En el primer semestre de 2024, el estado español exportó material de defensa a Israel por valor de 1.225.232 euros, según la Secretaría de Estado de Comercio; las exportaciones a diferentes países de productos de defensa por parte del estado español se elevaron, en el citado periodo, a 1.976,1 millones de euros, lo que implica un aumento del 12,7% respecto al primer semestre de 2023.
En abril de 2025, el Grupo Antimilitarista Tortuga publicó que el gasto en securitización en España (gasto militar y de control social) en 2024 sumó 65.501 millones de euros, lo que supone 1.342 euros por habitante y representa el 4,1% del PIB; a menudo estas partidas se hallan “ocultas en ministerios teóricamente no relacionados con la Defensa o simplemente no anotadas en los presupuestos”, informa el colectivo Tortuga.
“Las salidas militaristas están en la esencia del capitalismo; el sistema necesita la destrucción como motor de acumulación, pero esto no debe sorprendernos aunque sí indignarnos”, ha afirmado el economista y militante de Izquierda Unida (IU), Carlos Sánchez Mato, en el acto Economia per la pau. Hi ha alternativa al bel·licisme?, celebrado el 25 de septiembre en la sede de EUPV-IU en Valencia.
Menciona el ejemplo de las declaraciones en febrero del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que anunciaban la idea de convertir Gaza, tras la reconstrucción, en un resort o complejo hotelero, con rascacielos y destinado al turismo; es decir, La Riviera de Oriente Medio (cerca de 66.000 personas han sido asesinadas en Gaza desde el comienzo del genocidio en octubre de 2023, según el Ministerio de Sanidad gazatí).
La Comisión Europea presentó el pasado 6 de marzo el Plan ReArmar Europa, que recibió el apoyo de los 27 estados miembros; la iniciativa permitirá, además de la movilización de 800.000 millones de euros en Defensa, que los estados puedan aumentar el gasto militar en un 1,5% del PIB, sin que se les pueda abrir, por esta razón, un “procedimiento de déficit excesivo”; para ello, los estados han de solicitar la activación de la cláusula de salvaguardia nacional.
“Se consideraba que hacía falta un rearme, pero necesitaban un enemigo con el fin de meter miedo a la gente; lo han encontrado en Rusia y en China”, subraya Carlos Sánchez Mato; tal vez ello pueda confirmarse por las declaraciones de algunos mandatarios europeos, como la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, quien afirmó en una rueda de prensa en Bruselas:
“Mirando al presidente Xi Jinping, de pie junto a los líderes de Rusia, Irán y Corea del Norte en Pekín hoy, esto no es sólo una visión antioccidental, sino un desafío directo al sistema institucional construido sobre normas” (Agencia Efe, 3 de septiembre).
Sobre el repunte militarista en el estado español, el exconcejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid y profesor en la Universidad Complutense destaca aspectos que trascienden el gasto en defensa; así, el 18 de junio la BBC informó sobre el traslado desde Estados Unidos de 30 aviones militares norteamericanos, que hicieron escala en bases militares de España, Inglaterra y Escocia.
Los mencionados vuelos se produjeron en el contexto del conflicto entre Israel e Irán; la ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmó la llegada de estos bombarderos y aviones cisterna estadounidenses a las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla).
Los datos avalan la expansión del sector de la Defensa; según la OTAN (y siguiendo los criterios de la alianza atlántica), el gasto militar en el estado español se situó en el 0,92% del PIB en 2014; pero en 2024 ya representaba el 1,28% del PIB; otras fuentes, como el Centre Delàs, calculan cifras diferentes; en abril, este centro de investigación informó que en España el total del gasto militar final escaló del 1,82% del PIB, en 2024, al 2,48% en 2025.
En este contexto, Sánchez Mato advierte de los intentos de vincular la industria militar española a la creación de empleo; “no debemos comprar esa mercancía averiada”, señala.
El periódico El País publicó el 16 de septiembre un anuncio en color de cuatro páginas -en la portada y la contraportada- de la fabricante de armas y municiones Santa Bárbara Sistemas; “más de 30.000 empleos directos e indirectos. La única empresa española de artillería que produce en España y exporta a la UE-OTAN”, apunta la publicidad.
El economista alerta de que la escalada belicista se está dando a escala global: “La dinámica en Estados Unidos no empieza con Trump, asimismo se produjo con Obama y Biden”; según la OTAN, el gasto en defensa de Estados Unidos pasó de 653.942 millones de dólares en 2014 (presidencia demócrata de Obama) a 750.886 millones en 2019 (gobierno del republicano Trump), y a 967.707 millones de dólares en 2024, durante el mandato del demócrata Biden.
El pasado 19 de septiembre, The Wall Street Journal publicó que Trump estaba intentando que el Congreso estadounidense aprobara una venta de armamento a Israel por valor cercano a los 6.000 millones de dólares.
Del mismo modo, el gasto militar total de la OTAN ha aumentado significativamente en la última década; de hecho, se elevó de 943.218 millones de dólares en 2014 a cerca de 1,5 billones en 2024.
En el estado español, Sánchez Mato menciona el denominado Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, que presentó el presidente del ejecutivo, Pedro Sánchez, el 22 de abril; esta iniciativa supone la inversión de 10.471 millones de euros adicionales para -según la nota informativa oficial- mejorar las condiciones del ejército y modernizar sus equipos; Sánchez hizo referencia en su discurso a “los enemigos de Europa”, y Margarita Robles destacó los efectos “muy positivos” para las empresas españolas y sus trabajadores.
Con el Plan se pretende alcanzar en 2025 el 2% del PIB en Seguridad y Defensa; Carlos Sánchez Mato compara estas inversiones con las que se dedican al Ingreso Mínimo Vital (desde su creación en 2020, la Seguridad Social ha destinado 16.630 millones de euros al abono de las nóminas de esta prestación, según el Ministerio de Inclusión).
“La seguridad no es poseer carros de combate, sino tener una vivienda”, subraya el militante de IU; recuerda que ya en 2024 el partido de izquierdas planteó la inversión de, como mínimo, el 2% del PIB a políticas públicas en materia de vivienda -principalmente de alquiler asequible- hasta 2035.
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