Mientras Ayuso lidera la ofensiva ultra negándose a cumplir la ley, la realidad es que, dos años después de la reforma, ocho de cada diez interrupciones del embarazo se siguen derivando a la sanidad privada.
Cuarenta años después de la despenalización del aborto en España, el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos ha regresado al debate público en forma de arma política. Vox lleva la iniciativa, con su retórica ultracatólica de síndromes inventados que se ha colado hasta la legislación madrileña, mientras que Isabel Díaz Ayuso comanda la deriva ultra del PP negándose públicamente a cumplir la ley estatal de salud sexual y reproductiva, lo que ha provocado un importante cisma en el seno del partido. El Gobierno central ha pasado a la ofensiva, y propone incluir el derecho al aborto en la Constitución para combatir “cualquier intento de retroceso futuro que amenace los derechos de las mujeres”. La realidad es que, dos años después de la última reforma, que pretendía reforzar la cobertura pública para las interrupciones del embarazo, el 78,75% de las intervenciones se han llevado a cabo en la sanidad privada. Madrid y Andalucía, que concentran casi la mitad de los abortos a nivel nacional, presentan tasas de derivación a la privada del 99,5% y el 99,8%, respectivamente.
Un modelo que estigmatiza el aborto
“La lógica del sistema sanitario público-privado, que en España es habitual, es la que ha regido la aplicación de la ley del 2010”, explica Sílvia Aldavert García, directora de L’Associació Drets Sexuals i Reproductius. Para entender el problema de la cobertura del aborto, este debe enmarcarse dentro del jugoso negocio de la privatización sanitaria financiada por el Estado a través de conciertos, que se ha sistematizado hasta convertirse en el modelo nacional. Aldavert denuncia una “falta de voluntad política” que ha provocado que “la red sanitaria pública no esté preparada para ofrecer el acceso al aborto como debería”; así, “la solución práctica y fácil es continuar derivándolo a las clínicas especializadas” que llevan encargándose de las IVE desde que, en 1985, se dio el primer paso hacia la despenalización del aborto.
Esta derivación a la sanidad privada implica una serie de dificultades que, según Aldavert, provoca que haya mujeres “que deciden pagar por la cantidad de obstáculos que se interponen en el camino de la IVE gratuita”. Y profundiza: “Cuando se hace el circuito para el aborto gratuito y son derivadas a las clínicas [privadas], las mujeres tienen la sensación de estar haciendo algo que no está normalizado. Eso contribuye al estigma alrededor del aborto. A día de hoy hay mujeres que todavía tienen que trasladarse a otra comunidad autónoma u otra provincia para abortar. El mensaje es: estás haciendo algo mal y tienes que irte fuera del sistema”.
Además, el hecho de que la gran mayoría de las IVE tengan lugar en clínicas especializadas “deja a las profesionales y a las usuarias muy desprotegidas. Vemos cómo los ataques y los acosos ante estas clínicas por parte de grupos antiaborto son durísimos”, cuenta Aldavert, que opina que esto no ocurriría si las intervenciones tuviesen lugar en hospitales o centros de atención primaria.
En 2023 entró en vigor una reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo de 2010, destinada a mejorar algunas disfuncionalidades de esta, principalmente la falta de cobertura pública y el problema de la objeción de conciencia generalizada. “Es cierto que desde 2010 hasta 2023 no cambió nada”, asegura Aldavert.
Al observar las cifras segregadas por comunidades autónomas, salta a la vista la influencia de la reforma legislativa en algunas regiones, así como la existencia de un abismo entre aquellos gobiernos autonómicos que se adscriben a la legalidad y el resto. Comunidades como Cantabria, Galicia o La Rioja superan el 75% de abortos en la sanidad pública. Navarra está a punto, con un 74,83%, y otras como Canarias o Castilla y León muestran una evolución reseñable: del 6,74% en 2023 al 28,58% en 2024, y del 8,95% en 2023 al 15,46% en 2024, respectivamente. Pero hay diez comunidades autónomas que no alcanzan el 5% de cobertura pública, siete de ellas por debajo del 1%. En este último grupo destacan Madrid y Andalucía, que concentran casi la mitad del total de abortos realizados en España y presentan tasas de derivación a la privada del 99,5% y el 99,8%, respectivamente.
Porcentaje de IVE realizadas en centros públicos por CCAA (2024). / Ministerio de Sanidad
Al hilo de estos datos, Sílvia Aldavert propone echar un vistazo a quienes gobiernan las comunidades que presentan “esta inequidad en el acceso al aborto en la pública. Para mí es la clave”. En Madrid, la presidenta autonómica se niega a cumplir la ley y define el aborto como “un fracaso”; en Andalucía, “que fue pionera, la única comunidad autónoma que pagaba los abortos entre 1985 y 2010”, según recuerda Aldavert, “ahora han abierto la Oficina de Apoyo a la Maternidad, que viene a ser una institución financiada por el Ayuntamiento de Sevilla y gestionada por organizaciones antiaborto para que las mujeres no accedan a la IVE”. Ambas comunidades están gobernadas por el PP.
Acerca de otros muros que impiden el acceso a la libre decisión de las mujeres sobre sus propios cuerpos, Aldavert advierte que “en la mayoría de las comunidades autónomas no puedes acceder al aborto gratuito si no tienes tarjeta sanitaria”, lo que supone una barrera racial y de clase que provoca que muchas de las mujeres que terminan pagando por ello sean aquellas “que más necesitarían que fuese gratuito” por su situación de vulnerabilidad.
La objeción de conciencia, un problema estructural
El otra gran escollo en torno al aborto es la objeción de conciencia. Para Sílvia Aldavert, se trata de “la cuestión clave de por qué no se consigue introducir el aborto en la sanidad pública”. Si bien la reforma de 2023 obligaba a las comunidades autónomas a crear registros de profesionales sanitarios objetores, con el objetivo de regular este derecho e impedir que obstaculice el acceso al aborto, dos años después Aragón, Asturias, Baleares y Madrid siguen sin presentar sus registros.
A principios de este mes de octubre, el Gobierno solicitó a esas cuatro regiones que cumplieran con lo que marca la legalidad. Tres de ellas aseguraron que mandarían las listas de objetores lo antes posible. La respuesta de la cuarta, Madrid, ha abierto un profundo conflicto en el seno del Partido Popular. “No voy a hacer una lista de médicos. Nunca”, desafió Isabel Díaz Ayuso antes de concluir con un “váyanse a otro lado a abortar”. El líder de su propio espacio político, Alberto Núñez Feijóo, se desmarcó de la presidenta madrileña con un comunicado en el que aseguraba que, de llegar al Ejecutivo, gestionaría el tema del aborto “conforme a las leyes”. Por su parte, Pedro Sánchez quiso remarcar que las palabras de Ayuso recuerdan “a los viajes clandestinos a Londres. Al clasismo y al señalamiento. Volver 50 años atrás”.
La realidad es que el PP de Madrid ya tiene “listas negras”, en palabras de su presidenta, en las que se recogen los nombres de los y las profesionales que han declarado su objeción de conciencia a la eutanasia.
En esa misma línea, el Ayuntamiento de Madrid aprobó el 30 de noviembre una iniciativa de Vox en la que se define el aborto como “un gran negocio para (…) el feminismo” y se obliga al personal sanitario a informar a las solicitantes de una IVE de posibles efectos, entre los que se explicita el “síndrome postaborto”, “que recibe su nombre del síndrome post-Vietnam”. Ante la escandalosa falta de evidencia científica, José Luis Martínez-Almeida se vio obligado a reconocer públicamente que el supuesto síndrome no existe, pero la iniciativa sigue adelante.
Entre las múltiples críticas de la comunidad sanitaria, hubo también algún posicionamiento a favor del alcalde madrileño que ayuda a entender lo que ocurre con el aborto en España. “Le puedo asegurar que las iniciativas que hay en el ámbito de la iglesia de apoyo a mujeres que han abortado confirman que eso [el síndrome postaborto] existe”, aseguró César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal Española. “Nuestra postura contraria al aborto es clara y nítida”, dijo también.
Un informe del Ministerio de Sanidad referente al año 2019 cifraba en 59 la cantidad de hospitales gestionados por la iglesia católica en España, un 7,3% del total. El porcentaje no es alto y queda lejos de explicar, por sí mismo, el fenómeno de la objeción de conciencia, pero sí apunta a un contexto estructural del que la iglesia forma parte. “Venimos de cuarenta años de franquismo, de una sociedad ultramachista, patriarcal y de tener una clase médica muy androcéntrica y jerarquizada donde los médicos que deciden son hombres. De ahí viene esa concepción estructural del aborto”, resume Aldavert.
El término “objeción de conciencia institucional” alude a una práctica común desde la despenalización del aborto en 1985, que consistía en que hospitales al completo se declaraban objetores. A pesar de que en 2010 se reguló la objeción de conciencia y quedó definida como “una decisión siempre individual”, en la práctica nada cambió. Un reportaje de Pikara Magazine desveló que, en 2021, el 100% del personal sanitario de La Rioja se declaraba objetor de conciencia. Según algunas profesionales que hablaron con la revista, la objeción se firmaba prácticamente a la vez que el contrato: “Si te pronuncias a favor del aborto te estigmatizan”, confesaba una de ellas.
El caso de La Rioja no es excepcional, puesto que la objeción institucional está plenamente normalizada en España. Para Sílvia Aldavert, esta cuestión tiene mucho más de estructural que de ideológica: “Si el centro es eclesiástico, no puedes realizar abortos; si tu jefe de servicio es objetor, poco puedes hacer tú; también pasa que quizá quieres hacerlo, pero si dices que sí vas a ser la única persona que lo va a hacer en todo el centro. Todas estas cuestiones hacen que lo más fácil muchas veces sea objetar, como una solución para no tener conflictos en tu espacio de trabajo”.
En L’Associació Drets Sexuals i Reproductius, la postura es clara: “Nosotras partimos de la base de que la objeción de conciencia no debería estar permitida en la sanidad pública. Que no se diga que no es posible, hay muchos países en los que la objeción en la pública no está permitida: Finlandia, Suecia… Y funciona perfectamente”.
Los datos demuestran que prohibir el aborto no reduce el número de mujeres que interrumpen su embarazo, todo lo contrario: según la OMS, “las tasas más altas de abortos se dan en países con mayores restricciones legales (…) En países de ingresos altos donde el aborto es ampliamente legal hay 11 abortos por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva, comparado con 32 abortos por cada 1.000 en países de ingresos altos con un acceso al aborto más restringido legalmente”.
Lo que sí aumenta al poner trabas para las interrupciones legales del embarazo son los riesgos para la salud de las mujeres. También en palabras de la OMS, “en los países donde el aborto está más restringido, solo uno de cada cuatro abortos es seguro, en comparación con casi nueve de cada diez en los países donde el procedimiento es ampliamente legal”.