.
O que las y los ecologistas son quienes impiden el progreso de las zonas deprimidas, obviando justamente la responsabilidad de quien ha gobernado en ellas y realmente tenía capacidad de actuación. Éste podría ser el resumen de esta nefasta dinámica: creo el problema con mi ineptitud e irresponsabilidad como Junta, en ningún momento pido disculpas ni asumo errores, pero culpo a los ecologistas por señalarlo. Y no hablamos de cuestiones que se dirimen sólo en términos dialécticos: por citar un ejemplo, para algunas personas como la histórica activista Paca Blanco, la lucha por la preservación de Valdecañas ha tenido efectos dramáticos viéndose incluso obligada a abandonar su casa. Nuevamente, estos discursos acortan la distancia al linchamiento de activistas.
Paco Segura es miembro de Ecologistas en Acción.