La resistencia tiene rostro de mujer en El Salvador

En el país donde las mujeres trans ahora tienen que identificarse como “hombre de muy alto riesgo”, cuatro mujeres trans vestidas de reinas y rodeadas de ramos gigantes de flores, tiran dulces a lxs miles de participantes de la marcha de orgullo en junio.

Las mujeres y los movimientos feministas y LGBTQIA+ han devenido en el rostro de la resistencia en El Salvador, el país en el que Nayib Bukele, otrora conocido como presidente “millenial” y actualmente como aliado incondicional de Donald Trump, ha reducido considerablemente  la disidencia con el aumento de la vigilancia estatal, la persecución de voces críticas y leyes que benefician a élites emergentes.  

Durante los últimos seis años, el presidente Bukele se hizo con el control del Congreso y la Corte Suprema de Justicia, declaró un Régimen de Excepción que ya dura tres años – con miles de detenciones arbitrarias como consecuencia directa y cientos de fallecidos -, ordenó el archivo de leyes que habían sido consensuadas por años, canceló instituciones autónomas y creó otras bajo su control directo; se reeligió en su cargo inconstitucionalmente en 2024, todo con una opacidad en la rendición de cuentas prácticamente absoluta. 

Una institución disminuida

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), la institución pública rectora y coordinadora de todas las políticas de género, fue uno de los primeros damnificados del viraje más conservador del gobierno de Bukele. Lo saben y vivieron sus empleadas; y las mujeres que han trabajado en otras instituciones del Estado en coordinación con el Instituto. 

El día en que María finalmente aceptó firmar su renuncia e irse de la ISDEMU donde trabajaba, en 2022, tenía casi tres años de soportar acoso laboral, la marginación, la reducción de su sueldo y malos tratos. María, quien prefirió no identificarse por temor a represalias, estaba a cargo de la Unidad de Género. Cuenta a Truthdig que empezó a trabajar en la institución pública antes del primer gobierno de Bukele, que inició el 1 de junio de 2019. El cambio, dice, fue inmediato. 

Las unidades de género empezaron a crearse en las instituciones públicas del Estado desde años atrás, como producto de la implementación de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE), aprobada en 2011. María dice que hasta 2019, su trabajo en la Unidad de Género y sus reuniones de trabajo con el ISDEMU habían sido satisfactorias: trabajaba en lo que le gustaba y se sentía útil para mejorar las condiciones de las mujeres en el país. 

“Me sacaron de todas las mesas (de trabajo).”

El 3 de junio de 2019, dos días después de la toma de posesión de Bukele como presidente, a María y su equipo la cambiaron de oficina a una más pequeña y aislada. En una de sus primeras reuniones de trabajo con la nueva administración le hicieron saber que ya no se ocuparían de temas sobre diversidad sexual y poco tiempo después, la desautorizaron para asistir a las mesas de trabajo interinstitucionales con otras entidades de gobierno, incluido el ISDEMU. 

“Me sacaron de todas las mesas (de trabajo)”, dice María, quien a partir de ese momento debía pedir autorización para cualquier actividad. 

“Empecé a mandar mensajes, ´miren, este mes me toca esto; miren, ya viene tal actividad, miren, queremos hacer esto, me gustaría involucrarme; miren, tengo este proceso encaminado´. No me respondían”, relata María. Cada una de esas autorizaciones, añade, las enviaba por memo escrito. Si pedía explicaciones, siempre le contestaban verbalmente. 

Las conmemoraciones de fechas clave para las unidades de género, como el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), el Día del Orgullo (28 de junio), y el Día contra la Violencia de la Mujer (25 de noviembre) empezaron a ser dejadas de lado. Según María, en grupos de mensajería instantánea, donde había encargadas de unidades de género de diversas instituciones públicas, recibían instrucciones que por orden de la Casa Presidencial no se haría nada: ningún mensaje de redes sociales, ni evento, ni mención pública alguna. 

El gobierno de Bukele se caracterizó desde su inicio por una marcada tendencia contra los avances en políticas de género. En sus primeros dos días de gobierno en 2019 eliminó la Secretaría de Inclusión Social, encargada de temas de género y de diversidad sexual. Una versión magnificada y nacional de lo que María vivió en su puesto de trabajo esos mismos días.

Para febrero de 2024, durante su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora, Bukele aseguró que cualquier rastro de “ideología de género” sería borrado de todas las instituciones públicas. El ISDEMU, la institución centra lque articula las políticas de género en el país, como la LIE y la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer (LEIV), ha padecido recortes constantes en su presupuesto anual. Un análisis comparativo reveló que en apenas dos años perdió casi la mitad de su presupuesto, pasando de poco más de $12 millones anuales en 2023 a $7 millones en 2025. En diciembre de 2024, el ISDEMU despidió a más de 100 trabajadoras.

Keyla Cáceres, representante de la Asamblea Feminista, un organismo de coordinación de organizaciones feministas surgido en 2017, opina que la limitación de políticas públicas relacionadas a las mujeres ha afectado a nivel nacional, pero particularmente a nivel municipal. Para Cáceres, el problema no es solo el cierre del espacio cívico, sino el impacto en la vida de las mujeres: con menos posibilidades de denunciar violaciones de derechos regresan a la invisibilidad. 

María permaneció varios meses de la pandemia por Covid-19, en el 2020, sin recibir ni una sola instrucción o directriz de parte de su lugar de trabajo. “Yo me arreglaba y estaba lista todos los días para el teletrabajo, pero nunca me dijeron nada”, relata. Al regresar después de los meses de cuarentena, la oficina de María fue trasladada a otro local, fuera de la estructura principal donde funcionaba la institución pública para la que trabajaba. En 2021, empezaron a pedirle la renuncia de su plaza fija, bajo la justificación de una reestructuración interna. Soportó algunas semanas, solicitando un traslado y sin firmar la renuncia. 

Finalmente aceptó y le otorgaron un contrato por servicios, la degradaron de su puesto y le rebajaron su salario. Aguantó dos meses. Su señal para irse fue una crisis de hipertensión arterial que la mandó al hospital. Sigue trabajando en el feminismo, pero como autónoma. 

“Viví con depresión todo el año 2022. Pasaba el día en pijama dormida en la casa. O sea, yo no me volví a levantar y a tomar acción, y a querer hacer cosas por mí hasta el año 2023. Ahora mismo tengo algo parecido al síndrome de la impostora. Me da miedo imaginarme otra vez en un espacio laboral, así formal”, dice María. 

Uno de los informes referentes en temas de género en El Salvador era el de “Hechos de Violencia contra las Mujeres”, realizado por el ISDEMU con insumos de todas las unidades de género y varias instituciones a nivel nacional. El último fue realizado en 2022, el mismo año que María renunció a su trabajo. Ante la invisibilización del fenómeno, son las propias organizaciones feministas las que han optado por llevar un registro propio de los casos de violencia de género. 

Los retazos de vida dentro de una bolsa

En ningún otro contexto el abandono del enfoque de género es tan evidente como en las mujeres que luchan con las vidas interrumpidas que han dejado las políticas de seguridad. Bien por falta de acceso a la justicia por casos perpetrados por pandillas, como Eneida Abarca, madre que busca a su hijo Carlos desde 2021 sin recibir ninguna respuesta del Estado; o bien, a raíz de la política punitivista que ha privilegiado la cárcel como el camino para mejorar los índices de criminalidad.

Jaqueline no tiene problema con que el nombre y la foto de su hijo detenido sean públicos, no así con el suyo. Llega a la entrevista con una bolsa cargada de papeles que reseñan parte de su historia en prisión y parte de la de su hijo. Ambos fueron arrestados el mismo día: el 21 de septiembre de 2021. 

Desde meses atrás, Jaqueline participa en las manifestaciones del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), un colectivo que surgió pocos meses después de que se aprobara el Régimen de Excepción.

La medida fue avalada por el Congreso luego de una matanza que duró tres días y que dejó 87 asesinatos en un país que apenas sobrepasa los 6 millones de habitantes.  Investigaciones periodísticas revelaron meses después que la masacre se debió a un quiebre de las negociaciones que miembros de pandilla mantuvieron con el gobierno de Bukele. 

El Régimen de Excepción acumula ahora más de 85 mil arrestos, muchos de ellos con señalamientos de ser arbitrarios, 447 fallecidos bajo custodia del Estado y hasta denuncias internacionales por violaciones sistemáticas a los derechos humanos. 

Pero Jaqueline y su hijo, Jefferson Hernández de 25 años, no fueron detenidos bajo el Régimen; aunque sí acusados de ser miembros de pandillas. En el caso de ella, el delito fue agrupaciones ilícitas; en el de su hijo, agrupaciones ilícitas y extorsión. 

Cada vez que Jaqueline habla sobre su hijo el llanto se le acumula en la voz y en las manos. Se limpia los ojos y se encoge un poquito sobre la silla. Ella asegura que su hijo es inocente y que nunca tuvo vinculación alguna con ninguna pandilla. Ni ella. 

Según su relato, optó por declararse culpable en un proceso judicial abreviado y logró salir libre en enero de 2022, dos meses antes de la aprobación del Régimen. Actualmente, parte de su condena implica realizar trabajos de utilidad pública en oficinas del Estado, a través de oficios varios. De ahí, regresa a su hogar a trabajar en lo que ha hecho toda la vida: coser ropa. 

A Jaqueline la vida la avasalló. De tener años de experiencia como costurera en empresas grandes, pasó a no conseguir trabajo por sus antecedentes penales. Cose en su casa y casi siempre por encargo. Asegura que su hijo es inocente y que prefirió declararse culpable ante la amenaza de ser condenada hasta a 10 años de prisión: sabía que al estar libre podría hacer más por él. 

Jaqueline cuenta los últimos cuatro años de vida a través de esa bolsa de papeles que carga consigo: los recibos de los depósitos de dinero que mensualmente intenta enviarle a su hijo; sus carnés de identificación como empleada de empresas textiles; el Hábeas Corpus que le negaron a su hijo; y algunos documentos de su proceso judicial. Dos vidas. Cuatro años. Una bolsa. 

Lo que no está en la bolsa son las largas semanas que Jaqueline estuvo en la Cárcel de Mujeres, hoy clausurada y convertida en reclusorio para hombres, sobreviviendo sin hacerse notar mucho. Según ella, del dinero que le depositaba cada mes su familia debía pagar $3 a otras reclusas, a las que llaman “rusas”, para poder permanecer dentro de la celda. Las rusas, privadas de libertad con una sentencia firme, lavaban las celdas o trasladaban agua de un lado a otro, a cambio de esa cuota. 

“El papel (higiénico) es más vital que la comida ahí dentro”, relata Jaqueline sobre su experiencia carcelaria. Esas condiciones se agravaron después de la vigencia del Régimen de Excepción. Investigaciones periodísticas han reportado que las más de 12 mil mujeres privadas de libertad en El Salvador no tienen condiciones dignas para menstruar: a algunas de ellas los custodios penitenciarios les entregan una toalla sanitaria para toda una semana.  

Cada vez que Jaqueline habla sobre su hijo el llanto se le acumula en la voz y en las manos.

Después de la aprobación del Régimen de Excepción, todo se volvió más difícil. Las visitas de familiares a privados de libertad fueron suspendidas desde el 2020, a raíz de la pandemia por Covid-19 yel Régimen extendió esa medida. Algunos parientes tienen prácticamente tres años de no saber nada de sus familiares detenidos. Jaqueline se enteró que su hijo había sido trasladado del Centro Penal La Esperanza o Mariona, ubicado en San Salvador, hacia el Centro para el Confinamiento del Terrorismo (CECOT) porque se lo dijeron en la portería de la prisión cuando intentó dejarle un paquete con insumos personales. El CECOT es la enorme prisión ubicada en el departamento de La Paz a la que fueron enviados 252 venezolanos, acusados sin mayores pruebas de ser miembros de la banda el Tren de Aragua desde los Estados Unidos, como parte de un acuerdo entre los gobiernos de Bukele y Trump.

Aunque Jefferson Hernández y Jaqueline no fueron arrestados bajo el Régimen, el caso es llevado por un Tribunal Contra el Crimen Organizado, que están a cargo de todos los expedientes surgidos en el Régimen. Estos tribunales funcionan con jueces “sin rostro”, ya que se decretó por ley que sus identidades no pueden ser divulgadas. 

A mediados de agosto de 2025, los diputados del partido Nuevas Ideas y sus aliados aprobaron extender por dos años el período de la detención provisional, que ya había sido ampliada mediante reforma. Así, las personas detenidas durante el Régimen de Excepción podrían pasar hasta cinco años en detención provisional, sin tener ninguna audiencia, o ver a un juez.  

Entre los papeles que Jaqueline carga en su bolsa está una pancarta con la fotografía de su hijo, su nombre y el pedido para su liberación. Es la misma que lleva a cada una de las marchas, junto con los otros familiares, mujeres en su mayoría, que exigen justicia para sus parientes. 

La diversidad silenciada

El 28 de junio de 2025, Valentina Vigil desfiló en las calles de San Salvador con un vestido negro y bordado de flores brillantes, una corona y una banda que le cruzaba el pecho con la leyenda “Miss Trans Pride – Colectivo Perlas de Oriente S.M. (San Miguel)”. Valentina es una de las fundadoras del Colectivo Perlas de Oriente, una organización de mujeres trans del departamento de San Miguel, a unos 130 kilómetros al oriente de la capital salvadoreña, que surgió en 2018. El colectivo, según relata Valentina, realiza desde ese año trabajo territorial y de defensa de derechos de miembros de la comunidad LGBTQIA+, en coordinación con instituciones locales. Pero eso ha venido atomizándose en los últimos años

En las manos de Valentina, una bandera con los colores del orgullo transgénero: celeste, rosa, blanco. La marcha fue numerosa. Más de 20 cuadras para celebrar la diversidad en un país donde otras manifestaciones que exigen reivindicaciones de derechos, tales como la liberación de los encarcelados arbitrariamente o los desalojos forzados de comerciantes, rara vez sobrepasan las 400 personas, en los últimos años.

Esta y la marcha para la conmemoración del 8 de marzo han sido las de mayor convocatoria en 2025, segundo año del segundo período de Bukele. Los distintos colectivos LGBTIQ+ recorrieron a pie unos cinco kilómetros desde la Plaza Salvador del Mundo hasta el Centro Histórico de San Salvador, remozado después de miles de desalojos forzados de comerciantes informales y actualmente hogar de negocios refinados, algunos vinculados a la familia presidencial y crypto bros. 

Valentina se dedica a la venta de comida y ropa. Está muy orgullosa de ser una de las pocas – si no la única – mujer trans de haber celebrado una boda. Simbólica, porque Valentina no es reconocida legalmente en El Salvador de acuerdo con su identidad de género. 

Estuvo cerca de lograrlo. En 2021 el partido del presidente Bukele, Nuevas Ideas, logró una mayoría prácticamente absoluta en el Congreso. Entre sus primeras decisiones no solo estuvo la destitución ilegal del fiscal general de la República y de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; sino también el descarte de años de trabajo legislativo, como anteproyectos de ley que habían surgido del diálogo y trabajo con organizaciones de la sociedad civil. Entre estos, la Ley de Identidad de Género. 

El anteproyecto había sido trabajado e impulsado por organizaciones de la sociedad civil desde 2018. Pese al engavetamiento de la iniciativa, en 2022 la Sala de lo Constitucional resolvió que el Estado debía legislar y facilitar el cambio de nombre por razones de género. La inédita decisión judicial permitió que las personas de la comunidad trans iniciaran la ruta para su reconocimiento legal. Una de ellas fue Valentina, quien logró avances importantes, pero solo eso; aunque según ella, su trámite lo inició desde 2021.  

Pese a la orden del máximo tribunal constitucional del país, el Congreso salvadoreño se ha negado a legislar al respecto. El tema nunca ha sido agendado y las comisiones de trabajo legislativas han sido reducidas a su mínima expresión, eliminando precisamente las relacionadas a género, diversidad, educación y derechos humanos. Previo a su eliminación, la Comisión de la Mujer del Congreso se pasó 13 meses sin tener una sola reunión de trabajo.

“Me sentí un poquito mal, porque me sentí que me estaban vulnerando”, explica Valentina, quien logró que la oficina que genera los documentos de identidad le extendiera una certificación, válida por tres meses, para poder hacer el cambio de nombre en su Partida de Nacimiento. Los abogados de Valentina tuvieron que reiniciar el proceso dos veces, y aguantar desplantes en la oficina de registros de la municipalidad sin poder solucionar nada. Sin darle un “no” directo como respuesta, Valentina sigue sin poder legalizar su identidad.

“Me sentí un poquito mal, porque me sentí que me estaban vulnerando.”

A partir de la postura pública de Bukele de eliminar “la ideología de género” del Estado, durante la Conferencia de Acción Política Conservadora, el Ministerio de Salud salvadoreño retiró todo el material relacionado a la diversidad sexual e, incluso, cambió los formularios de atención, eliminando los términos gay, trans, y otros. Una mujer trans, por ejemplo, debe identificarse actualmente como “hombre de alta prevalencia” o “de muy alto riesgo”. 

Según Valentina el impacto en la población LGBTQIA+ ha sido rápido y directo. Parte de su trabajo es llevar estadísticas sobre violencias sufridas por la comunidad, acompañar casos, apoyar en las visitas de usuarios a las clínicas de Vigilancia, Centinela de Infecciones de Transmisión Sexual y VIH (VICITS) y talleres de sensibilización.

“La calidad de la atención ha bajado. Las estadísticas que nosotros tenemos es que un 60% de la población asiste (a las clínicas VICITS) y un 40% no. Antes se mantenían más visitas, no más pasó eso (el cambio de formulario) ya bajó”, dice Valentina, quien a través del Colectivo ha logrado una pequeña victoria: que las enfermeras coloquen el nombre con el que se identifican entre paréntesis para las personas trans, a la par de su nombre registrado al nacer. Otros, según la activista, prefieren no ir, pese a estar en control por ITS o VIH. 

Y pese a que las estadísticas hasta el 2022 mostraban un aumento en la atención de usuarios en las clínicas VICITS, ese mismo año también se registró una disminución de casi el 50% en formación de personal especializado para brindar las consultas.  

Perlas de Oriente también perdió presencia territorial luego que Donald Trump cancelara la Oficina de Cooperación (USAID) y con ella todos los programas que esta desarrollaba a nivel regional. 

Según Valentina, al menos uno de sus proyectos se perdió y los talleres de sensibilización que el Colectivo realizaba en algunas instituciones educativas han quedado estancados. La convocatoria del Colectivo también ha disminuido. “A la marcha (del Orgullo) en el bus antes íbamos unas 55 personas. Ahora íbamos 20”, dice Valentina. 

La pobreza se expande en las áreas rurales

Seguir trabajando a pesar de tener todo en contra se ha convertido en otra forma de resistir para algunas mujeres. Sobre todo en el área rural. En el cantón El Porvenir, en San Pedro Masahuat, departamento de La Paz, las mangas largas y las gorras, o sombreros, son obligatorios, aunque sean las seis de la mañana. Dentro de poco, el sol va a empezar a calentar por encima de los 28 grados centígrados y será imposible seguir cortando lorocos. Marleny Hernández, presidenta de la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Salvatierra y mujer rural organizada dirige a un grupo de mujeres y hombres en la cosecha. Es agricultora desde sus 14 años. Actualmente, sobrepasa los 50. 

Todxs se desplazan de forma lateral por los caminos entre los cercos de madera y alambre donde la planta de loroco (Fernaldia pandurata) se ha enrollado metros y metros. La flor se cosecha mientras no ha desplegado sus pétalos y es usada como condimento en la cocina y lácteos. Marleny y los demás piscan los gajos de botones y los van colocando en cubetas. 

“Yo he visto el cambio, desde hace unos cuatro o cinco años para acá. Ha sido bien difícil”, dice Marleny. Se refiere a procesos de formación que recibía como mujer rural que ahora se han detenido. “Había iniciativas económicas con nosotras cada año, pero hace varios años que no nos dan”, añade. Los procesos de formación que normalmente recibían, según Marleny, estaban enfocados en temas de liderazgo, salud, autocuido y cambios de metodología de cultivos.  

Marleny también forma parte de la Asociación Agropecuaria Mujeres Produciendo en la Tierra (AMSATI) la que, según dice, perdió varios proyectos luego del recorte de fondos de la cooperación estadounidense, o USAID. “Eso ha afectado un montón a la asociación y a nosotras. O sea, es como una cadenita”, dice.

Las asociaciones que han trabajado con proyectos de cooperación enfrentan un desafío extra además de la persecución de los liderazgos locales. A inicios de junio de 2025, el Congreso salvadoreño aprobó la Ley de Agentes Extranjeros que ordena un impuesto del 30% sobre cualquier fondo recibido desde el extranjero. El impacto ha sido la disminución del trabajo territorial y el cierre de programas. 

Keyla Cáceres, la activista de la Asamblea Feminista, explica que al menos siete organizaciones han cerrado los proyectos que tenían en marcha por quedarse sin fondos; o por temor a las consecuencias de la Ley de Agentes Extranjeros, que impone multas de entre USD$100,000 ó USD$250,000 por no registrarse. 

“Había iniciativas económicas con nosotras cada año, pero hace varios años que no nos dan.”

“Uno de los programas que les fue cerrado y que fue un gran impacto para la vida de las mujeres fue el de la toma de la citología. Esta organización se dedicaba justamente a trabajar por el tema de la soberanía alimentaria y de la salud sexual. Ellas no hablaban ni de derechos sexuales ni reproductivos. No abordaban el tema de educación integral en sexualidad. Era precisamente la prevención de cáncer uterino. A ellos (el gobierno local) les cerraron espacios en tres municipalidades” dice Cáceres.

Marleny asegura que la única unidad de salud cercana en la zona está en otro cantón, pero la atención que reciben es mala. Según ella, pueden pasar horas sin recibir la cita para solicitar una consulta; y la mayoría que puede hacerlo prefiere ir hasta el hospital nacional, en la cabecera departamental de La Paz. “Aquí estamos mal, hay varias mujeres con azúcar en la sangre (diabetes), padecen de la tensión y los riñones”, dice. 

En abril de 2024, el gobierno salvadoreño optó por dejar de entregar paquetes agrícolas que incluían semilla para siembra, fertilizantes y otros insumos y, en cambio, empezó a entregar tarjetas por $75 que podían ser canjeadas en negocios agrícolas previamente designados. Hasta la fecha, el gobierno no ha transparentado cuántos son los beneficiarios del programa, cómo se han seleccionado, los montos entregados, ni cómo eligió a los negocios. La medida ya generó una disminución de cultivos.

La afectación para la cooperativa ha venido por otro programa. Según Marleny, en 2024 se firmó un acuerdo de apoyo a mujeres rurales, que les otorgaría plantines, semillas, fertilizantes y otro tipo de insumos para la siembra. “Pero eso se ha quedado estancado”, dice. Según relata, inicialmente fue contactada por la Unidad de Género del Ministerio de Agricultura para que ella buscara un grupo de mujeres beneficiarias, pero un año después no han recibido nada.

El exilio por defender los derechos en El Salvador

“Yo considero que en El Salvador tenemos un grave retroceso por la defensa de los derechos de las mujeres hoy más que nunca, por la falta de programas sociales y el cierre de los mismos, así como también por todo el recorte del financiamiento que hubo  a proyectos que precisamente eran para eso: para conocer los derechos, para prevalecerlos, para impulsarlos, para activar mecanismos. Todo eso se vino abajo desde la llegada de Bukele”, dice Ivania Cruz, abogada salvadoreña hoy en calidad de refugiada fuera del país.

Ivania ha sido uno de los rostros más visibles de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDHEC), una organización que en los últimos años ha llevado múltiples casos de arrestos arbitrarios durante el Régimen de Excepción así como desplazamientos forzados de comunidades por reclamos de tierras o a causa de proyectos urbanísticos.

El exilio es el último eslabón de la deriva autoritaria de Bukele. Un número aún indeterminado de defensores y defensoras han debido abandonar el país. Ivania fue muy activa denunciando violaciones de derechos relacionados con la tenencia de la tierra. Uno de ellos fue el desalojo arbitrario de decenas de comerciantes costeros, a los que miembros de la municipalidad de La Paz Centro les quemaron sus negocios de noche. 

Actualmente Ivania tiene una orden de captura en su contra y sigue involucrada en diversas labores de incidencia, denunciando la persecución de defensores de derechos en el exterior. Sin buscarlo, se convirtió en una de las primeras defensoras de alto perfil que debió exiliarse del país durante 2025. 

Ivania no es ajena al acoso policial. Desde antes de su salida asegura haber sido víctima de seguimiento policial por su labor como abogada y defensora de derechos. Pese a toda la persecución en su contra, Ivania dice que en su opinión el principal problema de El Salvador actualmente “es el económico”. La supervivencia recae más en la mujer, por lo que se está viviendo, la falta de trabajo, el desempleo y también la falta de de programas que antes ofrecía el gobierno y que ahora ya no se tiene”. En segundo lugar, pone la falta de acceso a la justicia. 

Para Ivania, las mujeres antes eran víctimas de las pandillas “y ahora son víctimas del Estado”. A pesar de ello, Ivania dice sentirse muy orgullosa de haber defendido sus principios hasta el final y de seguirlo haciendo desde fuera. “El silencio no debe ser una opción”, dice.

Fuente: https://www.truthdig.com/articles/la-resistencia-tiene-rostro-de-mujer-en-el-salvador/

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.